Todos conocemos el argumento estrella del Gobierno de España y sus adláteres para negarse a oír las reivindicaciones políticas de quienes solicitan el derecho a decidir (tanto para Cataluña como para otras cuestiones fundamentales): que el referéndum va contra la Constitución. Por si las razones políticas y jurídicas no fueran suficientes para querer celebrar cualquier consulta a la ciudadanía en un sistema que se autodefine como democrático, lo que causa más rubor es el historial de los autores de la frase. ¿Cumple la Constitución un partido que según los tribunales lleva desde su fundación financiándose ilegalmente, que ha tenido a todos sus tesoreros imputados, con una terminología de casos de corrupción que agota la imaginación de los investigadores? Un partido que instruye sistemáticamente a sus representantes territoriales con power points sobre cómo engañar a la Justicia. Un partido que en definitiva cumple los requisitos para la ilegalización que él mismo estableció en la famosa Ley de partidos con la que se persiguieron ciertas ideas políticas en Euskadi.
Si en un país en el que los jueces e investigadores claman por su falta de independencia y recursos, en el que sólo tenemos la mitad de jueces por habitante que la media europea, se descubre un grave caso de corrupción semanal o diariamente, ¿qué llegaríamos a saber en un Estado en el que el Ministro de Justicia no se cargase a los pocos fiscales que no están a sus órdenes y en el que los grandes medios de comunicación no estuvieran todos en las mismas escasas manos? Los asaltos a casas de fiscales, las presiones a jueces y denunciantes de corrupción, los discos duros reventados, los informes desaparecidos, las muertes repentinas... Todos los indicios conducen a la misma conclusión: nos gobierna una mafia.
Si los que crean la ley se la saltan tan frecuentemente, es lógico suponer que también la letra de la ley les favorece (por si acaso tuvieran que cumplirla). Así es. La corrupción fuera de la ley es apabullante pero aún peor es la corrupción proclamada en el BOE. Las puertas giratorias constituyen el símbolo más diáfano de un Estado construido en favor de los intereses de una oligarquía. Regulan y privatizan servicios básicos como la luz, el agua o la sanidad en perjuicio de la población y unos meses después los lobbies beneficiarios les devuelven sus excelsos servicios. Con obscena impunidad.
Cuando habla de Cataluña, "el PP, por la Constitución, mata". Lo mismo hace cuando la incumple en tantos asuntos: mata al ser uno de los líderes mundiales en venta de armas, mata entre otras cosas legislando continuamente a favor del oligopolio eléctrico que causa 7200 muertes al año por pobreza energética, mata cuando vulnera los tratados internacionales sobre inmigración y refugiados, mata cuando su precariedad laboral causa alrededor de 600 muertes al año en el puesto de trabajo, mata cuando cada verano incrementa en cientos de millones el ya abultado presupuesto militar, mata cuando recorta una y otra vez en sanidad y mata a los 90 personas que fallecen cada día en la lista de espera de la Ley de dependencia.
Noel Bandera, sociólogo en @Accountable2019
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=223521
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