© Foto : Twitter / @KarinHerreraVP
La inestabilidad política en Guatemala continúa, ahora con una confrontación entre el principal recinto académico del país, la Universidad de San Carlos (USAC), el Ministerio Público, el Movimiento Semilla, el binomio presidencial electo y diferentes actores políticos y sociales, como el activismo indígena de los 48 Cantones.
Luego de meses en los que, tras el relieve que adquirió el Movimiento Semilla en la primera vuelta electoral para renovar la presidencia guatemalteca, actores nacionales e internacionales han acusado maniobras judiciales contra el proceso democrático, en esta ocasión el Ministerio Público abrió un proceso contra activistas del partido político triunfal que en 2022 participaron en una movilización por la renovación de autoridades en la USAC.
El caso judicial contra la universidad apunta directamente al binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, pues esta última, la vicepresidenta electa de Guatemala, por asumir el cargo en enero, se ha involucrado en distintas ocasiones en la vida pública y política del recinto académico.
Allanamientos en la universidad
La fuerza pública condujo allanamientos al recinto universitario y detenciones de activistas estudiantiles y del profesorado, en lo que distintas voces de Guatemala interpretan como parte de lo que el presidente electo, Bernardo Arévalo, calificó como un golpe de Estado.
Es decir, una operación política persistida para tratar de descarrilar mediante las instituciones de justicia la voluntad popular expresada en las urnas y que le ganó a Arévalo la titularidad del ejecutivo, del que tomará posesión en enero de 2024.
En su arremetida contra la principal universidad del país, el Ministerio Público (MP) acusó que se tomó a la USAC como un botín político, por lo que condujo un operativo contra la comunidad universitaria para presuntamente sancionar la comisión de delitos durante el proceso de protesta de 2022.
Mediante su Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, la autoridad coordinó 27 órdenes de aprehensión en el recinto académico y 31 allanamientos.
El MP sostuvo que investiga los presuntos delitos de usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita, que habrían sido cometidos durante la protesta de abril de 2022 con la que la comunidad universitaria rechazó la renovación de la rectoría de la USAC. Muchos de los activistas de entonces están ligados al Movimiento Semilla, fuerza políitca que llevó a Arévalo a la presidencia.
"La USAC fue tomada de forma violenta del 19 de mayo de 2022 hasta el 9 de junio de 2023", acusó la autoridad en un comunicado. "El objeto real de la toma de la universidad fue la comisión de delitos para postular y apuntalar a candidatos de partidos políticos a los máximos cargos de elección popular, presidente y vicepresidente de la república, diputados al Congreso de la República, entre otros", abundó.
El Ministerio Público aseveró que esta protesta universitaria generó un daño patrimonial a la USAC por 90 millones de quetzales (unos 11,5 millones de dólares), además de que se afectó a 250.000 estudiantes y se destruyeron 4.000 títulos académicos.
"Se estarán presentando solicitudes de antejuicio en contra de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, binomio presidencial electo, así como los diputados al Congreso de la República Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera, Adán Pérez, Aldo Dávila y Carlos Barreda Taracena", agregó.
Esta nueva arremetida contra Arévalo y su partido se suma a la acusación del Ministerio Público de que el Movimiento Semilla falsificó firmas para consolidar su inscripción política, además de que exigió suspender su personalidad jurídica y judicializar actas electorales, lo que motivó movilizaciones sociales contra sus decisiones y distintos bloqueos carreteros para exigir la renuncia de los mandos de la institución, concretamente la fiscal Consuelo Porras.
Rechazo a la arremetida contra la USAC
Mediante movilizaciones, comunicados, críticas en redes sociales y otros canales, distintos actores sociales guatemaltecos rechazan este nuevo caso del Ministerio Público contra la fuerza política triunfal en los comicios de este 2023.
Todos los arrestados, acusaron mediante un pronunciamiento estudiantes, egresados y docentes de la Escuela de Ciencia Política de la USAC, "son personas profundamente comprometidas con la recuperación de nuestra casa de estudios y contundentes en la denuncia de los procesos irregulares que consolidaron su captura".
"Este es un ataque más que vulnera la democracia del país y contribuye a la regresión autoritaria que se ha provocado con más ímpetu en los últimos meses (...) Repudiamos que el Ministerio Público, en manos de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, busque consolidar un golpe de Estado a través de nuestra casa de estudios", apuntaron los universitarios inconformes.
Además, la organización indígena de los 48 Cantones se sumó a la acusación de golpismo por la arremetida del Ministerio Público contra la principal universidad de Guatemala.
"Los golpistas continúan con su plan de burlar la voluntad popular montando un caso totalmente espurio", pues construyeron sus acusaciones contra los activistas universitarios —que en su momento rechazaron la corrupción y la impunidad con sus movilizaciones— mediante la fiscalización de sus publicaciones en redes sociales o su participación en ruedas de prensa, lo que atenta contra la libertad de expresión, calificó la autoridad indígena.
"Nadie debe permanecer indiferente ante lo que este pequeño grupo de golpistas corruptos pretende concretar para mantener sus privilegios, todo lo que hagamos o dejemos de hacer hoy beneficiará o perjudicará a nuestras futuras generaciones", abundaron los 48 Cantones.
El pasado y la consolidación de la democracia
La victoria de Bernardo Arévalo en el segundo semestre de 2023, con una mayoría aplastante sobre su rival en la boleta, Sandra Torres, representa una oportunidad de consolidación de la democracia guatemalteca luego, de más de siete décadas de inestabilidad.
Esto porque el presidente Jacobo Árbenz fue desplazado del poder ejecutivo mediante un golpe de Estado en 1954, auspiciado por Estados Unidos por sus intereses comerciales en la región centroamericana, contrariados por la reforma agraria que impulsaba el mandatario.
Además, el país ha sufrido distintas dictaduras, con la consiguiente persecución de opositores políticos, que conllevaron, por ejemplo, el asesinato de la poeta Alaíde Foppa, exiliada en México pero desaparecida durante un viaje rápido a su país, y una guerra civil prolongada desde los años posteriores a Arévalo, 1960, y no concluida sino hasta la firma de los acuerdos de paz en 1996.
Como ejemplo de la histórica inestabilidad política guatemalteca se puede señalar que el premio Nobel de literatura Miguel Ángel Asturias, autor precisamente de El señor presidente, novela sobre la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, se vio obligado a exiliarse de su país, como también les sucedió a los escritores Luis Cardoza y Aragón y Augusto Monterroso, este último con raíces hondureñas.
En ese contexto, el triunfo electoral de Arévalo, que no pudo ser prefigurado por analistas políticos guatemaltecos ni por el sistema electoral y de partidos, representa un consenso social por una opción de alternancia democrático en el país centroamericano.
Es contra la consolidación de esa posible fuerza ciudadana, acusan los inconformes, que la institucionalidad guatemalteca arremete con lo que califican como un intento de golpe de Estado, hoy renovado mediante una triangulación judicial que implica a la Universidad de San Carlos.
https://sputniknews.lat/20231117/que-hay-detras-del-allanamiento-a-la-universidad-de-san-carlos-de-guatemala-1145821637.html
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