Por kaos. América Latina
Se reactiva polémica por culpabilidad de Generales en Falsos Positivos | Publicado el día Jueves, 25 Junio 2015 Hoy más que nunca es inminente la responsabilidad de militares de alto rango en ejecuciones extrajudiciales. Así lo anunció la organización Human Right Watch -HRW- la mañana de este miércoles en un informe que sindica a 16 […]
| Publicado el día Jueves, 25 Junio 2015
Hoy más que nunca es inminente la responsabilidad de militares de alto rango en ejecuciones extrajudiciales. Así lo anunció la organización Human Right Watch -HRW- la mañana de este miércoles en un informe que sindica a 16 Generales como responsables por cerca de tres mil asesinatos de civiles, presentados como bajas guerrilleras en combate. Juan Manuel Santos salió en defensa de las Fuerzas Armadas mientras la Fiscalía anunció que se desarrollan investigaciones judiciales al respecto. ¿Superará el país la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales?
La antesala del informe de HRW fueron las declaraciones entregadas a los medios por el Fiscal General Eduardo Montealegre quien anunció que el General Mario Montoya, ex comandante del Ejército, junto a otros tres militares en retiro están siendo investigados por su participación en varios falsos positivos.
El informe
El texto presentado por HRW señala a los actuales comandantes de Ejército y Fuerzas Militares como responsables de numerosos casos. Este documento se construyó con base en las declaraciones del Coronel retirado Robinson González del Río, acusado de corrupción y falsos positivos.
De igual manera, la nota de prensa difundida por HRW asegura que la declaración fue analizada y contrastada con expedientes penales, testimonios de testigos, así como entrevistas con fiscales, testigos, familiares de víctimas y sus abogados, entre otras fuentes.
Este material se recolectó a pesar de que muchos casos de ejecuciones extrajudiciales son llevados por la justicia penal militar, lo que anuncia un importante grado de impunidad al respecto.
Los culpables
En el informe de HRW y la investigación de la Fiscalía General de la Nación se menciona al General Mario Montoya. Se le atribuyen por lo menos 44 ejecuciones cometidas por solados que se encontraban bajo su mando en el momento en que comandó el Ejército Nacional, entre 2006 y 2008.
Montoya fue sindicado por el excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano alias ‘Don Berna’ de haber coordinado directamente el desarrollo de la operación militar Orión ocurrida en 2003, cuando el militar comandaba la IV Brigada del Ejército: “Las fuerzas de autodefensa del Bloque Cacique Nutibara llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército”, anunció el paramilitar en una de sus versiones libres de Justicia y Paz.
La lista se hace cada vez más robusta. Al General Óscar González Peña, comandante del Ejército de 2008 a 2010, se le señala de conocer que soldados bajo su mando cometieron por lo menos 113 asesinatos de civiles que se presentaron como guerrilleros muertos en combate.
De igual manera, en el informe se anuncia que las investigaciones involucran al General Juan Pablo Rodríguez Barragán, líder de la IV Brigada que conoció las acciones en las que 28 personas fueron ejecutadas. Hoy en día, Barragán es el oficial de mayor jerarquía en Colombia: es el comandante de las Fuerzas Militares.
Por último, en el informe se afirma que 48 ejecuciones extrajudiciales fueron perpetradas por soldados de la Novena Brigada durante el período en el cual el General Jaime Lasprilla Villamizar fue primer mando. Lasprilla Villamizar comanda actualmente el Ejército Nacional.
La legitimidad de las Fuerzas Armadas y Santos
Lejos de manifestar solidaridad con las víctimas de los tres mil casos de asesinatos extrajudiciales o manifestar algo cercano o parecido a la duda, por aquello de esperar los resultados de las investigaciones judiciales, Santos dio un espaldarazo a las Fuerzas Armadas. En el acto de posesión del nuevo ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, el mandatario afirmó que defenderá la legitimidad de las Fuerzas Militares “hasta la tumba”.
No está de más recordar que el periodo en el cual Santos ejerció el cargo de ministro de Defensa del gobierno Uribe, se generó el primer escándalo de falsos positivos con impacto en la opinión pública. Entonces, el hoy presidente aseguró que se trataba de casos aislados, de “manzanas podridas” en las filas del Ejército.
