Equipo Nizkor
Hoy celebramos el anuncio de retiro de Honduras del Banco de Holanda para el Desarrollo (FMO) y el Fin Fund de Finlandia, que financiaban operaciones de empresas represadoras dentro de territorios sagrados del martirizado pueblo indígena lenca. Aplaudimos esa tardía decisión.
Sin embargo, lamentamos profundamente que ambos Estados, Holanda y Finlandia — otrora defensores de derechos humanos —, no hayan evitado el asesinato de Bertha Cáceres, quien sostuvo reuniones pacíficas antes de su crimen con representantes de ambas instituciones financieras, quienes transfirieron inapropiadamente la información de esos diálogos a los inversionistas locales.
Estos bancos confiaron en inversionistas privados avalados por el Estado de Honduras, sin tomar las mínimas previsiones respecto a las subcontrataciones de empresas privadas de sicarios e intermediarios financieros ligados a mafias del crimen organizado, que han criminalizado las resistencias ancestrales de los pueblos originarios llamándoles enemigos del desarrollo por oponerse a la destrucción capitalista.
Excitamos a otras instituciones financieras avaladas o subsidiadas por Estados Europeos y a la propia Unión Europea que antes de acompañar proyectos de generación de energías, extracción de minerales e hidrocarburos en Honduras - el país ya devastado por los efectos del Cambio Climático - realicen en forma independiente todas las consultas previas e informadas, que cuenten con los consentimientos de los 10 pueblos originarios de Honduras.
También hoy saludamos la presencia en Tegucigalpa de las comunidades afectadas por la minería y las represas, que junto a delegaciones de los pueblos indígenas y garífunas, han venido a exigir justicia al gobierno por el crimen de Bertha Cáceres y de todos los defensores y defensoras criminalizados y asesinados por defender sus territorios.
Antes del esclarecimiento del crimen contra la lideresa indígena lenca, defensora de derechos humanos, Bertha Cáceres, por el gobierno vemos este 16 de marzo nuevos hechos de alto impacto que REPUDIAMOS.
Coinciden con los hechos perpetrados en Tocoa, Peña Blanca y Tegucigalpa, los testimonios recibidos en las últimas 72 horas en sedes regionales del Cofadeh.
En base a información recibida se puede alertar a la población sobre operaciones de una banda de sicarios uniformados de día y camuflados de noche, que hacen uso de armas depositadas como evidencias bajo custodia de la Policía Nacional, para cometer crímenes atroces en distintas parte del territorio nacional.
Los expedientes clasificados de casos emblemáticos de alto impacto en la zona del Bajo Aguán, San Pedro Sula y Tegucigalpa, revelan complicidad absoluta de autoridades policiales, militares y civiles en la comisión de los mismos usando disfraces de asesinos operando oficialmente desde el Estado.
Además, los testimonios de integrantes de una Escuela de Formación Delincuencial dirigida por instructores extranjeros - con el conocimiento, respaldo institucional y financiamiento del gobierno de Honduras —, revelan que más de mil jóvenes hondureños son entrenados para convertirlos en infiltrados, agentes de penetración social y asesinos con habilidades para cometer crímenes políticos disfrazados de hechos comunes.
Esta situación ha sido documentada por el COFADEH ante un sector de la comunidad internacional con capacidad de parar las locuras terroristas que implicarían al Estado.
Por ejemplo, el allanamiento policial militar sin orden judicial de la casa del presidente del MUCA, José Angel Flores, y la detención arbitraria de su familia bajo presunción de posesión de armas, no obstante gozar de medidas cautelares dictadas por la CIDH, es un hecho condenable absolutamente y está inscrito además en la lógica de implantes confesada por desertores de la Escuela Terrorista.
El ataque con arma de fuego esta mañana contra el contador de la Vía Campesina, Cristian Alegría - sobrino del diputado Rafael Alegría —, que resistió una aparente acción de robo, igualmente responde a la lógica de la Escuela de Terroristas denunciada a este Comité.
Así mismo, el violento desalojo de una comunidad campesina de origen indígena lenca en Río Chiquito, Peña Blanca, Cortés, en cuyas inmediaciones resultó asesinado el líder local del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, Nelson García, es una respuesta oficial en momentos cuando el pueblo demanda el esclarecimiento y la justicia en el crimen de la coordinadora general de esa organización, Bertha Cáceres.
