La pena capital no es una solución y mucho menos lo sería en manos de nuestro sistema judicial.

Ernesto Rivas Gallont

El crimen y la violencia, tienen seriamente preocupados a los ciudadanos. De hecho, se oyen sugerencias radicales que, según sus proponentes, terminarían con el flagelo que amenaza terminar con el país.

Algunas de estas sugerencias toman forma de comentarios anónimos en la prensa escrita y medios sociales; otros en cuentas de Twitter, Facebook, Instagram, etc., otros en pasillos secretos del legislativo (y seguramente del Ejecutivo), y aun otros en declaraciones de prensa o artículos de opinión.

En Guatemala, no es raro leer que ladrones y otros criminales son linchados por pobladores de comunidades, normalmente alejadas de las urbes nacionales. “La justicia en manos del pueblo” dicen.

Años atrás, en San Miguel se organizaron grupos de exterminio que se conocieron como La Sombra Negra. Estos grupos, armados con armas de grueso calibre, llevaron a cabo asesinatos de asesinos, por ellos identificados. De cuando en cuando escuchamos propuestas que grupos de exterminio deben resurgir, esta vez más organizados y a nivel nacional.

Mano ultradura, es decir, más firme que las manos duras y superduras de gobiernos de ARENA, significa que las autoridades de seguridad instituirían “cero tolerancia”. Vaya usted a saber lo que en realidad eso significa.

La pena de muerte. Este es el último castigo del que no hay regreso y la impaciencia llega a punto que muchos, incluyendo personajes políticos como el diputado de GANA Francis Zablah y el General retirado, hoy candidato a diputado, Humberto Corado, son partidarios del regreso de la pena capital.

Todavía falta escuchar lo que proponga la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, que seguramente no incluirá ninguna de las propuestas ciudadanas, con excepción, talvez, de la mano ultradura (aunque seguramente no la llamarán así) o cero tolerancia, que podría proponer Rudolph Giuliani, las que entre todas las mencionadas son las únicas que revisten semblanza de legitimidad.

Los linchamientos y los grupos de exterminio, son primos-hermanos, aunque el primero los ciudadanos lo aplican públicamente y a la luz del día, pero ambos tienen como fin, terminar con los criminales, que no es lo mismo que terminar con el crimen.

Amnistía Internacional califica la pena de muerte como “La forma más extrema de negación de los derechos humanos. Es el homicidio premeditado y a sangre fría de un ser humano a manos del Estado y en nombre de la justicia”. Nosotros nos hemos pronunciado repetidamente en contra de la pena capital, porque no es una solución y mucho menos lo sería en manos de nuestro sistema judicial.

Hace algún tiempo, el diputado Sigifredo Ochoa Pérez aseguró que la situación de inseguridad que vive el país se ha desbordado, por lo que es urgente un mayor control de las autoridades. El parlamentario recordó a la extinta Guardia Nacional y enfatizó que si la misma estuviera activa “ya se hubiera acabado la criminalidad y las pandillas”.

Y no solo el coronel Ochoa, sino que varios de sus colegas de su y anteriores generaciones, como también de la vieja oligarquía, añoran por los cuerpos de seguridad, principalmente de la “benemérita” Guardia Nacional, de la época de los regímenes militares, que fueron disueltas por los Acuerdos de Paz.

La Guardia Nacional, fue un organismo de represión interna creado en 1912, bajo el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez. El método común para extraer “confesiones” de sus prisioneros era la tortura. Ana Guadalupe Martínez, del ERP, fue prisionera en la Guardia Nacional y describe en su libro Las Cárceles Clandestinas de El Salvador, las torturas a las que fue sometida.

Entre los crímenes más destacados de la Guardia Nacional, se encuentran:

28 de noviembre de 1978: El sacerdote Ernesto Barrera Motto, que realizaba labores de pastoral obrera en Ciudad Delgado, asesinado por la Guardia Nacional.

El 14 de mayo de 1980: Soldados de la Guardia Nacional asesinaron a aproximadamente 300 campesinos en las orillas del Río Sumpul en Chalatenango.

9 de julio de 1980 ejecución sumaria. San Pablo Tacachico, La Libertad: 31 Asesinados por Guardia Nacional.

Guardias nacionales violaron y asesinaron a cuatro mujeres religiosas el 2 de diciembre de 1980.

¿Será que Sigfredo Ochoa piensa que torturando y asesinando a los criminales lograremos acabar con ellos? Según Ochoa, la Guardia Nacional, fue un cuerpo incorruptible, “era una organización muy disciplinada, un cuerpo de seguridad militarizado como los carabineros de Chile o la guardia española, que se apoyaba de los comandos territoriales, los cuales informaban si había un sujeto que no era de esa zona para capturarlo y ponerlo a las órdenes de las autoridades”.

Vamos bien, Guardia Nacional, pena de muerte, sombras negras, linchamientos. Así no solo vamos a acabar con el crimen, sino que con todo el país. ¿Estado Islámico, dónde estás que no te veo?

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