Las reformas contra los trabajadores y el ajedrez de la derecha - Periódico Alternativo

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06 mayo 2017

Las reformas contra los trabajadores y el ajedrez de la derecha



CELAG



El 1 de mayo, Michel Temer difundió un mensaje en las redes sociales saludando a los trabajadores y recordándoles que la reforma laboral que propuso al Legislativo es una reforma modernizadora, cuyo objetivo es el crecimiento del empleo. Pocos días antes, 35 millones de brasileños adhirieron a un impactante paro general, el mayor en los últimos 30 años [1].


I

El paro general del 28 de abril pasado representó un mensaje contundente de la ciudadanía, no sólo de rechazo a la gestión Temer –según Datafolha el 61% de los brasileños lo considera malo o pésimo y 28% cree que es regular [2]– sino de advertencia a los legisladores sobre el avance de la reforma a la ley laboral, que para el 64% de los brasileños beneficia a los patrones [3]. Esta ley fue aprobada en la Cámara de los Diputados dos días antes del paro, con un mensaje agridulce para el gobierno: no tiene mayorías necesarias a menos que utilice la coerción y las promesas de cargos o privilegios.

El proyecto no contó con los apoyos suficientes en la primera votación: obtuvo 230 votos cuando necesitaba 257 [4]. De ahí que la maquinaria de presiones y promesas tuvo que ser desplegada por el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia (DEM), para conseguir una nueva votación al día siguiente y, entonces sí, obtener la aprobación del proyecto (Maia consiguió revertir en un día el parecer de 66 diputados). Este es el último ejemplo de la merma en los soportes legislativos del gobierno: si en julio de 2016 la media de apoyo a sus proyectos fue del 91%, para abril de 2017 ya era del 79% [5]. Ninguno de sus partidos aliados (excepto DEM) votó en bloque a favor de la reforma, ni siquiera el partido del presidente, el PMDB.

La votación de la reforma laboral en el Senado obedecerá a la misma lógica: arduas negociaciones de los líderes de los partidos aliados para obtener los votos necesarios. Pero con dos condicionamientos adicionales: el estridente rechazo ciudadano manifestado en las calles y la puesta en marcha de puniciones a los legisladores que voten en contra. En los últimos días Temer ha dimitido a funcionarios que en su momento fueron recomendados por diputados que ahora son considerados “infieles”. Se estima que son al menos 30, aunque hasta el momento sólo hay 3 dimisiones oficializadas en el Diario General de la Unión: en Industrias Nucleares de Brasil (INB), Fundación Nacional de Salud (Funasa) y el Archivo Nacional [6].

II

La reforma previsional genera aun más rechazo popular y resquemores entre los legisladores, que la aprobada recientemente. Esta propuesta estrella del gobierno se encuentra en estudio en una Comisión Especial, y se estima que el 2 o el 3 de mayo será votada para pasar al plenario. Allí la situación es complicada, como afirman varios legisladores próximos al presidente. En el plenario, el gobierno debe conseguir 308 votos a favor, doce más de los que obtuvo con la reforma laboral. Puede parecer sencillo de alcanzar, y aun falta más de un mes para que eso suceda; sin embargo, al día de hoy sólo 76 diputados se han manifestado a favor (220 en contra y de 217 no se conocen sus posturas) [7]. El vice líder del gobierno en la Cámara admite que hoy no llegan a los 300 votos [8].

El gobierno Temer depende de la fidelidad de su base legislativa aliada para gobernar, pues no se sostiene sólo con el beneplácito de los poderosos grupos económicos que lo llevaron al poder, incluida la gran media. Y -a diferencia de un presidente investido vía golpe parlamentario cuyo gobierno no se debe a la voluntad popular- tanto legisladores como gobernadores tienen que responder ante sus votantes. Y buena parte de lo que ahora suceda incidirá en las elecciones generales de 2018, cuando muchos de ellos quieran renovar sus cargos o debutar en otro. Apoyar el fin de los derechos laborales puede llegar a ser una bomba de tiempo para los representantes en el Legislativo; oponerse, el comienzo del fin del gobierno Temer.


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