La actual crisis económica en Puerto Rico responde a la aplicación de recetas neoliberales y al daño que provocan la corrupción económica y política en el uso de los fondos públicos.
A juicio de la profesora boricua Martha Quiñones, la situación de ese país caribeño tampoco podría entenderse si se obvian los nexos de subordinación colonial a Estados Unidos, bajo el eufemismo de “Estado Libre Asociado”.
La condición colonial desvió a la nación “por la ruta neoliberal de ajustes fiscales y recortes”, comentó la analista en declaraciones a Prensa Latina, tras intervenir en un foro internacional que reúne en La Habana a más de 900 economistas de 17 países.
En Puerto Rico asistimos a un secuestro del Estado por los intereses económicos de élites vinculadas al capital transnacional; de tal forma, resultan frecuentes los pagos por “debajo de la mesa” a funcionarios ejecutivos y legisladores para favorecer intereses privados.
La deuda externa del país asciende oficialmente a unos 72 mil millones de dólares, aunque otros cálculos elevan la cifra al considerar el dinero extraído por el ejecutivo de los fondos de retiro de los maestros y otros empleados públicos, comentó.
En esencia, consideró, se trata de una deuda ilegítima, pues ha sido contraída por un gobierno que no destinó los recursos provenientes de los préstamos a inversiones de beneficio para la población.
Parte del endeudamiento proviene de una política fiscal regresiva o permisiva con el fraude fiscal que reduce los ingresos del Estado, explicó.
También tiene su origen en mecanismos que facilitan el endeudamiento, reducen los ingresos fiscales y carecen de adecuada fiscalización; ahí figuran prácticas como las exenciones a industrias y subsidios a nóminas, que adolecen de justificación social.
A lo anterior se unen los fraudes fiscales, la corrupción y el desinterés del gobierno por acabar con estos flagelos, así como las privatizaciones que ofrecen condiciones monopólicas a contadas compañías y eliminan ingresos del estado.
En opinión de Quiñones, el fenómeno incluye deudas contraídas bajo amenazas o bajo presión de instituciones no electas democráticamente, y debido a políticas públicas que atan el gasto para privilegiar a grupos poderosos.
Además, subrayó, existen deudas generadas por proyectos mal diseñados o programados indebidamente, cuyos costos sobrepasaron los presupuestos e incumplieron las especificaciones requeridas.
Prensa Latina
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