Por Matías Del Río / resumen.cl / Resumen Latinoamericano/ 07 noviembre 2016 .-
Alrededor de 80 secundarios, pobladores y universitarios, marcharon a eso de las 12 de la mañana por las calles de Penco y Lirquén, en un nueva jornada de protesta en contra del proyecto energético GNL Penco Lirquén de la empresa Biobiogenera, el cual pretende instalar un terminal marítimo de gas y un gasoducto asociado. Pese a que el proyecto ya fue aprobado por la Comisión Evaluadora de la Región del Bio-Bio, la ciudadanía -al parecer- no descansará hasta impedir que se instale el “Proyecto Octopus”.
Sin incidentes y fuertemente custodiada, terminó la marcha organizada por los secundarios en Lirquén, a eso de las 3 de la tarde. Pese a que fue autorizada por la gobernación, los dirigentes estudiantiles y vecinales tuvieron problemas para dar inicio a la marcha, luego de que les revocaron el permiso. Finalmente y tras de hablar con personal de carabineros, se trazó un nuevo recorrido, el cual terminó en el Calendario de Pasto, a la entrada de la ciudad de Penco. Durante todo el camino, piquetes de FF.EE, personal en moto y dos furgones policiales custodiaban la marcha. A pesar a esto, no se reportaron incidentes.
Biobiogenera es una iniciativa empresarial ligada a inversionistas chilenos como Juan José Gana y César Norton Sacre, en conjunto con las compañías Cheniere Energy y Electricidad de Francia (EDF). La primera parte del proyecto es el Terminal GNL Penco-Lirquén, que consta de un terminal marítimo estático o “offshore”, en el cual atracarían buques de transporte de gas provenientes desde países exportadores de este combustible, como Estados Unidos. Además, conlleva la construcción de un gasoducto que atravesaría la Bahía de Concepción y que consideraría una conexión a sectores industriales de la provincia, además de alimentar a la termoeléctrica “El Campesino” en Bulnes, segunda parte del proyecto de Biobiogenera, en conjunto con la empresa EDF (Electricidad de Francia).Esta central, también ha sido fuertemente rechazada por la comunidad local, ya que según pobladores de Bulnes, quienes se dedican principalmente a la agricultura, acusan que una termoeléctrica sólo llegaría a contaminar y a aumentar la escasez hídrica de la zona, lo que potenciaría el escenario de sequía que ya existe en la región, afectando directamente sus cultivos y forma de vida. Además, los pobladores cuestionan a quién beneficia realmente el aumento de la producción energética, ya que recalcan que la región no la necesita.
Los opositores al proyecto han realizado una gama de acciones para detener a Biobiogenera. Recursos de protección, reclamaciones al Servicio de Evaluación ambiental, marchas y cortes de ruta, han sido parte del descontento contra el proyecto.Posicionamiento mediático del gas como energía limpia.
Con el engañoso argumento de mitigar la contaminación atmosférica de las fuentes industriales y residenciales en el Gran Concepción, la iniciativa empresarial Biobiogenera (GNL Octopus) busca importar y distribuir en la región del Biobio, gas natural generado a través de hidrofracturamiento (fracking), promocionando además este combustible fósil como “energía limpia”. Si bien las emisiones atmosféricas producto de la generación de energía con gas natural son menores que con el fuel-oil y el carbón, estudios demuestran la escasa factibilidad del cambio en el uso residencial de leña a gas natural, con pocas ventajas en términos de costos y emisiones. Por otro lado, los grandes volúmenes de distribución que posibilitaría la sobreoferta de gas con la construcción del terminal marítimo GNL Octopus y el gasoducto asociado, entregarían mayores posibilidades para incrementar los impactos ambientales y sociales que ya producen las industrias pesquera, forestal, petroquímica y energética en la región. Este aumento en la oferta energética traería aparejado además un incremento en las emisiones de gases invernadero por combustión de gas natural, las cuales se incrementarían a nivel local de manera similar a las desalentadoras proyecciones climáticas globales para combustibles fósiles en las próximas décadas.
