Por Editora Antioquia. Resumen Latinoamericano, 27 de febrero de 2021.
Esta semana se conmemoró el Día contra la Brutalidad Policial en Colombia, una práctica sistemática que tuvo su auge el año pasado luego del asesinato de Javier Ordoñez y de las más de 13 personas asesinadas por la policía el 9 de septiembre en Bogotá. Para conmemorar esta fecha se gestaron diversas movilizaciones el miércoles 24 de febrero, en las cuales, paradójicamente, la represión estatal dejó a uno de los manifestantes sin un ojo en Bogotá.
En enero de este año, Temblores ONG publicó su informe llamado Bolillo, Dios y Patria en el cual le hacen seguimiento a la violencia policial entre los años 2017 y 2019. Según afirma esta misma organización, este informe es una “prueba que la violencia policial no obedece a unos malos comportamientos de unos cuantos oficiales, sino a un problema estructural y sistemático» de que o que tiene sus raíces, fundamentalmente, en la omisión legislativa y de las obsoletas ideas de que la fuerza garantiza el orden público y de que la patria se hace a punta de bolillo, sobre las cuales se ha cimentado el proyecto de Estado en el contexto colombiano”.
Colombia Informa habló con Alejandro Rodríguez coordinador del Observatorio de violencia policial de Temblores ONG, una organización que busca activar y movilizar procesos comunitarios de transformación social.
Colombia Informa: ¿Cómo fue la realización del informe? ¿Qué obstáculos tuvieron?
Alejandro Rodríguez: Bolillo, Dios y Patria es un informe que surge del trabajo en este observatorio (Observatorio de violencia policial), por la necesidad de hacer un diagnóstico de la violencia policial durante los tres primeros años de implementación del Código de Policía, es decir, del 2017 al año 2019. Este informe busca tener distintos datos, cualitativos y cuantitativos sobre estos hechos.
Una de nuestras grandes fuentes de información fueron los derechos de petición enviados a la Fiscalía, Medicina Legal, la Procuraduría y a la Policía. Precisamente en este proceso de pedir la información a instituciones como la Policía se encuentra uno de los primeros grandes obstáculos: prácticamente se negaron a dar información sobre estos hechos, cuando ellos mismos son quienes más tienen el conocimiento de las formas en las que los agentes de esta institución hacen uso de la fuerza.
Así, una de las grandes limitaciones es que esta institución se niega a dar información o entrega una información diferente a la requerida; por ejemplo, la violencia no de la Policía, sino en general de toda la ciudadanía, sin especificar cuáles son por parte de esa institución.
Cuando se nos niega esta información, se nos dificulta la tarea de triangular y comparar las cifras.
-¿Cuáles fueron los principales hallazgos del informe?
–Encontramos que en violencia homicida, por ejemplo, ha habido 289 asesinatos durante esos tres años; es decir, cada 3.8 días, lo cual significa casi dos homicidios por semana por parte de policías. Igualmente, hay que resaltar que existe un subregistro de estas cifras. Y los lugares en los que se han registrado más casos han sido Antioquia y Bogotá.
También ha habido 39.613 hechos de violencia física, es decir, 36 hechos al día, más de 1.000 al mes, que en su mayoría ocurren en el espacio público. La población vulnerable que más propensa se encuentra a ser violentada por los policías son los usuarios y consumidores de sustancias psicoactivas, con 3.214 casos, lo cual claramente es una consecuencia de la política de guerra contra las drogas.
Asimismo, se encuentra que hay muchos casos de violencia física contra las mujeres, especialmente estudiantes. Esto también da luces de un fenómeno de criminalización y persecución de la juventud y de la población estudiantil.
En términos de violencia sexual, en los tres años hay al menos 102 casos por parte de la Policía, el 80% de los casos las víctimas fueron mujeres, y el lugar donde más ocurrieron fue en Bogotá. También el 55% de los casos fueron estudiantes.
