EL SALVADOR. Pax criminalis

Aldo Álvarez

Abogado y catedrático

Con gran asombro hemos sido testigos en los últimos días, cómo han disminuido dramáticamente los índices de homicidios en forma exponencial. De un promedio de entre 12 a 14 que se venían teniendo, ahora ha llegado a un promedio de cinco (que es más o menos el índice de homicidios producto de la violencia social en general), e incluso hubo un día que no se registró ni un solo homicidio . Aunado a esto, coincidieron varios hechos concurrentes, en primer lugar el anuncio del traslado de los cabecillas de las principales pandillas del país a la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, y por otro lado el anuncio de un supuesto pacto entre los jefes pandilleriles a nivel nacional, de no realizar ningún homicidio entre ellos, evidentemente con el propósito de demostrar que tienen la capacidad de poder disminuir la salvaje ola de homicidios que asola el país.

Pero lo anterior prueba varias cosas: en primer lugar que los jefes de las pandillas tienen el propósito de intentar “presionar” al gobierno para que, en vez de realizar el traslado de los jefes nacionales de las llamadas “maras”, se siente a “dialogar” y eventualmente a pactar con dichas estructuras criminales, ofreciendo a cambio una “tregua” entre ellos. Curiosamente el día jueves pasado estaba anunciado un traslado a gran escala de jefes de pandillas al penal de máxima seguridad, y dicho traslado a “última hora” fue abortado, sin darse mayores explicaciones. Prueba también esta dramática disminución de los homicidios, que el “poder” de bajar los índices delincuenciales lo tienen las pandillas y no el gobierno, así como prueba que la tasa de homicidios arriba del promedio de cinco por días, es responsabilidad del accionar criminal de dichos grupos.

Uno de los principales atributos y herramientas del Estado es precisamente el poder, el cual eventualmente puede y debe tener la capacidad de utilizar la fuerza o coacción para imponerse frente a cualquier evento o contingencia social que amenace o desafíe el poder del Estado. Pero esta posibilidad de coacción no sólo debe ser formal sino real, pues cuando materialmente el Estado es incapaz de ejercerla, en ese momento el Estado deja abierta la posibilidad para que cualquier grupo al margen de la Ley lo haga, e imponga “de facto” su propia coacción, la cual desde el punto de vista político es ilegítima, pero en el plano de la realidad social, constriñe, presiona y obliga a aquellos habitantes de esos territorios a “obedecer”, esto es a someterse a los designios y directrices de dichos grupos criminales. Así, tales grupos, en términos reales, se convierten en el “poder” territorial que somete la conducta de sus habitantes, tal cual fueran un poder legal y formal, y sin dudas llegan a establecerse paralelismos con ciertos atributos del Estado relacionados con la imposición, como es la facultad recaudatoria o tributaria, cuando se utilizan deformaciones jurídicas como la imposición de la mal llamada “renta”, que no es más que el producto de un delito que se llama extorsión.

Que suceda eso en amplios territorios del país y que el Estado no tenga, ni haya tenido hasta ahora capacidad para contrarrestarlo, es ya de por sí grave. Pero que tales estructuras se atrevan e intenten “extorsionar” al Estado, a través de pactos para bajar índices de homicidios con el exprofeso propósito de obligar al gobierno a “negociar” con ellos, es ya un escalamiento del poder de tales estructuras que simplemente espanta. Y no sólo espanta en términos de la incertidumbre que causa dicho atrevimiento, sino que espanta, porque si tal intento da como resultado que el gobierno efectivamente se siente a negociar con tales estructuras, entonces será total y absolutamente cierto que el poder coaccionatorio del Estado para imponerse frente a cualquier estructura criminal, ha fallado, y por tanto estará mucho más cerca de ser un verdadero Estado fallido.

El gobierno debe ser muy cauto en esto, y darse cuenta que detrás de esta nueva “tregua” entre pandillas, existe un cálculo también electoral, pues han medido que el hecho que los índices de homicidios disminuyan sensiblemente en épocas preelectorales, puede convertirse en un muy buen rédito político para cualquier partido que se encuentre en el gobierno de turno, en especial, cuando un Ministro de Seguridad se atreve a señalar que el tema del aumento de la criminalidad, es una cuestión de “percepciones”.

Yo aún sigo sin ver una verdadera política criminal de Estado que resuelva el tema de la seguridad y, lejos de eso, veo cómo a nivel social está sucediendo todo lo contrario. Pax Criminalis ¿La solución? Simplemente espanta.

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