Aunque el gas natural sea un combustible con menor efecto invernadero y emisiones de óxido de nitrógeno que el petróleo y el carbón, en realidad, el incremento en su uso constituye un grave problema ambiental global. Este posicionamiento del gas natural como energía limpia en la regiónha omitido importantes impactos ambientales como la liberación de metano a la atmósfera, las consecuencias de la extracción de este combustible en lugares cada vez más remotos, el costo ambiental y social de la extracción a cada vez mayores profundidades tanto en continentes como océanos, y la fuerte dependencia política con potencias energéticas exportadoras.
Con el objetivo de usar como combustible gas natural importado desde países productores en buques de transporte de gas natural licuado (GNL), a través de la operación de terminales marítimos como GNL Penco-Lirquén de Biobiogenera y el recientemente ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental, GNL Talcahuano, una nueva generación de centrales termoeléctricas podría instalarse en la región. Hasta ahora, han ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental los proyectos “Central termoeléctrica El Campesino” en la comuna de Bulnes, “Central termoeléctrica Tierra Noble” en Cabrero, cada una de estas plantas asociada a su terminal marítimo respectivo. Además, se proyecta la instalación de la central “Las Arcillas” en la comuna de Pemuco, propiedad de Engie Energía Chile S.A. (E-CL), cuyo principal inversionista es la transnacional energética GDF Suez y cuyo segundo mayor inversionista son fondos de pensiones.
Los opositores anteriormente han denunciado que la entrada al país de este tipo de empresas contribuyen a transformar los territorios habitados por los chilenos en zonas de sacrificio, particularmente, el gasoducto permitiría la entrada en funcionamiento de proyectos en Chillán, Pemuco y San Ignacio. “Estos proyectos, sin duda que irían en desmedro de las comunidades de esas comunas, transformándonos en zonas de sacrificio, tal como sucede actualmente en Coronel y Cabrero, lo que nos insta a continuar esta lucha apelando a todas las instancias legales e institucionales para frenarlo” señalaron.
Universidades que lucran exhiben déficit presupuestario por gratuidad
Natalia Figueroa |Lunes 7 de noviembre 2016 18:07 hrs.
Según un estudio de Acción Educar, 29 de 30 instituciones de educación superior presentaron un déficit en sus presupuestos por la implementación de la gratuidad. Encabezan esta lista la Universidad Diego Portales, Finis Terrae y Autónoma. Sin embargo, desde el Observatorio de Políticas Educativas advirtieron que estas pérdidas responden a los altos aranceles que mantienen estas universidades que precisamente son investigadas por lucro.
Un estudio elaborado por la fundación Acción Educar reveló que 29 de las 30 casa de estudios que adscribieron a la gratuidad en 2015 dejaron de recibir cerca de 30 mil millones de pesos. Esto, considerando la diferencia entre el arancel real y el arancel regulado que establece la glosa presupuestaria.
Es decir, el contraste se generaría por el monto que las instituciones habrían cobrado normalmente a los estudiantes y lo que, en cambio, recibieron por parte del Estado para la gratuidad.
Una situación que algunas instituciones, como la Universidad Diego Portales (UDP), la Universidad Autónoma, la Universidad Finis Terrae advirtieron al iniciar este debate. Según comentaron los rectores de estas casas de estudios, se estarían realizando proyecciones para mantener la gratuidad el próximo año porque el perjuicio financiero les obligaría a paralizar ciertos proyectos, por ejemplo de remodelación o de investigación.
Para el director Ejecutivo de la fundación, Raúl Figueroa, la gratuidad tal como está diseñada inevitablemente perjudicará a estas entidades. Por lo mismo, a su juicio, el gobierno debiese acotar la política y no extenderla más allá del 50 por ciento de los alumnos vulnerables que actualmente cuentan con el beneficio.
“En esto habría que tomar dos medidas que me parecen fundamentales: acotar la política de gratuidad a lo que hoy efectivamente existe porque es conveniente que no supere por el momento ese 50 por ciento de alumnos vulnerables y, por otro lado, revisar la política para que no frene tampoco el desarrollo de las universidades”, señaló.
Sin embargo, el investigador del Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (Opech), Mario Sobarzo, dijo que es necesario ser cautelosos con la lectura de estos datos porque parte de la fundación se vincula a directorios de universidades privadas que a la vez formaron parte del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera.
