PIA.- La Sala IV de la Cámara Federal de Casación dictó la falta de mérito al empresario Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, en la causa en la que se encontraba procesado por delitos de lesa humanidad. El empresario de la mayor empresa azucarera del país, se encuentra involucrado en los episodios conocidos como la “Noche del Apagón“, ocurridos en julio de 1976, durante la última dictadura militar, donde 400 personas fueron secuestradas -de las cuales 33 permanecen desaparecidas- en la localidad de Libertador General San Martín y otras localidades jujeñas cercanas a la planta principal del ingenio, como parte de un operativo pergeñado entre las fuerzas represivas y la empresa Ledesma, para desarticular a la militancia popular.
El fallo que firmaron Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, dictó la falta de mérito a Blaquier y su ex gerente Alberto Lemos al considerar que no se puede probar que ambos tenían conocimiento de estar “realizando aportes concretos a la conducta dolosa específica de los agentes estatales que llevaron adelante las privaciones de la libertad que se investigan en autos”.
Contrariamente, ambos ya tenían procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Salta por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de 26 víctimas, entre ellos el ex médico de la planta y ex intendente Luis Arédez.
Entre el 20 y 27 de julio de 1976, se realizaron los operativos para el secuestro de trabajadores de ingenios azucareros y delegados sindicales de la zona, caracterizados por cortes de luz deliberados de alumbrado público y domiciliario en las localidades de Calilegua, El Talar y Libertador San Martín. Durante los mismos se utilizaron no sólo vehículos militares y policiales, sino camiones pertenecientes al ingenio azucarero Ledesma.
En la resolución, los magistrados analizaron la utilización de camionetas de la empresa Ledesma para llevar adelante los secuestros en los pueblos en los que el ingenio tenía influencia, Libertador San Martín y Calilegua y consideraron que “no hay mérito para sostener que los imputados hicieron un aporte a la conducta dolosa de miembros de la fuerza de seguridad que privarían ilegítimamente de la libertad a las víctimas de este proceso”.
“Si bien es cierto que el préstamo de las camionetas de propiedad de la empresa Ledesma a las fuerzas de seguridad es un hecho suficientemente acreditado, ello no constituye sino una prestación socialmente ubicua, esto es, una asistencia (…), bajo ningún punto de vista puede ser relacionada ya objetivamente con una colaboración en un injusto”, sostiene el fallo.
Según precisa Télam, la misma decisión y con argumentos similares se aplicó sobre la causa por los secuestros de Luis Ramón Arédez, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián, y sobre el caso de Ernesto Samán, que la Cámara Federal de Salta ya había rechazado porque consideró que no estaba demostrado el uso las camionetas de Ledesma en su secuestro.
Del mismo modo, el tribunal desestima la acusación por violación de domicilio y tormentos contra Luis Arédez, Claudio Gainza y Carlos Melian al no dar por acreditado que los delitos tengan vinculación con Ledesma, a pesar de que eran trabajadores de la planta, indica la agencia de noticias.
Denuncian la complicidad
El fallo despertó el repudio de organizaciones populares, funcionarios y legisladores, que se encargaron de denunciar la trama de impunidad que cubre a los responsables civiles de la última dictadura militar.
La Organización Barrial Tupac Amaru, el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular y la Red de Organizaciones Sociales emitieron un comunicado en el que las críticas apuntaron hacia “la complicidad de algunos sectores del Poder Judicial con los cómplices civiles de la dictadura militar”.
En este sentido, la dirigente popular y diputada provincial Milagro Sala se refirió a la reciente medida y la relacionó con la decisión del juez federal Julián Ercolini que rechazó citar a los directivos de los diarios Clarín y La Nación, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, por la apropiación irregular durante la dictadura de la empresa de papel de diario Papel Prensa y a la declaración de falta de mérito que el juez Claudio Pontet dictó en favor de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, acusado de ser coautor de los secuestros, torturas y asesinatos de dos obreros gráficos, y por el rol del diario en tanto auxiliar de la Inteligencia militar en operaciones de acción psicológica del terrorismo de Estado durante la dictadura.
“Desde nuestro espacio político y desde las organizaciones sociales vamos a continuar acompañando a los organismos de derechos humanos, levantando las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y vamos a seguir exigiendo la democratización del Poder Judicial. Estas decisiones contrarias a la verdad no hacen más que dañar la democracia”, destacó Sala en declaraciones a Télam.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda también consideró “llamativo que en una semana se dictaran tres fallos en beneficio de cómplices civiles de la última dictadura”. “Parece que la Justicia no quiere avanzar sobre este delito y en investigar la responsabilidad de los civiles implicados en el terrorismo de Estado”, afirmó el funcionario y aseguró que la secretaría “avanzará hasta la última instancia judicial posible”.
En tanto, el secretario de Promoción de Derechos Humanos, Luis Alen, adelantó que se analizará el fallo para “estudiar ir a la Corte Suprema y tomar otras medidas para que la causa continúe viva”. Estos fallos “son preocupantes”, porque “vuelven a instalar la idea de impunidad” en la sociedad, sentenció y añadió que “no hacen más que reflejar que una parte de la estructura judicial se resiste a las investigaciones de delitos durante el terrorismo de Estado”.
http://www.noticiaspia.org/corporacion-judicial-argentina-beneficia-con-falta-de-merito-al-empresario-blaquier/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario