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No es el choripán, son gorilas


Panorama sindical




In Memorian de Jonathan Gardini
Trabajador asesinado el 30 de marzo cuando participaba del corte de la
calle de entrada al cordón industrial de San Lorenzo (Santa Fe)



El presidente Mauricio Macri abrió el Foro Económico Mundial que se celebra en Buenos Aires con una referencia vinculada al paro nacional de la CGT: “Qué bueno que hoy estemos acá, trabajando”, destacó de cara a un auditorio colmado de empresarios.

De esa manera, el jefe de Estado trató patéticamente de bajarle el tono al alcance de la medida de fuerza que comenzó en la madrugada del jueves y se vio potenciada por los piquetes y la falta de medios de transporte.

El capítulo latinoamericano del Foro Económico Mundial se realiza por primera vez en la Argentina como reconocimiento de los ricos del mundo al cambio en el rumbo económico. “La transformación en curso de la región se ejemplifica en el país anfitrión de este año -destacó el WEF. Argentina, una economía del G20 con vastos recursos, está adoptando un nuevo marco económico, reingresando a los mercados internacionales e impulsando una transformación tecnológica y digital en todos los sectores”.

Tampoco se privó el Presidente de felicitar a Patricia Bullrich y pedirle mayor dureza contra los piquetes a Rodríguez Larreta. El saldo represivo fue un desalojo con seis detenidos y cuatro heridos en la Panamericana, realizado por las fuerzas nacionales, y la intervención de la policía porteña en la avenida Callao y Corrientes, que dejó un manifestante detenido.

Para el objetivo mayor de Macri, que era mostrar una Argentina sin caos, sobre todo ante la presencia de más de 1.000 empresarios que vinieron al Foro Económico Mundial, quedó resuelta la meta con el accionar en Panamericana y en el piquete porteño. 


Bullrich estuvo desde las 5:00 en el centro de Operaciones del Ministerio de Seguridad y envió a su segundo, Eugenio Burzaco, a la Panamericana para controlar in situ. Allí fue donde se concentró el mayor operativo para desplazar los piquetes y garantizar la libre circulación, pero el accionar represivo ya había tenido otras expresiones en días anteriores.

“Bajen las armas, acá sólo hay pibes comiendo”

La consigna escrita sobre una ancha bandera blanca encabezó la multitudinaria movilización de los cooperativistas y militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que llegaron hasta el Municipio de Lanús en reclamo de justicia por la represión desatada contra quienes estaban en el comedor “Cartoneritos”, que la organización sostiene en Villa Caraza, en la noche del jueves 31 de marzo y por los apremios ilegales, vejaciones y desaparición forzada, de la que fue víctima uno de sus integrantes. “No recibimos ningún llamado ni desde el Municipio ni desde el Gobierno provincial para dar explicaciones sobre lo ocurrido”, señaló Nicolás Caropresi, referente del MTE.

La columna que partió a las 14:00 del martes pasado, desde la estación de Lanús hasta la sede del Municipio, reunió a más de un millar de personas con el respaldo del Movimiento Evita, el Movimiento Popular La Dignidad, la CCC, Barrios de Pie, otras organizaciones sociales y políticas, y comedores y murgas de la zona, para llevar frente a la sede municipal el pedido de justicia, que quedó formalizada en el Poder Judicial, y el reclamo de la separación del cargo del Secretario de Seguridad, Diego Kravetz.

“El Gobierno mantiene un doble juego al atacar a los compañeros que se organizan en las barriadas populares, en los comedores que garantizan que los pibes se alejen de los tranzas del barrio, mientras intentan estigmatizar y criminalizar la pobreza”, aseguró Caropresi.

El referente de la MTE fue uno de los oradores de la marcha junto a la coordinadora y las cocineras del comedor, las primeras en dar testimonio de los disparos de balas de goma y el gas pimienta con los que la Policía local ingresó con la excusa de perseguir a un hombre con pedido de captura.

