Por Laura Bécquer Paseiro *
La Paz (PL) Incahuasi, la casa del inca en quechua, deviene en artilugio usado por sectores de la derecha boliviana que pretenden distorsionar una acción jurídica y técnica en contra de la gestión del presidente Evo Morales.
La Paz (PL) Incahuasi, la casa del inca en quechua, deviene en artilugio usado por sectores de la derecha boliviana que pretenden distorsionar una acción jurídica y técnica en contra de la gestión del presidente Evo Morales.
El reclamo por la posesión del campo gasífero de Incahuasi y sus respectivas regalías pasó de ser de un asunto meramente técnico-jurídico a uno de tinte político.
Lo que en un principio parecía un encontronazo local, hoy es un asunto de Estado que amenaza la estabilidad de lo logrado en 12 años del gobierno de Morales.
Así lo denunció el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, quien afirmó que no es posible una salida al conflicto mientras existan personas 'con cálculo político desestabilizador que impiden el diálogo'.
El entendimiento debe ser con quienes quieren buscar alternativas y solución, no con aquellos que no firman nada y llaman a radicalizar las medidas con movilizaciones y paros en las calles, aseguró.
El titular reiteró que la postura gubernamental es seguir incrementando las inversiones petroleras en todos los departamentos del país, sin distinción, para mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos.
Desmintió que el gobierno haya abandonado Chuquisaca y argumentó al respecto que la inversión para exploración y explotación en ese departamento fue de 867 millones de dólares en el periodo 2007-2017.
Basado en datos del Ministerio de Hidrocarburos, Rada mostró que las previsiones de inversión para 2018 y hasta 2021 ascienden a mil 290 millones de dólares.
Refirió además que el estudio realizado por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) viene de una sentencia constitucional emitida el 15 de noviembre de 2017.
El conflicto detonó movilizaciones y huelgas en Chuquisaca, donde algunas autoridades y dirigentes cívicos insisten en el derecho a recibir las regalías.
ORIGEN DEL CONFLICTO
El reservorio de gas en Incahuasi fue descubierto en 2004 dando paso a su desarrollo por parte de la petrolera estatal YPFB. La zona, límite natural entre Santa Cruz y Chuquisaca, comenzó a volverse interesante tras las conclusiones de un estudio a cargo de la empresa canadiense GLJ Petroleum Consultants en 2016.
Dicha investigación dio como resultado que del lado chuquisaqueño no hay gas y que, por lo tanto, las reservas pertenecían a los cruceños. En agosto de ese mismo año comenzó entonces la producción de los campos Incahuasi y Aquío.
Las regalías de Incahuasi están valoradas en cerca de 100 millones de dólares y sus reservas probadas se estiman en 2,98 trillones de pies cúbicos (TCF).
Sin embargo, las presiones políticas llevaron al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu (Movimiento Al Socialismo, MAS), a que solicitara la delimitación interdepartamental dándole un tono político a un asunto meramente técnico ya que las leyes de 1898, 1912 y 2004 vigentes establecen dichos límites.
En febrero del año pasado, las elites políticas conservadoras presionaron para pedir un amparo constitucional contra YPFB solicitando la suspensión de los pagos de regalías por los campos Incahuasi y Aquío. Como resultado un juez falló a favor de Chuquisaca concediéndole la tutela solicitada. Fue entonces que los cruceños, gobernados por el opositor Rubén Costas, optaron por la parte política del tema. No solo asumieron la confrontación con el ejecutivo nacional, sino que también fomentaron la idea del 'abandono' gubernamental.
El 15 de noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional congeló el pago de regalías hasta que no se resolviera el asunto y culminara una nueva delimitación departamental a cargo de YPFB. Esta última encargó el estudio a la empresa Sproule International Limited.
La compañía confirmó que los volúmenes del reservorio Huamampampa, de los campos Incahuasi y Aquío, se encuentran única y exclusivamente en Santa Cruz.
Mientras para el Gobierno nacional el asunto está cerrado en términos jurídicos, para la vieja guardia chuquisaqueña apenas comienza.
