La reciente inclusión de Guyana en la categoría de "petroestado", gracias a la explotación de reservas petroleras por parte de ExxonMobil desde 2015 en aguas aún por demarcar con Venezuela, dentro del contexto de la disputa territorial por la Guayana Esequiba, ha sido ampliamente reseñada por los medios de comunicación hegemónicos, siempre desde la perspectiva de las oportunidades que se presentan para el país vecino.
Rara vez se menciona cuál ha sido el impacto que esto ha tenido en la población de Guyana, en la cual el gobierno ahora se refugia para justificar sus acciones, violar el Acuerdo de Ginebra de 1966 y acudir a la Corte Internacional de Justicia en busca de un fallo que le permita seguir usurpando territorio venezolano a favor de las transnacionales petroleras. Los medios muestran un interés mucho menor por conocer si esto beneficia o no a los habitantes autóctonos del Esequibo.
Lo que sí se destaca son los considerables ingresos que las multinacionales han obtenido por la producción de petróleo y gas en estas aguas disputadas. Solo en 2021, las corporaciones lideradas por la filial local de ExxonMobil generaron 254 mil millones de dólares, en marcado contraste con las paupérrimas regalías de 5 mil 800 millones de dólares que recibió Guyana a cambio. Este dato por sí solo arroja luz sobre las inquietudes acerca de los beneficios que la población percibe de esta explotación ilegal de recursos. A continuación, se presentan otros datos para eliminar cualquier duda al respecto.
POBREZA, DESIGUALDAD Y DIÁSPORA
El Banco Mundial arroja una perspectiva desfavorable para los ciudadanos guyaneses en términos de pobreza y desigualdad, a pesar del crecimiento económico experimentado por el país. Si bien la organización no cuenta con datos anteriores a 2020, en ese año la línea de pobreza alcanzaba 48,4% de la población, tomando como referencia un umbral de 5,50 dólares diarios en términos nominales. Por otro lado, Statista proyecta que este año el porcentaje de guyaneses que perciben menos de 2,15 dólares diarios aumentará hasta 6,79%. Asimismo, se estima que en 2023 la proporción de personas que ganan menos de 3,65 dólares al día se incrementará hasta 14,91%.
En lo referente a la distribución de ingresos en Guyana, se constata una elevada concentración de la riqueza en el 50% más privilegiado de la población. De acuerdo con un documento de trabajo del profesor universitario Collin Constantine, titulado Desigualdad de ingresos en Guyana, este estrato social acumula en promedio el 75% de los ingresos familiares del país, superando su proporción demográfica correspondiente.
En Guyana, la mayoría de las personas se enfrentan a desafíos persistentes en términos de educación y salud, mientras se ven excluidas de los beneficios de la bonanza petrolera. Según el Banco Mundial, esto tiene un impacto negativo en la productividad futura de los niños guyaneses, ya que solo alcanzarán un 50% de su máximo potencial en comparación con aquellos que reciben una educación completa y gozan de una buena salud, cifra que es inferior al promedio de América Latina y el Caribe.
Las tasas de mortalidad infantil y de menores de 5 años en Guyana también superan el promedio de la región de América Latina y el Caribe.
Los escándalos de corrupción que rodean la actual etapa de producción petrolera en Guyana son el contexto estridente de la situación de pobreza, desigualdad y abandono que sufre la población por parte del Estado. Este fenómeno, cuyos orígenes se remontan a etapas previas en las que la economía guyanesa se basaba en sectores como el azúcar, el arroz, la bauxita y el oro, ha sido agravado en una economía que se preveía que se duplicaría en tan solo dos años.
La participación de ExxonMobil en este escenario amplifica aún más la problemática, como se evidencia en el Acuerdo de Producción Compartida (PSA), que prácticamente permite el saqueo de los recursos mediante la fijación de regalías insignificantes del 2% y la exención de impuestos para los afiliados y socios de la compañía.
Durante años, los políticos han utilizado el principio de "santidad del contrato" como excusa para negarse a renegociar el acuerdo, lo que solo beneficia a las multinacionales, que continúan obteniendo ganancias excesivas en la explotación del petróleo y el gas. Finalmente, se logró una actualización del acuerdo, aunque el gobierno guyanés aseguró que no afectaría la regalía del 2% en el bloque Stabroek, del cual ExxonMobil es socio mayoritario.
Ante los elevados índices de pauperización y disparidad social, la corrupción institucionalizada y la ausencia de recursos destinados al bienestar colectivo, sumado a estallidos de violencia por motivos étnicos y raciales que las élites políticas aprovechan en su beneficio, resulta comprensible el fenómeno de la migración masiva de los guyaneses. En efecto, para el año 2020, Statista ubicaba a Guyana con el mayor porcentaje de población viviendo fuera de su país en el mundo.
ESEQUIBANOS, ENTRE OLVIDO Y ABUSOS
Guyana se caracteriza por ser un país de notable diversidad cultural. Según el censo de 2012, su composición étnica se distribuye de la siguiente manera: indoguyaneses (40%), afroguyaneses (29%), mixtos (20%) y amerindios (10,5%). Además, cabe mencionar la existencia de comunidades minoritarias de origen chino, portugués y caucásico. Del mismo modo, es un país con una historia de profundas divisiones político-raciales, donde los pueblos indígenas (amerindios) se ven especialmente afectados.