También en Rosario una quincena de miembros de la comunidad Qom fueron detenidos en la Comisaría 19°, muchos de ellos y ellas con fuertes golpes y luxaciones. Previo a esto rondando las siete de la mañana del domingo 2 de abril y tras un raid de agresiones verbales discriminatorias a miembros de la comunidad, más de cuarenta efectivos del Comando Radioeléctrico habían ingresado y destrozado viviendas sin respetar medida procedimental alguna. Un joven menor de edad detenido apareció golpeado en un terreno baldío y debió ser hospitalizado. Tras 14 horas fueron liberados los detenidos y la fiscalía dispuso la investigación al personal policial, incluido el médico institucional que dijo no haber constatado lesiones.

Apostillas del paro nacional

Un conjunto de asociaciones pymes manifestó su adhesión al paro del 6 de abril y convocó a un “Percianazo”, es decir a un lock out o paro patronal, para sumarse a la medida que convocaron las centrales sindicales.

La iniciativa se acordó con el objetivo de reclamar por “un nuevo modelo económico nacional, que defienda las industrias y revalorice el mercado interno como motor de desarrollo económico”.

El documento destaca que “el sector Pyme emplea a cerca del 80% del universo laboral privado. Las decisiones económicas del gobierno nacional atentan contra el entramado productivo Pyme y lo hacen también de manera directa contra el trabajo de los/as argentinos/as y empeoran la ya complicada situación social que estamos atravesando”.

Las asociaciones pyme que convocaron a la medida fueron APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios); Asociación PYME CEEN (Central de entidades empresarias nacionales); CGERA (Confederación General Empresaria de la República Argentina); Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino y Pymes SUR.

Envalentonado tras lo que consideran un éxito de la marcha del #1A, desde el Gobierno volvieron a utilizar las redes sociales. Con el hashtag #YoNoParoEl6 convocaron a rechazar la medida de fuerza de la CGT. Miles de personas se volcaron a las redes sociales para cuestionar la medida y anunciaron que se trasladarían a trabajar a pesar de la ausencia de transporte público.

Después de que el Jefe de Estado dijera que no comprende el paro y apuntara a sindicatos “mafiosos”, el público defensor del macrismo impulsó el hashtag #YoNoParoEl6. Si bien no hubo funcionarios y militantes del PRO que se sumaran oficialmente a la propuesta, el hashtag sí circuló entre usuarios mayormente anónimos y usualmente asociados al oficialismo.

Que la demorada resolución del paro fue a regañadientes es público y notorio. Por ese motivo, la incógnita que se presenta es qué rumbo adoptará la central obrera en los días posteriores a la masiva y contundente medida.

El gobierno no convocó a ninguna reunión previa al paro para intentar desactivarlo. Apuntó, más bien, a desmontar la unidad de acción de la CGT sobre la base de las paritarias de los gremios con alto poder de fuego.

Así, consagró el cierre de la paritaria de empleados de comercio en un 20% en dos cuotas, además de una cuantiosa suma para la Obra Social.

Del mismo modo, autorizó la apertura de las paritarias del transporte y generó un clima de negociación diferente al que desenvuelve con los dirigentes docentes. Primero le tocó a los choferes de la UTA y luego a los ferroviarios. Omar Maturano, titular de La Fraternidad, señaló que en la negociación que encararon en común con Sergio Sasia de la Unión Ferroviaria e integrante del MASA, "la patronal no tiró números, sólo recibió nuestro planteo del 25%. Lo bueno fue que no pusieron techo."

En la agenda de corto plazo están las estratégicas paritarias de la UOCRA, con la que se avanzó también en un acuerdo de productividad, la de los estatales de UPCN y los gráficos, entre otras.

Por otra parte, el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ordenó reforzar las auditorías en los gremios en busca de irregularidades en los procesos eleccionarios y detectar casos en los que no se cumpla con el 30 % del cupo femenino, algo que habilitaría a poner trabas a las actuales dirigencias.

