Encrucijada venezolana - Periódico Alternativo

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08 mayo 2017

Encrucijada venezolana


En un contexto de crisis económica y violencia en las calles, Maduro convocó a una Constituyente. La oposición rechazó participar del proceso.

(Imagen: AFP)

Por Roberto Gargarella, Maristella Svampa, Modesto Emilio Guerrero y Atilio A. Boron

La prueba histórica de Maduro

Por Modesto Emilio Guerrero

La puesta en marcha el 1º de mayo de la idea de una Constituyente comunal en Venezuela instaló una agenda política distinta al libreto de la violencia callejera y los muertos. En un escenario de caos social, colapso del sistema político y asedio internacional, ese cambio tiene el mérito inicial de abrir un cauce para buscar una salida no violenta. El desequilibrio establecido desde el 19 de abril, favorable a la oposición en la calle, se movió a favor del gobierno, aunque sea en términos relativos. Esta es la tercera rebelión violenta entre 2013 y 2017, el lapso de gobierno de Maduro. No es golpe ni guerra civil, sólo porque no tienen capacidad militar, si no, Venezuela sería Siria sin remedio.

En 2013 la Mesa de Unidad Democrática(MUD) propuso una Constituyente como opción contra Maduro. Tres años después, la Constituyente se volvió demoníaca para la MUD y salvadora para el chavismo. ¿Por qué, qué cambió? El primer cambio es que esos tres años los ganó la oposición y los perdió el chavismo. El tiempo, un factor decisivo en la política, no lo comprendió Maduro, pero si la oposición, que logró instalar un dislocamiento total, sistémico (económico, social, emocional e institucional) sólo imaginable después de un desastre natural horroroso como el de Haití en 2010. O el de Siria y Ucrania. El escenario social de 2017 es opuesto al de 2012-2013. La MUD asumió la convicción total, inflexible, definitiva, de que Maduro no aguantará la presión callejera e internacional y cederá yéndose. Ya lo confiesan: “El único cambio constitucional que aceptamos es que se vaya este hombre” (Julio Borges, Unión Radio, Caracas 5 de mayo). Segundo, porque la idea constituyente de Maduro alteraría, si se potencia, los factores de la ecuación de la única democracia conocida, que es la liberal y podría conducir a la extinción de la oposición como corriente política de la clase dominante. Porque esta constituyente cambiaría la naturaleza del voto como acto-fetiche de la democracia tradicional. Cambiaría el mecanismo de legitimación del poder estatal en forma legal, combinando el voto individual, liberal con el voto de clase, “sectorial”. Así fue en 1999, pero entonces ya la Constituyente había rescatado al país del largo descalabro político de 1992-1998.

El propósito del “Golpe de Timón” de Chávez en 2012 intentaba hacerlo en un buen momento. Ese momento mutó en lo opuesto. La demora del gobierno de Maduro en tres años aumenta el costo, pero no resta valor a la constituyente de base comunal, como una salida no violenta, legal y democrática al caos. El problema es que la propone un presidente debilitado por tres años de caos instalado. Esta Constituyente pone a prueba a la sociedad venezolana, también a su personaje central en otra dimensión de la escena del drama. No hay muchas opciones y tampoco tiempo. Ambos cambiarán con la prueba.
Cerca del desenlace de la crisis

Por Atilio A. Boron

La crisis venezolana se acerca a su desenlace. La brutal ofensiva de la oposición, en realidad, la contrarrevolución, está acelerando los tiempos para desencadenar el “cambio de régimen” que Washington viene intentando hace tiempo sin éxito. Guerra económica, ofensiva diplomática, terrorismo mediático y del otro, desprestigiados carcamanes de la política latinoamericana exigiendo la liberación de los “presos políticos” y el fin de la curiosa “dictadura” de Nicolás Maduro. Quienes incendian hospitales y edificios públicos, destruyen propiedades, protagonizan saqueos y matan a mansalva aparecen gracias a la magia de la manipulación mediática como “combatientes por la libertad” y no como delincuentes comunes, pagados para “calentar la calle” y producir –siguiendo el guión prolijamente elaborado por Eugene Sharp, entre otros consultores de la CIA– el caos que haga que la población hastiada de tanta violencia y desorden decida aceptar “un final terrible antes que un terror sin fin”, como lo recordaba Marx en El Dieciocho Brumario.

