La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en un mitin en Buenos Aires, 4 de noviembre de 2022.
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, denuncia que es objeto de persecución judicial, como lo hicieron con Lula da Silva y Rafael Correa.
“Yo creo que es un fenómeno que pasó con el partido judicial en toda la región”, ha señalado en una entrevista publicada este lunes por el periódico brasileño Folha de São Paulo.
Fernández de Kirchner ha aducido que el “partido judicial” reemplazó al “partido militar” en la zona después la caída del muro de Berlín [Alemania], y desde entonces, varios líderes suramericanos han sido blanco de persecución de los adversarios por vía judicial o el lawfare.
Al respecto, ha mencionado el caso de la detención del actual mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para impedir su posible victoria en las presidenciales de 2018, y también el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cuando tenía las riendas del país.
La política argentina ha recalcado que lo mismo está pasando con ella al violar sus garantías constitucionales, insistiendo en que todas las acusaciones en su contra “son mentiras”.
“Cuando se violan todas las garantías, cuando el juez dijo una cosa y hoy dice otra en base a una denuncia que hizo el gobierno [del expresidente derechista Mauricio] Macri, obviamente habrá una condena”, ha argumentado.
La expresidenta, junto a una docena de personas, es acusada de irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas entre el 2003 y el 2015 en la provincia de Santa Cruz (sur), para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes.
El fiscal Diego Luciani pidió el 22 de agosto ante el Segundo Tribunal Oral Federal (TOF) una condena de 12 años de cárcel y la inhabilitación permanente en el desempeño de cargos públicos para Fernández en el juicio que ella enfrenta desde mayo de 2019 por presuntos hechos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.
El martes, 6 de diciembre, por la tarde se dará a conocer el veredicto final. En caso de ser condenada, Fernández de Kirchner puede apelar la sentencia ante distintas instancias judiciales superiores, un proceso que puede estirarse años. La ley no le impide presentarse a cargos públicos en las elecciones generales de 2023, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie de manera definitiva.
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