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15 julio 2017

Chile. A 46 años de la nacionalización del cobre, entrevista con Julián Alcayaga





Resumen Latinoamericano / Jota Ce, Aurora Roja / 14 de julio de 2017

Nacido en Illapel, el primer acercamiento de Julián Alcayaga a la minería chilena fue como pirquinero junto a su padre. Graduado de Economista en la Universidad Patricio Lumumba, regresó a Chile para integrar el Comité Textil de la CORFO en 1972. Tras el golpe militar, participó en las tareas de la resistencia hasta su encarcelamiento y posterior exilio. Pertenece a la generación que aquel 11 de julio de 1971 celebró la segunda independencia de Chile con la nacionalización del cobre y que en los años venideros siguió atentamente la tragedia de su privatización a mano primero de militares y colaboracionistas de la dictadura y luego, de los mismos que prometían defender la dignidad nacional.

Julián Alcayaga Flores es en todo el ancho sentido de la palabra, un militante de la defensa del cobre. Desde el Comité de Defensa del Cobre y la ONG Chile Cobre ha contribuído a la formación de las nuevas generaciones de luchadores sociales y participado de las más diversas iniciativas contra el saqueo de la riqueza nacional a manos extranjeras. No le tiembla la voz para denunciar el desastre de la inversión extranjera al tiempo que dispara cifras y estudios para sostener que existe en marcha un plan de privatización que apunta directo al corazón de CODELCO.


A 46 años de la nacionalización del cobre nos recibió en su despacho para compartir algunas memorias de entonces y sobre todo, para las luchas de hoy.

JC: Don Julián, si observamos los actuales movimientos sociales e inclusive las candidaturas de centro izquierda resulta claro que la agenda del gasto y su redistribución ocupa un rol protagónico. Hace 46 años el eje era otro. Las fuerzas transformadoras lograron instalar en el debate público una agenda del ingreso que se expresó aquel 11 de julio en la decisión unánime de nacionalizar el cobre chileno. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos coyunturas? ¿Cómo se llega a la acumulación de fuerza y conciencia política necesarias para el desarrollo de un programa como el de la nacionalización del cobre?

JA: Se llega a eso porque la lucha por la nacionalización del cobre ya tenía varios decenios. Ya Luis Emilio Recabarren había planteado una nacionalización alrededor de 1920. Y no mucho después, en la República Socialista de Marmaduke Grove, hubo un decreto que se iba a publicar de no concesionabilidad de la minería del cobre que era prácticamente una nacionalización, pero no alcanzó a ser pues llegó antes el golpe de Estado respaldado por la armada americana. Posteriormente hubo varios proyectos que se presentaron en el Senado por senadores comunistas y socialistas, entre ellos Salvador Allende, pero que nunca prosperaron por falta de mayorías. El año 1967 incluso un político liberal como Julio von Mühlenbrock presentó un proyecto de nacionalización del cobre donde se estipulaba que la indemnización se tenía que hacer únicamente en base al valor libro de estas empresas.

Para el año 1970 el cobre ya se había chilenizado en un 51% bajo el gobierno de Frei Montalva y la nacionalización se encontraba en los programas de campaña de Allende y Tomic. Como presidente, Allende cumplió con enviar el proyecto, pero además se preocupó personalmente de consolidar un consenso nacional que incluía no sólo a la Democracia Cristiana sino también a los parlamentarios y partidos de derecha. Todo esto permitió que el cobre no sólo se nacionalizara, sino que se hiciera como se hizo, sin pagar siquiera un dólar simbólico como indemnización.

La diferencia entonces entre el movimiento de la nacionalización del cobre y el que impulsan los estudiantes en la actualidad es que por esos años había un proyecto político transversal a distintos sectores del país que había madurado y hecho sentido por décadas. El movimiento por la educación hoy en día es una demanda justa y legítima pero que atañe directamente sólo una porción de la población, podríamos decir como una reivindicación particular de estudiantes y sus padres.Julián Alcayaga Flores

JC: Poco más de dos años después de la nacionalización del cobre, tiene lugar el golpe militar. ¿Cómo se situó la dictadura frente al cobre nacionalizado? ¿Qué rol cumplió?

