Por Maitte Marrero Canda
Guatemala (PL) El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, concluyó un polémico segundo año de gobierno, marcado en lo personal por escándalos judiciales e intentos de menoscabar los avances en la lucha anticorrupción iniciada a partir de 2015.
Guatemala (PL) El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, concluyó un polémico segundo año de gobierno, marcado en lo personal por escándalos judiciales e intentos de menoscabar los avances en la lucha anticorrupción iniciada a partir de 2015.
'Ni corrupto, Ni ladrón', repitió hasta el cansancio en su campaña presidencial, un lema que convenció a los guatemaltecos hastiados de la corrupción enquistada en las estructuras del Estado a los más altos niveles hasta el punto de hacer caer a un Presidente y su vicepresidenta: Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
La vida puso a prueba a Morales desde inicios de enero de 2017, cuando su hijo mayor y su hermano fueron acusados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de sustraer fondos públicos y en consecuencia, responder a la justicia.
'Respetaré la ley', dijo entonces, y aseguró que en el transcurso de su gestión nunca interrumpió un proceso de investigación, más nuevos acontecimientos pondrían en entredicho su buena voluntad.
El mes de junio abriría una crisis política que pasó una factura costosa al Ejecutivo, la economía y la credibilidad internacional de este país centroamericano.
Los sucesos se desencadenaron a partir del 25 de agosto, cuando el MP y la Cicig presentaron una solicitud de antejuicio contra Morales por el delito de presunto financiamiento ilícito durante la campaña presidencial de 2015.
Un sorpresivo mensaje televisivo del jefe de Estado a la población dos días después confirmaba su intención de expulsar del país al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, un litigio resuelto por la Corte de Constitucionalidad y el apoyo de la ciudadanía a la lucha anticorrupción lidereada por esa institución internacional.
Por esos días comienza también el desmembramiento de su gabinete; primero sustituye al ministro de Relaciones Exteriores por no cumplir su mandato y coloca en su lugar a Sandra Jovel.
El 4 de septiembre la Corte Suprema de Justicia autoriza investigar a Morales, cuya inmunidad queda en manos de un Congreso que finalmente lo arropa, el 11 de septiembre, en medio de protestas ciudadanas que piden su cese en el cargo.
Las renuncias posteriores de los ministros y viceministros de Salud, Gobernación, Finanzas y Trabajo ahondaron aún más la crisis, que colmó la paciencia de la población el 20 de septiembre, en un paro considerado histórico por las organizaciones sociales que lo impulsaron.
A las demandas en contra de la gestión gubernamental se sumó una nueva, la depuración del Congreso ante la aprobación de reformas al Código Penal a favor de la impunidad, un acto conocido como el Pacto de Corruptos del 13 de septiembre.
Desde entonces, una tensa relación con los jefes del MP y la Cicig ha predominado en el ambiente político, caldeado, además, por nuevos señalamientos contra Morales por sobresueldos recibidos del Ministerio de la Defensa y otra votación en el Congreso para levantarle su inmunidad.
En el orden de funcionamiento, a pesar de los avances que el jefe del Ejecutivo presenta ante los medios en aras del sueño de una Guatemala posible, analistas señalan cifras de vergüenza imposibles de ocultar.
El número de niños con desnutrición crónica más alto de América Latina (50 por ciento), el noveno país más desigual del mundo e índices de violencia alarmantes son apenas pinceladas que retratan a la tierra del Quetzal en las estadísticas internacionales.
Una cruzada por la reparación de las carreteras, el fin del curso escolar 2017 con más de 180 días de clase y avances en la política de Gobierno Abierto son éxitos que Morales viene presentando desde finales de diciembre con el ánimo de recomponer el país y darle un rumbo a su tercer año de gobierno que comienza hoy.
En sus manos quedará la elección del nuevo jefe del MP y Fiscal General de la nación, una oportunidad clave para poner a prueba nuevamente si está a favor, con hechos, de la lucha antimpunidad o seguirá el rumbo de la clase política tradicional que ha desfalcado a Guatemala, advierten analistas.
