Chubut: un expediente revela espionaje sobre activistas de pueblos originarios - Periódico Alternativo

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09 agosto 2017

Chubut: un expediente revela espionaje sobre activistas de pueblos originarios



El juez que investiga el paradero del joven desaparecido procesó a policías y fiscales por sus vínculos con la AFI. Apuntó a un espía que identifica personas para el gobierno provincial y nacional.


Por Claudio Mardones 08/08/2017 02:12 PM


Este martes se cumplirá una semana de la desaparición de Santiago Maldonado, que fue visto por última vez el 1 de agosto, mientras era detenido por efectivos de Gendarmería Nacional, luego de un operativo represivo contra la comunidad Pu Lof en Resistencia, dentro del departamento de Cushamen, provincia de Chubut. El caso fue inicialmente ignorado por el aparato de comunicación presidencial, pero la ausencia de Maldonado, y la alarma generalizada, se extienden como una mancha voraz sobre la imagen del Gobierno.

Apenas arrancó la semana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, intentaron mostrarse proactivos ante el caso que, según reclamó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), exige la urgente intervención del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. En una de las defensas públicas que arriesgó Bullrich a los medios, sostuvo que no tiene información. La disponible, argumentó la ministra, “la estamos analizando, pero el reporte de Gendamería y del juez (federal de Esquel Guido) Otranto es que no hay indicios que Gendarmería lo haya tenido preso”.

En el juzgado patagónico que desde hace siete días vive una tormenta de consultas, debido a la creciente preocupación nacional e internacional por el paradero de Maldonado, hay un expediente judicial que desmiente a Bullrich y que revela el desarrollo, desde hace más de un año, de tareas de inteligencia interior en la misma zona donde el joven fue visto por última vez. Es tanta la cantidad de información acumulada sobre la comunidad que fue reprimida por Gendarmería, que es muy difícil creer que el Gobierno no sabe nada, o que no tiene elementos para indagar sobre el paradero de Maldonado.

TE PARA CINCO. El 21 de febrero de este año, el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal aportó los detalles de un fallo del juez Otranto que pasó virtualmente inadvertido a pesar de su gravedad. Fue a partir del procesamiento, sin prisión preventiva, que dictó sobre dos policías de la provincia de Chubut y dos funcionarios del poder judicial provincial, “como autores del delito de haberse relacionado de manera prohibida por el artículo 15 bis de la ley N°25.520 con un integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) (artículo 43 bis de la ley 25520 y artículo 45 del Código Penal)”. La pena recayó sobre el comisario Adrián Alejandro Muñoz y el oficial principal Claudio Alfredo Rodríguez de la policía chubutense, junto al fiscal general de la circunscripción de Esquel del poder judicial provincial Fernando Luis Rivarola y a su colega, la fiscal jefe María Bottini.

El caso fue denunciado por la fiscal federal de Esquel, Silvana Ávila, y comprobado por Otranto, que consideró demostrada existencia de reuniones de esos cuatros funcionarios chubutenses con un espía de la Delegación Trelew de la AFI.

No se trata de una localidad de menor importancia para el añejo aparato de espionaje estatal. En la base naval de Almirante Zar de esa ciudad, funcionó “la casita”, el centro de reunión de espionaje dedicado a acumular y analizar información sobre políticos, gremialistas, docentes y activistas de organismos de derechos humanos. La cueva del Servicio de Inteligencia Naval fue denunciada por un suboficial arrepentido de 30 años, que trabajaba dentro de un equipo de seis marinos encargados del espionaje político. En 2006 aportó los datos al CELS para que denunciara el caso ante la justicia. Las revelaciones de aquél momento mostraron un activo funcionamiento de la entonces SIDE en espionaje interior, desde 2003 hasta el año de la denuncia.

EL ESPÍA. De esa misma ciudad provino el agente de la ex SIDE que fue enviado a Esquel para investigar a las comunidades mapuches y a los movimientos sociales que rechazan la explotación minera y protagonizan duros conflictos con la multinacional Benetton por ocupación de tierras ancestrales. Tal es el caso del lonko Facundo Jones Huala, que lideró la recuperación de terrenos cuya propiedad se adjudica Benetton. El caso pasó de ser una ocupación violenta a un “acto de terrorismo”.




Santiago Maldonado, el joven mapuche desaparecido tras ser visto cuando era detenido por Gendarmería.

El espía que desembarcó en Esquel para investigar el conflicto mapuche fue procesado por Otranto el 12 de abril de 2016, casi un año antes de antes de que lo hiciera contra los dos policías y dos fiscales provinciales. Según los argumentos del juez, el acusado cometió dos delitos penados por la ley de Inteligencia. En primer lugar se relacionó, sin la aparente orden de las dos máximas autoridades de la AFI, con funcionarios públicos en torno a la realización de tareas de inteligencia. Y, además, realizó actividades de investigación criminal sin requerimiento judicial.

