Por Enric Llopis, Resumen Latinoamericano, 19 septiembre 2020.-
La brutalidad de las fuerzas del orden se extiende por Estados Unidos, Colombia y Chile.
Los hechos sucedieron en 30 minutos y a causa de un supuesto billete falso. George Floyd, ciudadano negro de 46 años, desempleado y padre de una niña, fue asesinado por la policía el pasado 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis (Minnesota, Estados Unidos). Sus últimas palabras –“no puedo respirar”- catalizaron las protestas ciudadanas en todo el mundo. Surgido en 2013 y con un largo recorrido en la denuncia de la brutalidad policial, el movimiento afroestadounidense Black Lives Matter abanderó las manifestaciones.
Otro caso reciente que prendió las revueltas fue el de Jacob Blake, negro, de 29 años, a quien los agentes tirotearon por la espalda el 23 de agosto en la ciudad de Kenosha (Wisconsin); las autoridades situaron el origen de los hechos en un “incidente doméstico”. Una semana después, los tiros de la policía de Washinghton DC ultimaron al joven negro de 18 años Deon Kay, en medio de una persecución. Un ejemplo anterior es el de Daniel Prude, también negro y con problemas de salud mental, quien perdió la vida en marzo –asfixiado- a manos de la policía de Rochester (Nueva York).
En Estados Unidos las fuerzas de seguridad matan al menos a tres personas al día, apuntan los investigadores del Mapa de la Violencia Policial. Con 781 muertos contabilizados hasta el 20 de septiembre, llegan a la siguiente conclusión: “Los negros representan el 28% de los asesinados por la policía en 2020, a pesar de ser sólo el 13% de la población”. Además, la probabilidad que un afroestadounidense sea víctima de un homicidio policial es tres veces superior a la de un blanco.
La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) constata, a partir de la base de datos de The Washinghton Post, la misma tendencia: un total de 5.442 personas muertas por los disparos de los agentes entre enero de 2015 y julio de 2020; esta ONG también resalta que la población nativa/indígena americana tuvo en 2019 tres veces más opciones de morir por las balas que los ciudadanos blancos (informe La otra epidemia: tiroteos policiales mortales en tiempos de crisis).
En Colombia, el asesinato del abogado y taxista Javier Ordóñez el 9 de septiembre en Bogotá colmó la paciencia popular; las grabaciones permiten observar cómo dos patrulleros le esposaron y propinaron una paliza -para lo que hicieron uso durante cinco minutos de la pistola eléctrica-, antes que fuera trasladado al Comando de Atención Inmediata (CAI) en el barrio de Villa Luz. En estas dependencias policiales fue presuntamente torturado. Asimismo fue un caso señero el del estudiante Dilan Cruz, víctima mortal en noviembre de 2019 del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), uno de cuyos agentes le disparó un proyectil en la cabeza cuando participaba en una marcha en Bogotá.
Más allá de la capital, proliferan las denuncias por homicidios, abusos y racismo; en mayo, en el municipio de Puerto Tejada (Cauca), dos agentes golpearon al joven afrodescendiente Anderson Arboleda con un bolillo en la cabeza hasta que el muchacho falleció; la versión difundida por los medios es que, supuestamente, no había respetado el confinamiento por la COVID-19 (“Anderson Arboleda: la historia del George Floyd colombiano”, tituló el periódico Semana). Por otra parte, las autoridades indígenas de Jambaló (Cauca) denunciaron la detención el 10 de septiembre de un adolescente, de 15 años, que fue esposado y forzado por los agentes a desnudarse y firmar documentos al salir de su casa en la vereda Mariposas, informó Contagio Radio.
En este contexto, la muerte de Javier Ordóñez desató la ira en las calles de Bogotá, Medellín, Cali o Popayán. Y también la represión violenta de las movilizaciones (13 muertos y más de 200 civiles heridos, según las cifras oficiales). Bajo la consigna “Acción Urgente: #9S #PolicíaCriminal”, 25 organizaciones señalaron que –a partir de los vídeos e imágenes en las redes sociales-, se constataba el uso de armas de fuego por parte de la Policía Nacional y “personas vestidas de civil”.
