La medida, que rompe la promesa de campaña del presidente Juan Carlos Varela de no subir los impuestos durante su administración, fue rechazada por una mayoría de la población, y calificada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá como un exabrupto.
"Este es un problema serio que necesita una solución genuina y no parches cada cierto tiempo", afirmó el presidente del gremio, José Luis Ford, quien también reconoció que el asunto atañe a todos por igual.
Socialmente es justo el incremento a los jubilados y pensionados porque cumplieron su deber cívico de trabajar por nuestro país, pero debió hacerse un análisis minucioso de la propuesta, pues la respuesta no es sufragarlo con un impuesto que afecta a todos, expresó.
Para este empresario, como para muchos otros, un aumento en el combustible generaría una reacción en cadena, porque todo lo que dependa de este rublo se impactaría y traería consigo una elevación del costo de la vida.
Según el ministro Consejero, Temístocles Díaz, actualmente la baja del costo del petróleo representa un ahorro nacional de mil millones de dólares, lo que permite transferir el 10 por ciento de esa reserva al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
"Aprovechemos este momento para cubrir las áreas donde tenemos déficit, si el petróleo vuelve a subir, la redistribución del ahorro vía impuesto tiene que desaparecer", sugirió Varela, quien debió enrumbar su propuesta luego del rechazo popular.
Actualmente el IVM presenta un déficit de 12 mil millones de dólares que el Estado no podrá sufragar, por ello resulta necesario que la ciudadanía tome conciencia que "la solución debe salir de nosotros mismos, porque no sabemos cuánto puede dar el Canal ampliado", aseguró Díaz.
Entre las opciones que se estudian para resolver el incremento a los jubilados y pensionados sobresalen los fondos provenientes del Canal de Panamá, el aumento de impuestos a bebidas alcohólicas, cigarros y casinos, y el recorte a los subsidios estatales.
De acuerdo con Ford, esta última propuesta representaría un costo político muy alto, "pero todos debemos estar consciente que algo debemos perder, sobre todo cuando hoy se entregan ayudas a personas que no lo necesitan".
Cálculos oficiales estiman en cerca de 20 mil millones de dólares el monto que eroga el Estado por concepto de pago de subsidios eléctrico y de gas.
Dentro de las otras alternativas que se barajan, están la reducción de los gastos, modificación de la edad de jubilación (hoy es de 57 años las mujeres y 62 los hombres) o de las cuotas que se aportan, todas ellas con un grado muy alto de impopularidad.
Pero mientras los jubilados se debaten entre la justicia y la polémica, lo cierto es que desde 2011 no reciben aumentos, y el dinero recaudado por el IVM (cerca de cuatro mil 500 millones de dólares) no será suficiente para 2024, aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia.
Actualmente el sistema de pensiones es sostenido parcialmente por el Estado, al transferir 140 millones de dólares anuales al IVM y cerca de 410 millones a la Caja del Seguro Social (CSS).
El debate sugerido por el economista Even Chi Pardo, exdirector de Planificación de la CSS, ya es una realidad en la sociedad panameña, porque al igual que él muchos piensan que una década "no es un plazo tan largo y más cuando se trata de un tema como las pensiones".
Por lo pronto, el mayor aumento de los últimos años, en tanto alcanza al 80 por ciento de los panameños pensionados y jubilados, ya fue anunciado y deberá entrar en vigor el venidero 1 de abril pese a las polémicas y a la ausencia de una fuente segura de financiamiento.
acl/npg
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