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La tensión entre el Gobierno y los mandatarios locales llegó a los tribunales y amenaza con quebrar el diálogo, en medio del ajuste en el giro de fondos. En Chubut, la Justicia ordenó la suspensión del recorte en las prestaciones, tras la presión de todos los gobernadores. Buenos Aires reclama la restitución de un multimillonario fondo eliminado.
El "ajuste con motosierra" llevado a cabo por el presidente argentino Javier Milei chocó con la resistencia de 23 de los 24 gobernadores provinciales. Tras una drástica reducción en el giro de fondos tanto discrecionales como previstos por la Ley de Coparticipación Federal, los mandatarios aunaron fuerzas en respaldo de sus distritos y desafían al Poder Ejecutivo.
El primer grito llegó desde el sur. Milei, convencido de que el fracaso de la ley ómnibus obedeció a la resistencia de los gobernadores, decidió retener 13.500 millones de pesos (unos 15.700 millones de dólares a tipo de cambio oficial) de los fondos coparticipables previstos para la provincia de Chubut, que mantenía una deuda heredada de la gestión anterior.
La decisión dictada por la Casa Rosada —que llevó al gobernador Ignacio Torres a advertir al presidente que "si no nos quita la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut" (que produce el 21,4% del total nacional)— fue frenada por la Justicia federal. Sin embargo, el hecho marcó un antecedente: todos los gobernadores provinciales acudieron en respaldo de Torres, en abierta confrontación con la Casa Rosada.
El segundo enfrentamiento tiene como epicentro a la provincia de Buenos Aires, el distrito donde reside más del 30% de la población nacional. Tras el choque con Chubut, el Gobierno nacional dispuso la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal creado durante la presidencia de Alberto Fernández y equivalente a 30.000 millones de pesos (34 millones de dólares a precio oficial).
Si bien el distrito gobernado por Axel Kicillof —figura fuerte de la oposición peronista y exministro de Economía de Cristina Fernández (2013-2015)— acudió inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia, la sucesión de eventos de similar calibre plantea un interrogante entre los especialistas: ¿puede romperse el diálogo entre la Nación y las provincias?
El garrote y la zanahoria
"La pregunta que origina todo el conflicto es muy simple: ¿quién paga los costos del ajuste? El Gobierno plantea una fuerte concentración de los recursos en la Nación, y para eso exige que las provincias reduzcan sus gastos. Así, busca poder disciplinar a los gobernadores a través de la 'chequera", dijo a Sputnik el analista político Facundo Cruz.
El politólogo remarcó que "en Argentina las provincias tienen una autonomía financiera restringida, porque dependen de los giros de la coparticipación que provienen del Poder Ejecutivo central. La particularidad de este contexto es que Milei no tiene ningún gobernador de su partido, lo cual es una anomalía en la historia nacional".
Consultado por Sputnik, Carlos Linares, senador nacional en representación de Chubut por Unión por la Patria, consideró que "este problema excede a la provincia. Se pone en juego el federalismo, porque tenemos un presidente que no quiere entender el respeto a las instituciones y que, bajo el lema de que 'no hay plata' pretende solucionar todo".
El testimonio de Linares reviste mayor trascendencia al tratarse de un dirigente opositor al mencionado gobernador Torres, proveniente del PRO, el partido fundado por Mauricio Macri (2015-2019). Las diferencias ideológicas no permean la visión del senador, quien destacó que "el ahogamiento financiero es una decisión política: esos montos impactan en los salarios de los docentes, policías y trabajadores del Estado".
"El monto de 13.500 millones de pesos no desequilibra a ningún gobierno nacional: está claro que se puede refinanciar fácilmente. Por otro lado, las declaraciones del gobernador sobre cerrar la producción de hidrocarburos también eran de imposible cumplimiento. Está claro que la discusión excede a este tema", apuntó el legislador.
La Patagonia rebelde
La alianza de hecho configurada entre los gobernadores de la región patagónica —Alberto Weretilneck de Río Negro, Claudio Vidal de Santa Cruz, Sergio Ziliotto de La Pampa, Rolando Figueroa de Neuquén, y Gustavo Melella de Tierra del Fuego, además del mencionado Torres— marca la existencia de consensos que trascienden las barreras ideológicas, dado que entre los mencionados hay referentes del PRO, peronistas y dirigentes de fuerzas locales.
El agrupamiento interpartidario puede resultar en una fuente de resistencia a las medidas de Milei. Según Cruz, "los gobernadores se reúnen según intereses compartidos: los de la Patagonia comparten la explotación de hidrocarburos, con el yacimiento de Vaca Muerta a la cabeza. Si hay una industria pujante, las provincias se unen en su defensa".
El postulado del politólogo se verifica en los hechos. El senador Linares destacó que "la unión de regiones siempre es muy importante. En la Patagonia podemos tener acuerdos en distintos temas, porque compartimos recursos. Es muy importante ese diálogo a pesar de las diferencias".
El palacio y la calle
La acérrima defensa que exhiben los mandatarios provinciales respectos sus territorios responde a una premisa insoslayable: en medio de una profunda crisis económica, cada recurso cuenta para paliar el tembladeral al interior de los distritos.
Por su peso económico y poblacional, la provincia de Buenos Aires emerge como un caso paradigmático. Consultado por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el intendente Julio Zamora —del municipio de Tigre, en el conurbano bonaerense—, dijo a Sputnik que "el impacto de esta decisión lo vamos a sentir muy pronto en toda la provincia, sobre todo en los comedores escolares y en todas aquellas áreas que dependen de los fondos, como la Seguridad".
"Estamos ante un Gobierno nacional que se desentiende de su misión federal al descuidar a las provincias. Estas políticas avasallan la vida de los habitantes. Perjudican a la mayoría de la población por decisiones irracionales e inconsultas llevadas a cabo por el oficialismo", destacó Zamora.
Según Facundo Cruz, el enfrentamiento con el distrito más poblado del país puede responder, simultáneamente, a un interés estratégico del presidente. "Milei se siente cómodo confrontando con Axel Kicillof, un exministro de Cristina Fernández muy referenciado con el peronismo. El gobernador tiene todas las cartas para ser elegido como el adversario del Gobierno", planteó el politólogo.
Consultado por la sostenibilidad a futuro de un modelo de relación con las provincias basado en amenazas y quita de fondos, Cruz afirmó que "la idea de confrontar diariamente con un nuevo adversario, en estas condiciones, parece plantear muchas dificultades para los cuatro años de mandato restantes. Creo que cuando empiece a caer la imagen del presidente, el gobierno va a tener que buscar acuerdos".
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