JA: El año 1975 se presenta por primera vez un proyecto de privatización de las empresas nacionalizadas, que en ese tiempo no era CODELCO aún, sino cinco empresas independientes. El proyecto no era de privatización directamente, sino que buscaba transformar a estas empresas nacionalizadas en sociedades anónimas para luego vender una parte de los capitales a sus trabajadores. Eso no era más que un chivo expiatorio para viabilizar la privatización. Este proyecto lo preparó Fernando Léniz, para ese entonces exministro de Hacienda y uno de los asesores civiles cercanos a Pinochet. Sin embargo, dentro de la junta militar el proyecto recibió la oposición del almirante Merino quien argumentó que la nacionalización fue aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional y era políticamente incorrecto privatizar y aun cuando fuese necesaria la privatización esa tarea no podía ser impulsada por los militares.

El primer síntoma de cambio de política tiene lugar el año 1978 en que, probablemente debido a la tensión militar con Argentina, la junta finalmente cede y vende a EXXON Disputada de Las Condes, que era de ENAMI.

La otra pelea grande que se dio fue en la comisión constituyente, en que la mayoría de los miembros estaban por sustituir el dominio absoluto de las minas conferido al Estado por la reforma constitucional de Allende por la idea de “dominio eminente”, en el que el Estado es dueño de las minas para efectos de soberanía, pero no en términos patrimoniales. Con todo, la comisión tuvo que respaldar la idea vigente de dominio patrimonial a instancias de Enrique Evans De La Cuadra, quien incluso llegó a señalar que el propio Pinochet estaba favor de ello. La idea de “dominio eminente” reapareció en el Consejo de Estado, por donde debía pasar necesariamente la reforma constitucional. En esas circunstancias, en 1980 viajó a Chile el propio presidente de EXXON para entrevistarse con Pinochet y solicitarle dejar sin efecto la reforma constitucional de Allende.

Si bien finalmente Pinochet no accede al lobby de EXXON y su Constitución mantiene vigente la reforma de Allende, es probable que en cambio se haya comprometido realizar las adecuaciones necesarias en la ley minera que la misma Constitución mandaba a crear para permitir el regreso de la inversión extranjera.

JC: La ley de concesiones mineras a que usted se refiere se promulga en 1982, y si bien abre la puerta a la inversión extranjera esta se limita durante esa década a un solo caso. ¿A qué se debe aquello?

JA: Puedo destacar tres razones. La primera, es que los mismos estadounidenses – y eso lo publicó en su momento Radomiro Tomic – decían que la ley era demasiado buena para ser verdad en relación a lo que establecía la Constitución. Una segunda, era que la misma Democracia Cristiana en el año 1984 prometía derogar la ley minera cuando llegara al poder, y como todo indicaba que así sería, cualquier inversionista extranjero hubiese creído que el régimen minero cambiaría nuevamente hacia la plena nacionalización.

Y finalmente, una tercera razón, era la forma de tributar. La tributación por ese entonces se hacía en base a la renta presunta. ¿Qué quiere decir eso? Que se pagaba el impuesto a la renta en base a las ventas. Nadie podía decir “yo no tengo utilidades así que no pago impuestos” porque la ley le atribuía las utilidades en función de lo que vendía. Desde la primera tonelada vendida ya había renta y, por tanto, impuesto a pagar.

¿Qué pasó el año 1990 cuando llega la Concertación al poder? Se olvidaron de derogar la ley minera y no tan sólo se olvidaron de eso, sino que además cambiaron la legislación tributaria pasando del régimen de renta presunta a renta efectiva. Es decir, se paga impuesto a la renta solamente si se declara utilidades.