Y en este marco de exigencia, abusando de la justicia penal, se impuso sentencia al periodista David Romero Ellner, por seis delitos de difamación, en medio de un contexto de lucha contra la corrupción, particularmente la denuncia por el saqueo de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Hacemos un llamado urgente a la opinión pública internacional, a la comunidad inter estatal acreditada con diplomáticos en Tegucigalpa, a escuchar en forma preventiva estos hechos denunciados y ayudarnos contener la sed de violencia oficial.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón COFADEH
Tegucigalpa, 16 de marzo de 2016
Acción de Solidaridad Urgente
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ante la comunidad nacional e internacional expresa su preocupación por los últimos acontecimientos en contra Martha Ligia Arnold, Presidenta del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán (OPDHBA), beneficiaria de la Medida Cautelar otorgada por la CIDH No.MC65-15.
H E C H O S
El 16 de marzo del 2016, Martha Ligia Arnold, recibió una comunicación de parte del Coordinador Local de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), Javier Guzmán, una Unidad especializada del Ministerio Publico en la que le manifiestan la decisión de las autoridades centrales de esta Unidad de no brindar ningún tipo de información que la defensora en representación de Observatorio Permanente de Derechos Humanos solicite sobre avances investigativos de casos que se han presentado a la UMVIBA, por considerar que la defensora de derechos humanos tiene nexos con miembros de una banda de delincuentes que operan en el departamento.
Textualmente le manifiestan lo siguiente: "Que según investigaciones realizadas por esta unidad existe demasiada fuga de información por parte de ese organismo que usted preside aunado a esto la estrecha relación que su persona tiene con varios miembros de una banda de delincuentes que opera en este departamento, y que también están involucrados en delitos que nosotros investigamos es por esa razón de que se tomó la decisión consensuada con las autoridades centrales de no seguir brindando ningún tipo de información de las investigaciones que llevamos a cabo para tratar de esclarecer dichos casos; se les brindará únicamente datos estadísticos que se manejan de manera concreta por escrito".
Esta aseveración coloca en riesgo a la defensora, al vincularla a bandas del crimen organizado, especialmente porque la declaración procede de altos funcionarios del Estado obligados a respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos y en forma especial a los que defienden derechos. Así mismo genera estigmatización para los defensores organizados en el Observatorio.
En el pasado Martha ha enfrentado persecuciones, amenazas, amenazas a sus hijos, campañas de desprestigio que le han obligado a mantenerse de bajo perfil a fin de proteger y salvaguardar su vida y la de sus hijos. Hechos que fueron sido denunciados el 26 de febrero del 2015 ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, solicitando se ordene una investigación inmediata de los hechos denunciados y se gestione protección para la defensora y sus hijos.
Estos acontecimientos se dan en momentos cuando otros defensores y líderes locales enfrentan sistemáticas amenazas a muerte y persecución como los hechos del domingo 20 de marzo del 2016, cuando Vitalino Alvarez, Vocero de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán, Región del Aguán, ha tenido que salir del país por la persecución, amenazas constante en contra de su vida y la de sus hijos. Igual situación enfrenta Jaime Cabrera, Coordinador de la Plataforma Agraria Región del Aguán, quien el 12 de marzo del 2016, a eso de la 1:30 de la tarde al salir de una reunión, fue objeto de persecución por un vehículo color rojo, doble cabina, vidrios polarizados, sin placas, cuando él se trasladaba en una motocicleta hacia su residencia ubicada en la Aldea Panamá, Trujillo, Colón. Días anteriores denunció la presencia de dos motociclistas que merodeaban su vivienda en actitud de vigilancia. Ambos defensores son beneficiarios de la Medida Cautelar No.MC50-14, otorgada por la CIDH.
En el último mes fue asesinada Bertha Isabel Cáceres y Nelson García defensores del territorio y de los pueblos indígenas. La Organización indígena Milpha a reportado la muerte de 20 miembros de su organización, los últimos cinco en el mes de diciembre de 2015.
Todos estos hechos no pueden valorarse en forma aislada demuestran que el ataque a Martha Arnold, obedece a un ataque sistemático en contra de defensores de derechos humanos que es tolerado e impulsado por agentes del Estado. Preocupa aun más porque el ente investigador, lejos de desmantelar las estructuras que generan la inseguridad contra de Martha Arnold, la convierte en blanco de ataque directo, Y a la denunciante en investigada.
PETICION:
El COFADEH solicita a la comunidad internacional y nacional exigir al Estado de Honduras tome las medidas necesarias para garantizar el derecho a defender los derechos humanos universalmente reconocido, como lo establece la Declaración Universal de los Defensores de las Naciones Unidas, aprobada en 1998 y las Resoluciones de la OEA de 1999 y 2000.