Sobarzo aclaró que estas entidades son justamente investigadas por lucro porque registran los aranceles más altos entre las instituciones de educación superior.
El problema de fondo, según indicó, es que el gobierno implementó la gratuidad a partir de una glosa presupuestaria sin crear antes una ley respecto al desarrollo del país, lo que parece más bien una capitalización de las universidades.
“Existe un lobby directo de la derecha para privilegiar a sus propias universidades. Si nos fijamos la UDP tiene un déficit de un millón 300 mil pesos por estudiante, entonces nos preguntamos por qué esta universidad tiene tan caro sus aranceles si la Universidad del Bío-Bío, dirigida a estudiantes de clases populares, no tiene déficit o la Universidad Arturo Prat registra déficit de sólo siete mil pesos”, precisó.
Mientras, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Patricio Medina, dijo que no se trata de limitar el beneficio, que opera como una beca, sino mejorar los criterios de redistribución de recursos para las universidades.
“El requisito no puede ser disminuir la brecha de los quintiles que van a ser beneficiados por la gratuidad, sino regular los criterios a los que van a acceder las universidades a la gratuidad. Si tenemos instituciones que están siendo investigadas por lucro o que tienen aranceles exacerbados no pueden recibir fondos del Estado”, recalcó el dirigente.
Según los datos que presenta el informe, la Universidad Finis Terrae tuvo un déficit de cerca de dos mil millones de pesos con mil 790 beneficiados con gratuidad, lo que representa una pérdida por estudiante de un millón 250 mil pesos.
Mientras, otras instituciones como la Universidad de Concepción tuvo un déficit de 650 millones de pesos con nueve mil 500 beneficiados donde esta pérdida disminuye a 69 mil pesos por estudiante.
RADIOUCHILE
Santiago: Denuncian maltrato a hijos de presos políticos en Cárcel de Alta Seguridad
En una carta enviada a diversos medios y organizaciones, los presos denuncian la implementación de nuevas medidas de control que incluyen el registro corporal de sus hijos e hijas menores, como condición para acceder a las visitas familiares. Esta denuncia se enmarca en una práctica frecuente en algunas cárceles de Chile y que ha sido recogida en audiencia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Publicado el 07 de noviembre de 2016 en: http://londres38.cl/1937/w3-article-97830.html
Desde 1994, en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) han sido recluidos prisioneros políticos provenientes de diversas organizaciones políticas como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el MAPU LAUTARO y, posteriormente, de nuevas agrupaciones.
Esta es la primera cárcel de su tipo existente en Chile, concebida a partir de experiencias similares en Alemania, España, Irlanda e Inglaterra. El historiador Pedro Rosas -quien permaneció recluido en la CAS–, afirma en su libro “Rebeldía, subversión y prisión política” que estos presos reciben un trato diferenciado que contradice el discurso y la práctica del Estado que afirma que en democracia no existen presos políticos, sino solo “terroristas” o “delincuentes comunes”. A diferencia de las definiciones aplicadas a los reos comunes y orientadas a “reinsertarlos” socialmente, los prisioneros políticos son castigados como enemigos del Estado y no se les considera “rehabilitables” ni susceptibles de reinserción social.
Este tipo de requisas no son sólo vejatorias contra niños y niñas sino también, de forma frecuente, contra las personas que visitan a sus parejas encarceladas. Según han denunciado diversos organismos de derechos humanos de Chile y América Latina, esta es una práctica frecuente y extendida en varios países de la región (Chile, Brasil, Argentina, Guatemala, Honduras y Paraguay), ligada al control familiar y represión que se vive en las cárceles. Por esta razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el año 2015 una audiencia pública sobre las requisas vejatorias y violentas impuestas a las personas privadas de libertad y sus familiares en todo el continente.
A lo largo de estas dos décadas de gobiernos civiles en Chile, los prisioneros han logrado modificar algunas de las condiciones más extremas de la cárcel, ahora exigen terminar con los controles a los menores de edad en las visitas familiares.
A continuación, reproducimos el contenido íntegro de la carta de denuncia:
Santiago, Octubre de 2016 Voluntades individuales Grupos de personas libremente asociadas Organismos no gubernamentales:
Nos sentimos en la necesidad y la urgencia de comunicarnos a través de este medio para hacer presente una situación del todo delicada que afecta a nuestros hijos y su integridad.
