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La inflación no baja, el consumo no sube y Brasil no tracciona


Panorama sindical


Inicialmente el Gobierno había proyectado un crecimiento del PBI del 3,5%. Ahora ha virado hacia el 2,7/2,8%. Contrastados con la caída del 2,3% que hubo el año pasado, la economía quedaría prácticamente al mismo nivel de 2015.

Pero en el caso de la industria, si se confirma el 2,5% de crecimiento, no alcanzaría a compensar la pérdida del 5,7%.

La construcción creció 2% durante el primer trimestre, pero muy difícilmente alcance a remontar la caída del 11,3% registrado el año pasado.

Con ayuda de la quita de retenciones, el sector agropecuario está en levantada y tracciona aumentos en actividades industriales vinculadas como el 50% en la venta de maquinaria agrícola. Agrometal, fabricante de sembradoras de Monte Maíz (Córdoba), tuvo tantos pedidos que no pudo dar abasto. La empresa contrató más empleados y emitió una ON para ampliar la capacidad productiva de su planta. Un “brote verde” por ahí.

Aunque las expectativas privadas ponen la inflación del 1,3% al 1,5% para los meses que corren de junio a octubre, el Gobierno no termina de domarla y después de las elecciones sobrevendrán nuevos incrementos en luz, gas y el postergado aumento del transporte.

Las ventas en supermercados continúan en caída. En marzo, en carnes y productos de panadería fue el 11%.

También cayó la producción total de alimentos y bebidas durante el primer trimestre 2,3% comparando con el mismo período del año pasado, según un informe de la Coordinadora de Productos Alimenticios (Copal).

La lista de la inflación

Teniendo en cuenta el IPC de la Ciudad de Buenos Aires la inflación acumula el 57% desde el inicio del macrismo. Los aumentos promedio fueron los siguientes:

Electricidad + 500%

Agua 390%

Gas + 300%

Alimentos y bebidas + 56% (rubro almacén). Destaca la yerba mate con el 100%.

Frutas y verduras 57%. Allí la pole position es para el tomate con 200%.

Carne (pollo, vaca y cerdo) 50%. Lo más caro fue la entraña (125%), el vacío (75%) y milanesa de pollo (240%).

Quesos, embutidos, lácteos y mantecas 51%. En lo más alto del podio quesos untables, semiduros, mantecas y crema de leche con 100%. El consumo cayó 25%.

Productos de limpieza 70% promedio, pero shampoo, acondicionadores y jabones líquidos 100%.

Educación 32,5% en términos interanuales y en los primeros 3 meses de 2017 otro 15%. Total: 52,3%.

Medicina prepaga 52,1%.

Medicamentos + 100%. De una muestra de 120 productos de uso masivo, 24 registran incrementos por sobre 100%. Entre 60 y 99% para 73 productos. Los medicamentos para asmáticos entre 36 y 111% (promedio 81%). Antiácidos y antiinflamatorios entre 49 y 108% (promedio 77%).

Fuente: Santiago Frescina, Director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda e integrante de EPPA.

“Lo que está pasando ahora no se vio ni en los 90”

Explica Rodolfo Bianchi, dueño de una fábrica textil en Jáuregui, Luján. “En los ’90 se destruyó la industria pero fue mucho más lento”, aclara. El 26 de mayo grabó cómo paraba la planta a partir de las 6 am. Ahora sólo producen cuatro días a la semana, de lunes a jueves. En el video, Bianchi, que es presidente de la Cámara textil de Luján, muestra las máquinas tapadas y recorre la empresa, Tejedurías Textiles S.A., hasta llegar a una parte del depósito, donde se apilan los rollos de tela. Video: http://www.instagram.com/p/