LOS OJOS DE MARIO Y MAURICIO. En términos políticos, Otranto consideró probado que durante 2016, en el primer año del gobierno de Cambiemos, un espía de la AFI, que depende directamente de la Presidencia de la Nación, fue enviado a Esquel para hacer tareas de espionaje interior con dos policías y dos fiscales de la provincia gobernada por Mario Das Neves.

Ante la comisión de ambos delitos, Otranto consideró probado que el espía “llegó a la región el mismo día en que comenzó la ocupación territorial en Leleque y se involucró activamente en la investigación que estaba realizando la División de Investigaciones de Esquel de la Policía del Chubut”. También señaló que “no solamente se dedicó a recolectar información sobre el conflicto por la toma de tierras en una estancia propiedad de la multinacional Benetton en el paraje Vuelta del Río, al noroeste de Chubut, sobre la ruta nacional 40, entre Cholila y Esquel por parte del Movimiento mapuche Puel Mapu de Cushamen”, sino que “también se involucró en la pesquisa encomendada a la misma División de la policía provincial “tendiente a dar con el paradero de Francisco Facundo Jones Huala a raíz de la solicitud de arresto provisorio con miras a extradición que había requerido por la República de Chile”.

En ese caso el juez detalló que el espía “obtuvo y almacenó información respecto de 26 personas individualizadas por haberse manifestado en diferentes ámbitos en oposición al establecimiento de la actividad minera en la región o en apoyo a las reivindicaciones de pueblos originarios. También, fotografió a miembros del movimiento No A La Mina en una reunión ‘Casa Abierta’ que se realizó en Cholila el día siguiente a que comenzara la ocupación territorial en Leleque”.

El vínculo entre el espía y los policías y fiscales chubutenses, fue demostrado “el 28 de mayo de 2015 por la mañana, en la Oficina Fiscal de Esquel”, donde “tuvo lugar una reunión entre los fiscales Rivarola y Bottini y una persona que se identificó con una credencial de la Delegación Trelew de la Agencia Federal de Inteligencia”. El hombre de la AFI “manifestó que desde hacía más de un año se encontraba trabajando con el grupo mapuche que realizó la ocupación territorial y, pidiendo especial reserva por su carácter de agente de inteligencia, ofreció aportar información con potencial utilidad para la identificación de esas personas; siendo aceptada por los fiscales y descargada en ese mismo acto desde el disco externo del agente a la computadora del fiscal Rivarola”.

El 15 de junio de 2016 la fiscal federal Ávila, que había denunciado el caso, pidió indagatorias para los policías y fiscales chubutenses, porque “comparó la información obtenida ilegalmente” y “concluyó que todos los funcionarios mantuvieron contacto e intercambio de información, sin autorización expresa, con el agente de inteligencia procesado”. Tan profundo fue el espionaje realizado que, según sostuvo Otranto, “el propio funcionario de la AFI les habría advertido que el cúmulo de videos, fotografías y referencias como la titularidad de líneas de telefonía celular sólo podía ser ingresado formalmente a la causa por medio de un oficio judicial”.

Sólo el policía Rodríguez “mantuvo 42 comunicaciones entre el 12 de abril y el 2 de octubre con el espía que acumulan un total de 5 horas y 47 minutos de diálogo, en tanto que Muñoz habló 2 horas y 15 minutos durante 21 contactos telefónicos”.

Los detalles de ese expediente revelan que la AFI y el gobierno de Das Neves llevan adelante tareas de inteligencia interior sobre la comunidad mapuche sin autorización de la Justicia. Según la información recolectada en la sede judicial de Esquel, el espionaje realizado bajo la órbita de Presidencia y de la Gobernación de Chubut, estuvo concentrado en el lonko Facundo Jones Huala, detenido en esa provincia mientras espera un juicio de extradición a Chile que fue declarado nulo por el máximo tribunal argentino, en coincidencia con la resolución que firmó Otranto al respecto y que había sido apelada, sin éxito, por la fiscalía.

Este martes, el Ministerio de Justicia lanzó una recompensa de 500.000 pesos para quien aporte datos sobre el paradero de Maldonado. El juez Otranto dijo en declaraciones radiales que los testimonios que apuntan a la Gendarmería son indirectos. Es decir, que ninguno lo habría visto en forma directa. Maldonado habría llegado a la zona hace tres o cuatro meses. Las investigaciones sobre el espionaje estatal contra los mapuches son previas, pero no hay noticias de que hayan sido suspendidas, aunque la AFI aportó la identidad del espía procesado (que el juzgado mantiene bajo secreto de sumario) y los fiscales acusados zafaron de un jury provincial de enjuiciamiento.

Entre las reuniones ilegales, las fotos, las filmaciones secretas a asambleas y las ocho horas de comunicaciones telefónicas de los funcionarios chubutenses con el espía de la AFI, resulta llamativo que el Gobierno se empeñe en repetir que no tiene información para esclarecer el paradero del joven Maldonado, desparecido en la misma zona donde se desarrollan investigaciones clandestinas e ilegales, desde hace más de un año, por parte de organismos dependientes de la Presidencia y de la Gobernación chubutense.

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/08/argentina-chubut-un-expediente-revela-espionaje-sobre-activistas-de-pueblos-originarios/

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