JC: Detengámonos brevemente en este punto. ¿Cuál es la situación de la minería del cobre al término de la dictadura y cómo se gesta el lobby que borra las promesas de la Concertación para abrir paso a la inversión extranjera?

JA: En los tiempos de la dictadura, Chile ya era el primer productor mundial y había sobrepasado a Estados Unidos. Esto se debió en parte a que la dictadura hizo aumentar la producción de CODELCO, de 600.000 a 1.200.000 toneladas entre los años 1973 y 1989. Chile, que tenía solamente el 7% de la producción mundial de cobre pasó a tener el 12%, sin embargo aportó casi el 50% del crecimiento mundial de la producción de cobre en el mismo período. Ese aporte lo hizo el Estado de Chile pues se explica únicamente por el crecimiento de CODELCO. Lo anterior deja en evidencia que ni el ’83 ni el ’84 ni el ’90 ni nunca Chile ha necesitado inversión extranjera para desarrollar la minería.

Cuando terminó la dictadura, CODELCO producía poco más de 1.200.000 t., la ENAMI producía 150.000 t. y las empresas privadas que había en Chile que eran dos solamente, Disputada de Las Condes y Mantos Blancos, producían poco más de 160.000 t. de cobre. Ahora las empresas extranjeras producen 4.000.000 t., lo que tiene su origen en el año 1990.

El año ’84 o ’85 se produjo la primera inversión que fue La Escondida. Es un yacimiento que había sido nacionalizado pues era de Anaconda, pero entre gallos y medianoche se dejaron de pagar las patentes, las concesiones quedaron francas y alguien se las tomó, lo que sólo se puede explicar por un contubernio entre militares y civiles nacionales y extranjeros. Lo relevante es que a partir de 1985, se comienza a formar el lobby del cobre, principalmente por medio de una consultora llamada CESCO que estaba integrada por gente del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, más adelante del PPD y alguien partidario de la Junta como lo era Jorge Bande Bruck.

Esa consultora trabajaba casi exclusivamente para BHP Billiton. Cuando Aylwin llega al poder, los miembros de esta consultora pasaron a ocupar los puestos importantes del gobierno relacionados a la minería del cobre.

JC: Usted ha señalado que en el decenio 1990 – 2000 el golpe a la minería nacional del cobre no vino solamente de mano del cambio del régimen tributario, sino que además por la vía de la sobreproducción.

JA: Los casi 3.000.000 t. de aumento de la producción privada en Chile entre 1990 y 1999 fue casi el doble de lo que aumentó la producción mundial en el período 1974-1989. Naturalmente eso produjo la caída del precio del cobre que bajó de US$ 1,50 la libra a comienzos de los años ’90, a US$ 0,70 incluso a 0,60 en algunos momentos de fines de los años ’90.

Esa caída del precio del cobre produjo un daño muy grande al país, relacionado a los ingresos de CODELCO, los excedentes que aporta al Estado. Cuando terminó la dictadura, CODELCO aportaba al Estado el 25% del presupuesto nacional. Diez años más tarde, el cobre en su totalidad, es decir CODELCO y las privadas en conjunto, aportaban menos del 1% del ingreso nacional.

Entonces, la inversión extranjera en la minería es un daño colosal no sólo porque a estas empresas se las liberó de pagar impuestos sino que además porque la sobreproducción, al colapsar el precio del cobre, destruyó los ingresos que el cobre le aportaba al país, que CODELCO le aportaba al país.

JC: Cuesta encontrar otro ejemplo en que una industria – aparentemente – se sabotee así misma haciendo caer el precio de su producto ¿Cómo se explica tan “mal negocio”? 

JA: Se explica porque las empresas que vinieron a invertir en Chile son a la vez las que tienen la fundición, la refinación, la manufactura. Y si bien el precio del cobre bajó a la mitad entre 1990 y 1999, el producto elaborado con cobre, por ejemplo, el cable de cobre, aquí mismo en Chile aumentó al doble. Es decir, a las mismas empresas que sacaban el cobre no les importaba que el precio fuera bajo pues era la materia prima que utilizaban para los productos industrializados, simplemente no les afectaba. Y no les afectaba porque además no tenían que pagarle un sólo peso de impuesto al Estado chileno.

