Por motivos personales –de afectos personales, para ser preciso– me he impuesto una autocensura respecto a eso que ha dado en llamarse “Frente Amplio”. Según todo indica, estará vigente hasta el 2 de julio. Mientras tanto, hay un hecho fundamental que ni siquiera por autocensura es posible pasar por alto. Refiere al “debate” (?) entre Beatriz Sánchez y Alberto Mayol que tuvo lugar el miércoles pasado en el programa El Informante: en el segmento de intercambio programático estuvo más presente Roxana Miranda que la propia Sánchez, que con sus vaguedades y evasivas, no pocas de ellas, hay que decirlo, carentes de contenido y/o de rigor, dio la impresión de no haber preparado un discurso programático. Más allá de eso, fue imposible no notar que varios de los conceptos y de las apuestas programáticas que aparecieron en “el debate” habían sido ya planteados y defendidos en la campaña presidencial de 2013 por la hoy candidata de Andha Chile.
Partamos por la propuesta más llamativa: la nueva ley de medios. Alberto Mayol difundió hace algunos días y ratificó en “el debate” su propuesta de una nueva ley de medios que permita, entre otras cosas, redistribuir el gasto público por concepto de avisaje estatal. La redistribución consistiría en destinar a medios comunitarios el 15% de los recursos que hoy se pagan a medios privados controlados por unos pocos grandes grupos económicos, lo que ha generado un sistema de medios altamente concentrado.
Pues bien, ésa es una versión un tanto más ligera de la propuesta que había hecho Roxana Miranda en 2013. En su programa de entonces (puede consultarse en este enlace), propone no sólo redistribuir los recursos financieros por concepto de avisaje, sino también el espectro radioeléctrico. En efecto, el programa propone una ley de medios que proteja la paridad de acceso de medios privados, medios estatales y medios comunitarios en una proporción de 33% para cada uno de esos segmentos.
Para hacer factible y sustentable un sistema de medios de comunicación con un tercio de presencia de medios comunitarios, Miranda propuso además un programa de subsidios y financiamiento a proyectos comunicacionales autogestionarios. Los recursos públicos invertidos en avisaje en medios privados se usarían para financiar el programa.
Esta propuesta se sustenta en el diagnóstico, que, al parecer, también comparte Alberto Mayol, de que en Chile no existe garantía alguna de la libertad de expresión; al contrario, en el campo de los medios de comunicación, al igual que en el de la educación escolar y superior, la salud, la previsión, existe “libertad de empresa”. Y la “libertad de empresa” se ha transformado en Chile en un obstáculo casi insalvable para la garantía efectiva de la libertad de expresión, pues la adjudicación de frecuencias en el espectro radioeléctrico tiene un costo tan elevado que sólo grandes grupos económicos pueden financiarlo, grandes grupos económicos, además, que no sólo se adjudican una banda o frecuencia, sino varias.
El resultado de esto, como se mencionaba, es un sistema de medios de comunicación altamente concentrado, sin pluralidad, que excluye a las voces disidentes de la ideología dominante y que por todo eso se encuentra muy lejos de garantizar el igual derecho a la opinión y expresión. Tanto la prensa como la radiodifusión se encuentran en la actualidad controladas por un par de grupos económicos, que además, por supuesto, comparten una misma posición ideológica, completamente favorable a la hegemonía neoliberal. Y, a decir verdad, estarían dementes si no defendieran este sistema económico que, a nombre del libre mercado, les permite una concentración oligopólica tal de medios que les entrega control casi total de la agenda, lo que les permite imponer fácilmente un sentido común. Su sentido común.
Medios contrarios a la hegemonía neoliberal, por este mismo hecho, por ser contrarios a la hegemonía neoliberal, no son sustentables en el marco de la “libertad de empresa”, pues los avisadores, la mayor parte de ellos grandes compañías, son afectados directamente por una línea editorial contraria a dicha hegemonía. ¿El resultado? Como no es factible para los proyectos comunicacionales contrahegemónicos financiarse a través de avisaje, no pueden solventar los altos costos de la adjudicación de una frecuencia en el espectro radioeléctrico ni los costos de impresión periódica. Esa voz, por tanto, queda marginada del sistema de medios. Y si optan por el camino de los medios comunitarios, son perseguidos policial y judicialmente. Básicamente, un cerco económico y penal insalvable les impide difundir su visión y su apuesta editorial. Queda así el sistema de medios de comunicación bajo control oligopólico de grupos económico-financieros que montan empresas comunicacionales “rentables”, capaces de captar avisadores por tener una línea editorial favorable y/o sumisa a sus intereses. Y usan ese control para imponer agenda y, por esa vía, tendencias de opinión. He aquí el mecanismo de producción y reproducción del pensamiento único a través de los medios de comunicación… el pensamiento único que justifica, defiende y protege a este sistema social, económico y político; no es necesario ni decirlo.
