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Puertas cerradas a la policía en las escuelas


Amplio apoyo de la comunidad educativa al proyecto para evitar intromisiones en actividades estudiantiles

La iniciativa, presentada luego de reiterados episodios de policías que ingresaban a establecimientos para amedrentar a estudiantes, busca regular cuándo y cómo podrían entrar, y cuestionar la avanzada contra la actividad política y gremial.

Por Nicolás Romero

“La policía interviene en una lógica de control social”, destacó Penacca. Imagen: Pablo Piovano


“Bajen las armas que acá hay niños y niñas estudiando”, dijo Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), durante la presentación del proyecto de ley para regular el ingreso de las fuerzas de seguridad en los establecimientos educativos de la ciudad. La iniciativa fue redactada por los legisladores porteños del Frente para la Victoria José Cruz Campagnoli y Paula Penacca, quienes expusieron la propuesta en el colegio Mariano Acosta, acompañados por los gremios docentes, miembros de la comunidad académica, centros de estudiantes y la Red de madres y padres contra la violencia institucional hacia la escuela.


El proyecto, que ya ingresó a la Legislatura –como anticipó este diario– , plantea que las fuerzas de seguridad sólo ingresen a una escuela “mediante orden judicial fundada o mediante una solicitud expresa de la autoridad escolar o siempre y cuando implique un grave riesgo para la vida o integridad física de los o las estudiantes, docentes y personal no docente”, fue presentado pasadas las cinco y media de la tarde en el Aula Magna Felipe Boero del colegio Mariano Acosta, en el barrio de Balvanera.

Presentarlo allí tuvo sentido porque el 20 de abril de este año la policía ingresó armada al lugar, durante el transcurso de una clase pública organizada por el centro de estudiantes en apoyo de la lucha salarial docente. Sin embargo, la presentación también podría haberse hecho en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano o en la Escuela Técnica 27, en el Mariano Moreno o en el Carlos Pellegrini, algunos de los otros establecimientos que recibieron visitas de uniformados en plan de amedrentar u hostigar a estudiantes.

En algunas de esas escuelas, fueron las propias autoridades escolares las que llamaron a la policía o la dejaron entrar. Es decir, a la embestida policial, en algunos casos, se suma la decisión de algunos directivos escolares que acompañan la despolitización y desmovilización estudiantil que promueve la nueva vieja política de Cambiemos.

Por eso, quienes expusieron ayer resaltaron la “valentía” de la rectora de la institución, Raquel Papalardo. “Defendió a los alumnos de la intromisión policial con la convicción de que la policía no tiene nada que hacer en la escuela, y al otro día fue víctima del apriete del gobierno nacional que la llamó para adelantar su jubilación”, sostuvo Campagnoli al abrir su exposición.

“En ese contexto, donde además de lo sucedido en el Acosta se sumó la vergonzosa represión en la escuela itinerante cuando dijimos con algunos compañeros que había que hacer, y caímos en la cuenta de que no hay legislación que regule la relación de la policía y la escuela. Hay una práctica policial como lo que sucedió acá (el Acosta), en la escuela Mariano Moreno, en Barracas, lo que paso en Jujuy con el presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Agrarias, que lo llevaron detenido, y que no son hechos aislados producto del mal comportamiento policial sino que tienen un hilo que los concatenan en nuestra. Y ese hilo es el modelo que lleva adelante (Mauricio) Macri en Argentina, de exclusión de los sectores populares, de segregación y que después de 12 años de conquista tiene que ir acompañado de rebeldía y mucha bronca de los sectores agraviados. Y para que ese ajuste pueda pasar hace falta un sistema represivo que persiga a los sectores más dinámicos de la sociedad, entre ellos a los estudiantes”, sostuvo el legislador. 

Los legisladores plantearon que el proyecto tiene dos objetivos: uno es convertirlo en ley; el segundo, provocar un debate en el conjunto de la comunidad educativa y los sectores sociales para lograr que no penetre la idea de que la policía tiene algo que hacer en las escuelas a la hora de involucrarse con las actividades gremiales o políticas de los estudiantes. 

“Hay que poner un límite en las escuelas, en el debate público, en la legislación y se trata de lograr consensos, convencer a muchos de los legisladores que formalmente son opositores que cumplan con la función de opositores y acompañen esta ley”, remarcó Campagnoli.

En la misma aula en la que alguna vez Julio Cortázar recibió su título de Maestro Normal Nacional y de Profesor Normal en Letras, una representante de la recientemente formada Red de madres y padres contra la violencia institucional contó el nacimiento de la red que busca recopilar información sobre los casos de violencia, generar un mapa con los hechos, socializar la información e informar a los estudiantes de cuáles son sus derechos y las estrategias posibles para protegerse de la violencia.

“No es sólo violencia un policía en la escuela sino que filmen a los chicos en la marchas o en las puertas de las escuelas, como lo hacen, cuando esto no está permitido. En la marcha del 5 de mayo en Pizzurno nos dijeron que es orden del Poder Ejecutivo. Ya hicimos las denuncias y se hizo, además, una presentación aprovechando que estuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para que nuestros hijos pueda hacer asambleas en libertad sin el hostigamiento de la policía que tiene que estar afuera de las escuelas. Pero no liberando zonas para que los roben ni liberando zonas para que se lleven a nuestras pibas. Es fundamental que tengamos un sustento legal que nos proteja y por eso es tan importante que se sancione esta ley”, dijo la representante de la Red, que recibe información en el correo redviolenciaescuela@gmail.com.

Por su parte, Penacca remarcó que “sin ninguna duda la ley responde a una demanda ya construida. En cada caso la policía interviene en una lógica de control social, una lógica de intentar desorganizar esos proceso de organización social que en los últimos años se han visto profundizados. Es una ley que regula el ingreso de las fuerzas de seguridad y no que prohíbe porque estamos haciendo una ejercicio de ciudadanía de exigir que las fuerzas de seguridad cumplan con su tarea. No es sólo decir que no tiene nada que hacer adentro de las escuela sino que nos cuiden, que cuiden a los pibes y pibas y que garanticen sus derechos, no solo la educación pública sino también participar políticamente. Que los cuide para que puedan hacerlo, si hay una movilización que corten la calle para que no los pise un auto, y si hay una asamblea en la puerta de la escuela que se mantengan a la distancia que tiene que mantenerse porque la policía nada tiene que hacer pidiendo información de la índole que sea dentro de una escuela”. “Sancionar la ley es tener el derecho a tener una policía como corresponde en la ciudad de Buenos Aires, y que en vez de cumplir ese rol de garantizar que el macrismo venga a imponer un proyecto donde hace falta meterle miedo a la gente para que no proteste, nos cuide”, dijo la legisladora.

El representante de los maestros villeros, Maximiliano Malfati, dijo que “cuando se retiran las políticas públicas el terreno lo van ganando las fuerzas de ‘inseguridad’ en nuestros barrios, las que balearon a la murga en la Villa 1-11-14, las que torturaron a Ezequiel e Ivan en la Villa 21, las que cotidianamente amedrentan, golpean y estigmatizan. Están muy presentes en las escuelas de los barrios donde cuando un pibe o una piba se descompone y necesita asistencia medica no viene el Same en primera instancia, sino las fuerzas de ‘inseguridad’, un agente de la policía para pedir los datos y verificar si está lastimado. Por eso pedimos a los legisladores que se regule también ese ingreso”.

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