Resumen Latinoamericano/ 07 de Mayo 2016 .-
Para la diputada, parlamentarios que votaron por el impeachment son los mismos que amenazan politicas sociales
Maria do Rosário, deputada federal por el PT, Brasilia.
Los representantes de la “mano dura” están convensidos que el impeachment va limpiar el camino para la aprobación de la enmienda constitucional para reducir la edad mínima para la responsabilidad criminal. / Arquivo/Agência Brasil
Mucho se ha escrito sobre cómo la crisis política brasileña fue armada por políticos corruptos para lograr la impunidad, acusando de todos los problemas estructurales del país a la Presidente Dilma Rousseff y a nuestro partido. Es un pretexto del presidente de la cámara de diputados Eduardo Cunha[actualmente, desplazado por la Justicia de su mandato por denuncias de corrupción] para distraer: el ha iniciado la tramitación del pedido deimpeachment como una venganza personal contra el gobierno porque la administración no lo ayudó en la absolución de sus numerosos delitos. Es un acto de traición perpetrado por el Vice-Presidente [Michel Temer] el cual no debería, bajo ninguna circunstancia, estar negociando apoyo político para derribar su colega de coalición electoral, mucho menos junto al partido que fue derrotado en las elecciones presidenciales en 2014. Es, en resumen, un coup d’Etat bajo el cual una presidente elegida bajo voto popular está sendo acusada de ofensas que no justifican su impeachment.
Un tema que ha sido menos discutido en esos días es, precisamente, cuáles otras motivaciones políticas, además de la corrupción están por detrás de este perverso proceso deimpeachment. Sin duda, una de las principales fuerzas es el afán de impulsar una agenda de derecha conservadora, despejando los obstáculos creados por las administraciones del Partido de los Trabajadores a lo largo de los últimos 13 años. Esta agenda no solamente pone en peligro las numerosas garantías de derechos humanos que los brasileños y brasileñas lucharon para alcanzar, sino también amenaza el espírito de nuestra Constitución Democrática de 1988.
De acuerdo con la Agencia de Noticias Pública, el grupo de congresistas que myoritariamente votaran en favor de la destitución de la Presidente pertenecen a lo que es conocido como el frente legislativo “BBB” (Buey, Biblia y /bala), refiriendo-se a los representantes vinculados políticamente al agronegocio, al ambito religiosas y la “mano dura”. Del otro lado, la mayoría de los congresistas que votaran “no” fueron representantes de los sindicatos de trabajadores y de los derechos humanos, al cual yo pertenezco.
Eso ciertamente no es una coincidencia cuando uno examina con atención que tipo de leyes el primero grupo busca aprobar con el apoyo de quien se pretende ilegitimamanete ser el proximo presidente.
Del lado de los propietarios rurales, por ejemplo, dos propuestas legislativas se destacan. La primera es una enmienda constitucional que busca mover del Poder Ejecutivo para el Legislativo la prerrogativa de decisión sobre la demarcación de tierras indígenas. Esta medida va tornar virtualmente imposible demarcar cualquier otra forma de tierra tradicional en Brasil, justamente porque la mayoría de estas son también disputadas por los propietarios privados que son suficientemente poderosos para elegir sus propios representantes al Congreso. Si esta enmienda constitucional es aprobada, el reconocimiento de la deuda histórica del Brasil a sus populaciones indígenas va ser extirpado de nuestra constitución de forma permanente.
La segunda propuesta de legislación planea “ablandar” la definición criminal de “condiciones de trabajo análogas a la esclavitud” en nuestro Código Penal. Al atentar en retirar “horas de trabajo exhaustivo” y “condiciones de trabajo degradantes” como calificadores de la esclavitud moderna bajo la ley Brasileña, esta propuesta tiene como objetivo hacer más difícil para el Ejecutivo y el Sistema de Justicia acusar y procesar los empleadores, en particular en las áreas rurales, por someter los trabajadores a condiciones inhumanas equivalentes a la esclavitud. Este proyecto de ley viola los principios de derechos humanos y también va en contra los esfuerzos puestos en marcha por la administración de la Presidente Dilma Rousseff para garantir que la esclavitud moderna sea punible por los medios mas severos disponibles en nuestra legislación.