Es gratificante que Alberto Mayol haya llegado a la misma convicción que Roxana Miranda defiende desde el 2013: para combatir la concentración oligopólica hoy campeante en el sistema chileno de medios de comunicación es fundamental una política de promoción de medios comunitarios. El precandidato del Frente Amplio se centra en los recursos del avisaje. Si da un paso más y llega hasta el espectro radioeléctrico, podría acercarse a la propuesta casi revolucionaria de la candidata de Andha Chile.
La segunda gran propuesta de Roxana Miranda que el “debate” entre Sánchez y Mayol trajo a colación fue el de las autonomías regionales. De forma bastante ambigua e imprecisa, sin cuajar en una propuesta programática propiamente tal, ambos/as precandidatos/as redundaron y repitieron constantemente los conceptos de “descentralización” y de “regiones autónomas”. Pues bien, el programa de 2013 de Roxana Miranda contiene una detallada propuesta de cambio del régimen político-territorial vigente en Chile. En lugar del actual Estado unitario, Miranda propone un Estado autonómico.
En el mismo programa se detalla en qué consiste dicho Estado autonómico: es una forma de organización político-territorial que se encuentra a medio camino entre un Estado unitario y uno federal. Como los Estados federales, los autonómicos cuentan con sistemas político-republicanos subnacionales por cada región, con poderes ejecutivos y legislativos regionales que se eligen por votación popular.
Los gobiernos y parlamentos regionales electos mediante voto popular son responsables no sólo de la conducción política de su región, sino de la recaudación tributaria y ejecución presupuestaria en sus propios territorios, sin que el grueso del proceso tributario o las decisiones acerca de la ejecución pase por el poder central en la capital.
Pero a diferencia de un Estado federal puro, en un Estado autonómico existen instancias de coordinación y redistribución de recursos para que las regiones más desarrolladas aporten a un fondo de inversión regional que evite que las menos favorecidas económicamente se rezaguen en su desarrollo. Esta característica convierte a un Estado autonómico en una forma de organización político-territorial más óptima que un Estado federal para un país de grandes desigualdades geoeconómicas como Chile.
Además, el Estado autonómico permite un sistema bicameral no federal. Por regla general, los parlamentos en Estados federales (el venezolano, unicameral, es la gran excepción) cuentan con una Cámara Alta que representa no a poblaciones de electores (constituencies) sino a los estados que componen la federación. Y como cada estado tiene la misma importancia para la unión federal, el número de representantes en la Cámara Alta por cada uno de ellos es el mismo, sin importar la población. Así, estados con un millón de habitantes, como Rhode Island, eligen la misma cantidad de senadores/as que regiones con 40 millones, como California: dos.
Los Estados autonómicos, por su parte, no están obligados a esta regla. Pueden instaurar un parlamento de cámara revisora (como el que existe actualmente en Chile) que mantenga una relación proporcional entre número de Senadores/as y la cantidad de habitantes de sus regiones, algo todavía fundamental en un país que, como el nuestro, concentra a casi la mitad de su población en la capital.
Nada tan elaborado y robusto como esta propuesta se vio en las vagas alusiones a la “autonomía de las regiones” o la “descentralización” en el “debate”. Y los documentos programáticos de ambos/as precandidatos/as tampoco aportan más detalles (acá el de Sánchez y acá el de Mayol). Pero la propuesta hecha por Roxana Miranda en 2013 se coló en el discurso de ambos/as. Probablemente si sus equipos elaboran más su plan para las regiones lleguen a algo muy similar. O también si revisan con más detalle el programa de 2013 de la candidata de Andha Chile.
