Por Horacio Duque
Se recompuso la coalición de Santos con su antiguo Jefe, el Caballista del Uberrimo. Esta vez para establecer campos de concentración de exterminio de la resistencia campesina guerrillera.
Con la reforma a la Ley de Orden publico que crea los “campos de concentracion” y la reorganizacion neoliberal del territorio se recompuso la manguala santouribista para torpedear y destruir el proceso de paz.
Ahora el caudillo paramilitar va por el Acuerdo especial de La Habana para exigir su revision, renegociacion y la invalidacion de los consensos parciales firmados hasta la fecha.
Ni por las moscas se les ocurrió al gobierno del señor Santos y a sus Ministros, en el debate de la reforma del artículo 8 de la Ley 418 de 1997 sobre orden público, considerar las propuestas de la contraparte –las Farc- en la Mesa de conversaciones de La Habana, sobre territorios de paz formulada recientemente a propósito del fin del conflicto (http://bit.ly/1XhZo4x).
Forma despótica que desconoce la concertación bilateral en lo relacionado con los asuntos de paz según el Acuerdo especial para poner fin al conflicto social y armado.
Con quien si fue bastante comedida la delegación santista en el hemiciclo parlamentario, fue con la jauría del Innombrable, este se dio todas las libertades para imponer sus puntos de vista respecto de los denominados “campos de concentración” hitlerianos que se han diseñado para ejecutar el exterminio humano, militar y biopolitico de los militantes de la resistencia campesina revolucionaria armada.
Es el viejo sueño de la oligarquía coaligada que al tiempo que habla del fin de la guerra somete al más cruel vía crucis los dirigentes y líderes populares y campesinos, asesinados en un “gota a gota” que recuerda el exterminio incremental de la UP por los grupos militares y paramilitares, después de los tratados de la Uribe/Meta, en el gobierno de Belisario Betancur.
En efecto, en la reforma del artículo 8, de la ley 418 de 1997, para implementar el orden territorial en la concepción oligárquica santista de la paz, se han reencontrado las dos facciones de la casta dominante en el Estado y la sociedad nacional. En el nuevo texto se han consagrado todas las pretensiones retardatarias del principal núcleo enemigo de la paz que avanza en las conversaciones de La Habana. Uribe ha dicho que no se ha plegado al gobierno y, por lo contrario, éste acepto cada una de sus propuestas (http://bit.ly/225M8qr), las cuales implican el más minucioso empadronamiento policial, judicial y de inteligencia (huellas dactilares, formularios con detalladas hojas de vida, registros del iris, etc.), con elementos muy puntuales, a la manera biopolitica, de tal forma que posteriormente se facilite la labor de exterminio de los combatientes revolucionarios por parte de las bandas paramilitares organizadas por las entidades militares oficiales, con amplia financiación empresarial y gubernamental.
Es el calco matemático del modelo hitleriano de exterminio y campos de concentración utilizados en la segunda guerra mundial para asesinar millones de seres humanos en Europa.
Conviene considerar en este análisis sobre el paso unilateral dado por Santos, que la Ley 418 de 1997 (http://bit.ly/1QGLQxC), es un abundante instrumento jurídico, con más de 140 artículos, expedido en pleno auge del narcotráfico y del proceso 8000, utilizado como palanca para la organización de las Convivir, transformadas por Uribe Vélez y sus compinches del narcotráfico (Mancuso, Escobar, Don Berna, Santoyo et. Al), en los sanguinarios grupos paramilitares que ejecutaron, durante los años novena y primeros del siglo XXI, masacres, homicidios, torturas, desplazamientos y exterminios de comunidades indígenas, campesinas y afros.
Ciertamente fue Uribe Vélez el mayor manipulador y beneficiario de dicha ley la cual posteriormente ha sido renovada con la Ley 548 de 1999, modificada parcialmente por la Ley 782 de 2002, reglamentada por el Decreto Nacional 128 de 2003, reglamentada por el Decreto Nacional 2767 de 2004, reglamentada por el Decreto Nacional 395 de 2007, reglamentada por el Decreto Nacional 1059 de 2008 y reglamentada por el Decreto Nacional 1980 de 2012.
Se trata de todo un dispositivo contrainsurgente estratégico para ser usado en los planes de ordenamiento territorial post conflicto, según la conveniencia de las castas oligárquicas dominantes, tanto en el plano nacional como regional. Nada que ver esto con la paz con justicia social. Lo que está en curso es la purificación social y racial de los territorios para permitir la explotación minera, petrolera y agro industrial.
