Resumen Latinoamericano, 31 de marzo de 23024
El gobierno, la derecha, los pacos, los ratis, los fiscales, los jueces… y tantos más tienen una idea fija: hay que enterrar el asunto del abogado Hermosilla con el menor dolor posible. No resultará difícil. Tienen experiencia. Hasta que, de nuevo, quede en evidencia que son todos narcos.
“Narco”, interprétese en un sentido un poquito más amplio: como los sostenedores de un régimen corrupto, criminal y fallido. Los que no lo hacen, lo encubren, y los que lo encubren, hacen otras cositas malas.
Por ejemplo, el director general subrogante, tras la salida Sergio Muñoz de la jefatura de la PDI, Claudio González, ofició instructor de torturas; los “voluntarios” de los “ejercicios” eran también alumnos de la Escuela de Investigaciones. Junto con Muñoz, González encubrió las responsabilidades de sus subordinados en el baleo a la detective Danitza Araya, durante el levantamiento popular de 2019, y en el asesinato de la subprefecta Valeria Vivanco.
Pero eso, por lo visto, son detalles. Al fin y al cabo, González es la primera antigüedad de tan augusta institución.
¿Y qué pasa con Muñoz?
Gracias Ciper ya tenemos una idea inicial de qué secretos traspasó al operador transversal Luis Hermosilla. Los mensajes intercambiados desmienten que la iniciativa partiera del abogado.
Al contrario, los mensajes demuestran que fue Muñoz, entonces jefe de inteligencia de la policía el que trataba de quedar bien con el gobierno de Piñera.
Las principales comunicaciones de Muñoz tienen que ver con los negocios truchos del entonces presidente con el proyecto Dominga y sus tratos corruptos con los empresarios del juego, el grupo Enjoy. También advertía de diligencias en contra de estrechos colaboradores de Piñera, como el ex alcalde y ex intendente Felipe Guevara, el acalde ladrón de Vitacura, Raúl Torrealba.
En los intercambios, Muñoz se muestra solícito y un poquito arrastrado ante su poderoso contacto, como cuando le pide a Hermosilla si le puede hacer gancho con el entonces canciller Andrés Allamand para conseguir un puesto en la Interpol (¡cuántos viáticos!). Hermosilla accede a la petición; Allamand, como siempre, fracasa en las gestiones: un policía de Trinidad y Tobago se queda con el cargo codiciado por Muñoz.
Todo esto indica que estamos sólo ante una hebra de una trama criminal mayor.
Pero nadie la investigará. Nadie allanará la casa de Andrés Chadwick o incautará los cuadernos Torre de su primo, el finado Sebastián Piñera.
Eso lo saben en el gobierno, preocupado, por lo pronto, de preservar la imagen falsa del ex mandatario como “demócrata de primera hora”. Eso es parte de los acuerdos con la derecha. Y esos no se tocan.
Por eso, Hermosilla está protegido. Él es sólo “testigo” en esta investigación. Muñoz mismo va a zafar bien: los delitos que se le imputan no lo van a llevar a la cárcel. Ni cerca.
La Moneda, luego de la histeria inicial, también se siente más tranquila con la situación del otro jefe policial criminal, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, acusado de delitos de lesa humanidad.
Eso, para el gobierno, es mucho menos grave que las infidencias de su colega Muñoz. Sólo son vidas humanas, ojos cegados para siempre, golpes y torturas. Eso es aceptable.
Pero, en medio de la confusión, el ministro de Justicia, Luis Cordero, deslizó que Yáñez podría renunciar por su propia voluntad, luego de una “reflexión” sobre “el bien de la institución”. El intento fue rápidamente fue neutralizado. Demasiado ingenuo.
El propio presidente de la República, en un frenético discurso ante una obra en construcción en Maipú -la ceremonia celebraba “el reinicio” de los trabajos de una futura comisaría- respaldó al asesino Yáñez.
Esa decisión podría parecer incauta, considerando que en un mes y medio más Yáñez deberá presentarse ante la justicia en una audiencia de formalización. ¿Por qué no terminar con este problema cuánto antes?
La respuesta es fácil. Todos se protegen, todos se encubren.
El plan de Yáñez -y del gobierno- consiste en dilatar el procedimiento lo más posible. Sus abogados presentan todo tipo de recursos y apelaciones cuando éstos son denegados. Además, se siente protegido por la legislación de impunidad promovida por el gobierno de Boric, la llamada ley Naín Retamal.
Y en caso de que todo falle, siempre tiene una carta ganadora: que el Tribunal Constitucional suspenda todo el procedimiento en su contra.
¿Esa idea de dónde la sacó?
Usted ya lo adivinó, experimentado lector, preclara lectora. Fue la estrategia empleada por Luis Hermosilla para frenar la investigación en contra de Héctor Espinosa, el corrupto antecesor de Sergio Muñoz como jefe de la PDI.
Así, por lo bajo, Yáñez aguanta hasta octubre, cuando termina regularmente su período como general director.
Mientras tanto, todos van tapando todo.
FUENTE: Diario Revolucion
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