Recordarle al Estado de Honduras su obligación de proteger a los ciudadanos de su país agotar todos los medios a su alcance para investigar las amenazas en contra de los defensores y en forma especial la situación de Martha Arnold.
Exigir al Estado implementar en forma efectiva las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de Martha Arnold y sus hijos.
Implementar la Ley de Protección de Defensores Periodistas y Operadores de Justicia.
Garantizar que Martha Arnold y los defensores que integran el OPDHBA puedan realizar su labor de defensoría en un ambiente de seguridad.
Exigirle el desmantelamiento de las estructuras de inseguridad en contra de Martha Arnold y los defensores del derecho a la tierra y el territorio.
Tegucigalpa, MDC., 28 de marzo del 2016.Bertha Oliva de Nativi, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Hacer llamamientos a las siguientes autoridades:
Abog. Rolando Argueta Presidente de la Corte Suprema de Justicia Tel (504) 2269-3000 2269-3069 Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn
Abogda. Karla Cueva Sub Secretaria de Estado en los Despachos de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización Tel(fax) (506) 2232-7800
Oscar Fernando Chinchilla Fiscal General de la República. Fax (504) 2221-5667 Tel (504) 2221-5670 2221-3099
Abog. Soraya Morales Fiscal Especial de Derechos Humanos Ministerio Público
Abog. Javier Guzman Coordinador Local UMVIBA Tocoa, Colón, Tel(fax) (506)2444-3992
La Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección General de la Policía Nacional, a la comunidad nacional e internacional comunicó, que no tienen nada que ver con la muerte del dirigente indígena Nelson García.
1. Aclaramos que la muerte violenta del señor Nelson García, ocurrida a eso de las 11:30 de la mañana en el barrio La Naranjera, comunidad de Peña Blanca, municipio de Santa Cruz de Yojoa, es un caso que no guarda ninguna relación con el desalojo realizado en la aldea Tilapia, sector de Río Lindo, departamento de Cortés.
2. El desalojo se desarrolló de forma pacífica tras establecerse diálogo con los dirigentes, quienes entendieron que la acción obedecía a una orden judicial, ejecutada por elementos de la Policía Nacional, efectivos de la Policía Militar, fiscales del Ministerio Público, juez ejecutor y representantes de derechos humanos, al que también asistieron medios de comunicación.
3. En un caso completamente aislado, la muerte lamentable del señor Nelson García se produjo después de ser atacado por dos desconocidos cuando salía de su casa de habitación, ubicada a unos 20 kilómetros de distancia del sitio donde ocurrió el desalojo.
4. Reiteramos nuestro compromiso de investigar y determinar las causas que motivaron el deceso así como, ubicar y capturar a los autores materiales e intelectuales del mismo y ponerlos a la orden de la justicia.
5. Reafirmamos que la Policía Nacional actúa enmarcada en los procedimientos legales, respetando los derechos, garantías y la integridad física de los ciudadanos como quedó demostrado el día de hoy.
En el reporte policial, se indica que en la aldea El Naranjal, cuando iba llegando a su casa, Nelson Noé García Laínez, de 39 años de edad, dos individuos que lo estaban esperando, le dispararon, causándole la muerte al instante.
Los familiares recogieron el cadáver y lo introdujeron a la casa de habitación, donde fue reconocido por las autoridades.[Fuente: La Tribuna, Tegucigalpa, 15mar16]
EUA espera que Honduras cumpla con su compromiso de realizar una investigación exhaustiva y justa.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó hoy el asesinato del líder indígena hondureño Nelson García y pidió el fin de la impunidad en el país centroamericano.
"Enérgica condena al asesinato del líder indígena y de derechos humanos Nelson García en Honduras. ¡Basta de impunidad!", escribió hoy Almagro en su cuenta de la red social Twitter.
García, de 38 años, murió ayer por heridas de bala en un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad durante el "desalojo violento" de unas 150 familias de la etnia lenca que estaban en supuestas tierras privadas en el norte de Honduras, según información del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
El suceso ocurre doce días después del asesinato a tiros dentro de su casa de la dirigente lenca Berta Cáceres, una de las fundadoras en 1993 del Copinh y destacada defensora de los recursos naturales del país frente a la construcción de proyectos hidroeléctricos.
El Copinh exigió ayer al Gobierno hondureño que ponga "fin de una vez por todas a los ataques y hostigamiento constante" contra los miembros de esa organización y cumpla "su obligación de garantizar tanto su seguridad como su derecho a defender (los) derechos humanos".