JC: Nuevamente, parafraseando a Radomiro Tomic, parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo es posible que la industria más importante de un país no pague impuestos?

JA: Todos lo negaban. El gobierno lo negaba, los ministros de minería lo negaban, COCHILCO lo negaba, la SONAMI y el Consejo Minero negaban esa realidad.

Cuando esto se hizo evidente fue a partir del año 2003, cuando se formó una comisión investigadora de la tributación minera en el Senado. Allí fue a exponer el Director del Servicio de Impuestos Internos de la época, Juan Toro. Como desde el año 1995 estaba prohibido por ley conocer la tributación de las empresas, el expuso en la ocasión la tributación de las “10 mayores mineras”. Acto seguido, expuso cuántas empresas pagaron impuesto a la renta, que era sólo una.

En el Comité de Defensa del Cobre nosotros sabíamos que sólo La Escondida había pagado impuestos un par de años. El resto no pagó absolutamente nada. Se llevaron 30.000.000 t. de cobre hasta el 2003 por un valor que sobrepasa los US$200.000.000.000. ¡Doscientos mil millones de dólares y ni un sólo peso quedó en Chile!

Alguien podría decir “bueno, pero dieron trabajo”. Ni tanto tampoco, porque con la destrucción del precio del cobre se destruyó la pequeña y mediana minería chilena que es la que aportaba la mayor parte del trabajo en las minas. Si uno compara las estadísticas de COCHILCO sobre el empleo, había menos gente empleada en la minería el año 1999 que en el año 1989.

JC: Además de la sobreproducción y la elusión generalizada de impuestos, usted ha destacado otros tres mecanismos de saqueo del cobre, me refiero a los costos financieros, los precios de transferencia y la venta en mercado de futuro. ¿Podría señalarnos cómo operan los dos primeros?

JA: Se dejó entrar la inversión extranjera en Chile alegando que “el Estado no tiene los medios para invertir en el desarrollo de la minería” lo que ya vimos anteriormente que no es cierto porque hasta el año 1989 el Estado aumentó al doble la producción de Chile que llegó a representar el 50% de la producción mundial.

Es decir, no había necesidad de inversión extranjera. Pero supongamos por un momento que sí había necesidad de inversión extranjera. ¡Esa inversión extranjera tampoco se hizo! Pongamos un ejemplo concreto de lo que hicieron las empresas: EXXON invirtiendo en Disputada de Las Condes. EXXON no invirtió en Disputada de Las Condes, sino que fue una filial financiera suya ubicada en Bermudas a la cual Disputada de Las Condes le pide prestado dinero no sólo con intereses superiores al precio mercado, sino que además con comisiones leoninas.

El mismo Vicepresidente de Disputada de Las Condes lo señaló el año 1991 en la revista Minería Chilena. En esa entrevista, el señaló que su empresa no paga impuestos, pero envía setenta u ochenta millones de dólares en pago de intereses a la casa matriz.

JC: Es decir, en Chile no se invirtió capital, sino que se invirtió crédito.

JA: Así es. Y eso podría haber sido rechazado por el Comité de Inversión Extranjera, porque la ley establece que toda inversión extranjera debe ser estudiada por el Consejo del Comité que dirige el ministro de Economía y cuando se trata de minería participa también el ministro del ramo. Ellos podrían haber dicho “no señor, usted no puede invertir a través de crédito” y menos aún si provienen de financieras relacionadas con la misma casa matriz. Pero no se hizo, y se permitió la inversión sistemática por medio de créditos provenientes de financieras relacionadas.

Uno de los que se opuso a ese tipo de cosas fue Juan Hamilton, ministro de minería de la época, al que le inventaron todo un escándalo en la prensa por unos gastos en la refinería de Concón que finalmente llevaron a su remoción.

