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Panamá: Sentencia de muerte dictada desde Washington



Por Osvaldo Rodriguez Martinez

Panamá, 7 may (PL) En el Corredor de la Muerte hoy están empresas panameñas y sus empleados, quienes, tras un año de sancionados a desaparecer como organización, solo conocen que Estados Unidos tiene ''razones para dudar'' de supuesto lavado de dinero.

Una orden imperial de obligatorio cumplimiento extraterritorial dictó sentencia, sin juicio, apelación o defensa, a través de la inclusión en una lista discriminatoria creada por el Departamento del Tesoro, donde con pautas estrictas condenó a las entidades, entre ellas al decano diario La Estrella.

'En solo cuestión de horas se retiraron los proveedores, los anunciantes, los bancos cerraban las cuentas... La primera batalla fue hacer entender que los diarios tenían una licencia de operación, por lo que ningún empresario estaba en peligro de sanción', recordó Eduardo Quirós, presidente del Grupo Editorial El Siglo-La Estrella (GESE).

'Era algo impensable, la moral se viene abajo', agregó sobre la espada de Damocles que todavía amenaza la continuidad del centenario diario y su asociado El Siglo, cuya posible desaparición comenzó con el despido de la cuarta parte de su colectivo laboral, publicó el propio rotativo.

La 'acusación' implícita en el documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), señaló la existencia de la Waked Money Laundering Organization (Red Waked de Lavado de Dinero), por tanto, a partir del 5 de mayo de 2016 un grupo de personas quedaron inscritas en la Lista Clinton.

'Todos los activos de estos individuos y entidades que estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos, o bajo control de personas estadounidenses, están congelados y de forma general se prohíbe que personas estadounidenses participen en transacciones con ellos', sentenció la OFAC.

Aunque unidos en el mismo laudo, la institución hizo una distinción entre Nidal y su tío Abdul Waked, pues si bien contra el primero existe un proceso en marcha y fue extraditado de Colombia a Estados Unidos, Abdul aún no conoce las pruebas en su contra, porque la justicia norteamericana no abrió ningún expediente. La medida arbitraria y contra la soberanía de Panamá, como la calificaron varios abogados, puso en peligro el destino de 68 empresas locales y el empleo de unos seis mil trabajadores, algunos de los cuales lograron salvar su trabajo porque Estados Unidos obligó al dueño a vender sus propiedades.

Pero sobre GESE, y en particular La Estrella, con 168 años de existencia, el accionista principal Abdul se niega a negociar, porque 'sería vender la historia de Panamá', dijo en entrevista a una televisora local.

Paso a paso le conminaron a despojarse de su patrimonio y en algún caso un puñado de trabajadores lograron mantener su empleo con los nuevos dueños, mientras que otras entidades recibieron licencias temporales de operaciones para buscar que pase a distintos propietarios con el visto bueno de la institución extranjera.

En el extraño proceso algunos hechos causan asombro a los panameños como el del Balboa Bank, también incluido en la Lista Clinton, donde Ahmed Waked, padre de Nidal, pero no sancionado por la OFAC, tiene el 21,3 por ciento de las acciones y su hijo solo era el tesorero de la junta directiva.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses consideraron que desde su cargo y como representante de la familia, Nidal tenía el control del banco donde realizaba blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Una auditoría forense realizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá no encontró tal actividad, pero todos los ejecutivos y miembros de la junta fueron separados de la administración y el regulador asumió el control.

Los resultados de la Fiscalía panameña de que contra el Grupo Waked International S.A. (Wisa) hay ausencia de pruebas de delitos, demuestran lo injusto de las sanciones impuestas por Estados Unidos, afirmó en noviembre pasado la abogada Guillermina McDonald.

Corresponde ahora que el Estado devuelva a su cliente el control de las empresas, atendiendo a 'que para el Ministerio Público (MP) de Panamá ninguna de sus actuaciones comerciales constituye delito, ni blanqueo de capitales', aseveró.

Un comunicado del MP solicitó al Ã'rgano Judicial, el 'sobreseimiento provisional' de la causa porque 'los medios de justificación acumulados no son suficientes para comprobar el o los hechos punibles investigados', señaló la Fiscalía que realizó inspecciones oculares, recabó información y solicitó asistencias internacionales.

En el Corredor de la Muerte esperan las víctimas de la OFAC, o sea, los empleados de las empresas sancionadas y sus familias, con la esperanza tal vez de un milagro, que en el caso de GESE podría ser la bandera del periodismo independiente, aunque hasta el momento Estados Unidos la ignoró.

rc/orm

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