“Fabricamos desde gabardina con lycra hasta tapicería para cortinas o colchas. Con el nuevo horario, la planta produce al 60% de su capacidad instalada, un promedio que el sector textil vino mostrando este año. “De esa parte, se vende la mitad. El resto va todo a stock. Y hay 90 empresas en esta situación en Luján”, detalló. Así, en el último año se cuentan 650 despidos en la zona, sobre un total de 3.500 trabajadores directos. Empresas y trabajadores se movilizaron en diciembre para pedirle ayuda al intendente. Al aumento de las importaciones, que “fueron récord en febrero y marzo, aunque ya con más productos terminados, finales, que insumos”, se suma la caída del consumo interno. En Luján, lograron declarar la “emergencia textil” y negocian con el municipio una rebaja de tasas como la de seguridad e higiene. “Se está estudiando pedir la declaración de “emergencia pyme” en la provincia de Buenos Aires”, asegura Bianchi. “El Gobierno nos habla de reconversión pero no entienden que no es fácil reconvertirse. El capital está puesto en maquinaria y tampoco sabemos hacer otras cosas. Nacimos textiles. ¿Reconvertirnos en qué? ¿Vamos a comprar todos máquinas para hacer obra pública?”, resume. El escenario también se muestra incierto para los autopartistas nacionales. En especial porque advierten que las terminales están reemplazando modelos de fabricación masiva y de mucha demanda por unidades más caras. “La salida del mercado de modelos líderes como lo fueron el Clío de Renault y el Classic de Chevrolet, será difícil de compensar en el corto plazo, dado que los modelos que se encuentran actualmente en línea de producción son de menor demanda que los mencionados previamente”, advierte el informe. En este sentido, durante los primeros tres meses del año, las ventas del sector alcanzaron los U$S 947 millones, 6,7% por debajo del valor de igual período de 2016. “De esta manera, continúa la tendencia negativa que sufre el sector desde hace cuatro años, ya que durante 2016 se produjo un descenso del 13% interanual, al alcanzar ventas por U$S 4.173 millones”, recuerda un documento de la Consultora IES.

Así, entre enero y marzo, las importaciones de automotores tuvieron una fuerte suba del 47,2% con respecto a igual período de 2016 en términos de unidades. Es decir, del total de las ventas en el mercado interno, el 71% fueron modelos importados y esto a su vez afectó al sector autopartista. “La industria productora de autopartes permanece en baja afectada por el marco recesivo de la industria terminal”, sostiene el trabajo.

En cuanto a las perspectivas, se redujeron considerablemente las expectativas sobre el efecto que podría tener la recuperación de la actividad económica en Brasil sobre las exportaciones debido a que el incremento en la producción de autos en el país vecino durante primer trimestre del año no se tradujo en un incremento de la demanda de autopartes argentinas.

“Al igual que en el caso de la industria terminal, el reemplazo en las grillas de producción de modelos con gran cantidad de ventas por otros de menor demanda podría afectar negativamente a la producción y, a su vez, incrementar la dependencia respecto de los mercados externos que serían el destino final de esas unidades”, agrega IES que sólo destaca la mayor producción de pick-ups como un dato positivo.

Brasil

Dos tercios de las exportaciones argentinas de automóviles, otros vehículos y autopartes tienen como destino a Brasil. En 2016, fueron U$S 3.355 millones. En la industria plástica, aunque los números son más modestos, la Brasil dependencia en el comercio no es menor. Los más de U$S 540 millones que se vendieron a Brasil en 2016, representaron el 56% de las exportaciones del rubro. En este caso la caída de las ventas afecta en especial a las pymes, donde el empleo en la rama cayó casi un 2% en un año.

También se orientan a igual destino bienes fabricados con caucho (66%), productos de la industria molinera (64%) y pastas de madera o celulosa (83%). Casi la mitad de las exportaciones de hortalizas y legumbres sin elaborar va a Brasil, en tanto que entre los productos preparados, dos de cada diez dólares de las ventas al exterior son por compras el vecino país.

Los datos de 2016 muestran que, con ventas por U$S 9.027 millones, Brasil, es el principal comprador externo de bienes locales. De la caída total que tuvieron las exportaciones argentinas en los últimos años, ese país explica el 45%, y solo en 2016. Del total vendido al mundo, un 16% va a este mercado, pero si solo se consideran las manufacturas de origen industrial, esa participación trepa al 34%.