Comunicado de EUA
En nombre del pueblo y gobierno de los Estados Unidos, condenamos el asesinato del activista de sociedad civil Nelson García ocurrido ayer.
Al suceder en una fecha tan cercana al asesinato de su colega Berta Cáceres, su muerte es causa de particular preocupación.
Esperamos que el Gobierno de Honduras cumpla con su compromiso de realizar una investigación exhaustiva y justa, y que se lleve a cualquier persona relacionada con este asesinato ante la justicia.[Fuente: La Prensa, Tegucigalpa, 16mar16]
Comunidad internacional reclama investigación de crímenes de líderes indígenas.
La muerte del líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Nelson García, no fue producto de los desalojos ocurridos en el sector de Tilapia, Río Lindo.
En un comunicado, la Policía Nacional señala que la muerte violenta de García, ocurrida la mañana del martes en Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, "es un caso que no guarda ninguna relación con el desalojo".
Aseguran que el desalojo se desarrolló de forma pacífica tras establecerse un diálogo con los dirigentes, "quienes entendieron que la acción obedecía a una orden judicial". La muerte de este líder indígena se registró 13 días después de haber ocurrido el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, también miembro del Copinh.
Ambos hechos sangrientos despertaron el rechazo de la población y de la comunidad internacional, que ahora reclama el esclarecimiento de los hechos.
El embajador de EUA, James Nealon, condenó "el asesinato del activista (...) Nelson García. Al suceder en una fecha tan cercana al asesinato de su colega Bertha Cáceres, su muerte es causa de preocupación".
Por su parte, el secretario de la OEA, Luis Almagro, también se pronunció: "Enérgica condena (por el) asesinato del líder indígena y de DD HH (derechos humanos) Nelson García en Honduras. Basta de impunidad".
Ayer, en una reunión privada que se desarrolló en la Cancillería de la República, el titular de esa entidad, Arturo Corrales, y el fiscal general, Óscar Chinchilla, detallaron a los diplomáticos las acciones emprendidas para el esclarecimiento del hecho.[Fuente: La Prensa, Tegucigalpa, 17mar16]
El 5 de marzo de 2016, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de la vida e integridad personal de los miembros de COPINH, la familia de Berta Cáceres y Gustavo Castro en Honduras.
La solicitud de medidas cautelares alega que los beneficiarios miembros del COPINH se encuentran en una situación de riesgo como consecuencia de sus actividades en la defensa de los derechos humanos, medio ambiente y recursos naturales; la familia de Berta Cáceres debido al reciente asesinado de la activista integrante de COPINH; y Gustavo Castro por haber sido testigo de dicho asesinato.
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, que los miembros de COPINH, los familiares de Berta Cáceres y Gustavo Castro se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo.
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Honduras que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de personal de los miembros de COPINH, los familiares de Berta Cáceres y Gustavo Castro.
Tomando en cuenta la información presentada que indica que Gustavo Castro ha decidido salir del país para salvaguardar su seguridad, la CIDH considera necesario que el Estado tome todas las medidas necesarias para asegurar su seguridad durante todo el proceso para preparar y completar su salida; que adopte las medidas necesarias para que los miembros del COPINH puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos; que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares y así evitar su repetición.[Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington, 07mar16]
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de cinco integrantes del pueblo indígena Tolupán en Honduras y de la comunidad de San Francisco de Locomapa. Uno de los indígenas asesinados fue Santos Matute, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. La CIDH urge al Estado hondureño a conducir de manera inmediata y dentro de un plazo razonable una investigación de oficio, orientada al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron estas muertes y a sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
Según información recibida por la CIDH, el 21 de febrero de 2016 en San Francisco de Locomapa fueron asesinados Nahún Alberto Morazán, Roberto Carlos Palencia, José Alvarenga, Elvin Joel Alvarenga y Santos Matute, todos integrantes del pueblo indígena Tolupán. Mientras que cuatro de ellos perdieron la vida al instante, Santos Matute fue trasladado con heridas de arma de fuego al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde falleció el 22 de febrero. Santos Matute era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 19 de diciembre de 2013 en razón de las amenazas, hostigamientos y hechos de violencia contra integrantes del MADJ debido a su labor en defensa de los recursos naturales de los pueblos indígenas en el sector de Locomapa, departamento del Yoro.