Ante este cuadro, ¿qué puede hacer el gobierno bolivariano? Maduro ofreció nada menos que una Constituyente para evitar una guerra civil y la desintegración nacional. Las propuestas de diálogo para encontrar una solución pacífica tienen pocas chances de progresar porque lo que quieren los agentes de la contrarrevolución –alentados desde Washington– no es el acuerdo sino el derrumbe del régimen, “la salida”. Lo que tienen en la cabeza no es una especie de “Pacto de la Moncloa” sino la aplicación del “modelo libio”: promoción del caos, tierra arrasada, invasión externa disimulada como “ayuda humanitaria”, caída del gobierno, linchamiento de Maduro y la dirigencia chavista a manos de una turbamulta organizada por la CIA (al igual que se hiciera con Khadafi). Ese es el plan, ante el cual la única opción que tiene el gobierno será abandonar la excesiva e imprudente tolerancia tenida con los agentes de la contrarrevolución, con los incendiarios y los guarimberos, y descargar sobre el ala insurreccional de la oposición todo el rigor de la ley. Restaurar un orden político y social y una normalidad económica, saboteada por aquellos es una necesidad imprescindible e impostergable. Y para ello Maduro tendrá que apelar a toda la fuerza del estado. Para no terminar como Libia o para no correr la misma suerte que el Sandinismo, derrotado electoralmente en 1990 aunque, podrá decirse que este retornó al poder 17 años más tarde. Si. Pero Nicaragua no reposa sobre un mar de petróleo y Venezuela sí. Y si la contrarrevolución llegara a triunfar la tierra de Chávez y Bolívar se convertiría de hecho en la estrella 51 de la Unión Americana, que más de un siglo después todavía se resiste a devolver Puerto Rico, que no tiene petróleo, a su pueblo. 
El desafío de la izquierda, no callar

Por Maristella Svampa y Roberto Gargarella 

Cuando cayeron los gobiernos de muerte y opresión que se impusieron en Latinoamérica hasta fines del siglo XX, nos quedamos todos –finalmente, sobrevivientes– con al menos dos certezas: una, en torno a los valores irrenunciables de la democracia; otra, la defensa de los derechos humanos. Democracia como respuesta a la tragedia del poder concentrado y la discrecionalidad bruta, la decisión en manos de algunos iluminados que dicen actuar en nuestro nombre. Derechos humanos, como respuesta a la tragedia de que algunos, con la excusa de estar velando por nuestros intereses, persigan al que piensa diferente, o se muestren capaces de herir de muerte a quienes se le opongan.

El compromiso con la democracia que nos enseñó a sangre y muerte la dictadura no requiere de nosotros el resignarnos al sometimiento con elecciones: no hablamos de democracia en el sentido leve, superficial o “formal” de “otro que decide por nosotros, no importa lo que queramos o hayamos votado”. Hablamos de democracia, en fin, en el sentido elemental de elecciones periódicas, con gente en las calles, acuerdos y disensos que se forjan a través de disputas continuas, en donde tenemos la posibilidad de escucharnos mutuamente, para luego dirimir nuestras peleas en las urnas. Por su parte, el compromiso con los derechos humanos es el que pone el piso, la base mínima e innegociable del respeto mutuo, que impide la tortura, la muerte del oponente, la resolución de nuestros conflictos a los tiros.