Las exportaciones a Brasil crecieron solo un 1% en lo que va del año y las importaciones avanzaron 23,4%, según un informe de Abeceb, que consigna un déficit acumulado a abril de U$S 2.358 millones, equivalente a la mitad del desequilibrio comercial de 2016 (U$S 4.647 millones).

Argentina también se verá afectada por una menor cantidad de turistas brasileños, especialmente en la temporada invernal que se concentra en los centros de nieve.

No obstante, el principal impacto sobre Argentina de una crisis en Brasil no es el que pudiera generarse a través de la balanza comercial, sino el de la cuenta capital, asociado a algún cambio de expectativas en la región, ya que habrá una reversión de los flujos de capitales desde la región hacia el mundo, desatando la salida de capitales y la reducción de la actividad económica. La consecuencia directa es que sube el costo de financiamiento y baja la capacidad crediticia. Bajo un esquema de flotación cambiaria, esta situación provoca la depreciación de la moneda que, en países como Argentina, se traslada rápidamente a los precios domésticos.

Estatales en peligro

Serios incidentes se produjeron el miércoles 24 de mayo en la protesta de ATE en Viedma (Río Negro), cuando una columna de dirigentes y trabajadores llegó a las puertas de la Legislatura y se enfrentó a la policía. Al menos, dos efectivos y algunos manifestantes resultaron con heridas de consideración por la represión.

Transcurridas casi 24 horas el Gobierno Provincial, valiéndose de parte del Poder Judicial y las fuerzas policiales, inició una cacería sin precedentes sobre dirigentes sindicales con la finalidad de privarlos de su libertad. El Secretario General de ATE-Río Negro, Rodolfo Aguiar, manifestó que teme por su vida y hace responsables por su integridad al Gobernador Alberto Weretilneck, al Juez Carlos Mussi y al Jefe de la Policía de Río Negro, Daniel Jara.

También “nos preocupa el actual estado de salud de nuestro Secretario Adjunto, Aldo Capretti, y exigimos su inmediata libertad. La detención de la que está siendo objeto violenta garantías ciudadanas básicas y vulnera derechos humanos esenciales”, agregó el dirigente estatal. La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) también reclamó la urgente liberación del dirigente de la ATE.

“La causa que se está armando es escandalosa. No existe ningún tipo de prueba material y objetiva que pueda acreditar las imputaciones que se nos pretenden realizar, salvo algún falso testimonio de alguna autoridad pública. No hay una sola fotografía o filmación que pueda demostrar que cometimos algún delito. Por eso en nuestro caso, irán mucho más allá, forzarán las normas vigentes y nos intentarán imputar algún tipo de responsabilidad de naturaleza no material”. Finalmente, el secretario general de ATE Río Negro se presentó este lunes voluntariamente ante la justicia provincial y fue detenido.

Damián Straschenco, secretario adjunto del gremio de Luz y Fuerza de Zárate y trabajador de Atucha, fue contaminado con material radiactivo puesto en una botella de agua que tenía dentro de la oficina del sindicato en las instalaciones de la compañía. La denuncia fue radicada ante la Justicia federal, que caratuló el caso como "intento de homicidio".

La responsable del área de Institucionales de Nucleoeléctrica, Mabel Barbas, confirmó el incidente y admitió que fue un hecho "deliberado, malicioso" contra el sindicalista, aunque sostuvo que el nivel de contaminación encontrado en su orina "es menor" y que "no representa un riesgo para su vida". Más allá del grado de contaminación, el episodio es inédito en los 62 años de historia de la energía nuclear en la Argentina. Straschenco y la portavoz de la empresa coincidieron en descartar de plano la posibilidad de un accidente y en ambos casos hablaron de "un accionar malicioso" destinado a causarle un daño al gremialista.