Somos 7 personas que estamos privados de libertad en la Unidad especial de Alta Seguridad de Santiago, y que estamos en disposición de resguardar la integridad y la dignidad de nuestros hijos menores de edad en todos los escenarios donde nos encontremos, en lo particular, de medidas que se han tomado recientemente y que tienen que ver con el allanamiento (registro corporal) al que son sometidos para acceder a visitas familiares en ésta cárcel, que hasta el mes de septiembre asumíamos como de suyo engorroso, pero que ha ido tornándose vulnerador en cuanto se ha obligado a los niños y niñas menores de edad a bajar sus pantalones en frente de la o el funcionario de turno, y recibiendo incluso presiones, de plano indebidas, por parte de los funcionarios en cuestión.
Desde aquí manifestamos nuestro más directo rechazo a estas medidas que se han tomado de manera aleatoria, antojadiza y que consideramos un castigo inapropiado bajo la acusación de que padres y madres han ingresados elementos y sustancias ilegales a la unidad penal a través de niños, situación que también merece nuestro pleno rechazo, y que no pueden ni podrían comprobar en ningún caso por parte nuestra ni de nuestras familias. Íntegramente podemos decir que no existen antecedentes de la entrada de sustancias u objetos ilegales mediante los niños de las familias acá firmantes, y suponemos que gendarmería podría verificar en sus propios registros, considerando que estos son procedimientos de un organismo estatal, para comprobar que es completamente falsa la acusación.
Es en dos sentidos que nuestros hijos e hijas se ven afectados por estas medidas: En primer lugar su integridad e intimidad: La revisión en su “nueva modalidad” se presenta ante los niños como un acto invasivo, hostil y degradante para los niños.
En segundo lugar la ruptura del vínculo Familiar: El derecho que tienen nuestros niños de mantener el vínculo con sus padres, y que se ve obstruido de manera evidente mediante la frase “tienes que bajarte los pantalones, sino no veras más a tu papá”.
Como individuos y en conjunto con nuestros entornos hemos denunciado ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos la situación, quienes presentarán un amparo ante el juez competente. Por la integridad de tres de los aquí firmantes y cuatro niños, que se encuentran entre nuestros hijos. Hacemos un llamado a todos los organismos, instituciones y colectividades que se ocupan por los niños y sus derechos, a que manifiesten su preocupación ante los organismos correspondientes, particularmente a la dirección nacional de gendarmería y al Director Nacional Jaime Rojas Flores y a la Unidad Penal en particular Sr. Alcaide de la Unidad Especial de Alta Seguridad de Gendarmería de Chile, Teniente Coronel Rodrigo González Ramos, y/o al Ministro de Justicia Jaime Campos.
Invitamos a cualquier acción que permita, en primera instancia la visibilización de esta realidad que se observa como otra de las formas en que el Estado de Chile desprotege o de plano transgrede los Derechos de los menores en este territorio, y también invitamos a realizar acciones concretas, enviando cartas, agendando reuniones o solicitando mayores antecedentes. Que comprometan a los que toman estas irracionales decisiones a revertirlas de forma inmediata. Por cierto, somos testigos de cómo en estos tiempos en que se ha hecho público de las graves violaciones de derechos de la infancia que el Estado comete a través de SENAME, también ponemos la mirada en este tipo de menoscabo de los niños, de su seguridad, y su vida que se cometen por su institución hermana de gendarmería, también dependiente del Ministerio de Justicia.
Nosotros nos procuraremos el tiempo de contener y reparar a nuestros hijos, y de robustecer nuestros vínculos con el amor el cariño y la ternura que tenemos para ellos.
Alejandro Astorga
Hans Niemeyer
Jorge Mateluna
Alfredo Canales
Juan Aliste
Freddy Fuentevilla
Marcelo Villarroel
Unidad especial de alta seguridad
Ciudad capital del territorio controlado por el Estado de Chile
Más información:
Audiencia presentada por organismos de DDHH ante la CIDH por la situación hijos e hijas de privados de libertad
Comunicado de la Asociación para la Prevención de la Tortura y otros organismos de DDHHsobre la audiencia ante la CIDH sobre las requisas vejatorias y violentas impuestas a las personas privadas de libertad y sus familiares
Herramienta de monitoreo de detención sobre requisas personales de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)
MAPUEXPRESS 8 DE NOVIEMBRE
Guido Del Valle, detenido en la penitenciaría tras marcha contra las AFP
Guido Ignacio del Valle Araya tiene 19 años y es estudiante de primer año de francés de la Universidad Metropolitana de la Educación (ex Pedagógico).