La ONG Temblores, que investiga los abusos policiales en Colombia, ha hecho público el siguiente balance: 639 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública en el periodo 2017-2019; y 242 casos de violencia sexual desde 2017 (Temblores, la Fundación para la Libertad de Prensa y Sisma Mujer denunciaron la detención ilegal de una periodista -el 13 de septiembre- cuando realizaba unas fotografías en el barrio La Macarena de Bogotá; se le requisó el material y en la estación policial fue sometida a humillaciones sexuales).
No difieren mucho algunas prácticas de los carabineros (pacos) en Chile, cuyo emblema está presidido por la leyenda “orden y patria”. Agentes de este cuerpo policial liquidaron en la madrugada del 23 de marzo, en la comuna Independencia de Santiago y con un disparo en el pecho, a Jonathan Reyes Somerville; ocurrió cuando el gobierno ya había decretado el toque de queda nocturno por el coronavirus; vecinos y familiares negaron que los policías actuaran en legítima defensa, subrayó el periódico Interferencia. Entre los casos denunciados por las organizaciones de derechos humanos, figura el de Fabiola Campillai: el 26 de noviembre perdió la vista por el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro, disparada por los carabineros en la comuna San Bernardo; un capitán de esta fuerza policial fue detenido por los hechos.
La represión y el racismo en Chile se ensañan con el pueblo mapuche. El 4 de junio fue asesinado uno de los dirigentes de la comunidad We Newén de Collipulli (Araucanía), Alejandro Treuquil, por los disparos de unos desconocidos; “desde el 13 de mayo se estableció un estado de sitio alrededor de la comunidad, siendo víctimas de la persecución policial ilegítima”, destacó la comunidad We Newén en un comunicado; tres semanas antes del homicidio, un agente de los carabineros comunicó a Alejandro Treuquil que tenía una orden de detención, le insultó, amenazó y disparó un perdigón en la cabeza, según declaró el werkén (portavoz) a Radio Universidad de Chile; Alejandro Treuquil se desplazaba entonces a la cárcel de Angol para visitar a los presos políticos.
La sarta de asesinados podría continuar con Álex Núñez, trabajador del sector eléctrico, de 39 años y padre de tres hijos, fallecido –en octubre de 2019- tras una paliza de los pacos en la comuna de Maipú (Santiago).
En octubre de 2019 se inició el denominado “estallido social” en Chile. El rechazo a la subida de los precios en el transporte público actuó como detonante –coyuntural e inmediato- de las movilizaciones masivas. En el contexto del Estado de Emergencia y la acción de militares y carabineros, fallecieron más de 30 personas (al menos cinco por la acción directa de agentes del Estado y otras dos bajo custodia estatal en comisarías, detalló en diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Según Amnistía Internacional, “la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual contra los manifestantes”.
“Se han producido las más graves y numerosas violaciones a los derechos humanos en Chile desde el retorno a la democracia”, valora el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que un año después que comenzara el “estallido social” ha interpuesto 2.499 querellas ante los tribunales (2.329 de ellas contra los carabineros y 126 contra militares); del total de acciones penales, seis son por presunto homicidio, 38 por homicidio frustrado, 12 por lesiones “gravísimas” y 191 por violencia innecesaria, además de otras por tortura o disparos injustificados.
Entre octubre de 2019 y febrero el INDH, que realiza tareas de observación en comisarías, manifestaciones y centros de salud, computó 9.787 detenidos y 2.122 heridos por disparos. Asimismo, en el citado periodo, “el uso de la fuerza policial se ha cobrado más de 460 víctimas de trauma ocular, de las que 35 sufrieron lesiones irreparables a la vista”, denuncia en las redes sociales el Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales (OPIP).
Imagen: American Civil Liberties Union (ACLU).
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