En Panamá desconfían de que las condenas a exfuncionarios y figuras reconocidas por delitos al Estado sean efectivas, por el deterioro del sistema judicial.
En 30 días hábiles, a partir del pasado 10 de agosto, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, definirá el llamamiento a juicio de los 51 imputados en el caso Blue Apple, que responde a supuestos delitos de corrupción de servidores públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y delito contra la fe pública, involucrando a ex funcionarios, empresarios y personajes de “alto perfil”.
La desconfianza en el aparato de justicia panameño, ante este tipo de casos, se incrementa con cada nuevo escándalo que acapara rápidamente la atención mediática.
Hace 25 semanas, estas personas se han venido manifestando en las inmediaciones de la Procuraduría General de la Nación (PGN) reclamando justicia en relación a los menores violentados en albergues regentados por el Estado.
Esta percepción se traslada a las decenas de denuncias por mal manejo de recursos que han tenido lugar tras el estado de emergencia decretado por la pandemia de la COVID-19.
Algunos sectores indican que el presidencialismo y la falta de independencia entre los órganos del Estado son factores determinantes que obstaculizan la aplicación de la justicia en el país.
John Alonso, Ciudad de Panamá.
rtk/tqi
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