Por Luis Britto García, Resumen Latinoamericano, 1 de junio de 2022.
Imágenes: Fernando Botero
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Hermana República, sí, por más que sus oligarquías quieran volverla hermanastra. En Venezuela y Colombia vemos el funcionamiento de dos modelos contrapuestos. En la primera, moderadas reformas socialistas la convierten en el país con menor índice de desigualdad de la región, y en blanco por parte de Estados Unidos de intervenciones, sabotajes, golpes, atentados magnicidas, robos de activos y reservas internacionales e inmisericorde bloqueo. En Colombia, la oligarquía se entrega incondicionalmente a la potencia del Norte. Veamos los resultados.
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En Venezuela las oligarquías se fortalecieron apropiándose del ingreso del Oro Negro, que sólo después de 1999 pasó a ser aplicado primordialmente a las políticas sociales. En Colombia, las elites se afianzaron con los réditos del Oro Blanco. La Oficina de Naciones Unidas para el control de las Drogas calcula que allí en 2020 se produjeron 1.010 toneladas métricas de cocaína pura, un aumento del 8% con respecto al año anterior. De ese infame negociado muy poco le toca al pueblo: su país es el segundo más desigual de toda la región, después de Brasil. El Oro Blanco se invierte en política, degenerándola en parapolítica. El narcotráfico paga campañas de mandatarios, legisladores o jueces, lo cual explica que no sea erradicado. Cuando un candidato amenaza romper el orden oligárquico, es asesinado, como ocurrió con Jorge Eliécer Gaitán en 1948, y décadas después con Jaime Pardo Leal en 1987, con Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro León Gómez en 1990, con Álvaro Hurtado en 1995, con infinidad de luchadores sociales todos los años.
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Tras el asesinato de Gaitán y la espantosa represión contra el Bogotazo, sectores populares toman la vía de la guerrilla revolucionaria. Para mantenerse en el poder, la oligarquía neogranadina se entrega a la potencia del Norte. Ya en 1951 reclutas colombianos son forzados a pelear a favor de Estados Unidos en Corea. El Plan Colombia deviene el último eslabón del Plan Puebla-Panamá, con el cual Estados Unidos habilita un corredor estratégico para invadir América del Sur. Las oligarquías neogranadinas, tan feroces contra su pueblo, le ceden sin disparar un tiro la soberanía a la misma potencia que les arrebató Panamá, y le permiten instalar nueve bases militares, cuyas fuerzas de ocupación se pretenden inmunes a leyes y tribunales locales. Todos los aeropuertos colombianos son bases donde aviones de guerra yankis se alojan, reparan y amunicionan. De su territorio sale la intervención contra Ecuador en 2008, así como la invasión de los paramilitares, el atentado magnicida con drones y la estúpida Operación Gedeón de los mercenarios de Silvercorp contra Venezuela.
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Impotente para vencer la rebelión popular con su propio ejército y el estadounidense del Plan Colombia, la oligarquía libra la guerra fratricida con delincuentes “paramilitares”, que sin adscripción institucional perpetran masacres y crímenes de lesa humanidad. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica colombiano, entre 1958 y julio de 2018 la confrontación deja un saldo de 262.197 víctimas fatales: 94.754 causadas por paramilitares, 35.683 por la guerrilla y 9.804 por agentes del Estado. Entre los caídos hay 46.813 combatientes y 215.005 civiles: casi cuatro veces más. Muchos son “falsos positivos”, inocentes ejecutados para hacer méritos. Desde entonces, han redoblado masacres y asesinatos de activistas acogidos a los acuerdos de Pacificación. El ejército, o paramilitares, expulsan campesinos de sus tierras con la excusa de combatir a la guerrilla, y luego adjudican los fundos a latifundistas o trasnacionales. Para esta lucrativa operación desalojan, según la ACNUR, algo más de 7.7 millones de desplazados. Según dicho organismo, más de cinco millones de nacionales han dejado el país.
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En aras de la alianza con Estados Unidos, en 2006 Colombia suscribe un Tratado de Libre Comercio que le impide proteger su agricultura e industrias nacionales. Los resultados no se hacen esperar. Según Gustavo Petro “hablando con congresistas estadounidenses les dije que, en perspectiva hacia adelante, el TLC iba a ser un instrumento que iba a empoderar el narcotráfico en Colombia. Esa fue mi tesis. Bueno, ¿qué sucedió?, que se empoderó el narcotráfico, disminuimos nuestra producción alimenticia, que se vació el campo de Colombia, que se desindustrializó; lo que teníamos de industria metalmecánica ya no existe. Y lo que ha crecido es la producción de cocaína. Hay que hablar con Estados Unidos sobre el TLC.” Dos años antes, por inspiración de Venezuela, en la Cumbre de las Américas había sido derrotado el ALCA, Súper Tratado de Libre Comercio que pretendía colonizar a toda América Latina y el Caribe.
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Señas premonitorias anuncian los cambios políticos. La oleada de protestas del Caracazo anticipó el fin del bipartidismo en Venezuela, la de Chile la agonía del pinochetismo. El 2020 arranca en Colombia un estallido social brutalmente reprimido, que en mayo de 2021 se vuelve Paro Nacional: ambos podrían augurar el fin del gobierno de la oligarquía. Diez días antes de las elecciones, Gustavo Petro lidera la intención de voto con un 35,8%, mientras que las organizaciones uribistas cuentan con un décimo de la previa adhesión. Existe posibilidad cierta de que el próximo Presidente sea Petro. Éste, ex guerrillero del M-19, declara sin ambages a R.J.Benelli: “No propongo un programa de izquierda”. Promete Reforma Agraria, incrementar la educación pública, gratuita y de mejor calidad, crear un banco público que implemente políticas populares, estimular emprendimientos y combatir la desigualdad. Y también, cumplir con el FMI. Para ello, debería elevar los impuestos a las oligarquías locales y extranjeras, e invertirlos en las necesidades del pueblo, que paga un brutal IVA de 19%. En efecto, señala Petro que “la reforma tributaria tiene que darse para el nuevo gasto social y para disminuir el déficit fiscal”. Pero añade “Los sectores más ricos del país no tienen 48 billones para dar adicionalmente al Estado. Esa opinión es legítima”. Una reforma tributaria de Iván Duque, dirigida fundamentalmente contra el pueblo, fue el detonante de la explosión social de 2020. Difícil complacer a la vez al pueblo, al FMI y a “los sectores más ricos”. Nadie puede servir a dos patronos, dice el Evangelio.
Es la opción que pende sobre Petro, y sobre todos los mandatarios latinoamericanos.
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