El 25% de las ventas de las empresas eran gastos financieros. Con eso lo que hacían era evidentemente, desaparecer las utilidades. De hecho, cuando fue la Comisión de Tributación del Senado el 2003, el gerente general de El Abra dijo que alrededor del 40% de los gastos de la empresa eran comisiones y gastos financieros.

JC: Otro mecanismo es por medio de los precios de transferencia ¿Qué son?

JA: Los precios que se aplican entre empresas relacionadas, tanto en lo que se compra como en lo que se vende.

Veamos por ejemplo esos grandes camiones mineros que valen unos cuatro millones de dólares. La empresa minera ubicada en Chile no le compra el camión a Caterpillar o a Komatsu, el fabricante, sino que se lo compra a una empresa comercial. Esa empresa comercial está domiciliada en un paraíso tributario y, mira la casualidad, es filial de la casa matriz de la minera instalada en Chile. A esa empresa comercial filial de su misma casa matriz, la empresa minera en Chile en vez de pagarle cuatro millones de dólares, le paga cinco millones.

Entonces, el holding está percibiendo ganancias extraordinarias a través de una operación comercial y no de una transferencia de utilidades. Pero en los hechos, lo que realmente se está haciendo es traspasar utilidades al extranjero de forma encubierta a una empresa domiciliada en un paraíso fiscal que, por tanto, no paga impuestos acá ni allá. El mismo esquema se repite en toda la maquinaria de la gran minería.

En lo que venden las empresas mineras ocurre lo mismo. El concentrado de cobre se va en un barco, el barco está vinculado a la casa matriz. Y en vez de cobrar supongamos, US$ 5 la tonelada, cobra US$7. El flete hay que asegurarlo, la compañía aseguradora también está vinculada a la misma casa matriz de la minera en Chile. Y así, en cada eslabón de la cadena productiva de la exportación de cobre encuentras la presencia de empresas relacionadas a una misma casa matriz.

A esto súmale que la exportación de cobre se hace en base al cobre refinado, que es el que se cotiza en la bolsa de metales. Si se van 100.000 t. de concentrado, supongamos que un 30% de eso corresponde a cobre fino. Esas 30.000 t. de cobre fino a un precio libra determinado da tanto de dinero, supongamos que US$5.000 la tonelada. Pero a ese monto total le tienes que descontar el cargo por refinación y fundición, que también se hace afuera, además de otros los otros gastos que mencionamos. Al final de esos US$5.000 la tonelada, terminan llegando a Chile US$3.000. Nuevamente, traspaso encubierto de utilidades a empresas relacionadas a la matriz que por lo general están domiciliadas en paraísos tributarios.

JC: Todo lo anterior sin considerar que el concentrado lleva otros metales preciosos y que la ley declarada del concentrado es más baja que la real.

JA: Claro, pero eso ya es robo puro y simple. Además de todo lo anterior, declaran 30% de cobre en el concentrado y en realidad puede llevar 35% o 40%. Basta con observar que los pequeños mineros chilenos venden a la ENAMI concentrados que llegan a tener hasta 45% de cobre obtenidos en base a trapiches artesanales que construyen los mismos mineros. Y resulta que las grandes empresas extranjeras, utilizando la mejor tecnología del mundo obtienen concentrados con un 30% de cobre.

¿Y por qué pueden hacer eso? Simplemente porque no tenemos un servicio de Aduanas con capacidad de fiscalizar lo que sale del país. Según señaló el mismo Director de la Aduana al Senado, el servicio no tiene los medios técnicos ni humanos para fiscalizar.