"No hay dudas de que es un hecho malevolente, deliberado, aunque no podemos saber si fue o no un atentado", amplió la funcionaria.

Desde el Consejo Directivo de ATE Capital repudiaron los hechos violentos protagonizados por grupos pro genocidas, encabezados por Cecilia Pando, hacia trabajadoras y trabajadores estatales organizados en ATE.

El miércoles 24 de mayo, las y los trabajadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se encontraban realizando una asamblea en el marco del paro activo y la Jornada nacional de Lucha convocada desde ATE en rechazo a la paritaria que el Gobierno busca imponer junto al gremio UPCN, con una suba salarial del 20% en tres cuotas no acumulativas, condicionando el salario a nuevas imposiciones de presentismo y productividad que violan el Convenio Colectivo de Trabajo.

La infantería de la Policía Federal salió del Ministerio para reprimir con gas pimienta, palos y golpes a los trabajadores, y así garantizar el ingreso de Pando y sus secuaces. Allí fueron recibidos por el ministro Germán Garavano, a quien entregaron un petitorio solicitando la libertad de Emilio Nani, un represor condenado, y la de todos los genocidas presos.

También reprimen a privados

Las autoridades del Ministerio de Trabajo de Tierra del Fuego prohibieron el ingreso de los trabajadores despedidos de la textil Yamana del Sur a la sede de la cartera laboral en Río Grande mediante un grupo de al menos 20 policías. “Parece que los delincuentes somos nosotros y no los empresarios que echan a la gente y no les pagan lo que corresponde”, indicó Alejandra Zustovich, Secretaria General de SOIVA (vestido).

La Justicia confirmó los procesamientos de cuatro delegados de la Línea 60 por amenazas agravadas por el empleo de armas de fuego, según una investigación por hechos ocurridos en 2011, en la antigua terminal de Constitución de la empresa. Según la resolución de la Sala Uno de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el dirigente Néstor Claudio Marcolín fue procesado por dos hechos de amenazas coactivas agravadas por el empleo de un arma de fuego. También fue confirmado el procesamiento de Luis Leonardo Torres y Mario Andrés Molina por amenazas coactivas, y a Héctor Rubén Cáceres por amenazas coactivas reiteradas. Paralelamente, en una nota sin firma, y plagada de irregularidades, el portal Infobae distorsionó la información sobre los sucesos ocurridos en la huelga de septiembre de 2011. En la misma, escriben: “Como se puede ver en las imágenes, un grupo de gremialistas agredió y amenazó a otros empleados que no se plegaron a la medida de fuerza”. Falso. Los trabajadores a los que alude Infobae eran barras bravas del Club Nueva Chicago y sicarios pagos por el grupo DOTA que operaban de rompe huelgas.

Por último, aclararon que, si bien las imputaciones por “amenazas agravadas y tenencia de armas de fuego” figuran en la resolución, aparecen bajo el rótulo de “prima facie”; o sea, no hay pruebas en contra del Cuerpo de Delegados. Presentarlos así, como una verdad incuestionable, sin haberles dado voz a los acusados, dista mucho de la profesionalidad que se espera del periodismo. Los trabajadores afirmaron su inocencia y denunciaron una campaña de persecución judicial por parte del grupo DOTA y del Estudio Orgeira, representantes de DOTA y defensores del General Roberto Viola en los Juicios a las Juntas Militares. Exigen, además, derecho a réplica en el mismo espacio en el que fueron calumniados.

“Los trabajadores de Monsa Línea 60 nos encontramos en estado de alerta y asamblea permanente”, sostiene un comunicado de prensa de los choferes respecto de la situación.

“El grupo DOTA abandonó la instancia de diálogo amenazando con despedir trabajadores”, agregan los empleados al salir del encuentro convocado en el marco de la conciliación voluntaria por la cartera que comanda Jorge Triaca.

“En este contexto, donde peligran nuestras fuentes laborales por la intransigencia del empresario, los trabajadores nos mantendremos en estado de alerta y en asamblea permanente para comenzar un plan de lucha”, explicaron.