Un aspecto muy preocupante es el acceso a la justicia. De los 289 homicidios, la Fiscalía solo abrió 127 investigaciones; es decir, el 44% del total de los casos. Y solo ha habido dos condenas penales sustanciales sobre estos homicidios. Con violencia física pasa lo mismo: de los 39.613 casos, 886 investigaciones han sido abiertas y solo ha habido ocho condenas; es decir, menos del 1%.
Es muy grave ver como los altos números de acciones violentas, mientras que hay un alto nivel de impunidad que termina reproduciendo la violencia policial.
-¿En qué escenarios y qué poblaciones son las que más sufren situaciones de abuso policial?
–En violencia física y homicida es en el espacio público en donde más casos ocurren. En violencia homicida la población vulnerable con más asesinatos cometidos por parte de la Policía es la población afrodescendiente, con un número muy alto de casos en Cartagena y en general en Bolívar.
También los estudiantes y las estudiantes terminan siendo una población constantemente perseguida.
Algo importante en términos de caracterizar cada violencia y cómo ocurre, es que la violencia sexual, en la mayoría de los casos, no ocurre en espacios públicos sino en lugares privados, como Centros de Retención, CAIs e incluso la vivienda de la misma víctima.
-¿Dónde consideran que deberíamos poner la lupa?
–Es importante poner la lupa en impulsar desde la ciudadanía una Reforma Policial que incluya a distintos sectores de la sociedad, desde las organizaciones de la sociedad civil hasta las poblaciones que desde organizaciones comunitarias han logrado evidenciar cómo son constantemente perseguidas.
Algo que hemos identificado es que hay un enfoque diferencial que no busca proteger diferencialmente a las personas, sino que agrede diferencialmente a la población; entonces por ejemplo los estudiantes reciben cierto tipo de agresiones en sus piernas en las protestas, mientras que las personas trans reciben otro tipo de agresiones en los lugares que concurren y habitan en la ciudad. Entonces es importante que estas poblaciones que son agredidas diferencialmente por la institución puedan participar de dicha reforma, pues conocen en su día a día cómo y en qué consiste esta violencia.
-¿Qué puntos debería tener esa reforma policial?
–Uno de los puntos más importantes es que la justicia penal militar deje de ser la encargada de juzgar los crímenes de la Policía. Esto es importante porque garantiza la no repetición desde que haya castigos efectivos.
También es importante que la Policía pase a ser del Ministerio de Interior y no sea del Ministerio de Defensa. Es importante que este tipo de medidas vayan acompañadas con varios de los puntos que nosotros empezamos a proponer en el informe. Por un lado está el principio de publicidad, que se refiere a la posibilidad de hacer un seguimiento a todos los procedimientos policiales, como por ejemplo la forma en la que la policía está imponiendo comparendos.
Hemos identificado que esta imposición de comparendos termina generando una forma de violentar a la ciudadanía y de castigarla doblemente: se le castiga con un comparendo y a la vez se le retiene, y en esa retención ocurren una serie de violencias. Entonces nosotros proponemos que en un comparendo haya algún tipo de veedor ciudadano que firme o que esté al tanto de cuáles son los comparendos que están ocurriendo, y decidir si el comparendo será legítimo o no.
Sin embargo, lo más importante es que esta reforma salga de una participación íntegra de la sociedad civil y de los distintos sectores sociales que son constantemente violentados por la Policía. Que se dé esta articulación es un primer gran paso para lograr impulsar estos diálogos.
-¿En qué consiste la plataforma GRITA?
–Es una plataforma que surge de esta necesidad de hacerle veeduría ciudadana a la Policía y de registrar casos de violencia policial, también queriendo combatir este problema del subregistro que ocurre con las instituciones estatales.
La plataforma GRITA, como sus siglas lo indican, invita a Grabar, Registrar, Investigar, Triangular y Asistir legalmente a las víctimas de violencia policial. Tiene el objetivo de lograr consolidar una base de datos de hechos de violencia física, sexual y homicida por parte de la Policía, y a través de nuestro equipo de abogadas buscamos darle atención legal a las poblaciones que son afectadas y a las personas que así lo requieran.
Fuente: Colombia Informa
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