El ponente de la ley "Estado nación del pueblo judío", actualmente una ley considerada como de las "fundamentales" del Estado de Israel, ha sido Avi Dichter, del partido Likud, el mismo que el del primer ministro Netanyahu.
La ley Estado nación judío es una ley supremacista, alejada de la igualdad y reconocimiento de los mismos derechos a cualquier ciudadano de un estado. Fosiliza una narrativa excluyente a los que no sean judíos y se suprime la lengua árabe como oficial. Pero ya estaba prohibida la referencia a Al Nakba en los textos educativos, hay una discriminación en el uso y propiedad de la tierra, en el urbanismo, trabajo, etc., para los palestinos con pasaporte israelí. Ahora, se legaliza la ocupación, ya sea en Jerusalén como en el resto de los territorios palestinos ocupados.
Las Convenciones de Ginebra nunca han sido respetadas por Israel. Como tampoco el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Por contra, la posibilidad de que cualquier judío, de cualquier nacionalidad, que quisiera tener pasaporte israelí y ser un nuevo ocupante, ya estaba implantada antes de esta ley de Estado Nación Judío. El rechazo a los palestinos por ser palestinos, forma parte del adn sionista.
La ley estado nación del pueblo judío quita una máscara, para quién lo quiera ver, al sionismo como ideología supremacista.
El ponente de la nueva ley, que ha producido una mínima inquietud en la comunidad internacional, porque tienen que mirar de forma hipócrita a otro lado, es el tal Dichter de amplio historial sionista y amoral.
Y conocido en la justicia y en el ministerio español de relaciones exteriores. Dichter era jefe de inteligencia israelí cuando ordenó un singular bombardeo en Gaza, con una bomba de una tonelada, en el barrio Al Daraj, que destruyó totalmente un edificio y ocho casas de los alrededores, otras nueve casas resultaron destruidas parcialmente y una veintiuna sufrieron daños moderados. Hubo quince personas -la mayoría de ellos niños y bebés- asesinadas y 150 resultaron heridas, algunas de ellas con lesiones graves y secuelas permanentes. La excusa israelí es que buscaban asesinar a un líder de Hamás. En cualquier otro país, lo que ordenó fue un asesinato extrajudicial y el asesinato de víctimas inocentes y como mínimo considerado un criminal de lesa humanidad. Estábamos en la segunda intifada y todo vale para Israel y todo es excusable para el resto.
El desarrollo de esta historia en nuestro país es conocida. Desde diferentes asociaciones, entre ellas el CSCA, estimulados por aliados palestinos, demandamos en los tribunales españoles por el caso Al Daraj. Los israelíes rechazaron que fueran juzgados los acusados y se excusaban en que 'había' una investigación interna -de los propios asesinos- y defendían que su sistema judicial (parte del aparato de ocupación encargado de dar cobertura legalista a la misma) es homologable a cualquier estado democrático. Pero eso han sido excusas, eso sí admitidas por la mayoría de las jurisdicciones occidentales -la española también-, cómplices con la ocupación.
Junto a eso, por si acaso, fue necesario el ejercicio de presiones políticas israelíes complementarias a la falta de voluntad política del gobierno socialista de Zapatero-Moratinos para lograr la modificación de la ley de jurisdicción universal. Después, el PP y sus aliados la volvieron a recortar de forma más amplia. La ley de jurisdicción universal actual es extremadamente restrictiva y obliga, entre otras condiciones, a que los acusados se encuentren en territorio nacional.
Aún más, en el auto de archivo de la causa del Mavi Marmara, del que también el CSCA es acusador popular, se establecía una petición lógica y coherente con la ley ya restringida: el juez pedía a las fuerzas de seguridad que le avisasen para poder interrogar a los acusados en caso de que detectasen su presencia en España. Una salvaguardia, natural, condicionada a un supuesto lógico. Pero siendo firme el auto, advertidos los israelíes de que sus presuntos asesinos podían tener limitados sus viajes fuera de su Estado, movieron a las altas instancias españolas para modificar un auto firme de archivo (provisional dadas las circunstancias) para que no apareciera esa petición a la policía. En nuestra opinión, la frase tachada del auto sigue en vigor porque es de perogrullo. Si los supuestos que llevan al archivo una causa ya no existen, porque uno de los acusados estuviera en España, la puesta a disposición del juez del acusado y la reapertura de un caso debiera llevarse a cabo.
Pero no. En noviembre de 2013, el Gobierno entonces del PP invitó por medio del CESEDEN y del Centro Sefarad-Israel, dependientes del Ministerio de Defensa y de Exteriores respectivamente, a dos acusados de crímenes de lesa humanidad, a este Avi Dichter, en ese momento ya ex jefe de inteligencia israelí, y a Dan Meridor, Ministro de Defensa en tiempos del asalto al Mavi Marmara. Fueron invitados como expertos de seguridad, por defender los mismos valores (?) y proceder de un país democrático, según esas instituciones españolas.
¿Quedarán reflejados en los anuarios de esas instituciones que invitaron a sabiendas a un supremacista y a acusados de graves crímenes?
Por supuesto, a pesar de los esfuerzos del CSCA y sus abogados para que fueran retenidos para ser interrogados por el juez, después de sus conferencias y estancia, se fueron sin ser molestados, para seguir haciendo crímenes, defender el apartheid, gracias a la hospitalidad y complicidad del gobierno del PP.
Con ese respaldo de no ser puestos en cuestión por los crímenes cometidos, ni siquiera molestados, al revés reconocidos académicamente, esos dirigentes se sienten reforzados para seguir cometiendo mayores barbaridades por todos conocidas, menos por los rectores de nuestros gobiernos que le han, a él y a otros, facilitado su carrera sionista, supremacista.
Santiago González Vallejo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=245127
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