De su parte, los representantes de la “mano dura” están convensidos que un cambio en el gobierno va limpiar el camino para la aprobación de su más celebrado proyecto de ley: una enmienda constitucional para reducir la edad mínima para la responsabilidad criminal, de 18 para 16 años. El diputado Eduardo Cunha [que ejercía la presidencia de la Cámarde Diputados] está personalmente involucrado en promover este retroceso constitucional. Virtualmente todas las principales ONGs de derechos humanos y organizaciones intergubernamentales han tomado posición firmemente en contra este proyecto de ley por saber que el va profundizar la criminalización de la juventud más vulnerable del Brasil y los envíar para el sistema penitenciario degradante del país.
En este punto, es importante decir, Dilma ha luchado contra la dictadura militar en Brasil, fue torturada por el régimen y en su primer mandato en la presidencia ha instituido una comisión para investigar las violaciones de derechos humanos promovidas por los agentes estatales entre 1946 y 1988.
Finalmente, la bancada parlamentaria religiosa, del cual Eduardo Cunha es un miembro prominente, apuesta en el apoyo de un nuevo gobierno para avanzar la legislación discriminatoria que va poner obstáculos particularmente a los derechos de las mujeres y la población LGBTQ. El así llamado, “Estatuto de la Familia”, el cual define familia la únicamente constituida por un hombre y una mujer está en el topo de su lista, tiene el potencial de revertir la decisión de la Corte Suprema que ha autorizado el casamiento de personas del mismo sexo en Brasil desde 2011.
Con el avanzo del conservadurismo en Brasil, Dilma está bajo ataque por muchas razones, más también por ser mujer. Una parte de la prensa y sus oponentes políticos están tratando la primera mujer elegida presidente con falta de respecto. Un buen ejemplo es la tapa reciente de una importante revista que dijo que Dilma estaba perdiendo los estribos y portando-se como una histérica, mostrando así la dimensión sexista contra ella.
La mayor probabilidad que estos proyectos de leyes sean aprobados si la Presidente Dilma es injustamente removida de su cargo no es basada en conjeturas. La nueva mayoría en el congreso que se ha unido en torno a suimpeachment es precisamente la más inclinada a perseguir esta agenda una vez que entienda estar libre de cualquier presión del poder Ejecutivo para portarse de manera contraria. Además, estos caucus de derecha estarían en posición de cobrar del presidente no-elegido el precio de su apoyo en el proceso de impeachment.
Este movimiento anti-democrático no puede ser percibido simplemente como un “giro conservador” en la política brasileña. No es resultado de elecciones presidenciales, así como no refleja los deseos de la mayoría de los ciudadanos quienes votaran en 2014. 54 millones de brasileños han elegido una presidente que promocionaría una agenda de derechos, más en línea con las aspiraciones de nuestros trabajadores e movimientos sociales e que lucharía contra los ataques a nuestras garantías constitucionales.
Al lo largo de las ultimas semanas, la Presidente Dilma Rousseff ha ganado apoyo y confianza de los movimientos brasileños de derechos humanos para dar continuidad y mejorar su trabajo en este campo. Nuestra sociedad civil quiere que el Brasil continúe a ser un líder internacional en la promoción de la democracia y los derechos humanos. En los últimos 13 años, Brasil ha emergido como ejemplo de como un país puede enfrentar sus problemas estructurales y promover el desarrollo y al mismo tiempo reducir la pobreza, colmar la brecha de desigualdad y promover derechos. Retornar hacia atrás en ese camino seria una vergüenza para el Brasil, los brasileños y para el mundo.
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