El viernes 19 de mayo, ante el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, se formalizó la Ampliación de la denuncia en contra de las patronales azucareras de Jujuy y Salta.

La presentación, realizada por Rafael Vargas, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA) y Secretario Adjunto de la CTA Autónoma de Jujuy, y el asesor letrado de los gremios azucareros del NOA, Enrique Alejandro Wandschneider, es por la persecución a dirigentes sindicales, abogados laboralistas y hasta un periodista, violando derechos fundamentales.

Vargas efectuó un pormenorizado relato de la acumulación de causas judiciales armadas en su contra y el gremio que representa, como así también las que sufren a diario otros dirigentes y organizaciones sindicales de Jujuy y Salta que componen la Federación Azucarera Regional (FAR-CTA). Vargas señaló como uno de los últimos casos de avasallamiento de derechos constitucionales el requerimiento de elevación a juicio solicitado por la Fiscalía Nº 10 de San Pedro, Jujuy, a cargo de Silvia Del Valle Farall, quien acusa a los trabajadores imputados de "turbación de posesión" contra la empresa Ledesma S.A.A.I. por la huelga azucarera de agosto del 2015. El dirigente sindical se solidarizó con el periodista Miguel López que se hallaba informando sobre el conflicto gremial y resultó imputado precisamente porque se encontraba cubriendo una huelga legal convocada por el SOEAIL-CTA en una clara violación a la libertad de expresión. "Las causas que se nos abren, son una muestra de que la empresa Ledesma y el Poder Judicial quieren acallar a todo aquél que opine, critique y muestre la realidad que viven los trabajadores azucareros, como así también buscan amedrentar a todo aquél que proteste y ejerza el derecho a huelga", señaló. Vargas remató: "Todo esto pasa mientras el empresario Carlos Pedro Blaquier, responsable civil de crímenes cometidos en la última dictadura, sigue libre e impune". El encuentro se realizó en la ex-ESMA, en la Casa de Abuelas de Plaza Mayo.

Por último, la semana pasada fueron notificados del intento de imputación judicial los legisladores del Frente de Izquierda Víctor da Vila, Héctor Fresina y Lautaro Jiménez. El 31 de mayo, por la misma causa, fueron imputados los dirigentes sindicales Raquel Blas, Guillermo Martínez Agüero y Jorge Chávez, también el asesor del PTS en el Senado Enrique Jasib y Jony Neiras. El gobierno mendocino de Cornejo los acusa del “delito” de realizar una concentración, marcha y acto el día del paro general convocado por la CGT a nivel nacional el pasado 6 de abril.

En Mendoza se ha convocado a una fuerte campaña contra este ataque y el martes se realizó un acto frente a la Legislatura, del que participaron organizaciones sociales, la Comisión Directiva de la CGT y la CTA Autónoma, gremios judiciales, docentes y estatales y partidos políticos, legisladores provinciales y referentes de derechos humanos.

Víctor da Vila, senador provincial imputado por Cornejo, dijo: "Este intento de imputación es una verdadera persecución política e implica una declaración de guerra contra las libertades democráticas, cuyo objetivo es imponer el ajuste y las medidas contra el pueblo trabajador.”

Un relevamiento realizado por la organización Liberpueblo y el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma sobre las formas de respuesta estatal y de los empleadores a las acciones de protesta social que se han realizado en el país entre enero de 2016 y marzo de 2017, presenta datos alarmantes. Según lo registrado por las organizaciones hubo “al menos 95 casos de utilización de la violencia física, la apertura de como mínimo 48 causas penales que alcanzaron a 180 manifestantes, y la detención arbitraria de al menos 337 personas por su participación en protestas sociales”.

En todos los casos la mayoría de los hechos de criminalización de la protesta se originaron en reclamos vinculados a cuestiones laborales, impulsados tanto por organizaciones sindicales como por otras que demandaban fuentes de trabajo.