Lo que parece olvidar el mandatario es que fue justo en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el que se presentó el pico más alto de este crimen de Estado. Según el abogado de la Corporación Jurídica Libertad Sergio Arboleda, las ejecuciones no son casos aislados ni atienden a comportamientos anormales de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, “toda vez que, según informe del Cinep sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia, se presentaron 5700 víctimas entre 2002 y 2014 siendo los años 2003 y 2004 los que marcan los picos más altos. En el caso del Batallón Pedro Nel Ospina, que presenta una cifra altísima de bajas a pesar de ser un cuerpo de ingenieros dedicado a la infraestructura y no a aspectos de combate, se evidenció que hay una empresa criminal en las Fuerzas Armadas. En el caso de ese Batallón, este año se imputaron cargos a toda su plana mayor por su responsabilidad en asesinatos extrajudiciales”.
Arboleda agregó que esta práctica sistemática tiene dos objetivos claros: Presentar resultados para afirmar que se está ganando la guerra contra la insurgencia, a costa del asesinato de civiles y ganar dádivas para los soldados.
Las afirmaciones de Arboleda permiten concluir que en una estructura tan rígida y organizada como las Fuerzas Armadas, los superiores deben conocer las acciones de sus subordinados. De no ser así, ¿no hubo nunca una pregunta de los comandantes a sus soldados sobre las denuncias insistentes o el abrupto salto en las bajas? ¿Hubo omisión entonces de parte de los líderes? ¿Nunca se enteraron de la avasallante realidad?
No obstante, Arboleda señaló que todas las esferas de las Fuerzas Armadas tenían conocimiento de estas prácticas y además las promovían al no intervenir: “Eso nos lleva a establecer relación entre hecho victimizantes y doctrina militar, que está diseñada para llevar acciones en contra no solo de fuerza insurgente sino de civiles también, respondiendo a la teoría del enemigo interno”.
Impunidad reinante
No es la primera vez que el país conoce casos de altos mandos de las Fuerzas Armadas involucrados en graves violaciones de derechos humanos. Según declaró el abogado Sergio Arboleda, se trata de un modus operandi de los comandantes militares: “Para las víctimas tiene distintas aristas que la Fiscalía esté investigando a militares de alto rango aunque saludan que después de 15 años de insistencia la justicia escuche sus llamados”.
Según Arboleda, el riesgo de que los casos pasen a jurisdicción de la Justicia Penal Militar sigue siendo alto luego de la aprobación de la ampliación en el Fuero Penal Militar. “Aunque la situación del General Montoya no es aislada, responde a una práctica que se desarrolla desde hace mucho tiempo en las estructuras de las Fuerzas Armadas. Esperamos que las investigaciones tengan un resultado satisfactorio para las víctimas”.
Hasta hoy, son pocos los fallos contra militares de importancia en la estructura de mando de las Fuerzas Armadas. La pregunta sobre si se llegará a un feliz término este primer anuncio de investigaciones sigue abierta, más aun cuando se hace en medio de las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-y se espera un pronto anuncio de los avances de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional –ELN-. La justicia tiene el reto de permitir que, en un nuevo momento de país, las víctimas sean tenidas en cuenta y que se conozca la verdad para empezar a caminar hacia la verdadera paz, que sin duda implica una revisión profunda de la doctrina militar y las Fuerzas Armadas en su conjunto.
“Los falsos positivos no fueron obra de unas cuantas manzanas podridas”: HRWPublicado el Miércoles, 24 Junio 2015
Estas son las seis razones por las que Human Rigths Watch (HRW) considera que es imposible que los generales y comandantes del Ejército no hubiesen visto las 3.500 ejecuciones extrajudiciales cometidas en 180 batallones.
La tragedia de los falsos positivos cobró relevancia en el país por los jóvenes desaparecidos de Soacha que fueron presentados como guerrilleros muertos en combates en Ocaña. Foto: archivo Semana.
Ante el elevado número de casos de ejecuciones extrajudiciales en las que miembros del Ejército presentaron como guerrilleros muertos en combate a cientos de civiles, esta organización no gubernamental extranjera concluye que hay “evidencias sustanciales de que los falsos positivos no fueron obra de unas “manzanas podridas”, sino que fueron cometidos por la gran mayoría de las brigadas en distintas regiones de Colombia a lo largo de varios años”. Y cuestiona que “cuanto mayor es la cantidad de asesinatos y más parecen responder a un patrón sistemático de ataques, menor es la probabilidad de que los superiores no supieran sobre ellos”.