Como parte de la misma estrategia, Triaca dio curso a las impugnaciones que cuestionan la conformación del triunvirato de la CGT por un presunto incumplimiento del estatuto interno.

Además, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, a cargo de Horacio Pitrau, anunciará en los próximos días una serie de recomendaciones a los sindicatos en lo relativo a la “transparencia y a la institucionalidad” en el reparto a las prestadoras médicas sindicales.

Omar Plaini, diputado nacional y dirigente de la CGT, reconoció que "es un gobierno que tiene una forma de concebir la política. Es muy difícil que cambie", y descartó que las paritarias sean la vía de continuidad: "El paro va más allá de eso, no podemos mezclar una cosa con la otra. Entendemos que el rumbo debe ser modificado y vamos a seguir con el plan de lucha".

Aunque Plaini, le restó importancia a la elección a la hora de establecer la ruta de la CGT, a cuatro meses para las PASO, a nadie se le escapa que la estrategia que asuma va a estar condicionada por esa realidad y, en particular, por la interna del peronismo. 

Docentes

“Hay veinte provincias que no cerraron paritarias”, sostuvo Roberto Baradel. En Capital, las autoridades cerraron por decreto las negociaciones con la última oferta propuesta de 19,75%. Además de Buenos Aires, las provincias más conflictivas hoy son Entre Ríos, Santa Cruz y Neuquén, donde no se dictaron clases a lo largo de toda la semana.

Los docentes afiliados en la Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) extendieron hasta el viernes la toma de la planta baja del Ministerio de Educación provincial, donde permanecieron sin baños ni luz durante varios días. Mientras tanto, sigue en pie la carpa blanca levantada el lunes frente a Casa de Gobierno en rechazo a la oferta paritaria del gobierno.

El conflicto también crece en Santa cruz, donde el gobierno de Alicia Kirchner ofreció a los gremios docentes 3% de aumento. Los gremios dispusieron un paro de 120 horas que se extendió durante toda la semana.

Además, el miércoles, desde las 8 de la mañana, se realizó el Congreso extraordinario provincial de Adosac, en donde se discutió y se aprobó no acatar la conciliación obligatoria dictaminada por el gobierno provincial.

El gremio argumentó que no hay un “conflicto” entre las partes como para llegar a un arreglo, sino que lo que se está viviendo es un total incumplimiento por parte del gobierno de Alicia Kirchner en el pago de los sueldos, el arreglo paritario, etc. Se resolvió además un paro por 72 horas para la semana siguiente. Aunque este miércoles 5 abril se terminó de abonar el sueldo de febrero, aún no se sabe nada respecto del sueldo de marzo.

A minutos del mediodía del miércoles las columnas de docentes agremiados en ADOSAC llegaban a la calle San Martín en donde los esperaban los trabajadores de ATE y jubilados de la provincia para aunar filas. Cuadras más adelante, al llegar a la intersección con la Avenida Kirchner, un grupo importante de padres se sumó al pedido al gobierno del Frente Para la Victoria para que garantice el comienzo de las clases cumpliendo con lo adeudado a las y los docentes de Santa Cruz.

Más de cinco cuadras colmadas de trabajadores marcharon por las arterias principales de la ciudad, recibiendo el apoyo de los transeúntes y automovilistas quienes tocaban bocinas y aplaudían.

La semana que viene habrá nuevas medidas de fuerza de los diferentes gremios de la administración pública ya que aún no se obtuvo respuestas por parte de Alicia Kirchner con respecto al pago de los sueldos del mes de marzo y una nueva oferta paritaria.Mientras tanto, la gobernadora bonaerense redobló la apuesta. En una carta dirigida a los sindicatos, que motivó correcciones de los docentes a los errores ortográficos de Vidal, dice que puede haber una propuesta salarial superadora siempre y cuando se abandone el derecho a huelga.