En su informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, publicado el 18 de febrero de 2016, la CIDH analizó con preocupación la situación de riesgo del pueblo indígena Tolupán debido a la ejecución de proyectos de explotación minera y represas hidroeléctricas sin un adecuado proceso de consulta previa, libre e informada. El informe indica que 17 integrantes del pueblo Tolupán han sido asesinados en los últimos años sin que se haya investigado de forma debida estos crímenes. La CIDH recuerda que los pueblos indígenas tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de interferencia de personas que pretenden tomar control de sus territorios mediante el uso de la violencia. Los Estados también se encuentran obligados a prevenir y luego proteger a los pueblos indígenas afectados de estos actos violentos cuando ocurren en el marco de conflictos territoriales. Que haya una medida cautelar vigente de la CIDH quiere decir que las autoridades estatales estaban informadas de la situación de riesgo grave inminente en que estaba la persona, por lo cual resulta particularmente preocupante que no se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas protegidas por la misma.
La Comisión Interamericana insta al Estado hondureño a investigar sin dilación y con debida diligencia estos asesinatos, y a juzgar y sancionar a las personas responsables de forma pronta. La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.
En este sentido, la Comisión urge a las autoridades competentes a seguir todas las líneas lógicas de investigación, incluyendo la posibilidad de que estos asesinatos hayan estado motivados por las actividades de estos líderes indígenas como defensores de derechos humanos. La CIDH a su vez insta al Estado hondureño a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades de denuncia, acompañamiento y protección, libres de ataques u actos de violencia que pongan en riesgo su vida, su integridad y su seguridad. También urge al Estado de Honduras a adoptar medidas inmediatas para proteger la vida e integridad de los integrantes del pueblo indígena Tolupán, sus líderes y defensores, respetando su identidad cultural, perspectiva y concepción de derechos, con miras a evitar la repetición de estos hechos.[Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington, 07mar16]
El ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, quien sobrevivió herido al asesinato a balazos de la líder de comunidades indígenas Berta Cáceres en Honduras, ha regresado este viernes a México, informó la Cancillería.
Castro Soto, un exsacerdote jesuita de 52 años y líder fundador de la organización Otros Mundos — Amigos de la Tierra México, fue retenido por la Fiscalía como testigo durante casi un mes, y en una ocasión fue impedido de subir a un avión en Tegucigalpa, tras el atentado.
El testigo regresó por vía aérea al aeropuerto internacional de la Ciudad de México junto con su hermano Oscar, experto en temas de migración, "quienes fueron asistidos para su retorno seguro a nuestro país, tanto en los aspectos legales, como en los logísticos y de seguridad", dijo la Cancillería en un comunicado.
El autor del libro 'Las Aguas Negras de la Coca Cola' y de un manual que presentaba en Honduras para organismos no gubernamentales 'La mina nos extermina', fue acompañado en su trayecto por el cónsul de México en Honduras y recibido a su llegada por un funcionario de protección de la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Tratado bilateral en operación
La Cancillería mexicana continuará apoyando a Castro Soto "para que colabore, al amparo del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua, en el proceso de investigación por el homicidio de la señora Berta Cáceres", dijo el comunicado del gobierno de México.
La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu se comunicó antes del regreso de Castro Soto con el canciller de Honduras, Arturo Corrales, "para agradecer la atención a las solicitudes realizadas por el Gobierno de México para permitir el retorno a nuestro país del Sr. Castro Soto".
Ambos Cancilleres reiteraron su voluntad de "continuar colaborando en el esclarecimiento de los lamentables hechos por los cuales el activista permaneció en Honduras por orden judicial a pedido de la Fiscalía y "destacaron el excelente nivel de diálogo entre ambos gobiernos".
El pasado 13 de marzo, las autoridades hondureñas intervinieron por orden judicial la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), encargada de una obra hidroeléctrica a la cual se oponen grupos ecologistas y originarios de esa zona natural
En el allanamiento "se han decomisado armas y secuestrado documentos, y tomado declaración testifical a empleados, como parte de las líneas de investigación que se sigue en este caso".
De haber indicios suficientes se complementarán con la prueba científica para posteriormente presentar las acciones correspondientes ante las autoridades competentes, anuncia la autoridad hondureña.
La secretaría general de la Organización de Estados Americanos, la Comisión de DDHH de la ONU, y la Comisión Interamericana de DDHH, entre otros organismos, pedía que Castro Soto regresara a México, porque en Honduras corría peligro su vida, como testigo y sobreviviente del atentado a balazos en la vivienda de Berta Cáceres.[Fuente: Sputnik News, Ciudad de México, 01abr16]
El sociólogo mexicano Gustavo Castro Soto ha dicho a Sputnik Nóvosti que fue víctima de un doble atentado contra su vida y la dirigente ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada a principios de marzo en el sur de Honduras, en la primera entrevista ofrecida tras el ataque.
