Estos días se está discutiendo el techo de gasto presupuestario. Lo máximo que se puede presupuestar y que debería coincidir aproximadamente con la cantidad a liquidar en su día. Esta es la clave de la bóveda presupuestaria, construida con los perfiles macro del presupuesto y la diferencia de gastos e ingresos, superávit o déficit. Si se aprue ba este borrador de cifras macro, seguirá a continuación la discusión sobre relevantes apartados como su distribución sectorial, territorial, o sus contrapartidas y composición de ingresos públicos.
Aunque pueda parecer abstracta esta discusión económica-política, es relevante porque la fijación del techo de gasto y déficit público trazan unos ejes deterministas para dibujar los sumatorios de las partidas de gastos e ingresos públicos.
Esta discusión se realiza en un contexto de crecimiento económico de alrededor del 3%, una creciente desigualdad y aumento de población en riesgo de pobreza, carencias no resueltas y agrandadas durante la crisis, por ejemplo, listas de espera quirúrgica o de dependencia, parados de larga duración y cientos de miles de hogares donde todos sus componentes están en paro, sean jóvenes o mayores de una determinada edad, déficit de la Seguridad Social, inversiones necesarias, falta de I+D para el desarrollo futuro, etc.
Por eso, es toda una apuesta conservadora la que realiza el PP, apoyada por el partido liberal, y que rechazó recientemente el calificativo de intentar integrar una postura socialdemócrata, Ciudadanos, la fijación del techo de gasto en el porcentaje propuesto por el ministro Montoro. Aumentar nominalmente el techo de gasto 1.3 % más que lo presupuestado para el año 2017, cuando la economía crece al 3 %, significa que el tamaño del gasto público se reduce en términos relativos. Si, además, la inflación es positiva, y cuanto más sea ésta, se reducirá el porcentaje del gasto sobre el PIB. El colmo sería que si la inflación es superior al 1.3 % habría una disminución real del gasto.
Esto a pesar de todas las carencias por todos conocidas, y la debilidad de nuestro sistema de bienestar, resumida en que España tiene un gasto menor con respecto al PIB de cuatro puntos de media comparada con los países europeos. Esto supone que España tiene un gasto social per capita 40 % menos que cualquier europeo de la eurozona, según los cálculos del economista Moisés Martín. El techo de gasto es inferior en más de 62.000 millones de euros al previsto en el año 2010. Ahí, se ve la radical poda de servicios y derechos que se ha n efectuado por las políticas conservadoras en la crisis, y que se niegan a restablecer cuando se vende, por otro lado, que la hemos superado .
Para intentar dar una coartada a esta decisión se nos dice que se va a reducir el IRPF a las rentas menores de 14.000 euros. Siendo ésta una propuesta que favorece a los miliuristas, habría que discutir cuales son los mecanismos más adecuados de mejora de la renta disponible para los colectivos con menores rentas. Hay otras fórmulas, una disminución de tipos de IVA sobre productos de consumo popular, transporte público, agua y electricidad doméstico, etc. Otras posibilidades es disponer más ingresos –de los que están ahora dispuestos- para la caja de Seguridad S ocial, dependencia, guarderías…
Porque la otra derivada implícita del techo de gasto presupuestado es el compromiso entre los gobiernos de la UE de reducción del déficit del conjunto de las administraciones públicas (donde entran los diferentes niveles de gobierno, el central, los autonómicos y locales y la Seguridad Social) que se calcula por parte del gobierno para el año 2018, en el 2.2 % sobre el PIB.
Si tenemos el techo de gasto, las cifra máxima de déficit, ya sabemos la mejora que tiene que haber presupuestada de recaudación. Tiene que mejorar y ser su aumento mayor que la de los gastos. Eso es razonable en esta fase de ciclo expansivo.
Pero aquí, nos encontramos con dos premisas queridas por el PP–Ciudadanos de no subir impuestos. Se confía todo a una inercia de crecimiento impositivo derivado del crecimiento económico, una lucha genérica contra el fraude pero que tiene el hándicap de una disposición de recursos para la Agencia Tributaria cicatera y con un plan contra el fraude mejorable y una limitada capacidad para la lucha contra la elusión fiscal. Si se reduce la factura fiscal de las personas con ingresos menores a los 14.000 euros anuales, deberá n incrementarse los ingresos de otras partidas de ese impuesto o de otros. En el IRPF hay elementos que propiciarían la equidad y progresividad, la eliminación o suavización de la doble escala impositiva para las rentas de trabajo y capital, la supresión de las deducciones por planes de pensiones, etc. De todas maneras, el impuesto sobre sociedades, teniendo en cuenta la caída de recaudación producida, debe ser el prioritario a modificar. El Impuesto sobre Transacciones Financieras no se le espera y el lobby de las bebidas carbonatadas logró que no se universalizara un impuesto sobre el contenido de azúcar. Pero, también se puede alcanzar la reducción del déficit, sin tener que alcanzar ese techo de gasto, dejando partidas sin liquidar, privatizando o vendiendo bienes públicos.
Todo lo anterior, nos sirve para rechazar un techo de gasto que constriñe cubrir tantas necesidades. Creemos que debería crecer en el entorno superior del crecimiento del PIB. Los ingresos fiscales un poco más. Para ello, la lucha contra el fraude y la elusión siempre debe ser una prioridad que debe ser correspondida con cambios de recursos y orientación de la Agencia Tributaria. Ajustar deducciones y exenciones que han florecido a resultas de diferentes grupos de presión. Pero también con la puesta en marcha de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras que erosione la especulación o eliminando la posibilidad de paraísos fiscales locales, como la exención del Impuesto sobre el Patrimonio en Madrid.
Santiago González Vallejo, USO. Miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal.
Publicado inicialmente en Elsalmoncontracorriente.es
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