Katherine Vega
Luz Stella Ramírez, la directora ejecutiva de la Confederación Nacional de Mineros, no está segura de cuántas personas se sumarán al paro que inicia el miércoles 18 de febrero, no porque sean pocas sino porque las personas afiliadas a su organización son más de 380.000. Su propósito con este paro: marchar por la formalización de la pequeña y mediana minería y el respeto por las personas que la ejercen.
Luz Stella Ramírez es la directora ejecutiva de la Confederación Nacional de Mineros (Conalminercol) y ha reiterado en medios de comunicación que las razones por las que saldrán a marchar son las mismas de los últimos años. "No estamos incluidos dentro de la ley; no hay un marco de ideas claras minero-ambientales; el decreto terrorista 2235 por el que nos queman la maquinaria y nos retienen sin un proceso constitucional como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso; y, el Rucom (Registro Único para la Comercializadores de Minerales), que empezó a regir desde este año, donde prácticamente ninguno de nosotros clasifica", dice la Directora en entrevista con desdeabajo.
Actualmente, la ley 1450 de 2011 en su artículo 112 establece las "Medidas de control a la comercialización de minerales"; el artículo resalta la importancia de contar con las licencias ambientales y ser parte de la lista de los titulares mineros publicada por Ingeominas. Si no garantiza esto, les decomisan el mineral y deberán pagar una multa.
Esta ley es el dolor de cabeza de los pequeños y medianos mineros. Ellos no cuentan con licencias ambientales y mucho menos aparecen en las listas de Ingeominas. Dolor que aumenta, con los decretos 2235 y 2261 de 2012. Por eso, han intentado y siguen intentando que su trabajo se formalice, para que las personas que dependen de la minería puedan trabajar tranquilas.
Según Ramírez, son tres los acuerdos firmados con el Gobierno para lograr la formalización. El primero fue alcanzado en el año 2011, donde les pidieron la georreferenciación de cada minero, pero afirma, que los datos fueron usados para hacer operativos en contra de ellos.
El segundo data del 2012, firmado en la sede del Ministerio de Minas y Energía. Ellos le propusieron al Gobierno realizar un laboratorio de formalización minera como prueba piloto. Sin embargo, la prueba lleva dos años, y ningún minero está formalizado.
El tercero fue logrado en el año 2013 con el paro nacional suscitado por el decreto 2235. Ese paro fue levantado gracias a que el Gobierno se comprometió a llevar al Congreso un proyecto de ley para crear un estatuto de pequeña y mediana minería con calidad de urgencia –por lo que se aprobaría en seis meses–. Pero, afirma Ramírez, "no está ni el borrador".
Por esos incumplimientos siguen vinculados por el gobierno en el grupo de la minería ilegal y la principal característica que les atribuyen es que colaboran con grupos armados ilegales. Frente a eso, la Directora afirma, "Nosotros no vamos a tapar el sol con un dedo. Si hay criminales, como dice el Gobierno dentro de la minería, que los persigan, los atrapen y los condenen. Pero la minería en nuestro país no es un delito".
Para ella se trata de un error en la asignación de roles: el Gobierno los califica como criminales, pero realmente están en medio de todos los actores, "Lo que somos es víctimas. Nos persiguen los distintos grupos guerrilleros, los llamados paramilitares y los que denominamos 'Águila verdes', que es la Fuerza Pública. Como en cualquier parte, hay gente corrupta y ellos también nos vacunan. Y como no tenemos protección o un ejército o un batallón, o una estación de policía dentro de nuestras minas –como sí las tienen las distintas multinacionales que en este momento están operando en nuestro país– obviamente estamos expuestos".
La legalización de la minería informal parece un sueño. Desde 1993, en el gobierno de César Gaviria fue planteada la propuesta. Con el gobierno de Ernesto Samper, en 1994, se intentó legalizar a 4 mil mineros, y solo se presentaron 566 solicitudes en todo el país, de las cuales, no se sabe cuántas lograron aprobación.
Durante el gobierno de Andrés Pastrana se habló sobre formalización como una obligación. En ese tiempo nacieron iniciativas prometedoras pero finalmente no funcionaron. En el periodo de Álvaro Uribe Vélez aumentaron las solicitudes para adquirir títulos, pero surgió una gran tensión porque las empresas se quedaron con los permisos en las zonas en que los pequeños y medianos mineros estaban trabajando.
Por su parte, Juan Manuel Santos le ha apostado a la asociación de mineros y empresas, para que las compañías tengan el control del área donde tienen títulos y los pequeños y medianos mineros logren acceder a todos los beneficios de la formalización. Pero ellos afirman que no son contratos que les beneficie.
Para la directora de Conalminercol, la explicación del incumplimiento por parte del Gobierno es obvia. "Aquí existe un plan minero energético 2019 donde dice que Colombia debe ser minera sin cambiarle la vocación agrícola. Por eso le entregaron a las multinacionales cinco millones de hectáreas en contratos para que las empiecen a formalizar. En las áreas que entregaron estamos nosotros. Entonces, nos hemos convertido en un estorbo".
Ellos están dispuestos a cumplir con su objetivo, a pesar de los obstáculos presentados y que seguramente seguirán. Por eso, no cabe duda que el paro continúa y es posible que se extienda, pues si el Gobierno Nacional no plantea propuestas y no demuestra que las va a cumplir, el conflicto entre los pequeños y medianos mineros, y las políticas en boga, no terminarán de la mejor manera.
"A medida que ellos van avanzando (las multinacionales) no solamente la pequeña y mediana minería, y los mineros artesanales, sino también las comunidades indígenas y los afros, se están oponiendo. Obviamente, nosotros tampoco nos vamos a dejar desplazar. Este es nuestro oficio.", concluyó Ramírez.
http://www.desdeabajo.info/colombia/item/25883-en-colombia-pequenos-mineros-en-paro.html
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