A su vez, los reclamos por tierra y vivienda también explican una parte importante de las represiones físicas, la apertura de causas penales y las detenciones en el marco de protestas sociales.

El informe también consideró casos de criminalización de la protesta ante reclamos por el derecho a un ambiente sano o contra la violencia de género, entre los cuales se encuentran la respuesta estatal con la lucha por la contaminación minera en San Juan y contra el Encuentro Nacional de Mujeres y la movilización del 8M.

Según el trabajo, la respuesta represiva estatal ante la protesta social no puede reducirse a casos aislados o circunscriptos a una determinada gestión gubernamental, sino que forma parte de una reacción sistemática frente a los reclamos de las organizaciones del campo popular en defensa de sus derechos.

La CGT volvió a sentarse con el Gobierno sin hacer ruido

El Gobierno llamará el próximo 27 de junio al Consejo del Salario, el organismo integrado por empresarios, sindicalistas y funcionarios que tiene como objetivo la fijación del piso de ingresos para el sector privado formal. En ese ámbito la administración de Mauricio Macri intentará replicar una pauta de aumentos similar a la que logró hasta ahora en grandes gremios, en un rango del 20%, en tanto que la CGT buscará elevarla en al menos cinco puntos porcentuales. El debate se concretará después del Congreso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, adonde confluirán el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con decenas de sindicalistas y empresarios. Las partes aprovecharán la convivencia europea para afinar los números de ese debate y también ajustar el inminente decreto de creación de un ente para analizar las prestaciones médicas de las prepagas y las obras sociales. El mínimo salarial en la actualidad es de $8.060 y el Gobierno espera una variación no mayor a $9.600, que implicaría alrededor de 20%, en línea con los arreglos salariales en Comercio, Construcción (Uocra) y Estatales (UPCN). La conducción de CGT, en tanto, prevé llevar el monto a 10.000 pesos, con una variación del 25%.

En 2016, el salario real cayó en promedio 6,5 %, además el 50 % de los asalariados cuenta con ingresos menores a $ 8.000 mientras que los despidos y suspensiones son cada vez más frecuentes y la desocupación crece, llegando a casi 1.500.000 trabajadores.

El paro nacional del 6 de abril fue la respuesta a esta situación, donde se expresó la bronca contra el ajuste del Gobierno. También fue producto de la presión que ejercieron los trabajadores a sus centrales sindicales para que rompan la tregua con el Gobierno. Pero después de ese contundente pronunciamiento, la burocracia sindical mantuvo la tregua. Ahora el Gobierno y la CGT y avanzan codo a codo en un acuerdo para atacar el salario.

En Argentina, donde la canasta básica familiar cuesta $ 23.340, la definición del nuevo piso salarial es importante porque sirve como referencia para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas. También es una pauta para las administraciones provinciales y municipales y el valor tiene incidencia en la paritaria docente, siempre y cuando el Gobierno resuelva convocarla, algo contrario a su actual plan. Al menos para la CGT, más que el salario mínimo la preocupación de los próximos días será la creación por DNU de una Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud (Agnet), un organismo planteado como instancia para contener los juicios iniciados por afiliados de prepagas y obras sociales para la obtención de tratamientos médicos y remedios no brindados por sus prestadores. El Gobierno dio un paso en ese sentido al emitir una resolución que faculta a la Superintendencia de Salud para eliminar o sumar prestaciones al Programa Médico Obligatorio.

De aquí y de allá

Mientras el Gobierno sigue haciendo oídos sordos al reclamo de la docencia universitaria, con un importante acatamiento, se desarrolló el lunes en las universidades nacionales y colegios preuniversitarios el paro de 24 horas de la CONADU Histórica ante la falta de respuestas a la negociación salarial, y en el marco de un nuevo aniversario del Cordobazo.

El próximo viernes 2 de junio se realizará un nuevo plenario de Secretarios/as Generales de la CONADU Histórica, el que analizará los pasos a seguir ante la persistente negativa del gobierno. La gestión del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, encabezada por su presidente, Ralph Haiek, y su gerente general, Juan García Aramburu, despidió este miércoles a trabajadores del organismo.

