Brasilia, 22 oct (PL) El gobierno brasileño tiene desde hoy 45 días para presentar en el Congreso su defensa sobre el parecer del Tribunal de Cuentas de la Unión, que censuró las finanzas públicas del Ejecutivo de la presidenta Dilma Rousseff en 2014.
El líder del Senado, Renan Calheiros, anunció anoche la decisión de otorgar un plazo de 30 días, prorrogables por otros 15 días, al Gobierno para que comparezca ante el legislativo y exponga sus argumentos políticos sobre este asunto.
Tal decisión motivó una reacción contraria de la máxima representante de la Comisión Mixta de Presupuesto, Rose de Freitas, quien cuestionó la extensión de plazo, el cual, en su opinión, debería reducirse a sólo 15 días.
Puntualizó que ahora la discusión en el parlamento del dictamen del Tribunal de Cuentas (TCU) sobre las finanzas de la administración correspondiente al pasado año quedará para 2016.
Calheiros alegó, sin embargo, que siguió una jurisprudencia ya firmada por el Supremo Tribunal Federal (STF) en otros procesos, en los cuales las cuentas públicas de estados brasileños fueron igualmente rechazadas.
Hay que cumplir con lo establecido para evitar cualquier anulación de parte del STF y garantizar el pleno de derecho a la defensa al gobierno, aseveró, al señalar que una vez escuchados los argumentos, el trámite pasará a la Comisión parlamentaria.
Ese comité deberá evaluar el parecer, las explicaciones de la defensa y elaborar sus recomendaciones en un período de 40 días, lo cual confirma que la votación en el Congreso de este asunto será el próximo año.
En una nota divulgada hace 15 días, el Ejecutivo califica de indebida la pretensión de penalizar acciones administrativas destinadas a mantener los programas sociales para la población de Brasil, como el Bolsa Familia, Mi Casa Mi Vida.
Según el fallo del TCU, se cometieron irregularidades en 15 puntos de las cuentas públicas de 2014, pues se implementaron maniobras para maquillar la dimensión del déficit fiscal.
El gobierno omitió de su balance el cálculo de deudas que suman 106 mil millones de reales (27 mil millones de dólares), lo cual le permitió destinar fondos para planes sociales, señalo.
En su defensa, la administración reveló que tal procedimiento es normal, pues se aplicó por anteriores administraciones, sin que se establecieran sanciones.
Este rechazo de las cuentas constituye uno de los eventuales escenarios que la oposición en el legislativo busca usar para demandar un proceso de juicio político contra la jefa de Estado por el delito de responsabilidad fiscal.
Sin embargo, abogados constitucionalistas señalaron que no se puede punir a la dignataria por un hecho cometido en su anterior mandato.
lam/lgo
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