"Lo que sucedió en La Esperanza -comunidad indígena del sur de Honduras- fue un doble atentado, contra Bertha Cáceres y contra mi persona", dijo Castro Soto, sociólogo exjesuita de 52 años, tras permanecer casi un mes retenido "ilegalmente" por orden de la Fiscalía y una jueza hondureñas que investigan el crimen perpetrado a balazos la madrugada del 3 de marzo pasado, en la casa de la dirigente.
Horas antes de comparecer por primera vez ante periodistas tras su arribo a México el viernes pasado, Castro Soto enfatizó a esta agencia: "Yo fui víctima de un atentado contra mi vida y lamentablemente estuve en el mismo lugar en el que asesinaron a mi amiga", fundadora en 1993 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.
Sobre la parte medular de su testimonio ofrecido las autoridades hondureñas, sobre el ataque en el cual murió en sus brazos la galardonada con el premio internacional Golden 2015, expresó: "Yo no pude ver quien asesinó a Berta, pero si pude estar en los últimos momentos en que se nos fue"
"Es algo que no es fácil de digerir, ni de asimilar, necesitaré tiempo para eso", dijo sobre el asesinato de Berta Cáceres, para quien la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) había ordenado medidas cautelares por amenazas de muerte por su defensa al ambiente y recursos naturales de las comunidades de la etnia lenca.
El ambientalista autor del libro "Las aguas sucias de la Coca Cola", y del manual para organismos civiles "La mina nos extermina", permaneció refugiado en la embajada de México en Honduras, mientras su vida estuvo amenazada tras sobrevivir herido de bala en una oreja, cuando los asesinos lo dieron por muerto.
En busca de la verdad
Soto ha expresado su disposición a colaborar en busca de la verdad del crimen: "Yo estuve dispuesto a colaborar con las autoridades hondureñas en todo momento, a pesar de que no estaba en condiciones de hacerlo -prosiguió-, puesto que los primeros días no dormí, no me permitieron comer, ni curarme adecuadamente las heridas".
Sobre el incidente en la terminal internacional aérea de Tegucigalpa, cuando fue impedido de abordar un avión tres días después del ataque, tras testificar varias veces ante fiscales, explicó: "Luego pasó que no me dejaron venir a México, cuando ya me disponía a hacerlo en el aeropuerto, y la jueza dictó una orden de restricción de 30 días".
Mientras el secretario general de la OEA, Luis Almagro, le CIDH, y la Comisión de derechos humanos de la ONU exigían proteger la vida del único testigo del crimen, el líder fundador de la organización Otros Mundos-Amigos de la Tierra México, asegura que "fue muy difícil estar en la embajada durante tanto tiempo".
"En la embajada mexicana me trataron muy bien, aunque siento que el Gobierno mexicano no enfrentó la situación con la celeridad el nivel de interlocución que hubiera deseado", dijo el dirigente cuya organización trabaja con comunidades indígenas de Chiapas.
Sin mencionar directamente el apoyo diplomático y legal de la Cancillería mexicana al expresidente del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) detenido en España en una investigación de lavado de dinero, como han denunciado varias ONG, Soto mencionó que "sí lo han hecho en otros casos de mexicanos que son víctimas de delito en el extranjero".
Finalmente, agradeció a quienes lo apoyaron: "a mi equipo de abogados aquí en México y en Honduras por todos los recursos interpuestos y también toda la solidaridad internacional que se ha manifestado en mi apoyo y en el caso del esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres".
El agradecimiento ha sido expresado "muy especialmente a mi equipo de Otros Mundos Chiapas que han coordinado todos estos esfuerzos".
Cáceres y Castro Soto preparaban a principios de marzo, en la residencia de la dirigente hondureña, una reunión del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), para proteger los ríos Blanco y Gualcarque, en una rica reserva de recursos naturales habitada por comunidades autóctonas hondureñas, blanco de un gran proyecto hidroeléctrico y minero.
Los fiscales intervinieron por orden judicial la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), encargada de una obra hidroeléctrica a la cual se oponen grupos ecologistas y comunidades de esa reserva natural, y en el allanamiento decomisaron armas y documentos.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=210836
No hay comentarios.:
Publicar un comentario