Tras analizar expedientes penales, consultar declaraciones de testigos y entrevistar a más de 40 fiscales y familiares de las víctimas, HRW publicó un informe de 112 páginas en el que considera que “los comandantes de brigadas, batallones y otras unidades tácticas necesitaban adoptar una serie de acciones concretas, sin las cuales estos crímenes no habrían sido posibles”. Dentro de ellas determina tres procedimientos clave: la documentación oficial, la autorización para mover soldados y la autorización de pagos y premios. (Descargue el informe)
1. Hay órdenes de operaciones que propiciaron ejecuciones
Sobre el primer punto, el informe indica que en casi todos los casos de falsos positivos, los comandantes de brigadas o de unidades tácticas emitieron “órdenes de operaciones”, los cuales son documentos donde el Ejército autoriza operativos militares y se imparten instrucciones a las tropas sobre dónde, cómo y contra quiénes deben actuar. “Las órdenes de operaciones y las misiones tácticas fueron esenciales para que hubiera casos de falsos positivos, debido a que proveían el fundamento para que los soldados se movilizaran hasta las zonas donde cometieron las ejecuciones, y daban sustento al señalamiento de que las ejecuciones ocurrieron en el marco de una operación dispuesta legalmente”, señala.
2. Las movidas de tropas fueron claves para los falsos positivos
En cuanto al traslado de tropas, ahonda que para la comisión de falsos positivos fue necesaria una importante movilización de los soldados, primero para detener o reclutar a las víctimas, y luego para ejecutarlas en otros sitios. HRW reseña los testimonios de varios militares procesados por estos asesinatos, los cuales “sugieren de manera contundente que, en numerosas instancias, para la movilización de soldados fue necesaria la autorización de los comandantes de unidades tácticas y/o brigadas”; y como ejemplo presenta el de un soldado del Batallón Efraín Rojas Acevedo quien declaró que los soldados no podían trasladarse sin la autorización del entonces comandante del batallón, el coronel Óscar Orlando Gómez Cifuentes.
3. Los pagos de recompensas y premios llevaban la firma de los comandantes
Respecto a los pagos y los premios que recibieron los uniformados por las supuestas bajas que le dieron a las guerrillas en combate, el informe apunta que diversos testimonios de testigos, investigaciones judiciales y documentos militares, “sugieren de manera convincente que los pagos efectuados a informantes en casos de falsos positivos exigían la autorización de comandantes de brigadas y batallones”.
Y para argumentar lo anterior reseña un caso ocurrido el 17 de marzo de 2008, cuando “el entonces comandante de la Octava Brigada, el General Emiro José Barrios; el entonces segundo comandante de la brigada, el General Jorge Enrique Navarrete Jadeth; y el entonces comandante de la BCG N.º 57, el Mayor Josué Linares, firmaron todos un documento en el cual certificaban el pago de 2 millones de pesos (USD 1.000) a un informante por “la muerte en combate de dos (02) terroristas”49. La Fiscalía posteriormente demostró que los “terroristas” eran en verdad civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados en una ciudad cercana”.
4. Crímenes cometidos a gran escala
Además de esos tres puntos en particular, HRW reseña varios hechos que les debieron permitir a los encargados de las compañías militares enterarse de las ejecuciones extrajudiciales que cometieron los hombres que tenían bajo su mando.
Uno de ellos es la comisión de estos crímenes a gran escala, de los cuales, según el informe, hay evidencias convincentes de que numerosas unidades tácticas y brigadas fueron individualmente responsables de múltiples casos de falsos positivos. “Algunos ejemplos son la Décima Primera Brigada, cuyos soldados están siendo investigados en relación con al menos 214 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2004 y 2008, y el Batallón Juan José Rondón, de la Décima Brigada, cuyos soldados están siendo investigados en relación con al menos 60 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2003 y 2008”, indica.
5. Fueron ejecuciones sistemáticas
A este organismo de derechos humanos también le llama la atención la sistematicidad con la que se cometieron los asesinatos de civiles, puesto que hay casos en distintas regiones del país que ocurrieron en similares circunstancias; el modus operandi con el cual soldados o reclutadores civiles engañaron a las víctimas para que fueran a determinados sitios donde fueron asesinadas; el perfil de las víctimas que en su gran mayoría eran personas que vivían regiones apartadas y pertenecían a sectores marginados de la población; y las presiones que los superiores ejercían sobre sus tropas para que obtuvieran bajas en combates, y sus consecuentes premios traducidos en días de descanso o cursos de formación.