Esto se produce luego de que las máximas autoridades del INCAA, junto al Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, aseguraran ante los medios, la industria y el Senado de la Nación, que en el Instituto “la continuidad de los puestos de trabajo -y el Fondo de fomento- está garantizada”.

Desde la Junta Interna ATE INCAA exigen la inmediata reincorporación de los despedidos y convocaron a una Asamblea General urgente para el jueves 1º de junio.

Los movimientos sociales dieron a conocer los primeros resultados parciales del Relevamiento Nacional de Barrios Populares, que abarca a 4.100 conglomerados y un universo de 803.625 familias. Según los datos del estudio tan sólo el 56% de las familias tienen acceso a la Asignación Universal por Hijo y la desocupación es del 25%.

El relevamiento surgió de la negociación por la Ley de Emergencia Social sancionada a fines del año pasado y es llevado adelante por los movimientos sociales que reciben del Estado un pago por cada encuesta presentada.

Hasta ahora se han relevado los datos de 403.655 familias encuestadas. De allí se desprende que el 90% de las viviendas pertenecen a sus ocupantes, mientras que el 9% afirma que es prestada o alquilada.

En lo que refiere a la situación laboral, la construcción y afines están a la cabeza de las actividades económicas realizadas por un 36%. Entre los que trabajan, solo un 16% están registrados. Un 17% realiza tareas en el hogar sin percibir un sueldo. Los llamados “NiNi” representan un 25% de las personas encuestadas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) contradijo al Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien había expresado que el organismo estadístico estaba revisando las mediciones de pobreza en la provincia de Córdoba. A través de un comunicado, el INDEC aclaró que “no está efectuando ninguna revisión de las cifras publicadas” por la Dirección General de Estadística y Censo provincial, que determinó que la pobreza en el segundo semestre de 2016 en el Gran Córdoba había sido del 40,5%.

"Las políticas económicas nacionales y provinciales impactaron fuertemente sobre la población de nuestro distrito, generando una crisis económica, social, farmacológica y alimentaria". Así comienza un duro documento elaborado por el Municipio de Moreno, conducido por el peronista Walter Festa, en relación a la grave situación social que padece el distrito donde viven 600.000 personas.

Ese texto fue presentado a las autoridades ejecutivas y legislativas de la provincia de Buenos Aires. Pide que se declare la "emergencia social". Da algunos elementos para dar cuenta de la crítica realidad: "La asistencia que brinda el municipio a merenderos, comedores y ayuda directa a grupos familiares alcanza a un total aproximado de 20.000 beneficiarios". Para tal fin, se invierten 2,5 millones de pesos. Sostienen que no alcanza.

Además, Moreno asegura que reciben menos remedios del Plan Remediar: en 2017 deberá gastar 10 veces más que en 2015 por la falta de acompañamiento de la provincia.

Sobre los comedores escolares, desde el distrito describen que faltan cupos porque la provincia de Buenos Aires congeló el número desde 2015. Así, entienden que un 25% de alumnos quedan afuera del programa "Desayuno y meriendas completas".

Un grupo de organizaciones sociales y partidos políticos se manifiestan en Capital para reclamar trabajo genuino, planes de empleo y mayor inversión en materia de obras públicas.

El Polo Obrero (PO), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC), se manifestaron con un corte al lado del Obelisco con posterior marcha al Ministerio de Trabajo.

“Reclamamos un aumento de 40% en los programas como el Argentina Trabaja”, explicó la dirigente del PO María Dotti y agregó que también apuntan a “inversiones en obras públicas y trabajo genuino, porque el Plan Empalme no está funcionando”.