Sin embargo, no las tiene todas consigo. En un nuevo giro del conflicto, Dora Eva Temis, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nª 58, resolvió ante la medida cautelar presentada por la entidad gremial UDA (Unión Docentes Argentinos), que el Ministerio de Trabajo Nacional debe llamar en cinco días a la paritaria nacional. Es más, en los fundamentos que establece la sentencia judicial dice: “el mantenimiento de esta situación de hecho [la no convocatoria a paritaria nacional] configuran una gravedad tal (teniendo en cuenta objetivamente que se proyecta sobre la posibilidad o imposibilidad del dictado de clases en los respectivos niveles de la enseñanza -derecho humano fundamental a la educación-) que justifica el dictado de la medida”, señala Temis.

Este dictamen judicial viene a dirimir lo que es el punto central del conflicto docente a nivel nacional desde el inicio del ciclo lectivo 2017, hace más de un mes. La negativa del Ministerio de Educación nacional de convocar a paritaria nacional se basa en el argumento expresado por el ministro Esteban Bullrich de que el ministerio nacional “no tiene escuelas”.

La ley mencionada conocida como Ley del Financiamiento Educativo y el Decreto 457 de 2007, determinan que el gobierno nacional y los sindicatos con representación nacional, convoquen al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para la designación de una comisión que establezca un nuevo convenio marco ya sea salarial o de condiciones de trabajo docente.

Desde el año 2007 la paritaria nacional establece un piso salarial para todas las provincias, a partir del cual, en cada una de éstas la paritaria salarial debe partir de ese piso establecido nacionalmente. La ley intenta paliar la provincialización del sistema educativo que instauró la Ley de Educación Federal de 1994.

Además, lo que prevé la ley 26.075 es que el Estado nacional auxiliará con fondos nacionales a aquellas provincias que no posean los fondos para pagar los aumentos de los salarios docentes que surjan de esa paritaria. En el artículo 9° la ley dice que: el “Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, cuyo objetivo será el contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial docente en aquellas provincias en las cuales se evalúe fehacientemente que, a pesar del esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignación de los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades”.

Mientras el titular del gremio docente bonaerense y referente de la CTERA, Roberto Baradel, afirmó que está dispuesto a generar un “impasse” en el paro de maestros si la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, cumple los fallos judiciales en favor de los maestros, tanto el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, como el de Educación, Esteban Bullrich, preparan una apelación del fallo.

La docencia universitaria realizó un paro de 72 horas los días 4, 5 y 6 de abril ante la propuesta del gobierno, que en la última reunión paritaria ofreció un 18% en cuatro cuotas, una oferta que fue rechazada por todas las federaciones docentes. En el marco del conflicto, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA realizaron una clase pública en Aeroparque con más de 200 estudiantes. Fue una de las más de 100 clases públicas para visibilizar el reclamo en defensa del salario de los docentes universitarios, la educación pública y la ciencia y la tecnología.

En tanto, el martes 11 de abril, en el marco de un nuevo día de protesta, la Conadu Histórica hará una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo, desde la mañana a la noche.

Junto con los docentes, los médicos de la Provincia nucleados en CICOP se han convertido en el gremio más combativo y que más medidas de fuerza le hizo a María Eugenia Vidal en territorio bonaerense.

Volverán a parar el martes 11 de abril y realizarán una jornada de doble paro para el 19 y 20 del mismo mes con movilización al Ministerio de Salud de la Provincia. El reclamo de los médicos es por un llamado a paritarias.

En Santa Fe, tras una masiva votación, el gremio mayoritario de los profesionales de la salud, SIPRUS, rechazó la oferta salarial del gobierno. Un 72% de los y las votantes se pronunciaron por la no aceptación del 25% de incremento en tres cuotas propuestos en la reunión del 23 de marzo y sometida a votación.

