05 diciembre 2021

Bolivia. Nuevos documentos muestran que el comandante de la policía pidió a las FFAA reprimir la resistencia popular durante el golpe de Estado de Áñez



Por Kaos. América Latina

El comandante de la Policía, general Vladimir Calderón (en 2019), fue uno de los protagonistas del golpe de Estado de ese año. Le pidió al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que salieran las tropas a reprimir a los movilizados que rechazaban la renuncia de Evo Morales, y le solicitó a la senadora Jeanine Áñez que ordenara a Kaliman autorizar la salida de los uniformados.

Calderón ya había mostrado su entraña golpista cuando permitió que los policías se amotinaran el 8 de noviembre de 2019; cuando ordenó la protección policial para Áñez el 11 de noviembrede 2019 luego de su llegada a La Paz para asistir a la reunión con los ultraderechistas cívicos en el hotel Casa Grande y su posterior traslado a la Asamblea Legislativa, donde se autoproclamó presidenta del Senado y luego del país.

La resolución de acusación del Ministerio Público contra la dictadora y siete exjefes militares y un exjefe policial, establece que su primera carta Calderón la envió a Kaliman, pidiéndole que interviniera en la contención de las manifestaciones democráticas y populares producidas a consecuencia de la renuncia del expresidente Evo Morales.

La segunda misiva fue para la senadora Áñez, pidiéndole que ordenara, como si fuera presidenta del país, a Kaliman intervenir en esas manifestaciones porque la Policía había sido superada.

A las 20.10 del 11 de noviembre, Kaliman autorizó la salida de las tropas con todo su equipamiento aunque no había un decreto supremo firmado por el capitán general de las Fuerzas Armadas.

El comandante de la Policía, general Vladimir Calderón (en 2019). 
Los militares se sumaron a los policías para reprimir a la gente que rechazaba los aprestos del golpe de Estado.
Áñez se autoproclamó presidenta el 12 de noviembre y fueron los militares quienes le pusieron la banda presidencial en el Palacio Quemado, una acción inconstitucional.
“Se advierte en consecuencia un proceder doloso y la constante participación y colaboración de la Policía y Fuerzas Armadas, ya que sin ellas Jeanine Áñez, exsenadora, no hubiese podido transitar desde el aeropuerto de El Alto hasta la plaza Murillo, donde se encuentra la Asamblea Legislativa. Posterior a ello, Jeanine Áñez coadyuvada por tales entidades pudo controlar y restringir el acceso de sus colegas parlamentarios a los hemiciclos, considerando que la misma exsenadora se atribuyó el grado de capitana general ordenando que no se permita el ingreso a la Asamblea o plaza Murillo de los parlamentarios del oficialismo”, dice la acusación del Ministerio Público.
El 11 de noviembre de 2019, Áñez ya se sentía presidenta de Bolivia y empezó a dar órdenes a la Policía y Fuerzas Armadas para ejecutar el golpe de Estado.


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