6. No hicieron control sobre graves irregularidades
Por si todo esto fuera poco, HRW considera que al recibir los informes sobre las supuestas bajas de guerrilleros en combate, los comandantes de las unidades militares debieron percatarse de grandes irregularidades en los supuestos operativos y sospechar que éstos en realidad fueron ejecuciones extrajudiciales. Resalta la falta de control para evitar estos hechos.
Las más notorias son que las armas que los soldados declararon haber encontrado tras los combates “con frecuencia no eran del tipo que los grupos armados utilizan habitualmente contrala fuerza pública (como por ejemplo, pistolas y revólveres), e incluso armas que ni siquiera funcionaban, conforme indicaron fiscales y se expresa en el testimonio ofrecido por autores de estos hechos”. También la ubicación y la función de las unidades militares, puesto que algunas que se encontraban en regiones sin presencia guerrillera o que debían hacer controles territoriales o proyectos de ingeniería, terminaron reportando civiles como muertos en combate.
Otra evidente irregularidad que no fue advertida es que delincuentes comunes y extorsionistas fueron presentados como muertos en combate, cuando es la Policía quien tiene la función de lidiar con éstos. “Las estadísticas oficiales muestran que, entre 2004 y 2007, la cantidad informada de delincuentes comunes muertos en operaciones militares a manos del Ejército aumentó un 1.200 por ciento, y ascendió a 325 muertes. Llamativamente, en 2007 el Ejército informó casi 100 casos más de muertes en combate de delincuentes comunes que de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más numerosa de Colombia”, advierte el informe
Por todas estas razones, HRW realiza fuertes cuestionamientos sobre el papel de los comandantes de las tropas, pues considera que es “improbable que soldados rasos puedan haber engañado en forma reiterada a tantos comandantes, y en tantos casos, durante un período tan prolongado”.
A continuación VerdadAbierta.com presenta las ejecuciones extrajudiciales que les son atribuidas a once brigadas del Ejército entre los años 2002 y 2008, sugún el informe:
EL ROL DE LOS ALTOS MANDOS EN FALSOS POSITIVOS
Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles
Resumen Informe Human Rights Watch 2015
Entre 2002 y 2008, la ejecución de civiles por brigadas del Ejército fue una práctica habitual en toda Colombia. Soldados y oficiales, presionados por superiores para que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas en la guerra contra la guerrilla, se llevaban por la fuerza a sus víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de empleo, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos. Estos casos de “falsos positivos”, cometidos a gran escala durante siete años, constituyen uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas ocurridos en el hemisferio occidental en las últimas décadas.
En septiembre de 2008, el escándalo mediático sobre la ejecución por soldados de hombres jóvenes y adolescentes de Soacha, un suburbio de Bogotá, influyó en que el gobierno se viera obligado a adoptar medidas serias para frenar estos delitos, incluido el pase a retiro de tres generales del Ejército. La Fiscalía General de la Nación investiga actualmente más de 3.000 presuntos casos de falsos positivos atribuidos a militares. Más de 800 miembros del Ejército, en su mayoría soldados de rangos inferiores, han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre 2002 y 2008. Entre los condenados hubo unos pocos ex comandantes de batallones y de otras unidades tácticas, pero ningún oficial al frente de brigadas o que ocupara una posición superior en la línea de mando al momento de los delitos. De los 16 generales del Ejército activos y retirados que están siendo investigados, ninguno ha sido acusado formalmente.
El presente informe ofrece la descripción más detallada que se haya publicado hasta el momento sobre investigaciones penales de tropas de numerosas brigadas y batallones específicos responsables de gran cantidad de presuntos falsos positivos, expone las evidencias—ahora sustanciales—de que altos oficiales del Ejército serían responsables por muchas de las ejecuciones y evalúa los obstáculos que hasta el momento han impedido que tales oficiales rindan cuentas por su actuación. El informe se elaboró a partir de nuestra extensa consulta de expedientes penales, sentencias judiciales y datos relativos a investigaciones de la Fiscalía sobre falsos positivos; testimonios de testigos que en gran parte no habían sido previamente publicados; y entrevistas que mantuvimos con más de 40 fiscales, testigos, familiares de víctimas y abogados, entre otros.