Continúan los despidos

Los trabajadores suspendidos por nueve meses de la planta de General Motors Alvear señalan que se tratan de despidos encubiertos y que todos los trabajadores en esa situación padecen lesiones laborales.

El motivo de las suspensiones radica en la recesión que atraviesa Brasil, destino de buena parte de la producción de la planta de Chevrolet en la provincia de Santa Fe. Las suspensiones entraron en vigencia a principios de marzo y abarcaron a 350 de los 2.300 empleados de la planta santafesina de General Motors.

El acuerdo al que arribó el gremio fue rechazado de plano por los empleados de la planta de Alvear, ubicada a 25 kilómetros al sur de Rosario. De hecho se manifestaron en varias ocasiones en la empresa y también en el gremio.

Desde el gremio sostuvieron que: “Este es un acuerdo a nivel nacional que fue firmado por 23 de 24 delegados. No me importa que no estén de acuerdo, la conducción del gremio la tengo yo, no ellos”, dijo el secretario general Marcelo Barros.

Darío Sosa, operario de General Motors, sostuvo que presentaron los descargos, solicitaron la inmediata reincorporación de todos los suspendidos y rechazaron el acuerdo en el Ministerio de Trabajo local. Si bien los trabajadores están dispuestos a transitar todas las instancias de negociación posibles, ven “como remota una reincorporación”. “Creemos que estas suspensiones son despidos encubiertos. De hecho, la empresa ya cerró entre 20 y 30 retiros voluntarios y a todos los demás nos anularon las tarjetas de entrada a la planta. Ni el gremio nos recibe, tenemos las puertas cerradas, no nos dejan entrar”, explicó Sosa. Ahora, para terminar de confirmar sus sospechas, GM dejó de hacer los aportes jubilatorios correspondientes.

Por segundo día, los 83 trabajadores despedidos del Indec se vieron impedidos de tomar tareas.

La dirección mantuvo el maltrato del día previo, obligando a los trabajadores a formar fila para entrar, argumentando la caída del sistema de ingreso.

Después de otra manifestación en la puerta, se realizó una asamblea masiva de ATE y UPCN. La gente copó el hall central y los diez pisos del edificio estaban repletos.

Luego de la asamblea la protesta continuó con un corte de calle en la puerta del Instituto.

El pasado 4 de abril, los trabajadores de Cresta Roja, dieron a conocer un comunicado, titulado “El Conflicto Continúa”, donde entre otras cosas señalan:

“En el día hoy tal cual estaba previsto con la Comisión Interna asistimos a una reunión en la planta dos para debatir el plan de reincorporaciones, allí la Comisión volvió a transmitir y ratificar su discurso afín a los intereses de la patronal negando la posibilidad de ingresos inmediatos y agitando el fantasma de cierre ante la continuidad del conflicto.

Los trabajadores no reincorporados sabemos que la empresa está en condiciones de garantizar ingresos inmediatos no solo por el aumento en los niveles de producción sino por las propias declaraciones y denuncias de nuestros compañeros que hoy se encuentran trabajando con extenuantes jornadas y sobrecarga de tareas. Proteinsa, el actual grupo operador, está decidido a hacer pasar su plan de ajuste no solo impidiendo la totalidad de los ingresos tal cual quedó estipulado en las resoluciones judiciales, sino además destruyendo nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, congelando los salarios y negando el pago de los años trabajados con los Rasic. El gobierno de Macri quiere ajustar al igual que en Sancor, General Motors, Canale o AGR Clarín.

No es casualidad que desde la Comisión Interna se utilizara el discurso del Presidente de que los conflictos, que no son productos de otra cosa que de las promesas incumplidas, impedirían la llegada de inversiones, junto con las constantes amenazas de cierre.

Nuestras familias ya no pueden esperar, es por esto que hoy nos movilizamos a ambos municipios de la zona tanto de Ezeiza como de Esteban Echeverría para solicitar la intervención urgente de ambos municipios y el Estado nacional.

