Washington, 9 nov (PL) El juez federal estadounidense Brian Morris ordenó detener la construcción del oleoducto Keystone XL, fallo considerado hoy como una derrota del Gobierno del presidente Donald Trump y una victoria de grupos ecologistas y defensores de nativos.
Según el veredicto temporal, la presente administración no justificó de forma adecuada el levantamiento de la prohibición del proyecto impuesta por su antecesora, de Barack Obama, en 2015.
Tras el freno inicial a la obra trasfronteriza, destinada a unir la provincia canadiense de Alberta y las refinerías norteamericanas en el golfo de México, en marzo de 2017 se emitió un permiso para su edificación.
Ese consentimiento se produjo después de intensos debates y ante la oposición de entidades medioambientalistas, contrarias entre otras razones al cruce de la tubería, de mil 400 kilómetros de longitud, por uno de los mayores depósitos de agua dulce del mundo.
Por otra parte, pueblos originarios argumentaron que el oleoducto, valorado en unos siete mil millones de dólares, invadiría sus tierras soberanas.
De acuerdo con la decisión de Morris, el actual Departamento de Estado se limitó a descartar las conclusiones previas relativas al cambio climático para justificar su cambio de posición.
La entidad federal, que deberá por orden del juez estudiar más los daños de la obra al entorno, no tomó en cuenta factores como el precio del crudo, el impacto del proyecto en las emisiones de gases de efecto invernadero y los riesgos de derrames de petróleo, sostuvo el magistrado.
Unos cinco mil barriles del hidrocarburo fueron vertidos en las estadounidenses llanuras de Dakota del Sur hace un año por una fuga en el oleoducto Keystone, parte del Keystone XL, recordaron reportes de prensa.
A juicio de la organización defensora del medio ambiente Sierra Club, la determinación de Morris 'muestra de forma clara e irrefutable que ya es hora de que TransCanada (empresa operadora del oleoducto) renuncie a esta quimera'.
oda/dsa
Tras el freno inicial a la obra trasfronteriza, destinada a unir la provincia canadiense de Alberta y las refinerías norteamericanas en el golfo de México, en marzo de 2017 se emitió un permiso para su edificación.
Ese consentimiento se produjo después de intensos debates y ante la oposición de entidades medioambientalistas, contrarias entre otras razones al cruce de la tubería, de mil 400 kilómetros de longitud, por uno de los mayores depósitos de agua dulce del mundo.
Por otra parte, pueblos originarios argumentaron que el oleoducto, valorado en unos siete mil millones de dólares, invadiría sus tierras soberanas.
De acuerdo con la decisión de Morris, el actual Departamento de Estado se limitó a descartar las conclusiones previas relativas al cambio climático para justificar su cambio de posición.
La entidad federal, que deberá por orden del juez estudiar más los daños de la obra al entorno, no tomó en cuenta factores como el precio del crudo, el impacto del proyecto en las emisiones de gases de efecto invernadero y los riesgos de derrames de petróleo, sostuvo el magistrado.
Unos cinco mil barriles del hidrocarburo fueron vertidos en las estadounidenses llanuras de Dakota del Sur hace un año por una fuga en el oleoducto Keystone, parte del Keystone XL, recordaron reportes de prensa.
A juicio de la organización defensora del medio ambiente Sierra Club, la determinación de Morris 'muestra de forma clara e irrefutable que ya es hora de que TransCanada (empresa operadora del oleoducto) renuncie a esta quimera'.
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