Reuters
MIJAS, Málaga (Reuters) - La columna vertebral de la jubilada británica Judy Swatridge se mantiene unida por tornillos y placas de titanio tras sufrir una fractura hace más de diez años. Esta mujer necesita revisiones regulares y toma medicamentos con receta para enfermedades como la diabetes y la presión arterial alta.
Swatridge, de 75 años, es uno de las decenas de miles de jubilados británicos en España preocupados por la posibilidad de que pierdan el acceso gratuito a la asistencia sanitaria española, actualmente garantizada por la legislación comunitaria.
"Tendría que volver al Reino Unido, no me quedaría otra opción", dijo Swatridge, que vendió su casa británica para trasladarse a España hace 13 años, después de asistir a una reunión de jubilados con preocupaciones similares en el municipio malagueño de Mijas, en la Costa del Sol.
"Ya lo he estudiado", añadió.
Gracias a la buena reputación de su sistema de salud, el clima cálido y el estilo de vida mediterráneo, España se ha convertido en el destino europeo de retiro más popular para los británicos y a Londres no le queda otro remedio que reembolsar a Madrid los costes sanitarios de sus jubilados afincados en España.
No está claro si la garantía comunitaria para el servicio sanitario permanecerá porque este será un tema que probablemente se incluirá en las negociaciones para el divorcio con la UE que empezarán en marzo.
Entretanto, a muchos jubilados británicos les preocupa que la pérdida de acceso a la Seguridad Social les obligue a regresar a su país, aumentando la presión sobre la sanidad británica y dejando patente otro efecto colateral del Brexit en Europa.
El retorno de pensionistas saturaría aún más a un Servicio Nacional de Salud británico (NHS, por sus siglas en inglés) en el que los pacientes a veces tienen que esperar horas en los pasillos del hospital hasta ser atendidos, una eventualidad que no contemplaron quienes hicieron campaña por abandonar la UE.
De hecho, la campaña del Brexit argumentaba que el NHS se beneficiaría de la ruptura con el bloque europeo al considerar que los fondos aportados a proyectos comunitarios podrían destinarse a financiar el sistema sanitario doméstico.
España es actualmente el hogar de unos 300.000 británicos y más de un tercio de los mismos tienen más de 65 años. Según datos de la ONU, España y Portugal acogen a cerca de la cuarta parte de los británicos que viven en Europa, según datos de Naciones Unidades.
En total, más de un millón de británicos viven en Europa y más de tres millones de ciudadanos comunitarios en Reino Unido, datos que serán elementos útiles en las negociaciones de separación entre Londres y Bruselas.
La primera ministra británica, Theresa May, ha pedido una "pronta solución" ante la ansiedad que sienten los residentes extranjeros. Pero los líderes de la UE han descartado entablar conversaciones sobre derechos de residencia mutua hasta que May ponga en marcha el proceso de salida activando el artículo 50 del tratado de la UE.
¿QUIÉN PAGARÁ LA FACTURA?
Reino Unido es entre todos los países extranjeros el principal usuario del sistema español de salud universal, según cifras de la Seguridad Social, con una factura tres veces superior a la de los franceses, el segundo principal usuario.
Los británicos costaron a España 285 millones de euros (304 millones de dólares) en asistencia sanitaria el año pasado, incluidos turistas y pensionistas, casi el 50 por ciento del gasto sanitario para el conjunto de los ciudadanos comunitarios extranjeros. Esta cifra se compara con los 150.000 euros que costó la atención médica de los españoles, mayoritariamente en edad laboral, en Reino Unido, de acuerdo con las estadísticas de la Seguridad Social.
En virtud de las normas comunitarias, España y Reino Unido se compensan mutuamente por el coste que causan sus ciudadanos a sus respectivos sistemas de salud.
Sin embargo, no está claro quién pagará la factura por los costes médicos británicos una vez que Reino Unido abandone el bloque.
Una portavoz del gobierno británico dijo que aún no se había decidido nada sobre el futuro de los acuerdos de salud recíprocos, y añadió que Reino Unido sigue siendo un miembro de la UE con todos los derechos asociados hasta que concluyan las negociaciones.
"El gobierno está considerando las diversas opciones que pueden estar disponibles, y sería un error establecer posiciones unilaterales antes del proceso de negociación", dijo.
"THERESA MAY DEBERÍA SER CLARA"
España buscará un acuerdo con Reino Unido para que siga reembolsando el coste sanitario de los británicos, dijo el ex ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, del gobernante Partido Popular (PP) en septiembre.
Sin este acuerdo, los pensionistas no tendrán garantizado que España les conceda acceso libre a su sistema de salud.
Algunos podrían solicitar la ciudadanía española para asegurárselo, transfiriendo el coste de su asistencia médica a España, pero sólo podrían hacerlo aquellos con padres o cónyuge españoles, o con al menos 10 años de residencia en el país.
Pero tendrían que renunciar a la ciudadanía británica, una decisión muy dura por muchos motivos. Por ejemplo, su patrimonio quedaría sometido a la legislación española en materia de herencias, más normativa.
Según la ley española, los extranjeros que vivan cinco o más años en España podrían acceder al sistema sanitario público independientemente de los acuerdos comunitarios, pero esto tampoco está completamente asegurado para los preocupados jubilados británicos tras el Brexit.
Abogados que asesoran a ciudadanos británicos en España dicen que su estatus aún debe ser determinado en las negociaciones de ruptura, por lo que no está claro que esa disposición se aplique tras la salida británica de la UE.
Los municipios españoles donde los jubilados gastan su dinero en tiendas, restaurantes y campos de golf también están ansiosos por un acuerdo que mantenga el acceso de los británicos a la asistencia sanitaria gratuita.
Las pensiones estatales británicas cobradas en España totalizaron 583 millones de libras (733 millones de dólares) el año pasado, el valor más alto globalmente fuera de Reino Unido, según cifras del gobierno.
El alcalde de Mijas, donde más de uno de cada 10 habitantes son británicos, dice que está presionando al Parlamento Europeo y al gobierno central español para conservar el libre acceso de los británicos al sistema de salud.
"Estas personas eligen España por la calidad de vida y este servicio es una parte esencial para ellos cuando deciden dónde vivir", dijo el alcalde Juan Carlos Maldonado.
En un bar del paseo marítimo de la vecina localidad de Fuengirola, los pensionistas se preocupan por su futuro mientras juegan al bingo y toman parte en una rifa organizada por una organización benéfica cuyos premios son vino y chocolates.
"¿Cuánto tiempo durará la incertidumbre" se pregunta Jean Baker de Essex, que vive en España desde hace 13 años y utiliza el servicio de salud para chequeos de corazón y tensión.
"Theresa May debería hablar claramente. Se lo pone muy difícil a la gente que quiere saber lo que tiene que hacer".
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