El dirigente de la ATE Ezeiza, Jorge Ravetti, indicó que la huelga nacional se extenderá por 72 horas hasta las 24:00 del viernes próximo, luego del vencimiento de la conciliación obligatoria oportunamente dictada por el Ministerio de Trabajo y cuatro reuniones “infructuosas” entre las autoridades del SENASA y los sindicatos estatal y APUMAG, en “las que la patronal jamás ofreció soluciones concretas a las demandas”.

Ravetti denunció “el fuerte desfinanciamiento que sufre el SENASA a partir del recorte presupuestario aprobado para el ejercicio 2017” y explicó que en su inciso 3 -que detalla la operatividad total del organismo, la situación de los más de 700 contratados bajo la modalidad ‘Argentina’ y los viáticos del personal- aparece reducido ese ingreso de 1.300 a 721 millones de pesos en solo un año.

“Ello ubica al organismo al borde del abismo y también la estabilidad y continuidad laboral de esos contratados. Además, existe un alarmante riesgo sanitario para el paí­s, ya que las tareas diarias están acotadas por la ausencia de recursos”, dijo.

Los metalúrgicos reiniciarán el plan de lucha suspendido el 2 de mayo ante el nuevo fracaso en las negociaciones salariales. Los empresarios elevaron la oferta al 24% y la UOM lo consideró insuficiente.

Empleo: Aumentaron las formas de contratación precarizadas

Según el Centro Atenea la modalidad de empleo que más creció desde diciembre 2015 fue la de los monotributistas, lo cual indica una reconversión hacia el mercado laboral con trabajadores más desprotegidos, sin representación sindical ni el piso de derechos que garantiza un Convenio Colectivo de Trabajo.

Desde la asunción de Cambiemos, el sector sumó 86.256 trabajadores. Trabajar como monotributista implica no tener estabilidad, ni indemnización en caso de despido, ni vacaciones pagas ni cobertura social.

Los trabajadores con monotributo social son los que más crecieron. El mismo está destinado a un sector específico de la población que no factura más de $ 72.000 anuales, lo que implica un ingreso de $ 6.000 mensuales, por debajo del salario mínimo.

También aumentó el trabajo temporario, luego de una fuerte reducción entre mediados de 2015 y agosto de 2016. Se trata del trabajo a cargo de empresas de servicios eventuales que, según el INDEC de setiembre a diciembre de 2016, pasaron de 45.762 empleos a 55.431.

Casi 200.000 jóvenes de 19 a 29 años enviaron sus currículums y muchísimos se acercaron a la Expo Empleo Joven en el predio de la Rural para pedir trabajo, con la esperanza de conseguir uno de los 11.000 empleos que dice ofrecer el Gobierno a través de las empresas. Mientras tanto, el presidente Mauricio Macri alentó al sector más golpeado por la crisis, con un 24,6% de desocupación, “a ser felices y recibir amor”.

25 de Mayo: poca gente y mucha policía en la Fiesta Patria

Solo un pequeño grupo de personas, detrás del vallado, saludó al mandatario Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada en momentos que llegaron para el Tedeum que se ofició en la Catedral Metropolitana. Mientras tanto, la Plaza de Mayo lucía semivacía y con una gran cantidad de policías.

El presidente también fue parte de un incómodo momento en la inauguración de un sanatorio de la obra social de SMATA, el gremio de los mecánicos. Mauricio Macri fue blanco del descontento popular por la fuerte crisis que afecta al empleo en el país. Los abucheos llegaron en el momento en que el mandatario destacó que hace cinco años que no se genera empleo y que en los últimos meses se habían logrado crear puestos de trabajo. Además, afirmó que “los chicos vieron en sus casas padres que no trabajaron.” Pero los trabajadores no lo aguantaron y reprocharon con abucheos las frases desafortunadas del presidente.

Fuentes: www.infogremiales.com.ar, Clarín, La Razón, Página 12, Tiempo Argentino, Anred, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, www.ambito.com, La Izquierda Diario, www.luzyfuerzazarate.org.ar, Cronista/Motor Económico, www.agenciacta.org, Prensa Obrera, La Nación.



https://www.rebelion.org/noticia.php?id=227423

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