Según las encuestas, la popularidad del Presidente ha caído de un 52 por ciento a inicios de año a 19 por ciento ahora. Es un desgaste que no se puede dar el lujo de mantener este 2018, en un período preelectoral y muy seguido por la ciudadanía.
Un fuerte dispositivo de seguridad rodea este domingo la sede del Congreso, donde Morales presentará su segundo informe de trabajo. Las organizaciones campesinas convocaron a empezar las protestas y continuar las batallas de la Plaza.
mem/mmc
La vida puso a prueba a Morales desde inicios de enero de 2017, cuando su hijo mayor y su hermano fueron acusados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de sustraer fondos públicos y en consecuencia, responder a la justicia.
'Respetaré la ley', dijo entonces, y aseguró que en el transcurso de su gestión nunca interrumpió un proceso de investigación, más nuevos acontecimientos pondrían en entredicho su buena voluntad.
El mes de junio abriría una crisis política que pasó una factura costosa al Ejecutivo, la economía y la credibilidad internacional de este país centroamericano.
Los sucesos se desencadenaron a partir del 25 de agosto, cuando el MP y la Cicig presentaron una solicitud de antejuicio contra Morales por el delito de presunto financiamiento ilícito durante la campaña presidencial de 2015.
Un sorpresivo mensaje televisivo del jefe de Estado a la población dos días después confirmaba su intención de expulsar del país al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, un litigio resuelto por la Corte de Constitucionalidad y el apoyo de la ciudadanía a la lucha anticorrupción lidereada por esa institución internacional.
Por esos días comienza también el desmembramiento de su gabinete; primero sustituye al ministro de Relaciones Exteriores por no cumplir su mandato y coloca en su lugar a Sandra Jovel.
El 4 de septiembre la Corte Suprema de Justicia autoriza investigar a Morales, cuya inmunidad queda en manos de un Congreso que finalmente lo arropa, el 11 de septiembre, en medio de protestas ciudadanas que piden su cese en el cargo.
Las renuncias posteriores de los ministros y viceministros de Salud, Gobernación, Finanzas y Trabajo ahondaron aún más la crisis, que colmó la paciencia de la población el 20 de septiembre, en un paro considerado histórico por las organizaciones sociales que lo impulsaron.
A las demandas en contra de la gestión gubernamental se sumó una nueva, la depuración del Congreso ante la aprobación de reformas al Código Penal a favor de la impunidad, un acto conocido como el Pacto de Corruptos del 13 de septiembre.
Desde entonces, una tensa relación con los jefes del MP y la Cicig ha predominado en el ambiente político, caldeado, además, por nuevos señalamientos contra Morales por sobresueldos recibidos del Ministerio de la Defensa y otra votación en el Congreso para levantarle su inmunidad.
En el orden de funcionamiento, a pesar de los avances que el jefe del Ejecutivo presenta ante los medios en aras del sueño de una Guatemala posible, analistas señalan cifras de vergüenza imposibles de ocultar.
El número de niños con desnutrición crónica más alto de América Latina (50 por ciento), el noveno país más desigual del mundo e índices de violencia alarmantes son apenas pinceladas que retratan a la tierra del Quetzal en las estadísticas internacionales.
Una cruzada por la reparación de las carreteras, el fin del curso escolar 2017 con más de 180 días de clase y avances en la política de Gobierno Abierto son éxitos que Morales viene presentando desde finales de diciembre con el ánimo de recomponer el país y darle un rumbo a su tercer año de gobierno que comienza hoy.
En sus manos quedará la elección del nuevo jefe del MP y Fiscal General de la nación, una oportunidad clave para poner a prueba nuevamente si está a favor, con hechos, de la lucha antimpunidad o seguirá el rumbo de la clase política tradicional que ha desfalcado a Guatemala, advierten analistas.
Según las encuestas, la popularidad del Presidente ha caído de un 52 por ciento a inicios de año a 19 por ciento ahora. Es un desgaste que no se puede dar el lujo de mantener este 2018, en un período preelectoral y muy seguido por la ciudadanía.
Un fuerte dispositivo de seguridad rodea este domingo la sede del Congreso, donde Morales presentará su segundo informe de trabajo. Las organizaciones campesinas convocaron a empezar las protestas y continuar las batallas de la Plaza.
mem/mmc
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