La Presidenta Bachelet acaba de enviar al Congreso un proyecto de reforma constitucional, para que quienes ostenten el cargo como Presidentes o Presidentas de la República, queden obligados a declarar su patrimonio de por vida.
Jorge Castillo / Politólogo
El binomio dinero y poder político se ha venido consintiendo y perpetuando en gran parte del sector público de los países tercermundistas. Es una realidad injusta, tóxica y envolvente; un espectáculo impune y grotesco. Negarlo sería un chiste.
Ocurre que los principios, valores y mística del otrora salvadoreño laborioso y honesto, se han ido perdiendo; la cultura de la animalada y la picardía han sustituido la decencia ciudadana. El arribismo y la zalamería, han hecho lo mismo con el mérito de las personas.
Cuánto eco tienen ahora las célebres frases del estadista brasileño Ruy Barbosa (1849-1923): “De tanto ver triunfar nulidades, prosperar la deshonra, crecer la injusticia, agigantarse el poder en manos de los malos; el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honradez, a sentir vergüenza de ser honesto”. Si estuviera vivo, Barbosa podría haber contrastado sus expresiones con la cruda realidad que hoy en día vive la que fue su patria y muchos países.
Por tanto, es importante construir en El Salvador una institucionalidad fuerte, cuya vanguardia sea ocupada por los mejores, no por los financistas o los de mayor lealtad y actividad partidaria. Sin embargo, resulta esperanzador el nuevo mapa político dibujado en las recientes elecciones, indicador de que el diálogo y la sana negociación serán básicos a nivel legislativo, para alcanzar acuerdos en los grandes temas de Nación. Ahí veremos si las caras nuevas, lo son también en materia de conciencia e independencia.
Eso también engendra otros riesgos; uno de ellos, quizá el más grave, sería que los nuevos diputados y alcaldes cometieran el error de rodearse de gente oportunista, mediocre, sumisa y acomodaticia, generalmente cobijados como “asesores”. Probado está que en algunas instituciones, los tales, por temor a perder sus privilegios, no recomiendan ni orientan con profundidad, valor y sustento a sus asesorados. Contrariamente, se acomodan a lo que sus jefes desean escuchar, y aunque miren que van directo al despeñadero político, no les advierten de los peligros por delante, haciendo que incurran en errores y hasta hagan el ridículo.
Así, instituciones y organismos del sector público como la Asamblea Legislativa, los gobiernos municipales, el Órgano Judicial, el TSE, la FGR, diversos entes fiscalizadores y otros, cuyas misiones son de rango constitucional y gran nobleza, terminan desprestigiados por la mediocridad de quienes los dirigen.
En El Salvador ya es tiempo de corregir todo eso y marcar la diferencia, como lo ha hecho la República de Chile, que acaba de dar un sencillo pero enorme paso. Para responder a los estándares de transparencia y probidad que la ciudadanía demanda su Presidenta, Michelle Bachelet, adoptó recientemente dos medidas importantes: primero, emitió un “Instructivo Presidencial sobre las Buenas Prácticas en Materia de Declaración de Intereses y de Patrimonio” con el fin de mejorar los estándares de probidad, transparencia y buenas prácticas; segundo, conformó un “Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción”, con el propósito de regular – de manera estricta y eficaz – las relaciones entre dinero y política.
Además, la Presidenta Bachelet acaba de enviar al Congreso un proyecto de reforma constitucional, para que quienes ostenten el cargo como Presidentes o Presidentas de la República, queden obligados a declarar su patrimonio de por vida. La voluntad chilena de apostarle a la transparencia, siendo un régimen de izquierda moderada, contrasta con la desidia de otras izquierdas que también gobiernan, ya no digamos de otros regímenes demócratas, republicanos y nacionalistas, cuyos actores ven al Estado como un espacio para hacer negocios, es decir, combinar el dinero con la política.
Si bien desde el Órgano Ejecutivo de El Salvador se han realizado esfuerzos para fomentar la cultura de transparencia, hace falta acompañarlos con hechos consecuentes por parte de la clase política. Un buen punto de partida sería decidirse, de una vez por todas, a transformar la obsoleta Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia; analizar y mejorar la Ley de la Función Pública (que duerme en la Asamblea Legislativa); desterrar los nocivos subterfugios que emplean algunas instituciones para impedir el acceso a información de carácter público; fortalecer al Tribunal de Ética Gubernamental dotándolo de un verdadero poder sancionatorio, etc.
La maltrecha imagen de nuestra gestión pública, en parte se debe a que unos pocos han sabido mezclar, con pasmosa habilidad, el dinero con la política. Aunque no se puede ser éticos por decreto, las iniciativas de Chile son buen ejemplo para contrarrestar esa fórmula tóxica.
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