A la radicalización de las medidas, incluida la agresión contra Urquizu, se sumaron los llamados cabildos que llaman a desconocer las autoridades del gobernante MAS.
Esta es la más reciente de las campañas para crear inestabilidad política y social en Bolivia, y tratar de evitar la reelección de Evo Morales en las presidenciales de 2019.
arb/lbp
*Corresponsal de Prensa Latina en Bolivia.
Lo que en un principio parecía un encontronazo local, hoy es un asunto de Estado que amenaza la estabilidad de lo logrado en 12 años del gobierno de Morales.
Así lo denunció el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, quien afirmó que no es posible una salida al conflicto mientras existan personas 'con cálculo político desestabilizador que impiden el diálogo'.
El entendimiento debe ser con quienes quieren buscar alternativas y solución, no con aquellos que no firman nada y llaman a radicalizar las medidas con movilizaciones y paros en las calles, aseguró.
El titular reiteró que la postura gubernamental es seguir incrementando las inversiones petroleras en todos los departamentos del país, sin distinción, para mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos.
Desmintió que el gobierno haya abandonado Chuquisaca y argumentó al respecto que la inversión para exploración y explotación en ese departamento fue de 867 millones de dólares en el periodo 2007-2017.
Basado en datos del Ministerio de Hidrocarburos, Rada mostró que las previsiones de inversión para 2018 y hasta 2021 ascienden a mil 290 millones de dólares.
Refirió además que el estudio realizado por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) viene de una sentencia constitucional emitida el 15 de noviembre de 2017.
El conflicto detonó movilizaciones y huelgas en Chuquisaca, donde algunas autoridades y dirigentes cívicos insisten en el derecho a recibir las regalías.
ORIGEN DEL CONFLICTO
El reservorio de gas en Incahuasi fue descubierto en 2004 dando paso a su desarrollo por parte de la petrolera estatal YPFB. La zona, límite natural entre Santa Cruz y Chuquisaca, comenzó a volverse interesante tras las conclusiones de un estudio a cargo de la empresa canadiense GLJ Petroleum Consultants en 2016.
Dicha investigación dio como resultado que del lado chuquisaqueño no hay gas y que, por lo tanto, las reservas pertenecían a los cruceños. En agosto de ese mismo año comenzó entonces la producción de los campos Incahuasi y Aquío.
Las regalías de Incahuasi están valoradas en cerca de 100 millones de dólares y sus reservas probadas se estiman en 2,98 trillones de pies cúbicos (TCF).
Sin embargo, las presiones políticas llevaron al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu (Movimiento Al Socialismo, MAS), a que solicitara la delimitación interdepartamental dándole un tono político a un asunto meramente técnico ya que las leyes de 1898, 1912 y 2004 vigentes establecen dichos límites.
En febrero del año pasado, las elites políticas conservadoras presionaron para pedir un amparo constitucional contra YPFB solicitando la suspensión de los pagos de regalías por los campos Incahuasi y Aquío. Como resultado un juez falló a favor de Chuquisaca concediéndole la tutela solicitada. Fue entonces que los cruceños, gobernados por el opositor Rubén Costas, optaron por la parte política del tema. No solo asumieron la confrontación con el ejecutivo nacional, sino que también fomentaron la idea del 'abandono' gubernamental.
El 15 de noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional congeló el pago de regalías hasta que no se resolviera el asunto y culminara una nueva delimitación departamental a cargo de YPFB. Esta última encargó el estudio a la empresa Sproule International Limited.
La compañía confirmó que los volúmenes del reservorio Huamampampa, de los campos Incahuasi y Aquío, se encuentran única y exclusivamente en Santa Cruz.
Mientras para el Gobierno nacional el asunto está cerrado en términos jurídicos, para la vieja guardia chuquisaqueña apenas comienza.
A la radicalización de las medidas, incluida la agresión contra Urquizu, se sumaron los llamados cabildos que llaman a desconocer las autoridades del gobernante MAS.
Esta es la más reciente de las campañas para crear inestabilidad política y social en Bolivia, y tratar de evitar la reelección de Evo Morales en las presidenciales de 2019.
arb/lbp
*Corresponsal de Prensa Latina en Bolivia.
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