Por Ana Cristina Bracho. Resumen Latinoamericano, 17 de octubre de 2020.
Durante los últimos años Venezuela ha enfrentado una cantidad increíble de ataques. En ellos hemos visto incursiones al territorio, la creación de una institucionalidad paralela, la manipulación del derecho, juicios en distintos espacios, la amenaza de un Examen Preliminar en la Corte Penal Internacional y varios intentos de someter la situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Es precisamente esta combinación y permanente innovación de los mecanismos de ataque los que nos han ocupado y mantenido en la denuncia permanente de cómo se ejecutan sobre Venezuela mecanismos de asfixia, acoso y agresión contrarios a los estamentos del sistema de Naciones Unidas y cómo desde allí nace el deber soberano de la defensa de un Estado que se declara irrevocablemente libre e independiente.
De este modo, al pensar en Venezuela nos damos cuenta de que los escenarios mutan, pero se mantienen en la línea que busca generar presión para asegurar un cambio de régimen y evitar la presencia de otros sujetos en este espacio que pretende Estados Unidos reservarse desde su lógica monroísta.
De todos estos hechos, es la aplicación de medidas coercitivas unilaterales el más denunciado porque constituye una afronta clara al derecho internacional. Tomemos en cuenta sobre esto que la ONU ha advertido sentir preocupación por las consecuencias que tienen sobre «las actividades sociohumanitarias y el desarrollo económico y social de los países en desarrollo, incluidos sus efectos extraterritoriales, lo cual crea nuevos obstáculos al goce pleno de todos los derechos humanos por los pueblos y las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de otros Estados».
Al estudiar este tema tan importante se deben conocer los efectos que han tenido sobre los pueblos y cómo influyen con más dureza sobre los estratos que son objeto de una mayor protección internacional (personas especialmente vulnerables y no involucradas directamente en el conflicto) como el razonamiento que las sustenta.
En El arte de las sanciones, Nephieu explica que las sanciones no son un estándar sino que obedecen a un «patrón cortado a la medida» que se elabora tras realizar un estudio que identifica «los valores, vulnerabilidades identificados en el país blanco y el costo que las sanciones representan para él» sobre la base de los elementos culturales, las características de las instituciones políticas, el sistema macroeconómico y financiero así como sus vulnerabilidades, la naturaleza de las relaciones comerciales, la historia reciente, la demografía y el acceso a las fuentes externas de información.
Con estos datos a mano, se diseña un proceso que genera condiciones muy difíciles para un gobierno -exhortándolo así a rendirse- que favorece que el pueblo se rebele, y que tiene la capacidad de revertir los índices de desarrollo y garantía de derechos que ha alcanzado un país cuando comienza a darse vuelta a esa tuerca que presiona inclementemente.
Las acciones coercitivas unilaterales pasan así, de ser una violación del derecho internacional a construirse en un mecanismo que viola los derechos humanos y que favorece los desenlaces dramáticos, por hambre, colapso y cansancio en los países. Un hecho que se ha explicado de manera clara es lo que inspira su utilización contra Venezuela.
Por eso, nosotros no estamos enfrentando una guerra donde sepamos cuál es la forma de las batallas que tendremos que superar, sino que estas van cambiando sólo siendo constante que tenemos un adversario que sostiene que «todas las cartas están sobre la mesa», que las acciones coercitivas no retroceden y que siente que se encuentra por encima de todas las reglas de las relaciones internacionales.
De este plano, donde vimos en los años pasados pasar voceros nacionales y extranjeros pidiendo «sanciones», ahora vemos un repunte en el discurso que pretende posicionar que en Venezuela debe aplicarse la «responsabilidad para proteger» (R2P) que no es una doctrina de garantía de derechos humanos sino de legitimación de la guerra.
Pudiendo destacar sobre este al menos estas incoherencias:
- Las acciones militares no sirven para garantizar derechos humanos, los conflictos armados son el espacio donde los derechos humanos se encuentran más comprometidos.
- La situación sociohumanitaria que se pretende solucionar no es producto de la gestión del Estado sino de la privación del acceso al comercio internacional y a sus propios bienes, requeridos ambos para el desarrollo del país y la garantía de los derechos.
- Los derechos humanos son un concepto nacido en la obligación de los Estados de satisfacer las necesidades de sus nacionales. Al transferirse la obligación a un tercero -difuso por demás-, el Estado se infantiliza mediante una acción colonial que pretende decir que este sujeto no es capaz de cumplir sus obligaciones y se priva a un país de su capacidad de acordar su futuro.
- Las acciones que acosan a un Estado pertenecen al acto de agresión prohibido en el derecho internacional.
- Los países que se les ha aplicado esta doctrina no tienen en común ser los espacios donde se violentan más derechos humanos sino ser territorio geopolíticamente priorizados.
Sin embargo, este peligroso plano es fundamentalmente un trabajo de manipulación de la opinión pública que se logra posicionando un país en las agendas internacionales y en los periódicos, pero también presionando en simultáneo en tantos frentes como agencias internacionales, tribunales extranjeros, centros de arbitraje o espacios especializados existan que puedan concluir asuntos que favorezcan la aplicación de estas ideas.
Por ello, la defensa pasa por varios frentes, todos activos en el presente: batallas judiciales por los activos -entre ellas es fundamental el caso del oro en Inglaterra-, la denuncia gubernamental ante la Corte Penal Internacional de las «sanciones» como crímenes de lesa humanidad y el acercamiento a los espacios de derechos humanos como el Alto Comisionado de Derechos Humanos para reafirmar la «mayoría de edad» de Venezuela como un Estado que tiene la capacidad jurídica, política y económica de responder a sus obligaciones.
Al lado de esto se abre un plano nacional en el que encontramos el deber de adecuar la legislación para favorecer la resolución pacífica y dialogada de los problemas, modificar normas que han sido consideradas en el patrón sancionatorio impuesto para usarlas en nuestra contra o para hacer imposibles las soluciones a la crisis y, finalmente, vendrá un periodo en el que deberemos centrarnos en mejorar las respuestas jurídicas nacionales para fortalecer las políticas públicas, recuperar la capacidad adquisitiva y crear condiciones favorables para la creación de espacios para la participación de otros sujetos en nuestra economía.
Porque esto es un elemento fundamental de la defensa del Estado y de la reivindicación de nuestra historia. Todas las soluciones deben buscarse en el territorio, sin presiones y entre nacionales, alejando la rapiña.
Fuente: Misión Verdad
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