Guido fue detenido el día de la marcha nacional contra las AFP, al interior de su universidad, luego que fuerzas especiales hiciera un violento ingreso. Entró un zorrillo y lo detuvieron indiscriminadamente, siendo su único delito vestirse de overol en una movilización.
Fuente: Periódico El Pueblo
Es acusado por Carabineros de lanzamiento de bomba molotov. La única prueba es la propia declaración de Fuerzas Especiales. Le hacen pruebas de hidrocarburos en sus manos y ropa, saliendo todas negativas. Lo detuvieron con su mochila y en ella no había ni botellas, ni bencina, ni nada.
La última modificación de la Ley de Control de Armas endureció de manera brutal las condenas: Por portar una molotov, pueden condenar entre 3 y 10 años de cumplimiento efectivo. En esta ley no corren los atenuantes ni cumplimientos alternativos. Se le aplicá la prisión preventiva y el joven se encuentra en la penitenciaria con ninguna prueba.
Claramente, esta detención y acusación, aplicada con el máximo rigor, tiene por objetivo frenar la movilización de los jóvenes del Pedagógico. En los últimos años han debido enfrentar constante represión, hostigamiento permanente a los alumnos, infiltración de Fuerzas Especiales y persecución por parte de las autoridades. A pesar de ello, se han mantenido persistentemente activos en la lucha.
Hoy, a las 13:00 horas, se realizará una Asamblea y concentración masiva en los pastos centrales del “Peda” para apoyar a la familia y exigir la libertad de Guido.
¡¡A denunciar y solidarizar!!
Extracto de un relato de los estudiantes tomado del facebook de Difusión FEP (Federación de Estudiantes del Pedagógico):
“Hoy, tras el pasacalle triestamental en contra de las AFPs, realizado por miembros de la comunidad del Pedagógico, Juan Gómez Millas y UTEM, comenzó un mitin en el Peda. De pronto el zorrillo destrozó el portón de nuestra Universidad, para hacer ingreso a ella. Tiraron lacrimógenas directas al cuerpo de la gente que miraba… una tras otra. Ante esta enajenación por parte de fuerzas especiales, todas y todos corrieron en busca de refugio, pero sabíamos que no podíamos dejarnos pasar a llevar así. Entonces, buscamos sillas y cosas para intentar frenar el zorrillo. Sin embargo, cuando intentamos concretar nuestra misión de defendernos, ya era demasiado tarde: El camión lanza gases había entrado hasta las canchas y se habían llevado a un compañero de Francés, de Básica y de JGM.
La historia no termina ahí, ya que acarreamos las sillas al frontis, para intentar echar a los pacos de la universidad. Cuando al fin salieron, los muy miserables seguían parados afuera, incentivando el enojo de la gente, que ya no quería verse amedrentada dentro de nuestro espacio. Es por esto, que tres compañer@s tuvieron la valentía de ir a levantar el portón e intentar cerrarlo. Cuando se iban acercando, el guanaco impidió que se acercaran tirándoles por largos segundos el chorro, mientras l@s compas se protegían detrás de una tabla. Se veía que les estaba funcionando el truco, cuando de pronto la presión del chorro fue tanta, que un compañero resbaló, provocando la caída de la tabla. Inmediatamente, el chorro del carro lanza aguas dio con la cara de nuestra compañera, obligando su caída. Ante esto, los pacos aprovecharon para entrar y llevarse detenida a la compa. Todo concluyó con una lluvia de lacrimógenas y chorros de agua para gente que no hacía nada más que pedirles a gritos su retirada”.
