Bogotá, 20 abr (PL) El equipo gubernamental viajará hoy a Cuba para reiniciar los diálogos con las insurgentes FARC-EP en los que ambas partes deberán definir asuntos clave para el fin del conflicto, confirmó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Los representantes del Gobierno en dichas pláticas viajarán al final de la tarde rumbo a La Habana, sede de los encuentros desde 2012, ahora con el reto perfilar un pacto sobre el cese el fuego bilateral junto a otras controversiales cuestiones como las zonas donde permanecerán los guerrilleros y la dejación de armas o desarme de los integrantes de ese movimiento.
En semanas previas ambas delegaciones comentaron que lograron avanzar en los dos primeros aspectos, considerados nudos gordianos de las conversaciones.
Durante más de tres años de debates lograron preacuerdos en los temas de reforma rural integral, participación política, combate a las drogas ilícitas y víctimas.
Luego de descartar el 23 de marzo como fecha límite para concluir el proceso, tanto los voceros del Ejecutivo como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), enfrentan el desafío de conciliar posiciones en los restantes puntos de la agenda y en los pendientes o salvedades dentro de los acápites ya discutidos.
Falta, además, establecer un mecanismo para refrendar por la vía popular todo lo consensuado en la capital cubana, pues mientras el Gobierno aboga por un plebiscito las FARC-EP exigen la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente.
Prolongada durante más de medio siglo, la guerra interna ocasionó la muerte a unas 300 mil personas, mientras seis millones permanecen desplazadas de sus lugares de origen y al menos 45 mil están desaparecidas.
En tanto transcurren las pláticas con ese grupo rebelde, los colombianos esperan el comienzo de reuniones oficiales con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), involucrado igualmente en la confrontación bélica, citas que según anuncios recientes deberán empezar en fecha próxima.
El registro general de víctimas del conflicto incluye ya a ocho millones de habitantes, quienes buscan también ayuda estatal por otros efectos de la guerra.
Estadísticas divulgadas por organismos especializados revelan que en las denuncias de los perjudicados aparecen adicionalmente crímenes como tortura, secuestro, despojo de tierras, agresión sexual, amenazas, atentados, robo de bienes, mutilaciones por minas y reclutamiento de menores.
Aunque veedores aseguran que la violencia ligada a la conflagración descendió hasta niveles nunca antes experimentados, la proliferación del paramilitarismo preocupa tanto a insurgentes como a defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones sociales, políticas y opositores, frecuentes blancos de intimidaciones y ataques.
mgt/ap
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