La activista saharaui se encuentra en España para recibir tratamiento médico.
Ha estado 560 días en arresto domiciliario, junto con su familia, bajo vigilancia policial.
“Hemos padecido todo tipo de vejaciones por parte de las autoridades marroquíes”. Fueron las primeras palabras de la activista saharaui defensora de los Derechos Humanos Sultana Jaya, que padeció, junto con su madre, Aminatu Embeirik, de 84 años, y su hermana Luaara, 560 días en arresto domiciliario, sin orden judicial, en su casa de Bojador, en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
Sultana Jaya, presidenta de la Liga Saharaui para la Defensa los DDHH y en Contra del Expolio de los Recursos Naturales, llegó el 1 de junio por la tarde a Las Palmas de Gran Canaria, procedente de El Aaiún, para recibir tratamiento médico en España.
En el aeropuerto, centenares de simpatizantes de la causa saharaui e integrantes de organizaciones solidarias y saharauis residentes en Canarias aplaudieron continuamente a Sultana Jaya, convertida en símbolo de la resistencia saharaui, junto con su hermana Luaara, al hacer ondear todos los días la bandera saharaui en la azotea de su casa .
Una de las primeras personas en recibirla, con la que se fundió en un abrazo, fue la abogada Inés Miranda, consejera del Cabildo de Gran Canaria y vicepresidenta de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental; la letrada, otra abogada y una médico fueron expulsadas el 2 de octubre de 2021 de El Aaiún cuando se disponían a ir a Bojador para visitar a Sultana.
También tuvo un emotivo encuentro con Carmelo Ramírez, secretario de Organización de Nueva Canarias (NC), consejero del Cabildo de Gran Canaria y presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sahara (FEDISA).
En sus primeras palabras en suelo español, Sultana dijo que han estado “560 días asediadas, encarceladas, padeciendo toda clase de vejaciones por parte de las autoridades marroquíes” y que traía un mensaje del pueblo saharaui, que lleva resistiendo desde 1975: “Quiero expresar nuestro agradecimiento a todos los medios y organizaciones”.
La activista saharaui dijo que en este calvario no ha estado sola, refiriéndose a Ruth McDonough y Tim Pluta, activistas de EE.UU. que desde el 15 de marzo estuvieron en su casa de Bojador y que viajaron con ella hasta Canarias: “Han estado conmigo, protegiéndome, una protección que es a todo el pueblo saharaui. Si no fuera por los activistas norteamericanos, que nos han defendido, todavía estaría bajo ese yugo y ese asedio”.
Añadió que ella es una muestra de lo que sufre el pueblo saharaui y que fue víctima de todo tipo de vejaciones: violaciones, torturas, persecución, allanamiento diario de la casa y de la familia. “Han venido enmascarados por la noche y nos han agredido delante de todo el mundo, nos han inyectado sustancias peligrosas, venenos. Mi familia, mi madre y hermana, están en la misma situación”, afirmó.
Durante su estancia en El Aaiún, antes de ir al aeropuerto, Sultana estuvo en la casa de un activista saharaui, que permaneció vigilada por la policía marroquí para impedir la llegada de otros saharauis, como le ocurrió al Premio Rafto Noruego de los DDHH Mohamed Dadach.
SILENCIO OFICIAL EN ESPAÑA
El caso de Sultana Jaya, que perdió su ojo derecho en 2006 por una paliza de la policía marroquí y que durante el asedio fue infectada con Covid-19 por agentes marroquíes en uno de los ataques a su vivienda, ha sido planteado en repetidas ocasiones ante las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Comité Internacional de Cruz Roja.
Amnistía Internacional, que en abril lanzó una campaña para que se investiguen y no queden impunes los ataques, torturas y agresiones sexuales a la familia Jaya, expresó días pasados que las autoridades marroquíes mantenían a Sultana bajo arresto domiciliario arbitrariamente “por hacer campaña alto y claro, pacíficamente, para lograr que se respete el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación”.
Sultana Jaya, Premio Internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), fue propuesta por el grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo para el Premio Andrey Sajarov a la Libertad de Pensamiento 2021. En la selección de finalistas quedó empatada con la propuesta por VOX, la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, en prisión preventiva desde marzo de 2021 por actuar presuntamente contra el orden democrático de su país. En la votación para el desempate el PSOE se sumó a Vox para que no saliera la activista saharaui.
El caso de Sultana Jaya fue llevado al Congreso de los Diputados, en octubre del pasado año, por el diputado del PNV Aitor Esteban, que preguntó al Gobierno qué iba a hacer para salvar las vidas de la activista saharaui, su madre y su hermana. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que en ningún momento citó el nombre de Sultana, aseguró que jamás anteponen las relaciones de buena vecindad a los Derechos Humanos, lo que no cuentan por eficacia, pero que a ningún estado le gusta tomar medidas si son terceros los que le obligan a ello.
En enero de este año, el caso de Sultana Jaya fue planteado otra vez en el Congreso por ERC y PNV y el ministro Albares eludió responder a las preguntas que le formularon: dijo que era una situación “compleja” y se limitó a relatar la ayuda de España a los refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf (Argelia).
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