El exmandatario brasileño advierte que en la actual coyuntura nacional, los derechos del pueblo deben prevalecer sobre los intereses de una minoría elitista.
“Nadie respeta a una nación cuando ella se subordina”, así ha declarado Luiz Inácio Lula da Silva, en una entrevista este jueves, para luego añadir que los empresarios brasileños no quieren que el pueblo tenga derecho, lo que quedó en evidencia, a su juicio, con la nueva reforma laboral impulsada por el presidente de Brasil, Michel Temer.
Por ello, ha cuestionado este proyecto señalando que en su elaboración deberían participar los sectores involucrados y no el presidente del país, que representa los intereses de la clase empresarial.
Además, el que fuera presidente de Brasil entre los años 2003 a 2010, ha anunciado que está sopesando crear un grupo de trabajo para evaluar los efectos adversos de la reforma laboral en Brasil.
En otra parte de sus declaraciones, el exmandatario reconoció que el Partido de los Trabajadores (PT) ha cometido errores, pero afirma que está trabajando para recuperar la confianza del país de cara a las elecciones presidenciales de 2018, a las que se ha postulado.
Asimismo, ha relatado que cuando llegó a la Presidencia en 2003 tenía como obsesión demostrar que podía gobernar mejor que las élites, ya que creía en la idea de que el pueblo tenía un complejo de inferioridad respecto a una minoría dominante, es decir, que había perdido la autoestima.
Detalló que su Gobierno tenía claro que una vez que los derechos del pueblo se respetaran, la situación del país iría mejor, y por supuesto, agrega que en algunas decisiones tomadas se ha equivocado y por eso, ha aprendido de estos errores y espera que pueda enmendarlos en la próxima cita electoral.
Por otra parte, el Frente Brasil Popular (FBP), que agrupa movimientos populares, políticos y sindicales, ha convocado para este mismo jueves una marcha para defender la imagen del expresidente y rechazar la referida reforma laboral impulsada por Temer.
Los convocantes esperan que la movilización tenga seguimiento en todas las ciudades del país, y además, recalcan que buscan defender el funcionamiento democrático e igualitario de la justicia brasileña y de los derechos sociales y laborales.
La Justicia brasileña ha condenado a Lula a nueve años y medio de prisión por su implicación en delitos de corrupción y lavado de dinero, acusaciones que éste las ha rechazado, ya que las considera como una maniobra política para apartarle de la postulación presidencial.
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