La vasta región del Esequibo que Guyana intenta ocupar de manera unilateral no está habitada principalmente por las etnias guyanesas más representativas en el país. En cambio, casi el 80% de los habitantes que residen en esta zona son indígenas autóctonos de ese territorio, quienes también tienen una relación identitaria con Venezuela, como se expuso en un artículo anterior en esta tribuna.
El primer dato mencionado proviene del Estudio sobre mujeres y niños indígenas en Guyana 2017 de la Unicef, el cual analiza diversos aspectos, incluyendo la desigualdad y discriminación hacia los amerindios. El documento informa que durante los años estudiados se observó que los niveles más altos de pobreza se concentraban en las regiones habitadas mayoritariamente por indígenas, todas ellas pertenecientes a la disputa territorial con Venezuela. En estas regiones, las tasas de pobreza llegaron a ser de dos a tres veces más altas que la media nacional, con porcentajes que oscilaban entre 61% y 94%. Además, el estudio también señala:
"(…) en comparación con la costa urbana, el interior rural (donde también vive la mayoría de la población indígena) tenía tasas de pobreza significativamente más altas, con un 74% viviendo en pobreza y un 54% viviendo en pobreza extrema".
Respecto al tema del racismo, el texto destaca la existencia de discriminación, especialmente hacia los niños y jóvenes indígenas. Los adolescentes que residen en aldeas indígenas se enfrentan a situaciones de discriminación cuando visitan ciudades como Georgetown.
"Expresiones como 'creen que no somos civilizados', 'nos llaman gente de montaña' o 'la gente se comporta como si no supiéramos nada' fueron mencionadas con frecuencia por los jóvenes indígenas de las aldeas para expresar cómo son tratados".
El sistema público de Guyana resulta especialmente ineficiente para los pueblos indígenas, quienes a menudo deben recorrer largas distancias para acceder a los servicios de las ciudades y, aún así, se encuentran con actitudes discriminatorias. Las personas mayores y las mujeres consultadas para el estudio informaron de situaciones de maltrato en la atención médica y la interacción con la administración pública.
La situación de los pobladores autóctonos del Esequibo no se reduce meramente al abandono, sino que se ve agravada por flagrantes abusos en su contra. Este no surge como un mero impulso espontáneo de la población guyanesa, sino que encuentra su origen en las acciones mismas del Estado. Esto queda corroborado mediante un episodio de la historia guyanesa que se inscribe en la misma categoría de saqueo y expoliación de recursos sometidos a disputa en el Esequibo, tal como acontece en el otorgamiento de concesiones a transnacionales petroleras.
Para ilustrar esta afirmación, el estudio Minería de oro, reclamaciones de tierras indígenas y conflicto en el interior de Guyana, de los autores británicos Gavin Hilson y Timothy Laing, aborda el impacto de la expansión de la minería del oro en Guyana, centrándose específicamente en las comunidades indígenas. Durante el período comprendido entre 1995 y 2015, se registró un aumento sin precedentes del 500% en la explotación de oro. Este sector contribuye significativamente a los ingresos de Guyana mediante exportaciones que superan los 500 millones de dólares anuales.
Además de las negativas consecuencias que ha acarreado para la vida de los pueblos amerindios, tales como el impacto medioambiental, los desplazamientos forzados, los conflictos que han estallado, así como su incorporación a un entorno laboral y cultural minero, entre otros aspectos, destaca cómo el Estado guyanés operó causando estas repercusiones.
En 1966, luego de declarar su independencia, Guyana estableció la Comisión de Tierras Amerindias (ALC) con la finalidad aparente de salvaguardar los derechos territoriales de los indígenas sobre el territorio en disputa con Venezuela. Durante dos años, la ALC se dedicó a documentar la situación de tenencia de tierras en las diversas comunidades, recopilando solicitudes de reconocimiento.
En su informe final, recomendó que 128 grupos indígenas recibieran títulos de propiedad correspondientes a una superficie total de 24 mil millas cuadradas (menos de 40 mil kilómetros cuadrados). Esto, a pesar de que originalmente las comunidades habían solicitado títulos para una extensión de casi 70 mil kilómetros cuadrados.
El estudio de Hilson y Laing detalla que el proceso de asignación de tierras indígenas fue lento y condujo a la división de las comunidades entre grupos con y sin títulos de propiedad, además de la fragmentación de los territorios. La promulgación de la Ley Amerindia en 1976 contribuyó a que las áreas que no contaban con títulos de propiedad fueran destinadas para la minería y posteriormente fueron ampliándose más.
La mencionada ley también sirvió para mantener la propiedad de los minerales en manos del Estado, así como de convertir todas las pistas de aterrizaje, tanto planeadas como ya existentes, en propiedad gubernamental. Estas pistas de aterrizaje se convirtieron en vías para que los habitantes de la costa de Guyana establecieran empresas en las regiones mineras.
En una entrevista con AFP el año pasado, el presidente Irfaan Ali afirmó que el dinero generado por la explotación petrolera sería utilizado para las "generaciones futuras". Es evidente que este comentario no se refería a la población de Guyana, mucho menos a los esequibanos.
La historia reciente y la situación actual demuestran que la población, por la que tendría sentido moral el reclamo de soberanía sobre un territorio, es el último eslabón de interés del Estado guyanés, cuando no es objeto de agravios por la interposición de intereses ajenos a la nación.
Otra razón de peso para que Venezuela mantenga una postura firme y defienda sus legítimos derechos sobre la Guayana Esequiba.
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