Aldo Álvarez
Debemos aceptarlo con claridad y sin eufemismos. En este país amplias zonas de barrios, ciudades, colonias, cantones y hasta caseríos, de un número de departamentos y municipios, grupos pandilleriles o “maras”, ejercen algún tipo de control territorial en forma más directa que el Estado mismo, o dicho en otras palabras, adonde el Estado está ausente.
En estos territorios, ellos de alguna manera controlan el tráfico de drogas, armas y últimamente hasta productos comerciales varios, que ellos mismos venden. En estas “tierras de pandillas” ocurren muchísimos hechos de violencia, pero la gran mayoría de ellos, especialmente los más graves como los asesinatos, violaciones, extorsiones y narcotráfico, no suelen ser resueltos por las autoridades, esto es, que no se encuentran y capturan a los culpables de los mismos y se les aplica la ley. Ya las autoridades no son capaces de resolver tales casos, y por tanto tales zonas se han vuelto también bastiones de la impunidad. Ausente la justicia, pero presente la “mara”.
El actual gobierno –quién heredó por supuesto el problema ya casi plenamente desarrollado- se encuentra en la imposibilidad de poder resolver el mismo y de recuperar territorios, y como respuesta al plan de la policía comunitaria, su “estrategia” de solución a dicho problema, ha recibido una andanada de ataques y asesinatos a policías sin precedentes.
Hoy en día, ahí adonde el Estado está ausente, la mara está presente. Ello les ha permitido crear economías paralelas, sistemas tributarios paralelos, “servicios de seguridad” a los habitantes de estos territorios, redes de distribución comercial, y hasta el apoyo a sus propios “negocios comerciales” por parte de dichos habitantes.
Es claro que los gobiernos desde Cristiani hasta Saca, no comprendieron a cabalidad lo que estaba pasando ni la naturaleza del problema, pues con sus políticas erróneas no sólo no resolvieron el problema, sino que lo potenciaron y estos grupos pasaron de fortalecerse, a incursionar en el narcomenudeo, en el sicariato, en prestar servicios al crimen organizado, en convertirse en crimen organizado, hasta convertirse en controladores del tráfico por el país de la droga que va para el norte, habiendo mutado a una especie de “narcomaras”.
Estos grupos ya se atreven a desafiar abiertamente el poder del Estado, controlan pues amplias zonas del país, están bien armados, hablan su propio lenguaje, tienen un altamente efectivo sistema de “recaudación tributaria” (el que no paga se muere), y como ellos son el poder territorial y mandan, hasta deciden si le endosan o no el apoyo a alcaldes de ciertos municipios, negocian “treguas” y hacen que candidatos a la presidencia les busquen para llegar a “entendimientos” sobre temas relativos a las elecciones (como dejar de orientar el voto por determinado partido político); deciden qué fuerzas políticas hacen campaña en “sus dominios” y cobran por ello, es decir el poder político del Estado está ausente, pero la “mara” está presente.
El gobierno de Funes no entendió tampoco mayormente la naturaleza del problema, y no tuvo una clara política criminal de Estado, y aunque no inició el problema durante su gestión, no hizo lo adecuado para resolverlo, y lejos de eso la “estrategia” de fomentar la “tregua” entre pandillas, lo que hizo fue fomentar más la “territorialización” de estos grupos y por ello aunó a un más amplio y fuerte control de “sus dominios”. Fue al final un elemento que coadyuvó a su fortalecimiento más que a su debilitamiento, tal como en su día lo hicieran las fracasadas políticas de “mano dura” y “mano súper dura”, que hicieron de las cárceles del país sus “estados mayores conjuntos”.
Habiendo llegado a esta calamitosa realidad, pues me pregunto yo: ¿Quién controla los territorios? ¿Quién tiene el poder efectivo en las cada vez más amplias y vastas zonas del país donde operan las pandillas? ¿Dónde está el poder y la autoridad del Estado en ejercer la autoridad y la fuerza en forma legal? ¿Ha fallado el Estado en su misión primordial de garantizar seguridad efectiva a sus ciudadanos? ¿Cuándo las bandas criminales se hicieron con el poder y la autoridad? ¿Es viable aun este Estado o ya colapsó y está a punto de fallar por completo en ejercer su función constitucional de brindar seguridad y Justicia? Las anteriores interrogantes son de fundamental importancia, pues si el actual gobierno tampoco pone en marcha una estrategia adecuada para resolver el problema estructural de fondo, sino se vuelve presente nuevamente como Estado en los “territorios ocupados”, y simplemente seguimos como vamos, sin dudas llegará un momento en que esta se volverá una especie de “Estado pandilleril”, porque ahí donde el Estado esté ausente, la “mara” estará presente.
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