El avance legislativo de Uribe Vélez, que saluda entusiasta Santos y su cuartel politiquero, le ha dado alas para proponer una concertación contra reformista en el proceso de paz. Ni corto ni perezoso ya pidió un cambio en la orientación del Acuerdo especial de La Habana que le da soporte a las conversaciones para finalizar el conflicto bélico nacional. En los mismos términos hace su demanda uno de sus cercanos amanuenses políticos, el señor Ordoñez de la Procuraduría.
Ocurrida la recomposición política santouribista, ahora el objetivo es destruir la Mesa de La Habana. Son los resultados de la inconsecuencia oficialista. Los ha debilitado la crisis económica, fiscal y ética que les sacude sin pausa
Sin embargo, el punto más delicado de este cuadro coyuntural, es el vuelo que toma la acción violenta paramilitar por todas las regiones. Las masas populares, sus líderes, hombres y mujeres, están siendo sometidos a un vía crucis sangriento.
Dice la señorita Juanita, de la Silla vacía que crece el reguero de los acribillados por los grupos paramilitares y las bandas criminales en las regiones (http://bit.ly/1QMyjG8).
La sesuda analista, cercana al oficialismo, cuenta que: Desde hace quince días, han matado cinco líderes sociales y amenazados a otros tres.
Los casos.
A Willar Alexander Oime Alarcón lo mataron en pleno centro histórico de Popayán.
Maricela Tombé era una líder de Tambo, en el Cauca y recibió un fulminante y artero disparo en su cabeza.
El 28 de febrero, un hombre desconocido le disparó en la cabeza a Maricela Tombé, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Brisas y expresidenta de la Asociación Campesina Ambiental de Playa Rica (Ascap) en el Tambo.
“Sabemos que en estos meses han aparecido hombres con armas largas, unos vestidos de civil, otros con camuflaje y camiseta negra,” dice Miguel Fernández, defensor de derechos humanos del Cauca.
Dos días después del asesinato de Maricela, el primero de marzo, Nini Johana Daza, gobernadora del resguardo indígena de Concepción en Santander de Quilichao en el Cauca, recibió unos mensajes de texto amenazandola.
Lo mismo le pasó el 6 de marzo a Margarita Hílamo, gobernadora del resguardo indígena de Huellas en Caloto, Cauca y que según Amnistía Internacional recibió un mensaje de texto que decía: “sáqueme esta gente de la finca que en diez horas voy a mandar 1600 hombres de las Águilas Negras con la orden de matar a quien sea.”
En Los Palmitos, Sucre, mataron a Hernando Pérez Iriarte, de 66 años, un líder regional que representaba a varias familias en una solicitud de Restitución de Tierras ante la oficina de restitución de Sucre.
El 2 de marzo, al líder indígena Willar Alexander Oime Alarcó y miembro de una asociación resistente a la minería, le llegaron dos hombres en una moto en pleno Centro Histórico de Popayán y le pegaron cuatro tiros. Murió a las 7:20 pm en el Hospital Universitario San José de Popayán.
El 4 de marzo, a Luz Stella Angulo, militante de la UP en el Cesar, la pararon dos hombres armados cuando salía de una junta de acción comunal y le dijeron que tenía 72 horas para abandonar el departamento.
Dos días después, a Klaus Zapata, militante de la juventud comunista en Soacha, le pegaron dos tiros mientras jugaba fútbol con sus amigos y se murió horas después.
“Aquí en Soacha vienen pasando cosas raras. En algunas reuniones de la Juventud Comunista se aparece la SIJIN. Tenemos abierto un expediente en la Policía y a mi hace poco me pararon cuando fui a comprar unas naranjas porque sí”, dijo Heiner Gaitán, amigo de Klaus.
“Para nosotros esto no es un hecho aislado y puede tener móviles políticos porque él era comunicador y venía adelantando denuncias sobre las ollas de microtráfico y la minería ilegal en el páramo de Sumapaz.
Y en la tarde del 7 de marzo, William Castillo, integrante de la NP y de Organizaciones Agrarias y Populares, lo balearon en un establecimiento público del barrio Villa Echeverry en el Bagre, Antioquia.
El Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) considera que tantos casos similares en tan poco tiempo no es coincidencia.
“En 2016 se han presentado amenazas, desplazamientos y hostigamientos a organizaciones y comunidades campesinas de las regiones de donde provienen estos líderes,” dice el informe que nos enviaron.
“Están asesinando a líderes políticos. Esto no es delincuencia común ni casos aislados. Estamos hablando de figuras importantes y tenemos información de presencia activa de paramilitares en esas zonas,” dice Cepeda.