Hemos debatido y votado un plan de acción que incluye nuestra participación en el paro activo del día 6 de abril siendo parte de las jornadas de cortes contra el ajuste de Macri, y una asamblea el día viernes en el que se nos ha ofrecido una nueva reunión para evaluar la posibilidad de firmar contratos de ingresos para el próximo mes, que de ser negados nos obliga a profundizar las medidas de lucha”.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande (Tierra del Fuego) confirmó que habrá caída de contratos de trabajadores en la fábrica de celulares IATEC, del Grupo Mirgor. Se trata del conglomerado empresarial fundado por Mauricio Macri y Nicolás Caputo, que hoy sigue siendo propiedad del mejor amigo del Presidente de la Nación.

A principios del 2016 IATEC fue beneficiada con subsidios para un plan de recambio de celulares que tendría como objetivo central acelerar la migración de redes 2G y 3G a 4G. Pero ahora, Angel Gordillo, secretario de organización de la UOM Río Grande, detalló que la empresa de Caputo “va a dejar de producir algunas líneas de celulares, que es donde hay más trabajadores”.

En telefonía móvil, IATEC es fabricante exclusivo de los teléfonos Nokia y de los móviles Samsung.

En 15 meses del gobierno de Mauricio Macri se perdieron 6.800 puestos de trabajo, cerraron 111 empresas y cinco familias por día abandonaron Tierra del Fuego.

Visteon, fábrica emplazada en Río Grande y encargada de producir aires acondicionados, cerró y dejó a 100 trabajadores en la calle. Los que aún no llegaron a bajar sus persianas, pero sí tuvieron cesantías, fueron BGH (pasó de 1.180 a 215 puestos de trabajo) y Brighstar (de 2.000 a 500 puestos de trabajo). Asimismo, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el sector comercial hay 300 puestos de trabajo caídos.

En 2015 la industria electrónica empleaba a 13.753 trabajadores, lo que representó el punto más alto para el sector. A diciembre de 2016, tras 5.271 despidos, quedaron 8.482 puestos de trabajo.

La canasta popular (que no incluye servicios públicos ni alquiler) ha aumentado en los últimos 12 meses un 36,06%. El alquiler de vivienda representa para los trabajadores una de las mayores preocupaciones ya que un monoambiente vale 8.500 pesos y un departamento de tres ambientes cuesta 11.000 pesos. Por su ubicación geográfica, la electricidad tiene una incidencia superior (tanto en los hogares como en la industria) a la media del país, y con escasa capacidad de reducir consumo. En promedio, según la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), la tarifa es de 1.088 pesos contra los 284 pesos de la Capital Federal y los 409 pesos de la provincia de Buenos Aires. En los últimos 6 meses del 2016, 600 familias dejaron Tierra del Fuego, pero solo en febrero del actual hubo 500 mudanzas.

En asamblea, los trabajadores que desde hace 82 días tomaban la planta de AGR-Clarín, decidieron dejarla. La condición que pusieron los trabajadores es que además de las filmaciones de la policía para tomar registro del estado en que entregan las maquinarias, haya registro de una organización popular.

La orden de desalojo les fue presentada por la policía ante un importante operativo de agentes preparados para sacar por la fuerza a los trabajadores si no resolvían salir. "Hay un verdadero ejército", afirmó desde dentro de la planta Marcelo Ramal, legislador porteño del FIT. La lucha seguirá afuera, dijo uno de los trabajadores, para pelear por la recuperación de sus puestos de trabajo.

Directivos de la fábrica de quesos Magnasco enviaron 26 telegramas de despidos a sus operarios que desde el último lunes de marzo se quedaron sin su fuente laboral.

La crisis del sector lácteo sumada a la falta de apoyo gubernamental hizo que en los últimos meses cerraran varias plantas. La fábrica de quesos Chateubriand en Carmen, la empresa láctea La Serenísima en la ciudad de Rufino y ahora Magnasco. 

