Caracas, 13 dic (Prensa Latina) El Ministerio Público de Venezuela impulsa hoy una investigación por las denuncias de corrupción emanadas de diversos sectores de la Asamblea Nacional (parlamento en desacato) contra el dirigente opositor Juan Guaidó y su entorno.
La bancada del denominado Bloque de la Patria, compuesta por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados, presentó ante el fiscal general Tarek William Saab una solicitud de pesquisa sobre los turbios manejos en la gestión de recursos y activos expropiados al Estado en el exterior.
Saab indicó que las autoridades del Ministerio Público ya estaban en conocimiento de la red delictiva, develada recientemente por Humberto Calderón Berti, exrepresentante de Guaidó ante el Gobierno de Colombia, a quien Estados Unidos y sus aliados reconocen como presidente interino, en acto calificado por Caracas como intentona golpista.
El grupo parlamentario afín al Gobierno bolivariano demandó investigar a un grupo de diputados que forman parte de las Comisiones de Contraloría y de Energía y Petróleo, por los señalamientos de corrupción denunciados en el Legislativo.
En tal sentido, el jefe de bancada del Bloque de la Patria instó a las autoridades de la Fiscalía a acelerar las investigaciones hasta las últimas consecuencias, para que se determine con claridad la implicación de esos sectores de la oposición en el desfalco de los activos del país.
En recientes declaraciones a la prensa, el diputado opositor José Brito aseguró que 70 legisladores exigieron al presidente de la Asamblea Nacional explicar el destino de cientos de millones de dólares enviados por Estados Unidos para supuesta ayuda humanitaria.
Tales recursos provendrían de los activos ilegalmente expropiados a empresas como Monómeros Colombo-Venezolanos, filial en Colombia de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), y Citgo Petroleum, propiedad de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, con la complicidad de las autoridades de ambas naciones.
Los fondos son administrados por la directiva del Legislativo bajo su exclusiva discreción y la directiva de las mencionadas entidades se encuentra bajo la dirección de gente cercana al partido de extrema derecha Voluntad Popular, al cual pertenece Guaidó.
Desde su autoproclamación como presidente encargado el 23 de enero de 2019, el Gobierno de Venezuela denunció en reiteradas ocasiones la participación de Juan Guaidó en el desfalco de los activos del Estado, así como los llamados a generar un cambio de régimen por vías antidemocráticas, y sus nexos con paramilitares colombianos.
En junio último el medio PanAm Post reveló la implicación de dos delegados nombrados por el 'autoproclamado' en la malversación de recursos financieros destinados a pagar el hospedaje y la alimentación de militares desertores en la ciudad de Cúcuta, tras la falsa operación de ayuda humanitaria organizada en la frontera binacional en febrero.
jcm/wup
Saab indicó que las autoridades del Ministerio Público ya estaban en conocimiento de la red delictiva, develada recientemente por Humberto Calderón Berti, exrepresentante de Guaidó ante el Gobierno de Colombia, a quien Estados Unidos y sus aliados reconocen como presidente interino, en acto calificado por Caracas como intentona golpista.
El grupo parlamentario afín al Gobierno bolivariano demandó investigar a un grupo de diputados que forman parte de las Comisiones de Contraloría y de Energía y Petróleo, por los señalamientos de corrupción denunciados en el Legislativo.
En tal sentido, el jefe de bancada del Bloque de la Patria instó a las autoridades de la Fiscalía a acelerar las investigaciones hasta las últimas consecuencias, para que se determine con claridad la implicación de esos sectores de la oposición en el desfalco de los activos del país.
En recientes declaraciones a la prensa, el diputado opositor José Brito aseguró que 70 legisladores exigieron al presidente de la Asamblea Nacional explicar el destino de cientos de millones de dólares enviados por Estados Unidos para supuesta ayuda humanitaria.
Tales recursos provendrían de los activos ilegalmente expropiados a empresas como Monómeros Colombo-Venezolanos, filial en Colombia de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), y Citgo Petroleum, propiedad de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, con la complicidad de las autoridades de ambas naciones.
Los fondos son administrados por la directiva del Legislativo bajo su exclusiva discreción y la directiva de las mencionadas entidades se encuentra bajo la dirección de gente cercana al partido de extrema derecha Voluntad Popular, al cual pertenece Guaidó.
Desde su autoproclamación como presidente encargado el 23 de enero de 2019, el Gobierno de Venezuela denunció en reiteradas ocasiones la participación de Juan Guaidó en el desfalco de los activos del Estado, así como los llamados a generar un cambio de régimen por vías antidemocráticas, y sus nexos con paramilitares colombianos.
En junio último el medio PanAm Post reveló la implicación de dos delegados nombrados por el 'autoproclamado' en la malversación de recursos financieros destinados a pagar el hospedaje y la alimentación de militares desertores en la ciudad de Cúcuta, tras la falsa operación de ayuda humanitaria organizada en la frontera binacional en febrero.
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