Nuestro análisis del trabajo impulsado por la Fiscalía muestra que fiscales han identificado más de 180 batallones y otras unidades tácticas, adscritos a 41 brigadas, que operaban bajo el mando de las siete divisiones que tenía entonces el Ejército, y que presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. En estos casos, los patrones sugieren de manera convincente que comandantes de unidades tácticas y brigadas responsables de una cantidad significativa de falsos positivos, al menos sabían o deberían haber sabido sobre las ejecuciones, y por lo tanto podrían ser penalmente imputables debido a su responsabilidad de mando. El presente informe analiza a 11 de estas brigadas y muchas de las unidades tácticas específicas que operaban como parte de estas y estuvieron implicadas en las ejecuciones.
Algunos de los comandantes de esas 11 brigadas posteriormente ascendieron a los niveles más altos de la línea de mando militar. Por ejemplo, datos de la Fiscalía indican que fiscales estarían investigando (1):
Al menos 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General retirado Mario Montoya estuvo al mando. Montoya fue comandante del Ejército Nacional de 2006 a 2008;
Al menos 113 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General (r) Óscar González Peña estuvo al mando. González Peña fue comandante del Ejército Nacional de 2008 a 2010;
Al menos 28 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General Juan Pablo Rodríguez Barragán estuvo al mando. Como actual comandante general de las Fuerzas Militares, Rodríguez Barragán es ahora el oficial militar de mayor jerarquía en Colombia, y supervisa los tres cuerpos de estas fuerzas, incluido el Ejército; y
Al menos 48 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Novena Brigada durante el período en el cual el General Jaime Lasprilla Villamizar estuvo al mando. Lasprilla Villamizar es ahora comandante del Ejército Nacional.
Human Rights Watch también identificó testimonios de testigos y expedientes de fiscales donde se nombraba a tres de estos oficiales de alto rango, además de otros generales y coroneles, que supuestamente sabían de, planificaron, ordenaron o facilitaron de otro modo los falsos positivos. Sus posiciones jerárquicas en el momento de los delitos incluían las de comandantes de batallones, brigadas y divisiones, así como un comandante del Ejército Nacional. Efectivamente, las ejecuciones extrajudiciales aparentemente generalizadas y sistemáticas cometidas por soldados de casi la totalidad de las brigadas en cada división de Colombia abonan la conclusión de que los más altos niveles de mando del Ejército deberían, al menos, haber sabido de las ejecuciones, e incluso podrían haberlas ordenado o facilitado activamente su comisión.
Nuestra investigación demuestra asimismo que los fiscales que investigan casos de falsos positivos enfrentan graves obstáculos, que van desde la falta de cooperación con las investigaciones por parte de autoridades militares hasta amenazas y ataques a testigos clave. A su vez, numerosos casos siguen bajo la jurisdicción de la Justicia Penal Militar. Esto atenta contra la posibilidad de justicia, ya que tradicionalmente el personal de la Justicia Penal Militar ha garantizado la impunidad para estos delitos, y hasta hoy carece de independencia y credibilidad.
También se han producido deficiencias dentro de la Fiscalía, incluido un volumen de expedientes que algunos fiscales han calificado como abrumador. Asimismo, los casos correspondientes a la misma unidad del Ejército en general se distribuyen entre distintos fiscales, lo cual impide que puedan llevar adelante el tipo de investigación contextualizada y sistemática que resulta necesaria para identificar a los responsables de alto rango. Funcionarios de la Fiscalía indicaron que han comenzado a adoptar medidas para resolver estos problemas internos.
A siete años de que trascendiera el escándalo sobre los falsos positivos, existen abundantes evidencias que indican que son muchos los oficiales de alto rango del Ejército que tienen responsabilidad por lo sucedido, y es vital que el gobierno realice acciones más enérgicas para asegurar que rindan cuentas. Algunos pasos importantes son disponer que las autoridades militares cooperen con investigaciones sobre falsos positivos, asignar suficientes fiscales para que impulsen tales investigaciones, proteger a testigos y sus familiares, y asegurar que cualquier legislación sobre justicia transicional que se implemente como parte de un futuro acuerdo de paz con la guerrilla no impida la posibilidad de que se haga justicia con respecto a estos delitos. Llevar ante la justicia a los máximos responsables de uno de los capítulos más oscuros del conflicto colombiano no será fácil, pero es una tarea irrenunciable y completamente factible para el gobierno.