Dos triunfos obreros contra los despidos: Sidernet y Laboratorios Roux Ocefa

Desde el viernes 31 de marzo, 50 trabajadores de Sidernet, contratista de Ternium-Siderar, tomaron un galpón para mantener una vigilia por sus puestos de trabajo, acompañado de una huelga de brazos caídos. Sidernet, del Grupo Techint, realiza tareas del sector Embalaje, Ternium intentó cortar el contrato de la empresa dejando a 50 operarios con sus familias en la calle.

El lunes 3 de abril la fábrica amaneció con un paro solidario del resto de los contratistas. Al mediodía hubo una reunión entre directivos de la empresa y representantes de UOM, donde se llegó a un acuerdo que dejaría a 33 compañeros en planta permanente, 11 por contratos realizando tareas de planta, y finalmente 5 quedarían a discusión en el Ministerio de Trabajo por problemas particulares.

Los compañeros de Sidernet dieron un paso enorme en la lucha contra el plan empresarial de Techint, que busca reducir el personal en un 20% en todo el Grupo Ternium.

Los trabajadores y trabajadoras de los Laboratorios Roux Ocefa lograron que el juez otorgue la intervención judicial, lo cual significa que desapodera al dueño de la empresa y nombra a un interventor que tendrá en cuenta el plan de reactivación que armaron un grupo de trabajadores. El domingo 2 de abril se cumplieron 3 meses de toma de la planta. Para los trabajadores lo obtenido es solo un paso más para el objetivo que es la cooperativa y a la vez es un gran logro porque se los reconoce como los únicos capaces de generar una alternativa para salvar los 350 puestos de trabajo.

El nuevo escenario plantea una posible salida para todos los trabajadores de Roux, tanto los operarios de las plantas productivas como los visitadores médicos y los administrativos y jefes fuera de convenio.

Acuerdos pro-patronales con textiles y el calzado

Tras los convenios de Vaca Muerta, de la industria automotriz y de la construcción se lanzaron dos nuevas herramientas de financiamiento para los sectores textil y del calzado, para la compra de productos nacionales en 3 y 6 cuotas sin interés. El Gobierno asistirá a través del “Repro Express” a los trabajadores del sector por, al menos, los próximos 6 meses. En tanto, los empresarios consiguieron que se eleven los reintegros a la exportación del 6% al 8% para la producción.

La industria textil a lo largo de 2016 cayó 4,3 % según datos del Indec, y se registraron en el mismo año 3.345 despidos y 11.720 suspensiones, según estimaciones del Cepa.

Hubo despidos en las empresas Broderie Suizo-Argentina, Felsom, Hilados I y II, TN Planex, Alpargatas, Coteminas, Guilford y Unisol, que comercializa Puma.

Sin embargo, los despidos fueron mayores ya que existe un alto nivel de empleo informal y además como es conocido las grandes marcas como Soho, Kosiuko, Montagne, Cheeky y Awada (de la esposa de Macri y su familia), entre otras, utilizan mano de obra esclava y trabajo infantil en talleres clandestinos. Si bien no hay datos exactos, se calcula que hay aproximadamente 5.000 talleres clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires y 15.000 en el Gran Buenos Aires.

Las cifras de la precariedad laboral

Según un estudio del economista Claudio Lozano: “A mediados de 2016, las distintas formas de precariedad laboral involucran al 51,1% de las personas económicamente activas. Es decir, a 9.105.198 personas. Respecto del segundo trimestre del año anterior, el porcentaje exhibe un incremento que fue de 46,3% a 51,1%. En un año la precariedad laboral involucró a 1.215.000 personas más”.Fuentes: Infobae, Clarín, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, El Cronista Comercial, Página 12, www.infogremiales.com.ar, www.ambito.com, www.elciudadanoweb.com, CTA-A Regional Rosario, http://www.diagonales.com, Anred, www.lacapital.com.ar


https://www.rebelion.org/noticia.php?id=225163

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