La Coordinadora Victoriano Lorenzo convocó para este miercoles una concentración en el parque Porras, en la capital del país.
La concentración tuvo lugar ante el Ministerio Público de Panamá exigiendo sanciones para los responsables de abusos a menores en casas de tránsito, un escándalo que sacudió a la opinión pública en febrero 2021, cuando fué presentado un informe elaborado por una sub-comisión parlamentaria que denunciaba abusos sexuales a decenas de niños y niñas, además de maltratos psicológicos y físicos, incluida mala alimentación y condición de vida deplorable desde 2017 en al menos 14 albergues bajo la supervisión del Estado.
El escándalo conmocionó al país y provocó continuas protestas para exigir castigo contra los responsables, encargados de proteger a esos niños y niñas provenientes de hogares vulnerables socialmente o en situaciones de pobreza extrema.
Los participantes en la protesta del pasado miércoles entregaron en el ministerio una nota indicando que de los 28 procesos abiertos, solo cinco personas de bajo perfil han sido condenadas, mientras que la mayoría quedaron impunes.
Rebeca Yanis, representante del movimiento Pro Defensa de la Niñez y la Adolescencia, exigió al Procurador encargado, Javier Caraballo, que renuncie al cargo si no es capaz de avanzar en las investigaciones pertinentes.
“La sociedad panameña exige que las denuncias presentadas por este tema se investiguen y se llegue hasta las últimas consecuencias”.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo de Panamá, recordó que se había solicitado al Ministerio Público y al Órgano Judicial que las investigaciones sobre los abusos cometidos contra estos menores llegaran a termino y se castigue a los culpables.
En febrero de 2021 una sub-comisión de la Asamblea Nacional presentó un informe sobre abusos sexuales y maltratos físicos y psicológicos cometidos desde 2015 contra decenas de menores, en al menos 14 albergues bajo supervisión de la Secretaría para la Atención a la Niñez y la Infancia.
A raíz del incidente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia pidió al gobierno panameño no dilatar más una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia.
El martes pasado, el Presidente de la República, Laurentino Cortizo, decretó una legislación que ofrece, según dijo, mayores garantías y protección integral a ese sector de la población, medida reclamada por la sociedad.
Se trata del proyecto de Ley 567 que crea un Sistema de Garantías y de Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, aprobado el pasado 11 de enero por la Asamblea Nacional, que según Unicef es “como una deuda histórica del país” con los niños.
Segun el gobierno se creará un sistema con políticas públicas que estableceran los parámetros para el cuidado emocional, físico, mental y social de los menores de edad. También indica el reordenamiento de las instituciones competentes para garantizar, de acuerdo con su edad y madurez, el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos de los infantes.
Hace un año
En febrero del año pasado, un informe parlamentario presentado por Zulai Rodríguez, diputada del partido en el poder y presidenta de la comisión que lo elaboró, denunciaba abusos, malos tratos y hasta violaciones contra niñas y niños en por lo menos 14 albergues supervisados por el Estado, provocando una terible indignación en la sociedad con airadas protestas en la capital exigiendo que se castigase con todo el peso de la ley a los responsables.
Abusos físicos y mentales contra niños y adolescentes
La investigación de la Comisión de la Mujer y la Familia de la Asamblea Nacional y presentado por la diputada del partido en el Gobierno Zulay Rodríguez, detallaba violaciones y malos tratos físicos y mentales sistemáticos contra decenas de niños y adolescentes.
Según este informe, los abusos a menores eran cometidos por los responsables de su cuidado. Algunas niñas denuncian que religiosos las dejaban embarazadas y abortaban.
Implicados ONG y organizaciones religiosas
Se contabilizaron al menos catorce centros implicados, que eran gestionados por ONG civiles y organizaciones religiosas, pero bajo responsabilidad estatal.
El informe además asegura que algunos de estos albergues de acogida para menores huerfános o de familias en riesgo de exclusión social no contaban con los permisos necesarios y ofrecían unas condiciones de vida infrahumanas. Muchas víctimas de los abusos sufrían además algún tipo de discapacidad.
Una vaga respuesta del presidente
El escándalo y la indignación de la sociedad panameña obligó al presidente de la nación Laurentino Cortizo, a pronunciar un discurso prometiendo castigo a los culpables, pero sin especificar como.
“Estamos exigiendo el informe de todos los involucrados y, además de eso, queremos cárcel y destituciones de este Gobierno y queremos saber dónde están los niños ahorita mismo porque hay ocho albergues cerrados hasta ahora y sin embargo, sigue sin haber nombres (de responsables)”, Carla Nelson, una manifestante.
Con información de: euronews, La Estrella de Panamá y Prensa Latina
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