MAPUEXPRESS 7 DE NOVIEMBRE
El mensaje de Cañicú (Alto Bio Bio) por la defensa de su territorio y el freno a las hidroeléctricas
Diversos medios informativos han dado cobertura a la situación de Cañicú quien desde hace un tiempo viene recuperando su territorio y poniendo freno a la invasión de hidroeléctricas, incluso, diversas muestras de solidaridad han llegado a la zona, frente a un movimiento de familias de comunidades que lo único que pide, que se le repare las tierras ancestrales y que por diversas razones, con responsabilidad pública y administrativa, les han enajenado. Asimismo, han solicitado a los empresarios Esquerré – Matthei y al estado chileno, no imponer mini centrales hidroeléctricas.
A continuación, una selección de medios que han difundido esta situación.
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Programa Sin Tacos Ni Corbatas, radio Universidad de Santiago, entrevista a voceros Cañicú, Alto Bio Bio / Hacer click aquí
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Noticiero radial continental da cuenta de preocupante situación territorial en Cañicú, Alto Bio Bio, territorio pewenche / Hacer click Aquí
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Dirigentes de Cañicú viajan a la Región Metropolitana para difundir problemática / De igual forma, manifestaron su negativa a la instalación de nuevas centrales de energía en Alto Bio Bio / La Tribuna / Hacer click aquí
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Entrevista a Nelson Maripil, vocero Cañicú, por Wetruwe (Video)
MAPUEXPRESS 7 DE NOVIEMBRE
Cuando el Estado nos tortura
ortura es todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales.
FUENTE: El Sur
Por Sandra Salamanca Ríos.-
Recientemente, Lorenza Cayuhan, comunera condenada a 5 años de cárcel, tuvo a su pequeña hija en un parto acontecido por problemas propios del embarazo, que derivó en una cesárea no programada.
Sólo días han pasado desde que la corte de apelaciones de Temuco revocara por cuarta vez el cambio de medida cautelar de la machi Francisca Linconao, y resolviera que debía regresar a cumplir prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Temuco.
Graves salvedades para ambas: Lorenza debe parir engrillada a la camilla, en presencia de personal de gendarmería, con un equipo de salud que opera sin consideración a su situación humana.
Francisca Linconao se encuentra en un debilitado estado de salud, comprobado tanto por medicina convencional como por su propia medicina, se encuentra bajo la presunción de inocencia y, además, tratada sin considerar su rol e importancia dentro de la estructura social y política propia de su pueblo.
¿Qué tienen en común ambos casos?
Ambas son mujeres, ambas mapuche, ambas son pobres, son o fueron perseguidas por la justicia y ambas son torturadas por el Estado chileno. Es tortura “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves (…) físicos o mentales” (Art. 1° Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes).
El Estado democrático les asegura a sus ciudadanos y ciudadanas un trato digno, justo, respetuoso de sus derechos humanos, y en dicha línea existen además instituciones y servicios que refuerzan dicha idea central.
Pero ¿Qué sucede cuando a quien se le vulneran los derechos son mujeres, son mapuche, son niñas? ¿Qué sucede cuando las instituciones encargadas de velar por el resguardo de sus derechos no operan? ¿Qué sucede cuando la sociedad pierde su humanidad frente a tales acontecimientos? Sucede que nos vemos expuestas a la cara más ruin y despiadada del racismo y la discriminación.
Cuando quienes vivieron y sufrieron la tortura pierden las emociones y la memoria, no se alza la voz frente a tales atrocidades. Cuando quienes se forman para sanar terminan marcando la vida de una niña recién nacida y de su madre, se naturaliza la violencia en contra de las mujeres.
Cuando funcionarios encargados de cumplir la ley, olvidan respetar y proteger la dignidad humana vulneran los derechos humanos. Cuando una machi es violentada y maltratada psicológicamente, cuando una sociedad internaliza la homogeneidad como idea de unidad, se valida la violencia racista. Entonces, Pactos, Tratados y Convenios que ha firmado el país se transforman en letra muerta, en meros espectadores de la realidad, en medio de una sociedad insensible.
Es entonces que como como mujeres mapuche, insistimos, reiteramos, y exigimos, que nuestros derechos humanos sean efectivos y sean respetados.
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* Académica Escuela de Trabajo Social Universidad del Bío Bío.
