Dicen los que protestan la protesta, que son muy viajados –aunque no reconozcan su suerte- y que esto en los países del Primer Mundo no pasa. No pasa ni en Francia, donde miles de trabajadores tomaron las calles para protestar contra el ascenso de Macron y sus proyectos de reformar aún más las leyes laborales. No pasa en Londres, donde otros tantos lo hicieron por los 20 muertos que provocó el incendio de un edificio de 120 viviendas que dejó sin hogar a todos sus habitantes; pero tampoco pasa en Alemania, Portugal y España, donde cientos de miles de personas se unieron contra la Troika y las políticas financieras del Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus países.
Dicen los que protestan la protesta, que quienes se reunieron a protestar en la avenida más ancha del mundo fueron en contra de un grupo de pobres policías desvalidos que, víctimas de la violencia de quienes portaban palos y piedras, fueron agredidos mientras cumplían su deber de cuidar el bien común. Parece que los pobres desclasados no son responsables de los más de 300 casos anuales de gatillo fácil (cada año, según la CORREPI, desde 1983 con el regreso de la democracia, fueron asesinadas 4.960 personas por el aparato represivo estatal, 47 por ciento de ellas fueron víctimas de gatillo fácil). Tampoco lo son en el caso de los femicidios, cuyo uno de cada cinco casos -un 20 por ciento- tiene por autor a un integrante de las Fuerzas de Seguridad del Estado (más del 60 por ciento de los casos, según CORREPI, de crímenes de mujeres en manos de fuerzas de seguridad son femicidios).
Dicen los que protestan la protesta, que quienes se reunieron a protestar en la avenida más ancha del mundo fueron a asestar golpes, a romper canteros, a violentar el orden porque son vagos, no quieren trabajar y buscan planes para depender del Estado. Dicen que son gente que no trabaja porque no les gusta hacerlo. Parece ser que fueron los que se anticiparon al primer golpe, aunque ya les habían cantado el knock out que los dejó culo pa’ arriba con el 9,2 por ciento de desocupación y un 20 por ciento de subocupación que informa el INDEC en el primer trimestre de este 2017 -con cincuenta mil empleos que se perdieron sólo en el mes de abril, reconocido por el Ministro de Trabajo-; con la baja a las pensiones por discapacidad y viudez, con el desguace de todos los planes sociales y de todos los programas de contención a los sectores más vulnerables, con una baja del consumo interno que supera el 20 por ciento interanual y una inflación sin techo que achica, en el supermercado, el bolsillo trabajador.
Dicen los que protestan la protesta que la represión es buena y que es parte de la democracia, porque tienen derecho a la libre circulación. En clave constitucional en el piquete: los derechos de quienes deciden participar deben ser descriptos como el ejercicio del derecho de libertad de expresión, artículos 14 y 19, respectivamente, de la Constitución federal; sumar también: asociación con fines sociales, de trabajar, de reunión y petición porque, también, la protesta puede incluir a dichas facultades. Comúnmente, el desarrollo de la protesta callejera evidencia, en idéntico tiempo y semejante espacio, el derecho de libertad de los ciudadanos que no participan en el evento –pero que necesitan o deben pasar por la zona bloqueada de manera transitoria y parcial- y que resultaría perjudicado; aunque, en rigor, el derecho de todos los habitantes de transitar por las rutas y caminos (art. 14 de la Constitución) fuere en general el derecho constitucional más afectado.
Así, los que protestan y los que protestan la protesta conviven a la vera del largo camino que resta para que se cumplimenten sus derechos: los unos, porque han vulnerado los derechos que posibilitan cumplir con sus necesidades más básicas; los otros porque prefieren la intolerancia a la lucha que les supo garantizar esos derechos que hoy tienen y no fueron ganados con el “diálogo”.
Lo que olvidan los que protestan la protesta es que si protestan los que protestan no es porque les guste. En los márgenes de la sociedad, se oprimen con espanto quienes ocupan los renglones como notas marginales en la lista de tareas de un Estado que las encabeza con los mandados del gran capital. En la Argentina hay 1.185 multimillonarios, cuya fortuna representa 0,5 veces la inversión del Estado en educación y equivale el 26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Para que aquellos que tienen los ingresos más bajos alcancen a obtener los ingresos mensuales de uno de los capitalistas en cuestión, deberían trabajar 189 años y cinco meses, costándole a un multimillonario tan sólo 20 minutos obtener lo que aquel obtiene en un mes. Esa ganancia del multimillonario representa 429 veces lo que gana un pobre en Argentina.
La represión no es buena en tanto es la respuesta sangrienta del capital a la resistencia de los pueblos contra este sistema que humilla, ahorca y exprime. El Estado es un aparato burgués, que a lo largo y a lo ancho del mundo ejerce el monopolio del ejercicio de la violencia. Cuando quienes detentan los hilos del poder hacen peligrar y avasallan los derechos adquiridos en otras luchas lo más lógico sería abrazar la protesta. Si se rompieron los canteros y los carteles de la avenida más ancha del mundo, habría que preguntarse por qué lo que no se rompe son las estructuras que sustentan este sistema excluyente, que cada día deja afuera a millones de personas.
Mientras tanto, y con sendos proyectos para criminalizar la protesta con hasta 10 años de prisión, deberíamos hacer cotidiamente un elogio de la protesta, en la reivindicación de aquellos que también creen en una sociedad mejor, aun para los que protestan la protesta.
El Furgón
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