PARA LEER INFORME COMPLETO:
Notas:
(1) 1 Los datos sobre investigaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por brigadas y batallones específicos indicados en el resumen se basan exclusivamente en casos asignados a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía hasta diciembre de 2014. Otros cientos de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales de las cuales serían responsables miembros del Ejército están siendo investigados por fiscales locales o jueces militares, y por ende no se incluyen en las estadísticas.
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La historia negra del general (r) Mario Montoya
Por 2orillas.co
Quien fuera comandante general de las FFMM en el gobierno de Álvaro Uribe, nombrado luego embajador en Rep. Dominicana es el militar de mayor rango que responderá a la Fiscalía por falsos positivos.
El general Mario Montoya salió lleno de medallas y reconocimientos después de haber sido dos años y nueve meses el Comandante del Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe, justo cuando Juan Manuel Santos se desempeñaba como ministro de Defensa. Montoya estuvo a la cabeza de la exitosa operación “Jaque” que permitió la liberación de 15 secuestrados entre ellos Ingrid Betancourt y también la operación Fénix en la que cayó Raúl Reyes en un campamento en la frontera con el Ecuador, así como otras operaciones que fueron aplaudidas en su momento, pero que con el tiempo se ha ido descubriendo que los métodos utilizados no siempre fueron legales y por tanto es hoy un general cuestionado con al menos 10 investigaciones en su contra.
Como ocurre con los generales de alto rango fue nombrado embajador en República Dominicana. Desde su llegada recibió cuestionamientos y denuncias a nivel nacional e internacional sobre presuntos comportamientos irregulares, violación de derechos humanos y actuaciones comprometedoras en los denominados “falsos positivos” que empezaron a golpear su rol diplomático. En 2011 se vio forzado a renunciar tras ser cuestionado por varios congresistas entre ellos Iván Cepeda, que dijo que el gobierno no podía permitir que el servicio diplomático se convirtiera en “un servicio de impunidad, manteniendo embajadores y cónsules seriamente cuestionados por vínculos con grupos paramilitares o con violaciones a los derechos humanos”.
Su salida también se vio permeada por la coyuntura. En esa época se supo, luego de varias investigaciones, que los 11 jóvenes desaparecidos de Soacha que se suponía habían sido dados de baja en combate, resultaron siendo ejecuciones extra judiciales confirmadas.
Una de las investigaciones más complicadas que tiene en su contra por su impacto internacional, es el caso de su presunta responsabilidad en la masacre de ocho campesinos en San José de Apartadó en el año 2005. Labriegos, pobladores y defensores de derechos humanos han solicitado incluso que su caso vaya a la Corte Penal Internacional.
Algunos de los militares acusados de participar en los asesinatos, relacionaron al general Montoya, quien para ese entonces comandaba la Primera División del Ejército, con el diseño de la operación Fénix y lo acusaron de haber presuntamente autorizado a los oficiales para usar guías civiles, hechos que terminaron con la masacre de esos ocho habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a manos de paramilitares del Bloque Héroes de Tolová.
La masacre se produjo entre el 21 y el 22 de febrero de 2005, cuando un grupo de cerca de 60 paramilitares comandados por alias “don Berna” y al parecer protegidos por miembros de la Brigada XVII del Ejército ingresaron a esta zona del Urabá Antioqueño y asesinaron a ocho personas, incluidos tres niños.
Los testimonios del Capitán Guillermo Gordillo y de los exparamilitares José Joel Vargas, alias “Pirulo”, y Adriano de José Cano Arteaga, alias “Melaza”, fueron esenciales para establecer la posible responsabilidad y conocimiento de los hechos por parte de Montoya. Tanto los oficiales que declararon como los exparamilitares, confirmaron que trabajaron de manera conjunta y que bajo el conocimiento de la comandancia.
La operación Orión es tal vez el caso más complicado que enfrenta el general Montoya en el dossier de investigaciones que tiene en su contra. En octubre del 2002, se llevó a cabo esta acción militar con más de 1200 hombres, que con armas de alto calibre ingresaron a la Comuna 13 de Medellín y realizaron allanamientos, capturaron “células de las FARC y el ELN” y dieron de baja a presuntos criminales, con el fin de recuperar la comuna y brindarle “seguridad a la comunidad”.
