Por Maitte Marrero Canda
Guatemala, 7 mar (Prensa Latina) Una reforma a la Ley de Reconciliación Nacional parece hoy indetenible en el Congreso de Guatemala, a pesar de la creciente oposición de organizaciones sociales y víctimas del conflicto armado.
Guatemala, 7 mar (Prensa Latina) Una reforma a la Ley de Reconciliación Nacional parece hoy indetenible en el Congreso de Guatemala, a pesar de la creciente oposición de organizaciones sociales y víctimas del conflicto armado.
Si bien la propuesta genera fuertes discusiones desde su presentación en el propio Hemiciclo por pretender una amnistía a delitos de lesa humanidad, el texto avanzó en su segundo debate durante la sesión de ayer.
Incluso si el tema no fuera demasiado serio como para perpetuar la burla, lo cierto es que en dos de los artículos más importantes de la iniciativa, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales escribió 'cielitos' en lugar de 'delitos', un desliz ortográfico imperdonable.
Precisamente de ese 'clavo caliente' trató de agarrarse el diputado independiente Oliverio García Rodas para proponer repetir el dictamen, pero la Junta Directiva dio poco tiempo para votar por su moción y solo 27 diputados de los 80 requeridos la apoyaron.
García Rodas, entre los más críticos del proyecto, volvió a la carga sugiriendo que enviaran la propuesta a consulta de la Corte de Constitucionalidad, un esfuerzo en vano ante la premura de la junta directiva del Congreso por zanjar la discusión y declarar cerrado su segundo debate.
Para este legislador la reforma merece escrutinio antes de ser aprobada, mientras otros la consideran en contradicción con el derecho internacional.
De acuerdo con Carlos Chavarría, es un tema de justicia, no de ideología, y quienes demandan justicia merecen recibirla.
En particular, cuestiona que se está promoviendo una amnistía en nombre de la 'reconciliación nacional', cuando una parte del pueblo se opone a esa manipulación.
Otra opinión, esta vez de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, llamó la atención sobre la posibilidad de crear una mesa técnica con sectores sociales para consensuar criterios, sin embargo, ese no es el camino que se busca.
El peliagudo tema que hoy quita el sueño al llamado Pacto de Corruptos en el Legislativo no es nuevo, viene dando vueltas desde finales del pasado año, cuando la iniciativa 5366 aterrizó en el orden del día del plenario promovida por el diputado Fernando Linares Beltranena.
Su objetivo es claro, otorgar amnistía a quienes han sido o puedan ser juzgados y condenados por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno (1960-1996), en su mayoría a manos del Ejército.
El gran temor es que el tiempo se les acabe a las puertas de unas elecciones que pudieran traer un cambio en la actual composición de fuerzas predominantemente de derecha (oficialismo) y a favor de perpetuar la impunidad.
De acuerdo con analistas, el camino de la justicia ha sido largo para las víctimas de masacres, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual, pero se puede resumir en números simples: 20 casos penales de justicia transicional y 15 sentencias, hechos que el Congreso pretende desvanecer de un plumazo.
Su intención es que no se juzguen más los crímenes de guerra y que todos los condenados por estos hechos salgan de inmediato de la cárcel (en un plazo no mayor de 24 horas), alertan.
La Ley de Reconciliación Nacional, aprobada como parte de los Acuerdos de Paz, incluía una amnistía tanto para militares como para guerrilleros que participaron en el enfrentamiento armado, pero los delitos de lesa humanidad contra la población civil quedaron fuera de esa normativa.
De ahí que su cambio sirva solo para reabrir viejas heridas y destruir la poca confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones.
Ellas lo dejaron bien claro el pasado 25 de febrero, Día Nacional de la Dignificación, cuando cientos de viudas y familiares se apostaron ante la puerta del Congreso para decir NO a la reforma y reclamar la cuota de justicia que aún le debe el Estado.
agp/mmc
Incluso si el tema no fuera demasiado serio como para perpetuar la burla, lo cierto es que en dos de los artículos más importantes de la iniciativa, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales escribió 'cielitos' en lugar de 'delitos', un desliz ortográfico imperdonable.
Precisamente de ese 'clavo caliente' trató de agarrarse el diputado independiente Oliverio García Rodas para proponer repetir el dictamen, pero la Junta Directiva dio poco tiempo para votar por su moción y solo 27 diputados de los 80 requeridos la apoyaron.
García Rodas, entre los más críticos del proyecto, volvió a la carga sugiriendo que enviaran la propuesta a consulta de la Corte de Constitucionalidad, un esfuerzo en vano ante la premura de la junta directiva del Congreso por zanjar la discusión y declarar cerrado su segundo debate.
Para este legislador la reforma merece escrutinio antes de ser aprobada, mientras otros la consideran en contradicción con el derecho internacional.
De acuerdo con Carlos Chavarría, es un tema de justicia, no de ideología, y quienes demandan justicia merecen recibirla.
En particular, cuestiona que se está promoviendo una amnistía en nombre de la 'reconciliación nacional', cuando una parte del pueblo se opone a esa manipulación.
Otra opinión, esta vez de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, llamó la atención sobre la posibilidad de crear una mesa técnica con sectores sociales para consensuar criterios, sin embargo, ese no es el camino que se busca.
El peliagudo tema que hoy quita el sueño al llamado Pacto de Corruptos en el Legislativo no es nuevo, viene dando vueltas desde finales del pasado año, cuando la iniciativa 5366 aterrizó en el orden del día del plenario promovida por el diputado Fernando Linares Beltranena.
Su objetivo es claro, otorgar amnistía a quienes han sido o puedan ser juzgados y condenados por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno (1960-1996), en su mayoría a manos del Ejército.
El gran temor es que el tiempo se les acabe a las puertas de unas elecciones que pudieran traer un cambio en la actual composición de fuerzas predominantemente de derecha (oficialismo) y a favor de perpetuar la impunidad.
De acuerdo con analistas, el camino de la justicia ha sido largo para las víctimas de masacres, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual, pero se puede resumir en números simples: 20 casos penales de justicia transicional y 15 sentencias, hechos que el Congreso pretende desvanecer de un plumazo.
Su intención es que no se juzguen más los crímenes de guerra y que todos los condenados por estos hechos salgan de inmediato de la cárcel (en un plazo no mayor de 24 horas), alertan.
La Ley de Reconciliación Nacional, aprobada como parte de los Acuerdos de Paz, incluía una amnistía tanto para militares como para guerrilleros que participaron en el enfrentamiento armado, pero los delitos de lesa humanidad contra la población civil quedaron fuera de esa normativa.
De ahí que su cambio sirva solo para reabrir viejas heridas y destruir la poca confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones.
Ellas lo dejaron bien claro el pasado 25 de febrero, Día Nacional de la Dignificación, cuando cientos de viudas y familiares se apostaron ante la puerta del Congreso para decir NO a la reforma y reclamar la cuota de justicia que aún le debe el Estado.
agp/mmc
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