JC: Hasta la fecha, se sabe que el desfalco en Carabineros de Chile asciende a $25.500.000.000 es decir, casi US$ 40.000.000. El año 2010 Andrés Tagle, por ese entonces director de CODELCO, denunció que la estatal había perdido alrededor de US$4.670.000.000 en los mercados de futuro durante los gobiernos de la Concertación. Es decir, un detrimento al patrimonio fiscal unas 120 veces superior al provocado por Carabineros de Chile. ¿Podría explicarnos el tenor de esta denuncia y cómo es que no hay responsables hasta la fecha?

JA: Esta denuncia de Andrés Tagle salió una vez en La Tercera y después nunca más él habló de eso. El Mercurio ni ningún otro medio se refirió al tema. Lo cierto es que nadie quiere investigar.

Las operaciones que hicieron perder alrededor de US$5.000.000.0000 a CODELCO, pues se supo posteriormente de otra por cerca de US$400.000.000, se hicieron entre 2004 y 2007 pero las pérdidas se contabilizaron a partir del 2006 y hasta el 2012, inclusive el 2013 aún quedaba una cola de pérdida.

La verdad en un principio yo no le creí a Andrés Tagle pues pensé que se trataba de una operación política desde la UDI. Pero al año siguiente, el 2011, cuando Diego Hernández presentó el primer balance de su gestión como un éxito extraordinario, yo me doy cuenta que ese éxito no es tal pues los excedentes de CODELCO debían superar en US$4.000.000.0000 lo que él estaba rindiendo. A propósito de eso comenzamos a estudiar en detalle las memorias de la empresa.

Resulta que ni en la empresa ni en la SVS se dijo nunca que se había perdido dinero en estas cantidades en los mercados de futuro. En ciento cuarenta y tantas páginas de memoria nos encontramos con que apenas veinte líneas aludían a la pérdida.

JC: ¿Podría profundizar en qué consiste la venta en mercado de futuro?

JA: Supongamos que hoy día el cobre está US$2 la libra y yo veo que hay estimaciones de que a tres meses puede estar a US$1,30, así que lo que hago es vender hoy día una cantidad determinada a US$1,50. Pero si llega el día acordado y el precio en vez de bajar, se mantuvo o subió yo estoy obligado de todos modos al precio y cantidad pactada.

En la operación valga señalar, no hay movimiento de cobre “físico”, son operaciones financieras en las que se constata la diferencia entre el precio pactado y al que efectivamente se cotizó la libra el día acordado. El que pierde paga la diferencia. Y resulta que CODELCO siempre pierde.

En enero del 2006 el precio del cobre estaba a US$2,20 la libra. CODELCO vendió a futuro a US$1,36. Toda la información que daban en ese tiempo las consultoras internacionales y nacionales, entre ellas Larraín Vial, decían que el precio se disparaba, que iba a sobrepasar los US$3. Y efectivamente, fue lo que ocurrió. Llegado el día, el precio efectivo estaba cerca de los US$4.

¿Por qué lo hizo CODELCO?

En la sentencia a Juan Pablo Dávila [N.E.:operador financiero de CODELCO que en 1994 fue el único condenado por fraude al fisco y negociación incompatible con motivo de pérdidas para la cuprífera, ascendientes a US$200.000.000 en mercados de futuro, equivalentes al 8% de las ventas de la empresa], se establece por ejemplo que en enero de 1990 CODELCO perdió US$3.500.000 con una operadora de mercados de futuro. Al día siguiente que CODELCO pagó esa cifra, la misma operadora le gira a Juan Pablo Dávila en una cuenta en Islas Caimán US$1.500.000.

¡Imagínese la comisión para una sola persona! Es evidente que Juan Pablo Dávila no estaba solo, pero ni él señaló al resto de los involucrados ni la justicia logró o no quiso dar con ellos. Estas pérdidas no tienen explicación si no es por negociados que sin duda no son responsabilidad de un sólo operador financiero.

JC: A raíz de estas pérdidas en las operaciones en mercados de futuro, el año 2015 usted patrocinó la interposición de una querella. ¿En qué estado se encuentra dicha acción?