MAPUEXPRESS 7 DE NOVIEMBRE
Puelmapu, Argentina: Mapuche denuncian al juez Andrés Luchino por racismo y “servilismo a la propiedad privada”
“Luchino, en un acto de soberbia e impunidad, no cumple ese paso y responde él, rechazando los fundamentos y ratificando la sentencia definitiva que le reconoce a la intrusa familia Broers, la restitución de las tierras pertenecientes al Lof Kinxikeu. ¿Cómo es posible a esta atura del derecho mapuche reconocido en nuestra Constitución, leyes y jurisprudencia, que un Juez se anime a tanto? ¿Supone Luchino que los mapuche permaneceremos de brazos cruzados ante tanto abuso de poder? ¿Cómo reaccionará la justicia de Neuquén al ver a uno de sus miembros cometiendo tal ilegalidad?”. Así lo expresan los mapuche en el comunicado que brindamos a continuación. Por APL
Publicado el 7 de noviembre de 2016 en AnRed
Aplicando conducta racista y servil a la propiedad privada de quienes controlan y negocian la tierra de todos, el Juez Civil de Junin de los Andes, ANDRES LUCHINO, ha resuelto mantener firme la orden de desalojo contra el Lof Mapuche Kinxikeu, paraje Paso Coihue, cercano a Villa la Angostura. Lo escandaloso de este caso, es que el juez Luchino no cuidó ni siquiera las formas, en eso de proteger los intereses privados, condenando a la comunidad mapuche a una amenaza que de concretarse puede tener consecuencias lamentables.
El juez acaba de rechazar los fundamentos de la Apelación considerando que los plazos se han vencido. Consideró que el plazo para tal Apelación eran 2 días (citando una jurisprudencia discutible) cuando el Código Procesal en su artículo 246 establece 5 días de plazo. En consecuencia, la apelación de la comunidad ha sido realizada en tiempo y forma.
Pero lo más grave que es que cuando la comunidad presenta los fundamentos del Recurso de Apelación, NO ES EL JUEZ quién debe resolver sobre los plazos o razones de los fundamentos, sino la Cámara de Apelaciones, correspondiéndole al racista Luchino, solo elevarlo, sin emitir opinión alguna.
Luchino, en un acto de soberbia e impunidad, no cumple ese paso y responde él, rechazando los fundamentos y ratificando la sentencia definitiva que le reconoce a la intrusa familia Broers, la restitución de las tierras pertenecientes al Lof Kinxikeu. ¿Como es posible a esta atura del derecho mapuche reconocido en nuestra Constitución, leyes y jurisprudencia, que un Juez se anime a tanto? ¿Supone Luchino que los mapuche permaneceremos de brazos cruzados ante tanto abuso de poder? Cómo reacciona la justicia de Neuquén al ver a uno de sus miembros cometiendo tal ilegalidad?
Los mapuche sabemos que en estos rincones de la provincia, el abuso de poder judicial es una constante y por eso nos preparamos para resistir cualquier intento de desalojo de nuestras tierras, con los medios legítimos que poseemos y fundamentado en nuestra razón histórica. El futuro de dos familias tradicionales de esta región mapuche como los Quintriqueo y los Melo, está en juego y por eso se organizan para resistir cualquier acción de la justicia en contra de la comunidad.
Hoy tiene plena vigencia la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial Indígena en la provincia y el Lof Kinxikeu es uno de los próximos territorios comunitarios a relevar.
Un Juez como Andrés Luchino se anima a reírse de todos esos instrumentos y viola el artículo 2° de la citada ley que expresa claramente : “Suspéndase por el plazo de emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo Primero”.
Sepan que ya no aceptamos más abusos de jueces al servicio de los poderosos y de los extranjeros, que vienen a saquear nuestros territorios.
Consejo Zonal Mapuche Lafkence
Segundo Quintriqueo – Logko Lof KINXIKEU
Francisco Collinao – Logko Lof PAICIL ANTREAO
Lucas Quintupuray – Logko Lof KINTUPURAY
Contacto: 2944 305808
Segundo Quintriqueo – Logko Lof KINXIKEU
Francisco Collinao – Logko Lof PAICIL ANTREAO
Lucas Quintupuray – Logko Lof KINTUPURAY
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MAPUEXPRESS 7 DE NOVIEMBRE
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/11/08/chile-secundarios-marchan-en-penco-contra-el-proyecto-octopus/
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