El 10 de abril fue uno de los días más duros que se han vivido en Europa en los últimos tiempos en lo que se refiere al panorama migratorio. El Parlamento Europeo emitió su voto final sobre el Pacto Europeo sobre Asilo y Migración. Un pacto que, sin duda, aumentará la detención arbitraria y complicará los procedimientos para acceder a la protección sin garantizar el acceso a asistencia legal.
Este pacto se presentó a la ciudadanía siempre como una iniciativa que tenía la intención de establecer un marco sólido y estable para la gestión común de los flujos migratorios, la identificación de la solidaridad como un valor fundamental y la inclusión de medidas para la integración efectiva de los refugiados, garantizando la protección de los derechos humanos de los migrantes y refugiados.
También como un compromiso que no lograba el ideal, pero que era necesario que fuera alcanzado antes de llegar a las elecciones europeas. El objetivo de esto último era reforzar la unidad de la UE y que la extrema derecha no entrara en juego, utilizando la migración como un arma política. De nuevo, recurriendo al argumento del miedo.
Nada más lejos de la realidad. El nuevo pacto no solo no ha alcanzado estos objetivos, sino que impulsa un uso generalizado de los procedimientos fronterizos que no hará sino aumentar las violaciones de los derechos humanos, cuestionando la nada clara solidaridad entre los Estados miembros. La presión sobre los Estados en las fronteras exteriores seguirá en aumento.
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¿Quiénes somos?
Muchos sectores de la sociedad llevan años planteando políticas y reformas que pongan en el centro a las personas. Sin embargo, este pacto no hace sino focalizarse en medidas cortoplacistas y confirmar las deficiencias existentes (como el sistema de Dublín) y empeorar otras (como con los procedimientos fronterizos y la detención).
Desde JRS Europe –Jesuit Refugee Service–, una asociación de protección a los refugiados integrada por 23 oficinas nacionales, ya han reiterado su oposición a este pacto: no pueden respaldar un sistema que permitirá la detención sistemática de miles de personas, incluidos niños, en las fronteras exteriores de la UE.
La legislación propuesta aumentará exponencialmente el sufrimiento de las personas sin ofrecer soluciones reales para las deficiencias del sistema actual.
¿Qué significa este acuerdo?
La implementación del pacto presentará considerables desafíos legales y operativos. Preocupa el riesgo de detención arbitraria y automática. Los procedimientos fronterizos están diseñados para limitar la libertad de movimiento de las personas, pero eso no significa detención automática. La detención siempre debe ser una medida cuando ya no se tiene otro recurso posible.
Además, la decisión de detener a alguien siempre debe evaluarse individualmente y solo considerarse si no son posibles otras medidas menos coercitivas. Las autoridades también deben evaluar siempre si el uso de una medida tan perjudicial es proporcional al objetivo que desean lograr. Ahora es importante asegurarse de cómo los planes de implementación de los Estados miembros garantizarán que estas salvaguardias se cumplan en la práctica.
Las personas se encontrarán en procedimientos muy complicados, a menudo detenidas, sin una adecuada asistencia legal. El pacto solo garantiza asesoramiento legal en la primera fase del procedimiento de asilo. Esto no es lo mismo que tener un abogado que brinde ese asesoramiento legal adaptado a las circunstancias individuales de cada persona.
Tener un abogado cualificado es crucial para garantizar que se respeten los derechos de las personas detenidas. Sin embargo, solo unas pocas personas tienen acceso a abogados. El pacto solo empeorará esta situación. Los planes de implementación deberán garantizar, como mínimo, que las personas retenidas en lugares para el proceso de selección y fronterizo puedan recibir visitas efectivas de abogados y representantes de la sociedad civil.
Finalmente, no está claro que el mecanismo de solidaridad del Pacto sea suficiente para garantizar el compromiso de todos los Estados miembros de la UE de compartir la responsabilidad de proteger a los refugiados.
Los países de la UE en primera línea de entrada seguirán siendo primeramente responsables de examinar las solicitudes de asilo, mientras que no hay obligación y pocos incentivos para que los Estados miembros que no están en las fronteras reubiquen a los solicitantes de asilo. Además, la solidaridad también puede expresarse con contribuciones financieras a terceros países.
Esto se alinea con la preocupante tendencia de llegar a acuerdos con países donde el respeto de los derechos humanos presenta serias dudas, en un intento de reducir las llegadas a Europa.
Los planes de implementación deben fomentar el uso de la reubicación como medida de solidaridad y, como mínimo, especificar reglas claras, modalidades y mecanismos de responsabilidad para tales contribuciones a terceros países.
¿Cuáles son los próximos pasos?
Una vez que el Consejo apruebe formalmente el paquete, las leyes entrarán en vigor tras su publicación en el Diario Oficial. Entonces, la Comisión y los Estados miembros tendrán que preparar sus planes de implementación. Se espera que los reglamentos empiecen a aplicarse dentro de dos años.
En cuanto a la directiva sobre las condiciones de acogida, los Estados miembros dispondrán de dos años para introducir los cambios en sus legislaciones nacionales.
Ahora es tiempo de mirar al futuro. En este proceso de aplicación de los cambios en las legislaciones nacionales y en una mirada a medio plazo, será importante:
– Velar por que los planes de implementación de los Estados miembros garanticen que las salvaguardas se cumplan en la práctica.
– Garantizar, como mínimo, que las personas retenidas en lugares para el proceso de selección y fronterizo puedan recibir visitas efectivas de abogados y representantes de la sociedad civil.
– Fomentar el uso de la reubicación como medida de solidaridad y, como mínimo, especificar reglas claras, modalidades y mecanismos de responsabilidad para tales contribuciones a terceros países.
– Hay que seguir trabajando por una Europa que respete los derechos humanos, especialmente en las fronteras, garantizando vías seguras y legales y mecanismos de solidaridad compartida para una acogida digna y que ponga fin a la externalización de fronteras.
– Será necesario impulsar programas y políticas que ayuden a las personas a sumar e integrarse dignamente en nuestras sociedades diversas.
Es necesario que las organizaciones sociales permanezcan al lado de las personas migrantes y refugiadas y que se luche por un Sistema Común Europeo de Asilo que esté a la altura de su nombre, enraizado en los valores fundacionales de la UE.
Alberto Ares Mateos. Profesor e investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM), Universidad Pontificia Comillas
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