Según cifras de NP, desde que nació en 2012, 102 seguidores han muerto por razones desconocidas. Como contamos, solo en 2013, 15 miembros fueron asesinados por sicarios, cinco más murieron en enfrentamientos con el Esmad durante las protestas agrarias y otros cinco fueron víctimas del Ejército, varios de ellos en los paros agrarios.
Tras estos nuevos ataques, los movimientos izquierdistas tienen miedo de que se repita la historia del exterminio de la UP.
“Estoy muy preocupada. El paramilitarismo está más vivo que nunca y me da mucho miedo que repitamos la dosis,” dice Aída Avella. ¿La historia se repite? Avella comenta que le envió una carta a Juan Manuel Santos y que el paramilitarismo se reactivó en muchas zonas del país.
A finales de la década de los ochentas, tres mil militantes, ocho congresistas, dos candidatos presidenciales, trece diputados, setenta concejales y once alcaldes de ese partido que surgió de las negociaciones fracasadas con las Farc fueron asesinados.
“Estamos muy asustados. No sabemos cómo leer esto. Si antes de la firma ya está pasando esto, dígame ¿cómo será después?”.
“Esto se llama crónica de una muerte anunciada. Así empezaron los asesinatos de la UP.
Era uno aquí, otro allá, y cuando se dieron cuenta habían muerto miles,” dice Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz & Reconciliación.
Avella, de la UP, dice que le envió una carta ayer al presidente Juan Manuel Santos con “reportes de reactivación del paramilitarismo en muchas regiones.” Según ella, en el Meta reapareció el Ejército Revolucionario Anticomunista de Colombia (ERPAC), una de las cinco bandas criminales activas en el país y herederos del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Por ejemplo, en la vereda Restrepo, en ese departamento, ya hay denuncias de una lista con cuarenta nombres de personas “por asesinar”.
En Río Sucio, Chocó, también hay reportes de hombres armados que reparten propaganda contra el plebiscito, según Avella.
En Santander, se denuncio que, entre el 1 y 2 de marzo, paramilitares repartieron panfletos amenazantes en algunas calles y casas de Barrancabermeja.
Y hace unos días amenazaron a Andrés Echeverri, hijo del alcalde Darío Echeverri.
En Casanare ya hay denuncias de cobro de peajes por hombres con brazaletes de las AUC en las carreteras.
En el Quindío, en el municipio de Pijao, los Urabeños patrullan el pueblo y las veredas mineras de la mano de los integrantes del batallón de alta montaña de la Octava Brigada.
Las amenazas no son nuevas. Para muchos líderes de la Unión Patriótica fue una verdadera hazaña hacer campaña en las pasadas elecciones regionales de octubre.
Un mes antes de las votaciones, según la Unidad Nacional de Protección (UNP), había 29 aspirantes de este partido con medidas especiales de seguridad.
A Ruben Quintero, aspirante a la alcaldía de Teorama, en Norte de Santander, lo amenazaron de muerte si no dejaba de hacer campaña.
A Miguel de la Vega, que quería llegar a la asamblea de Girón, le llegó un panfleto que decía: “La Unión Patriótica no puede participar en los comicios políticos” .
Jesús María Turizo, que era candidato a la alcaldía de Soledad, Atlántico, recibió un panfleto firmado por las Águilas Negras que lo amenazaba a él y a todo aspirante a concejos o asambleas en la zona.
Y hasta a Aída Avella le tocó prestarle por unos días su escolta a Imelda Daza, candidata a la gobernación en el Cesar, para que la acompañaran en sus recorridos por el departamento.
Otro inteligente directivo emergente de la periferia agraria de colonización y pobreza abunda en sus datos sobre este siniestro escenario de violencia en tiempos de paz.
En tono pacifico reclama al Jefe de la Casa de Nariño que: “Presidente Santos, de usted depende que no nos sigan matando” (http://bit.ly/1LgHIWe), para seguidamente hacer la relación de los acribillados y perseguidos por el neoparamilitarismo bipartidista.
Nota 1. Bien por la estocada final dada por el valiente y audaz Fiscal Montealegre y el Contralor al plebiscito enmermelado de Santos y su casta corrupta de politiqueros congresionales.
Nota 2. Otra felicitación para el Fiscal Montealegre y su Vice Fiscal Perdomo por las acciones judiciales en contra de la red criminal y corrupta de los hijos del “Innombrable”, Tomas y Jerónimo, los chatarreros a los que no les cabe un peso más merced al desfalco continuado del Estado durante el fatídico ochenio y los años que van del sucesor acusado de traidor.
http://kaosenlared.net/colombia-campos-de-concentracion-santouribistas-y-via-crucis-popular/
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