La tercera propuesta programática de Roxana Miranda que apareció (bastante edulcorada, hay que decirlo) en el debate fue la de la participación del Estado en las áreas económicas de interés estratégico nacional. Nuevamente corrió por cuenta de Alberto Mayol, pues Beatriz Sánchez, como buena social-liberal (o, en relación a muchos problemas nacionales, una liberal, a seas), casi hace arcadas al escuchar la palabra “expropiación”.
La propuesta de Mayol es que el Estado se haga con la propiedad de al menos 20% de las empresas que exploten recursos naturales o generen servicios fundamentales para la economía chilena. El precandidato mencionó las actividades mineras, salmoneras, forestales y de servicios básicos como las principales candidatas a dicha política. El 20% le permitirá voz y voto al Estado en cada directorio para que tenga alguna opción de incidir en sus decisiones.
Por su parte, en 2013 Roxana Miranda propuso que la Constitución estableciera la existencia de “recursos de interés estratégico” con el objeto de protegerlos y de explotarlos de forma racional y sustentable, con miras a financiar la satisfacción de derechos y no a generar lucro para capitales privados nacionales o transnacionales. Dicha explotación quedaría a cargo de una entidad estatal bajo control popular, que sería la responsable de la planificación de su exploración, explotación y exportación. La planificación tendría como fin dosificar nuestra producción para equilibrar la generación de beneficios para los pueblos de Chile con la sostenibilidad y sustentabildiad del recurso a largo plazo.
Evidentemente la propuesta del precandidato de Nueva Democracia no llega a este extremo. Todavía piensa la solución a los problemas de la sociedad chilena en el marco de un modo de producción capitalista, con un Estado accionista y actor en las dinámicas de especulación financiera. Pero definitivamente es una buena señal que la idea de pensar la economía en términos estratégicos, es decir, fuera o en contra de la ortodoxia neoliberal, idea iniciada por Roxana Miranda en 2013, tenga eco hasta el día de hoy.
Finalmente, otra importante propuesta de Roxana Miranda que estuvo presente en el “debate” fue la reindustrialización de la economía chilena. Fue insinuada por Beatriz Sánchez sin mayores detalles, los que tampoco se pueden encontrar en su documento programático. Pero el grueso de la idea quedó más o menos clara: la matriz extractivista exportadora en que se sustenta la economía chilena no sólo está agotándose sino que además no genera valor agregado en territorio chileno, con todas las consecuencias que eso trae en materia de desarrollo e industrialización. Por lo tanto, Sánchez propone una matriz productiva basada en la creación de cadenas de valor.
En 2013 Roxana Miranda ya había propuesto la creación de entidades productivas responsables de la industrialización para la explotación racional de los principales recursos presentes en el territorio nacional. Eso evitaría que el valor agregado a nuestros recursos se generase en los países centrales del capitalismo global.
Pero la propuesta de Miranda iba más lejos aún. Decía que las mencionadas entidades productivas se desarrollarían preferentemente en el área tecnológica, que genera alto valor agregado y es intensiva en lo que la ortodoxia neoliberal llama “capital humano de alta calificación”. La política de re-industrialización de Chile propuesta por la candidata de Andha Chile tenía como propósito convertir a Chile en un polo de desarrollo tecnológico en América Latina en un plazo de entre 10 y 15 años. Para hacerse cargo de este proceso, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo se transformaría en un nuevo y más empoderado Ministerio de Economía, Fomento de la Autogestión y el Desarrollo Tecnológico, convirtiéndose así en el protagonista fundamental de la economía que dejó de ser hace más de cuatro décadas.
Por su puesto que nada así de elaborado se le escuchó a Beatriz Sánchez. Pero, como en el caso anterior, es una excelente señal que otras fuerzas políticas lleguen al mismo diagnóstico al que había llegado Andha Chile para la elección pasada.
Tal vez si Beatriz Sánchez y su equipo revisan con más detalle y detención el programa de Roxana Miranda para la elección de 2013 encuentren el material y los planteamientos que necesitan para darle más sustento, robustez y densidad a sus propuestas. Y eso, también, podría ayudarles a formular dichas propuestas a medida de alguien más que Roberto Thieme y Patria y Libertad….
El autor es sociólogo. Académico de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Santiago. Investigador del Centro de Estudios para la Igualdad y la Democracia – CEID. Twitter: twitter.com/ego_ipse
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