Según varios testimonios de testigos y habitantes de la Comuna 13, Orión fue realizada por un grupo de paramilitares, militares del Ejército y miembros de la Policía Nacional. La población vivió esa noche detenciones ilegales, asesinatos y desapariciones que marcaron la sangrienta historia de una población que nació y creció en un margen de violencia, pobreza y muerte.
En 2009, Diego Fernando Murillo alias “don Berna” dio versión libre desde una cárcel de Estados Unidos, en donde confirmó que bajo una supuesta alianza, la cuestionada operación Orión, realizada en el 2002, sí se desarrolló de manera coordinada entre tropas del Ejército, la Policía y el Bloque Cacique Nutibara de las AUC que él mismo dirigía.
En 2010 Mario Montoya fue señalado por el narcotraficante Daniel Rendón alias “don Mario”, de haber recibido 1.500 millones de pesos por parte del exjefe paramilitar del Bloque Centauros de las AUC Miguel Arroyave, para supuestamente fortalecer los operativos en contra de Héctor Germán Buitrago alias “Martín Llanos” en los Departamentos de Meta y Casanare entre el 2003 y 2004. Dos años más tarde el general en retiro fue citado a dar versión libre ante la Fiscalía por orden de la Corte Suprema de Justicia, sobre su vinculación con el delito de enriquecimiento ilícito.
Montoya también ha sido salpicado por desmovilizados de las autodefensas que dijeron que el comandante de la entonces IV Brigada les había hecho “regalos” a los “paras” por sus labores. En 2008 Alias “Diomedes” dijo en versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz que en el 2002, el entonces oficial del Ejército, hizo la entrega personal de siete fusiles y una camioneta como regalo para el que era Comandante del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
Esta acusación fue luego corroborada por Libardo Duarte alias “Bambán” ante la Corte Suprema de Justicia en donde dijo que Montoya era colaborador del Bloque Metro de las ACCU. Alias el “Tuso”, también lo relacionó con la conocida oficina de Envigado y dijo que el general incluso hacía parte de la nómina de esta “oficina” criminal ubicada en Antioquia.
La última acusación que ha protagonizado el ex comandante del Ejército se dio en el 2013. Adolfo Enrique Guevara alias “101”, capitán (R) y ex paramilitar dijo en entrevista con el periodista Gonzalo Guillen que los falsos positivos en los que él mismo participó, era una política de Estado y que Mario Montoya tenía pleno conocimiento de las operaciones que se realizaban para darle “triunfos” falsos al país. Con documentos que prueban la veracidad de su relato, Guevara acusa al Álvaro Uribe y a Mario Montoya de haber ordenado bajas a costa de todo y consentir las ejecuciones extra judiciales realizadas por algunos militares en coordinación con paramilitares.
Alias “101” retirado de las AUC desde 2004, dijo que el ex comandante de esa institución y ex embajador en República Dominicana actuaba aliado con las autodefensas y ordenaba las ejecuciones extrajudiciales “esas eran las políticas de Mario Montoya, denlos de baja, denlos de baja, y si no hay bajas miren a ver como haces para traérmelas”. El relato incluye el mecanismo que se utilizaba para legalizar todas las “bajas” por medio de documentación falsa, escenas arregladas por los mismos militares y firmas de los comandantes del Ejército.
Aseguró, incluso, que el general no solo tenía nexos con los “paras”, sino que además recibía un salario de las autodefensas y tenía una relación muy cercana con los comandantes paramilitares de la zona. “El general decía que pasa esta semana que no tenemos resultados de bajas y cuando el decía eso, los comandos paramilitares coordinaban todo y me decían a donde debía ir y al que se me bajara lo mataba”.
Montoya ha negado las diferentes acusaciones, pero esto no ha impedido que las investigaciones en su contra continúen. Con los señalamientos del capitán Adolfo Enrique Guevara, apoyado en cientos de documentos con órdenes de bajas y legalizaciones al parecer falsas, se complica aun más el panorama del ex Comandante del Ejército enredado con nexos paramilitares y manuales para asesinar y producir cifras de “buenos resultados” durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Fuente original: http://www.las2orillas.co/
http://kaosenlared.net/colombia-falsos-positivos-cargos-del-ejercito-y-human-rigths-watch/
Periódico Alternativo ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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