Por Patricia Lara Salive. Resumen Latinoamericano, 28 de febrero de 2021.
Carta al expresidente Uribe:
En el 2008, su hijo Tomás y Fair Leonardo Porras Bernal tenían 26 años. Pero mientras Tomás era un empresario precoz y exitoso, hijo del presidente de la República, Fair Leonardo era un joven discapacitado, con dificultades de movilidad en la pierna y el brazo derechos, que también padecía un retardo mental, a pesar de lo cual hacía mandados en su barrio de Soacha y, con lo que ganaba, a diario le llevaba de regalo una rosa a su madre.
En enero del 2008, mientras Tomás hacía crecer sus negocios, Fair Leonardo era engañado por alguien a quien le pagaron $200.000 para que lo llevara a Ocaña, donde miembros del Ejército le cambiaron la ropa, lo asesinaron, le pusieron un arma nueve milímetros en la mano derecha, fotografiaron el cadáver, escribieron en el informe que era jefe de un grupo narcoterrorista y lo arrojaron a una fosa común.
Después de buscarlo sin descanso durante ocho meses en hospitales, morgues, calles, Fiscalía y Medicina Legal, a su madre, Luz Marina Bernal, la llamaron de esa institución a la que había acudido semanalmente a preguntar por su hijo, para que identificara nombres de un listado. El primero que escuchó fue el de Fair Leonardo.
“¡Es mi hijo!”, exclamó.
Cuando dio el número de su cédula, apareció en el computador de la funcionaria el rostro de su muchacho, desfigurado por dos impactos de bala: uno le había desprendido la mandíbula y otro le había destruido casi media cara.
Días después, Luz Marina, su marido y su hijo mayor fueron a Ocaña y asistieron a la exhumación no solo de Fair Leonardo, sino de otros jóvenes que habían corrido la misma suerte. Estando en ello, según dijo Luz Marina en el testimonio que publiqué en la última edición de «Las mujeres en la guerra», 24 militares interrumpieron para pedir información. “Somos una delegación enviada por el señor presidente, Álvaro Uribe Vélez”, dijeron.
Tres semanas más tarde, el expresidente Uribe, cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, usted dijo que los jóvenes de Soacha no habían ido precisamente a coger café, sino que tenían propósitos delincuenciales.
Y ahora, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz afirmó que esos asesinatos, atroces crímenes de guerra sin antecedentes en la historia, no habían sido 2.248, como dijo la Fiscalía, sino mínimo 6.402, ocurridos en varias zonas del país y la inmensa mayoría en los seis primeros años de su gobierno, usted descalificó a la JEP y dijo que se trataba de una persecución en su contra.
No, expresidente. Como afirmó en un editorial (*) el diario El País, de España, usted tiene que responder: se trata nada menos que de 6.402 jóvenes inocentes que fueron ultimados y disfrazados como guerrilleros por miembros del Ejército a los que su gobierno les pagó y les dio prebendas por mostrar resultados, es decir, por matar guerrilleros, pero estos muchachos no lo eran. Como tampoco lo era su hijo Tomás.
Una pregunta final, expresidente Uribe: ¿qué habría hecho usted si el que hubiera aparecido en la fosa común no hubiera sido Fair Leonardo sino Tomás? ¿No hubiera exigido que juzgaran a los responsables? ¿No hubiera agradecido que, por lo menos, el presidente de la República de entonces le hubiera ofrecido una disculpa?
26 de febrero de 2021
(*) «Uribe debe responder» (Editorial del diario El País, del 21 de febrero de 2021):
Después de casi tres años de investigación, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia publicó esta semana un estudio sobre el número de civiles asesinados por militares para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en medio de combates, lo que se conoce como falsos positivos.
Hasta ahora el dato oficial más fiable era el de la Fiscalía (2.248 muertes), pero el tribunal surgido de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la exguerrilla de las FARC eleva esa cifra a 6.402 solo entre 2002 y 2008 y advierte que pueden ser muchos más. La revelación vuelve a poner el foco en la política del expresidente Alvaro Uribe, que gobernaba Colombia durante el periodo investigado.
Uribe ha sido el gran opositor al proceso de paz de su sucesor, Juan Manuel Santos, y a la justicia transicional, que se negoció en La Habana. En el Senado impulsó con su partido, el Centro Democrático, reformas para diluir o acabar con el trabajo del tribunal. Los magistrados, a pesar del peso del uribismo en el Legislativo y en el Ejecutivo, han demostrado ser un órgano inquebrantable e independiente, y también han exigido respuestas de los máximos responsables de las guerrillas, motivo de celebración para la democracia colombiana.
Ha sido significativa, en este sentido, la reciente imputación de cargos por crímenes de lesa humanidad a los exdirigentes de la extinta guerrilla por los secuestros que cometieron durante décadas, una cruel práctica que ya reconocieron y por la que pidieron perdón.
Se antoja más difícil ver algo similar con los falsos positivos. Aunque varios comandantes y soldados del Ejército se han acogido al proceso de la justicia transicional, en el que se evitan penas de cárcel a cambio de verdad y reparación, el reconocimiento por parte de los altos mandos militares ha sido más precario.
Uribe, como expresidente, no tiene una obligación legal ante la JEP. Aun así, el auto de esta semana hace hincapié en lo importante que sería su versión como comandante en jefe de las fuerzas militares para esclarecer los crímenes cometidos durante su Gobierno. En vez de comprometerse con el esclarecimiento, Uribe volvió a cargar contra sus críticos y acusó a organizaciones de Derechos Humanos de ser enemigas de su mandato.
La JEP, en su encomiable labor, pionera en cualquier proceso de paz, seguirá escuchando las versiones de militares que participaron en estos crímenes de Estado. Pero al demostrar con cifras que el mayor número de falsos positivos ocurrió entre 2002 y 2008 deja claro que Uribe guarda gran parte de la verdad sobre estos episodios. El conflicto, que se cerró después de más de cinco décadas, seguirá dejando heridas abiertas mientras haya, como en el caso del expresidente, quienes se niegan a afrontar sus responsabilidades.
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