JA: Cuando presentamos la querella se nombró una primera fiscal que prácticamente se negó a investigar. Por ese motivo hicimos un requerimiento al fiscal nacional con el que conseguimos que se designara como fiscal a doña Macarena Cañas que es la misma fiscal que actualmente investiga el desfalco en Carabineros. Doña Macarena emitió requerimientos de información tanto a CODELCO como a COCHILCO y a la fecha ninguna de las dos ha respondido satisfactoriamente lo que se les solicitó. CODELCO de hecho no ha informado siquiera cuáles son las empresas con las que negoció y contrató en estas operaciones de mercado de futuro. Por ahora nos encontramos insistiendo en estas diligencias.

JC: Resulta difícil de asimilar que ante semejante perjuicio al patrimonio fiscal no se hayan determinado responsabilidades de ningún tipo y a nadie pareciera importarle. ¿Cuál es su hipótesis? ¿Qué cree que está operando tras este asedio al cobre chileno?

JA: Hay que diferenciar dos cosas. En relación a las pérdidas en mercados de futuro, hay que ver que CODELCO comenzó a ganar tanto dinero a partir del año 2004 cuando comenzó a subir el precio del cobre, que el 2005 aumentó sus ingresos de US$800.000.000 a US$4.000.000.0000. Y luego el 2006 a US$9.000.000.000 de excedentes. Era una cantidad enorme de dinero para lo que conocía CODELCO desde el año 1996 al 2003, varias veces superior. Es posible que tales volúmenes en tan poco tiempo hayan dado paso a la idea de ocupar un esquema similar al de Juan Pablo Dávila para repartir dineros al interior de la empresa. ¿Para qué y quiénes? Sólo podemos especular.

Ahora bien, lo que hay desde el 2010 en adelante es un asunto distinto. El año 2009 doña Michelle Bachelet obedeciendo las instrucciones de las transnacionales modificó el gobierno corporativo de CODELCO. Desde entonces no es el Presidente de la República el que designa al presidente ejecutivo sino que es el directorio, del que además sacaron al ministro de economía, de minería y al representante de las Fuerzas Armadas. La mayor parte de ese directorio es elegido por Alta Dirección Pública y para postular se requiere experiencia previa en minería. Entonces, todos vienen de empresas mineras.

El año 2010 llega Piñera al gobierno, se conforma un directorio completamente partidario de las transnacionales que nombra a Diego Hernández, que venía de Anglo American, como presidente ejecutivo. Es decir, se hacen cargo de CODELCO los expertos en producir pérdidas en la minería.

Desde entonces hemos denunciado un plan de destrucción de CODELCO, vendiendo cobre – suponemos – a precios bajo mercado y endeudándolo en proyectos que no sirven absolutamente para nada.

Sobre lo primero. El año 2006, a US$3 la libra, CODELCO tuvo ingresos por venta superiores a US$17.000.000.000. Si el 2011 la libra estaba a US$4, es decir, 33% más cara que el 2006, lo esperable para una producción similar es un aumento de 33% de ingresos por venta, es decir, US$22.500.000.000. Pero, sorpresa, se declararon US$17.500.000.000. ¿Por qué faltan cerca de US$5.000.000.000 en los ingresos por venta de CODELCO? Nosotros creemos que vendieron porciones de la producción bajo el precio de mercado. ¿A quiénes? Nos cabe suponer que a las mismas empresas de donde viene Diego Hernández, Thomas Keller y Rodrigo Toro, que hasta antes de entrar a CODELCO como vicepresidente de comercialización era gerente de comercialización del grupo Anglo American. Pasó de encargarse de la comercialización de Anglo American a encargarse de la comercialización de CODELCO y lo hace hasta la fecha. Y hasta la fecha CODELCO sigue perdiendo todos los años por menores ingresos de venta, por sobre los US$3.000.000.000 anuales.

Además de eso, han metido a CODELCO en proyectos de exploración innecesarios en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en México, en mediana minería, en circunstancias que en Chile teniendo este tipo de yacimientos de mediana minería CODELCO se niega a explotarlos, arguyendo que la empresa sólo se dedica a la gran minería, y se los regalan a mineras extranjeras.