En la Venezuela de hoy existen tres elementos negativos que, aun estando presentes en la gestión de Hugo Chávez, se han profundizado de manera dramática bajo la gestión de Maduro, y nos advierten sobre los peligros que afrontan la democracia y los derechos humanos. El primero tiene que ver con la concentración del poder en el ejecutivo, en un contexto de quiebre de la hegemonía electoral del chavismo. Más allá del carácter siempre controversial de la oposición antichavista, de lo que digan ciertas derechas unidimensionales u oportunistas, el caso es que objetivamente hablando el proceso de pérdida de la mayoría electoral del chavismo generó una respuesta de no-reconocimiento y de deriva autoritaria cada vez mayor por parte del gobierno de Maduro.

Esta dinámica que arrancó a partir del desconocimiento por parte del ejecutivo de otras ramas del poder (la Asamblea Legislativa) donde la oposición hoy cuenta con la mayoría, luego del triunfo en las elecciones de diciembre de 2015, se fue agravando y potenciando exponencialmente con el posterior bloqueo y postergación del referéndum revocatorio –una herramienta democratizadora introducida por la propia constitución chavista–, la postergación de las elecciones a gobernador el pasado año, hasta llegar el reciente y fallido autogolpe del ejecutivo. Todo ello generó un nuevo escenario político, marcado por la violencia y la ingobernabilidad, cuyas consecuencias dramáticas aparecen ilustradas en el incremento diario de víctimas que arrojan los enfrentamientos entre la oposición y las fuerzas gubernamentales, en un marco de represión institucional cada vez mayor. 

A esto hay que añadir un elemento regresivo más, vinculado a la crisis económica producida por la caída del precio del petróleo. Uno de ellos es la consolidación de un Estado rentista, que hoy se manifiesta de diferentes maneras: desde la incapacidad para producir bienes básicos para la población y la destrucción del tejido productivo en un contexto de desabastecimiento; hasta el incremento sideral de la corrupción que atraviesa importantes sectores de las clases gobernantes (lo cual incluye militares, hoy en altos puestos y gobernaciones). Otro es la radicalización del extractivismo, pues en su desesperada búsqueda de divisas, el gobierno de Maduro abrió a la explotación megaminera casi 112 mil kilómetros cuadrados, 12% del territorio nacional, creando una Nueva Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco, por lo cual suscribió alianzas y acuerdos con diferentes empresas transnacionales (chinas, rusas, entre otras), cuyo contenido se desconoce, pues el decreto de estado de excepción y emergencia económica permite que las contrataciones puedan tener discrecionalidad y no requieran la autorización de la Asamblea Nacional.

En suma, más allá de la lectura que hagamos del gobierno de Hugo Chávez, el proceso de mutación política sufrida en los últimos años es un hecho. Como subraya Edgardo Lander, reconocido intelectual de izquierda venezolano, al que pocos podrían calificar de antichavista, se han acentuado los peores rasgos que estaban presentes en Chávez, mientras han desaparecido aquellos otros elementos positivos de aquel gobierno, que apuntaban a un empoderamiento de las organizaciones sociales y de la democracia participativa. En consecuencia, es necesario reconocer que la Venezuela de 2017 nos enfrenta a un régimen crecientemente deslegitimado y autoritario, con una crisis generalizada que atraviesa todos los estratos sociales y afecta el conjunto de la vida política, social y económica. 

En esta línea crítica, el propio Lander lanzó hace poco más de un mes una suerte de llamado a sus colegas reprochando el apoyo incondicional de las izquierdas de la región al chavismo, lo cual habría reforzado desde su punto de vista las tendencias negativas del proceso. Desde nuestra perspectiva, como intelectuales latinoamericanos y de izquierda, debemos asumir ese desafío. Hablar de Venezuela significa decir, no callar. Hablar alto y claro, al menos hasta que se asegure otra vez que nadie muere por pensar distinto. Hablar alto y claro hasta que no haya dudas de que las disputas deben resolverse, finalmente, a través de las urnas, entendiendo que enfrente no están los enemigos sino los que no piensan como nosotros, pero que en lo que importa son iguales a nosotros: seres humanos dignos, que piensan y sienten y sufren y se emocionan, y que merecen, como nosotros, igual consideración y respeto.

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