JC: Para ir finalizando. Hoy en día la demanda de “nacionalizar el cobre” está muy lejos de ocupar el rol protagónico que tuvo hace 46 años en el seno de las fuerzas transformadoras. Incluso entre las organizaciones políticas de izquierda cuesta encontrar respecto del tema algo más que una consigna abstracta, sin programa, en torno a la que giran algunas ideas generales como “añadir valor agregado”, “subir los impuestos” o “fin a la ley reservada del cobre”.

En este escenario, ¿Cuál cree usted que debiese ser la agenda programática en el largo plazo en relación a la gran minería del cobre?

JA: En una perspectiva no de largo plazo, porque el asunto se tiene que hacer mañana o se tuvo que hacer ayer más bien, en primer lugar, la nacionalización. Lo importante es recuperar ahora los ingresos que Chile no está recibiendo del cobre. Que la renta que produce la minería sobre nuestros recursos naturales se quede en el país y no se la lleve la empresa extranjera o se la roben en CODELCO. No hay duda sobre eso, para recuperar el cobre es necesario nacionalizar las empresas extranjeras.

Pero si no hay las fuerzas necesarias, si hay miedo a un programa de esa envergadura, si ni los movimientos de izquierda se atreven a plantearlo, lo que se puede hacer es una reforma tributaria. Y una reforma tributaria muy fácil de implementar, porque lo que se hizo en el año 1990, con la Ley 18.985, se cambió de renta presunta a efectiva con una modificación anodina al artículo 34 de la ley de impuesto a la renta. Desde ese año se dispuso que las mineras a partir de 35.000 t. de cobre ya no tributaran en renta presunta, sino que en renta efectiva. Todos los pequeños mineros siempre han pagado impuesto, porque siguieron quedando en renta presunta, y al vender a la ENAMI esta automáticamente en cada venta les descuenta el impuesto a la renta en base a renta presunta.

Entonces bastaría modificar el art. 34 de la ley de impuesto a la renta en el sentido de que todas las empresas mineras paguen el impuesto en base a la renta presunta. En el mismo acto, habría que revisar las bases de cálculo y de paso, establecer tasas más altas para el concentrado de cobre a fin de fomentar que la refinación y fundición se realice en Chile.

Es una ley simple, no se necesita reformar la Constitución ni quórum especial. La Concertación siempre lo ha podido hacer, si no lo ha hecho es porque no ha tenido la voluntad política. Lo que ahora he visto en prensa es que Guillier por ejemplo, propone un royalty a partir del 2029 o el 2030 porque según lo que señalaban ahí recién entonces se terminaba la invariabilidad tributaria. Eso es de una completa ignorancia, la invariabilidad tributaria actual termina en 2024 pero, además, es una invariabilidad que no toca al impuesto a la renta. Chile puede imponer el impuesto a la renta que quiera a las empresas mineras porque no están sometidas a la invariabilidad tributaria en ese aspecto. La invariabilidad actual concierne solamente al impuesto específico a la minería, las patentes mineras y una probable verdadera regalía minera porque en la actualidad no es un royalty, es un impuesto específico a la minería.

Con renta presunta todas las empresas mineras tendrían que pagar impuestos. Y no tendría sentido el royalty actual, el impuesto específico a la minería de 4% o 5% de las utilidades que, si no las declaran, entonces no hay impuesto a la renta ni royalty que aplique.

El año 2015, cinco empresas de las diez mayores declararon pérdida. El año 2016 casi la totalidad declara pérdida. Simplemente no pagan impuestos porque no declaran utilidades, siguen operando tal como se denunció el año 2003 en la comisión investigadora del Senado. Y nadie dice nada.




http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/14/chile-a-46-anos-de-la-nacionalizacion-del-cobre-entrevista-con-julian-alcayaga/


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